CE - Sentencia 52001233300020200110901 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025)

Demandante: Oscar Filoteo Caballero Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial. Contratos de prestación de servicio. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Oscar Filoteo Caballero instauró demanda 1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

1. El señor Oscar Filoteo Caballero instauró demanda 1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 009203 del 15 de abril de 2020 y RDP 017828 del 4 de agosto de 2020, por medio de las cuales la entidad negó la pensión gracia y confirmó la negativa al resolver el recurso de apelación.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada p ensión a partir del 21 de octubre de 2007, con el 75%

1 Ver índice 9 de SAMAI - Tribunales, Link expediente digital ONE DRIVE, archivo: 0001NulidadRestablecimientoDelDerecho.pdf.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio; que se paguen los reajustes de ley y que la condena que se imponga sea conforme al artículo 192 del CPACA.

4. Que la entidad demandada sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

al artículo 192 del CPACA.

4. Que la entidad demandada sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que nació el 1.° de octubre de 1957 , y que se desempeñó como docente municipal entre el 18 de septiembre de 1978 y el 30 de diciembre de 1998 en Tumaco (Nariño). Que de manera posterior, fue vinculado por medio de OPS desde el 15 de noviembre de 2001 hasta el 1.° de agosto de 2002.

6. Señaló que continuó con la prestación de sus servicios como educador , nombrado en la planta de personal de la referida entidad territorial , a partir del 31 de diciembre de 2003 hasta el 11 de septiembre de 2020.

7. Que adquirió su estatus el 21 de octubre de 2007, una vez cumplió los 50 años de edad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron: los artículos 53 de la Constitución Política; 1.° y 4.° de la Ley 114 de 1913; 5.° de la Ley 116 de 1928; 3.° de la Ley 37 de 1933; 4.° de la Ley 4 de 1966; 15 de la Ley 91 de 1989; 1.° y 4.° de la Ley 114 de 1913; 5.° de la Ley 116 de 1928; 3.° de

la Ley 37 de 1933; 4.° de la Ley 4 de 1966, y 15 de la Ley 91 de 1989.

9. Que la entidad vulneró la normativa vigente , la Constitución Política y la jurisprudencia por no valorar la prueba documental aportada para el reconocimiento de la pensión.

10. Expresó que cumple con la totalidad de los requisitos de la ley y la jurisprudencia para acceder a la pensión gracia , esto es, edad, tiempo de servicio , ingreso anterior al 1.° de enero de 1981 y no contar con sanciones disciplinarias.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 8 de abril de 20 222 y notificada a la UGPP, quien manifestó3 que los tiempos de servicio del demandante fueron de carácter

2 Ver índice 29 de SAMAITribunales. 3 Ver índice 33 de SAMAITribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) nacional, lo que impide su cómputo para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

12. Que las certificaciones laborales presentadas no cumplen con el Decreto 726 de 2018 que exige que todas las entidades certificadoras emitan la información laboral y salarial exclusivamente a través del sistema CETIL (Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), pues al consultar el sistema se verificó que no figura el tipo de vinculación ni la fecha de terminación de sus servicios, información indispensable para el reconocimiento pensional.

laboral y salarial exclusivamente a través del sistema CETIL (Certificación Electrónica de Tiempos Laborados), pues al consultar el sistema se verificó que no figura el tipo de vinculación ni la fecha de terminación de sus servicios, información indispensable para el reconocimiento pensional.

13. Propuso como excepciones las que denominó: (i) excepción inexistencia de la obligación demandada, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, (iii) prescripción, y (iv) la innominada o genérica.

14. El 30 de septiembre de 20244, fundamentado en el artículo 182A de la Ley 2080 de 2021 y considerando que el caso se basa únicamente en pruebas documentales, el tribunal fijó el litigio, y de manera oficiosa, requirió a la Secretaría de Educación de Tumaco para que allegara la certifica ción CETIL actualizada y todos los actos administrativos relacionados con la vinculación laboral del actor como docente.

15. Estimó que, una vez vencido el plazo establecido para allegar los documentos señalados, se correría traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto, si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

16. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia el 4 de octubre de 2024, accedió a las pretensiones y condenó en costas a la demandada. Señaló que el actor inició sus actividades docentes a partir del 18 de septiembre de 1978 bajo un vínculo municipal, y que en esta misma calidad acreditó 20 años de servicio, según certificados de historia laboral emitidos por la entidad acusada.

actor inició sus actividades docentes a partir del 18 de septiembre de 1978 bajo un vínculo municipal, y que en esta misma calidad acreditó 20 años de servicio, según certificados de historia laboral emitidos por la entidad acusada.

17. Estimó que la pensión debía ser calculada con lo devengado por el demandante entre el 21 de octubre de 2006 y el 21 de octubre de 2007, periodo correspondiente al último año anterior a la adquisición del derecho , es decir, el 21 de octubre de 2007.

RECURSOS DE APELACIÓN

18. La demandada6 interpuso recurso de apelación argumentando que el actor no cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia , pues no se

4 Ver índice 38 de SAMAITribunales. 5 Ver índice 49 de SAMAITribunales. 6 Ver índice 51 de SAMAITribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) acreditaron los 20 años de servicio como docente territorial, ya que no se aportaron los actos administrativos de nombramiento y posesión que permitan verificar el tipo de vinculació n, y que el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral allegado no es suficiente para demostrar que el demandante tuvo una vinculación en las calidades exigidas por la norma.

19. Expresó que no hay claridad sobre la naturaleza de la vinculación del demandante ni el origen de los recursos con los que se financiaron sus

demandante tuvo una vinculación en las calidades exigidas por la norma.

19. Expresó que no hay claridad sobre la naturaleza de la vinculación del demandante ni el origen de los recursos con los que se financiaron sus asignaciones salariales , y afirma que, de ser los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, esto implica que la calidad de la categoría ocupada sea del orden nacional . A dvierte que l a falta de pruebas sobre la creación de la plaza por parte de un ente territorial refuerza esta presunción.

20. Cuestiona la condena en costas impuesta en su contra, argumentando que no se acreditó que estas se hayan causado ni se aportaron pruebas idóneas que lo demuestren.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. El 25 de marzo de 202 57 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

22. En la oportunidad para pronunciarse, el actor aportó memorial 8 reiterando los argumentos de la demanda, y la parte demandada guardó silencio.

23. El Ministerio Público emitió concepto 9, en el que solicitó que se confirmara el fallo apelado por considera r que el demandante acredita más de 20 años de servicio como docente territorial, la edad mínima y buena conducta. Respecto a la naturaleza de los recursos, señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, aquellos provenientes del situado fiscal, una vez transferidos pertenecen a las entidades territoriales.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Consejo de Estado, aquellos provenientes del situado fiscal, una vez transferidos pertenecen a las entidades territoriales.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

7 Ver índice 4 de SAMAI. 8 Ver índice 8 de SAMAI. 9 Ver índice 9 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

25. Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley

114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de j ubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de j ubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

26. Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los

siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

27. Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

27. Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

28. La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan

[…]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeralCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) cuarto de esta Ley »22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.

29. De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley

del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

30. Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

31. Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de

hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

32. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los

de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentesCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan

nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con l a totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

33. En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación C E-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 24 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes

conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad e xclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos

fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad e xclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tam bién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma excl usiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta

administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último,Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominado ra. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en l o que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía

plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en l o que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

34. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

35. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, ob servando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

36. Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

36. Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su

reconocimiento».Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025)

37. Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

38. En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta , se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial

debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de ord en exclusivamente territorial, es decir,

debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de ord en exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

39. Con el fin de definir litigios como el presente , resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.

40. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que el señor Oscar Filoteo Caballero nació el 21 de octubre de 195710, de modo que cumplió los 50 años de edad el 21 de octubre de 2007.

41. El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la

de 195710, de modo que cumplió los 50 años de edad el 21 de octubre de 2007.

41. El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionaliz ado, se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

10 Ver copia cédula de ciudadanía, página 51 de la demanda.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 52001-23-33-000-2020-01109-01 (0069-2025) • Periodo I: del 18 de septiembre de 1978 al 30 de diciembre de 1998

42. Conforme a la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados-CETIL del 25 de septiembre de 202411, y al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 11 de septiembre de 2020 12, se observa que el demandante laboró como docente municipal desde el 18 de septiembre de 1978 al 30 de diciembre de 1998 , nombrado por el Decreto 095 de la misma fecha inicial.

43. En cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo docente, se aportó el mencionado Decreto 095 del 18 de septiembre de 1978 13 proferido por el alcalde de San Andrés de Tumaco , a partir del cual es posible determinar el tipo de plaza desempeñada, pues en las consideraciones de dicho acto se indicó que el nombramiento correspondía a un « docente de plaza municipal », apreciándose a su vez que la decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa

desempeñada, pues en las consideraciones de dicho acto se indicó que el nombramiento correspondía a un « docente de plaza municipal », apreciándose a su vez que la decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni que la actividad nominadora de la autoridad municipal haya sido en representación de la Nación . Por el contrario, del con tenido del medio probatorio analizado, se extrae con claridad que la designación del accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa del alcalde, lo permite concluir que su vínculo se configuró como el de un docente territorial.

44. En consecuencia, el tiempo de labor oficial del demandante como educador territorial entre el 18 de septiembre de 1978 y el 30 de diciembre de 1998 (20 años, 3 meses y 13 días), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada.

• Periodo II: del 1