CE - Sentencia 54001233100020060055901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: JHON FERNANDO GALLEGO ORDOÑEZ Y OTROS

Demandado: E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Tema: Responsabilidad del Estado por la actividad médica. Falla en la prestación del servicio médic o asistencial. Lesiones por úlcera péptica duodenal. No se acreditó una falla del servicio . No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 9 de febrero de 2005, Jhon Fernando Gallego Ordóñez, de 14 años, fue sometido a una herniorrafía umbilical ambulatoria en la E.S.E. Francisco de Paula Santander, la cual se realizó sin complicaciones . Sin embargo, el 12 de febrero siguiente, el menor ingresó al servicio de urgencias de la precitada E.S.E. refiriendo vómito , mareo y palidez, siendo diagnosticado con hemorragia de vías digestivas altas y

menor ingresó al servicio de urgencias de la precitada E.S.E. refiriendo vómito , mareo y palidez, siendo diagnosticado con hemorragia de vías digestivas altas y enfermedad ácido-péptica. Ese mismo día fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del referido centro asistencial , donde permaneció internado hasta el 14 de febrero de 2005. Allí, fue diagnosticado con ulcera péptic a duodenal activ a Forrest 3, duodenitis aguda y gastritis por estrés. Seguidamente, fue remitido al servicio de pediatría y dado de alta el 16 de febrero de 2005.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

2 Posteriormente, el 21 de febrero de 2005, Jhon Fernando Gallego Ordóñez volvió a consultar el servicio de urgencias de la E.S.E. Francisco de Paula Santander refiriendo vómito color café, mare o y palidez. Estando allí, f ue ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras presentar un shock hipovolémico secundario a hemorragia de vías digestivas altas, con diagnóstico de “úlcus péptico duodenal ”, duodenitis y síndrome anémico secundario. Durante su hospitalización se le practicó al paciente una endoscopia, cuyo resultado evidenció la presencia de sangrado leve proveniente del bulbo duodenal. El menor permaneció hospitalizado hasta el 17 de marzo de 2005, siendo diagnosticado co n úlcera péptica duodenal sangrante, gastritis aguda erosiva, síndrome febril en estudio, síndrome anémico secundario,

marzo de 2005, siendo diagnosticado co n úlcera péptica duodenal sangrante, gastritis aguda erosiva, síndrome febril en estudio, síndrome anémico secundario, flebitis e infección de vías urinarias. Durante este periodo el paciente presentó una evolución clínica estable, sin sangrado activo ni c omplicaciones hemodinámicas, por lo que permaneció internado para el manejo de la infección urinaria.

Los demandantes consideran que la E.S.E. Francisco de Paula Santander es patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Jhon Fernando Gallego Ordoñez consistentes en el desarrollo de una úlcera duodenal estrangulada y sus consecuentes secuelas gástricas, la s cuales, a su juicio, se debieron a la inadecuada e inoportuna atención médi ca prestada al menor con ocasión de la herniorrafía umbilical que le fue practicada el 9 de mayo de 2005.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 31 de marzo de 20061, Jhon Jairo Gallego Sánchez, Sandra Beatriz Ordoñez Bautista y Sandra Milena Gallego Ordoñez, en nombre propio y en representación de Jhon Fernando Gallego Ordoñez2, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander, para que se le declara ra patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Jhon Fernando Gallego Ordoñez con ocasión de la intervención quirúrgica realizada el 9 de mayo de 2005.

1 Fl. 1 a 16, C.1.

lesiones sufridas por Jhon Fernando Gallego Ordoñez con ocasión de la intervención quirúrgica realizada el 9 de mayo de 2005.

1 Fl. 1 a 16, C.1. 2 Quien al momento de radicación de la demanda era menor de edad, por lo que fue procesalmente representado por sus padres Jhon Jairo Gallego Sánchez y Sandra Beatriz Ordoñez Bautista, y por su hermana Sandra Milena Gallego Ordoñez.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

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Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la demandada pagar, por perjuicios morales, 1.000 SMLMV para Jhon Jairo Gallego Sánchez, Sandra Beatriz Ordoñez Bautista y Sandra Milena Gallego Ordoñez; y por “perjuicios fisiológicos”, la suma de $928.048.182,80 para Jhon Fernando Gallego Ordoñez, la cual corresponde al total del “lucro cesante consolidad o […], futuro y subjetivados”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 9 de febrero de 2005, Jhon Fernando Gallego Ordoñez, de 14 años, fue intervenido quirúrgicamente por una hernia umbilical en la E.S.E. Francisco de Paula Santander, sin que se le realizaran exámenes auxiliares de diagnóstico previamente.

Advierte que el cirujano pediatra les indicó a los padres del paciente que, dada la baja complejidad de la cirugía y el buen estado de salud del menor, no era necesario realizarle exámenes preoperatorios.

Advierte que el cirujano pediatra les indicó a los padres del paciente que, dada la baja complejidad de la cirugía y el buen estado de salud del menor, no era necesario realizarle exámenes preoperatorios.

Indica que a las 12:00 p.m. del 9 de febrero de 2005 el menor fue dado de alta; no obstante, una vez se encontraba de regreso en su casa presentó dolor intenso, mareo, náuseas, desgano y malestar general.

Sostiene que el 12 de febrero de 2009, Jhon Fernando Gallego Ordoñez ingresó a la E.S.E. Francisco de Paula Santander para la realización de curaciones, donde presentó un episodio de vomito con sangre, por lo que fue remitido a urgencias pediátricas. Estando allí, luego de ser valorado por el personal médico y de que le practicaran distintos exámenes, el menor fue estabilizado. En consecuencia, se le prescribió sulfato ferroso y se ordenó su salida.

Indica que, en esa misma fecha, el paciente Gallego Ordoñez continuaba con los síntomas de vomito con sangre y mareo, por lo que consultó nuevamente el servicio de urgencias de la E.S.E. Francisco de Paula Santander. Allí, el menor fue valorado por el personal médico y remitido a la unidad de cuidados intensivos, d onde se le realizó una transfusión de sangre.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

4 Señala que, ante la persistencia del mal estado de salud de Jhon Fernando Gallego

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

4 Señala que, ante la persistencia del mal estado de salud de Jhon Fernando Gallego Ordóñez, se le practicó una endoscopia, cuyo resultado arrojó como diagnóstico “úlcera estrangulada”, la cual, “ según comentario del profesional de medicina ”, se atribuyó al estrés de la cirugía. Indica que el sangrado presentado por el menor se produjo por dicha condición, frente a la cual el paciente recibió tratamiento y fue trasladado al servicio de pediatría.

Sostiene que, una vez dado de alta el 16 de febrero de 2005 , el paciente Gallego Ordóñez volvió a recaer, por lo que el 21 de febrero siguiente, regresó al servicio de urgencias de la E.S.E. Francisco de Paula Santander. Estando allí, el menor fue valorado por el equipo médico , se le ordenaron nuevos exámenes y se solicitó reserva de sangre. Señala que la madre del paciente informó al médico tratante que, en la primera transfusión que recibió el menor, le habían administrado sangre tipo O+, siendo su grupo sanguíneo AB+.

Expresa que, debido a las complicaciones presentadas por Jhon Fernando Gallego Ordóñez, el personal médico ordenó su traslado inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Una vez allí, al paciente se le practicó una nueva endoscopia que ratificó el diagnóstico de “ úlcera estrangulada ”. Asimismo, el menor fue valorado por el servicio de hematología, que le ordenó exámenes especializados, los cuales fueron practicados el 25 de febrero de 2005 en la Clínica San José.

el diagnóstico de “ úlcera estrangulada ”. Asimismo, el menor fue valorado por el servicio de hematología, que le ordenó exámenes especializados, los cuales fueron practicados el 25 de febrero de 2005 en la Clínica San José.

Indica que durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, el adolescente presentó un estado febril muy alto y se le practicó una endoscopia con biopsia.

Sostiene que el 3 de marzo de 2005, se debatió el caso de Jhon Fernando Gallego Ordóñez en junta médica, donde el pediatra Hernando Villamizar les manifestó a los familiares del paciente que su situación era la más delicada y que aún desconocían su verdadero estado de salud. En dicha junta, se ordenó realizarle un examen de médula ósea al menor, para descartar una infección en la sangre.

Sostiene que, como consecuencia de los errores y anomalías en que incurrió el personal m édico de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, Jhon Fernando Gallego Ordoñez no ha podido llevar una vida normal pues presenta recaídas constantes por los problemas gástricos que sufre, cuyas secuelas son permanentes.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

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Los demandantes consideran que la E.S.E . Francisco de Paula Santander es patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Jhon Fernando Gallego Ordoñez consistentes en el desarrollo de una úlcera duodenal estrangulada y sus consecuentes secuelas gástricas, las cuales, a su juicio, se debieron a la

patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas por Jhon Fernando Gallego Ordoñez consistentes en el desarrollo de una úlcera duodenal estrangulada y sus consecuentes secuelas gástricas, las cuales, a su juicio, se debieron a la inadecuada e inoportuna atención médica prestada al menor con ocasión de la herniorrafía umbilical que le fue practicada el 9 de mayo de 2005.

Textualmente, la parte actora expuso : “El diagnóstico tardío del personal médico, que no les permitió dilucidar la real situación, la falta de diligencia para valorar su estado, la ausencia total de las ayudas clínicas, son producto de la irresponsabilidad del personal médico y paramédico […]. Debido a la negligencia, descuido, indolencia, desidia, falta de diligencia, de omisión, atención médica, diagnóstico, exámenes preliminares, determinación del estado de presanidad del paciente, método, procedimiento a emplear, controles, etc ., presentó el menor Jhon Fernando, "hernia umbilical" dejándolo en un estado crítico y con diagnóstico de una presunta ulcera gastica (sic) estrangulada por stress, ello debido a la falla del servicio médico asistencial”.

2. Contestación

El 10 de julio de 20063, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. La E.S.E. Francisco de Paula Santander guardó silencio.

3. Sucesión procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander

La Sala advierte que, mediante Decreto No. 810 de 2008, el Gobierno Nacional

2.1. La E.S.E. Francisco de Paula Santander guardó silencio.

3. Sucesión procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander

La Sala advierte que, mediante Decreto No. 810 de 2008, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander 4. Asimismo, mediante los Decretos 843, 2173, 3262, 4242 y 4328 de 2009, se prorrogó el plazo de la liquidación de la referida entidad 5. Así, el liquidador de la

3 Fl. 334, C.1. 4 Fl. 555 a 565, C.2. 5 Fl. 566 a 568, C.2.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

6 precitada E.S.E. suscribió el contrato de fiducia mercantil No. 062 de 2009 con la sociedad Fiduciaria Popular S.A., con lo cual dicha sociedad quedó designada como vocera y adminis tradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander 6. Posteriormente, el liquidador cedió su posición contractual como fideicomitente en favor del Ministerio de Protección Social7.

En consideración a lo anterior y a solicitud de la parte deman dante, mediante auto del 5 de mayo de 2017 8, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió vincular a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante el “Ministerio de Salud” ), en calidad de sucesor procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander - Liquidada.

vincular a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante el “Ministerio de Salud” ), en calidad de sucesor procesal de la E.S.E. Francisco de Paula Santander - Liquidada.

A su turno, el Ministerio de Salud9 se pronunció advirtiendo que, dentro del ámbito de su competencia, no se encuentra prestar servicios médicos ni asumir indemnizaciones por la falla del servicio de entidades descentralizadas como la E.S.E. Francisco de Paula Santander. Sostuvo que no se acreditó el daño, toda vez que, de acuerdo con el concepto emitido por el Instituto de Medicina Legal en 2007, la última endoscopia gástrica practicada evidenció que no había lesiones en la mucosa ni secuelas producto de la herniorrafía umbilical. Asimismo, señ aló que no se probó el nexo de causalidad entre la atención medica brindada y el daño alegado.

En relación con su calidad de sucesora procesal de la liquidada E.S.E. Francisco de Paula Santander, afirmó que en el Decreto 810 de 2008 no se le asignó responsabilidad alguna por el pago o cobro de obligaciones de dicha entidad, por lo que se encuentra jurídicamente imposibilitada para asumirlas. En consecuencia, señaló que tales obligaciones corresponden a la Fiduciaria Popular, en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

6 Fl. 569 a 591, C.2. 7 Fl. 594 a 595, C.2. 8 Fl. 545 a 546, C.2. 9 Fl. 613 a 653, C.2.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

7 Fl. 594 a 595, C.2. 8 Fl. 545 a 546, C.2. 9 Fl. 613 a 653, C.2.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

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3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 31 de octubre de 201910 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante 11 y el Ministerio de Salud 12 reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de la primera instancia.

3.2. Pese a que el Ministerio de Salud sucedió procesalmente a la demandada, aquella, por conducto de l Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, alegó de conclusión13. En esta oportunidad procesal sostuvo que se acreditó que la atención medica brindada a Jhon Fernando Gallego Sánchez fue adecuada, diligente y oportuna. Señaló que no se configuró el nexo de causalidad entre el daño alegado y la atención medica brindada, toda vez que esté se produjo por la complicación del cuadro clínico derivada de las preexistencias del paciente, cuyas secuelas eran propias y normales a su enfermedad.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de mayo de 202 014 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó la falla del servicio ni el nexo de causalidad. En sustento de su decisión, el tribunal

Mediante sentencia del 28 de mayo de 202 014 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó la falla del servicio ni el nexo de causalidad. En sustento de su decisión, el tribunal consideró que la atención medica brindada por la E.S.E. Francisco de Paula Santander fue oportuna , diligente y acorde con la sintomatología presentad a. Asimismo, concluyó que no se acreditó que el daño alegado hubiese sido causado por una falla del servicio médico asistencial.

Al efecto, en la sentencia se indicó lo siguiente: “para la Sala es claro, de conformidad con los medios probatorios relacionados en párrafos precedentes que,

10 Fl. 657, C.2. 11 Fl. 658 a 661, C.2. 12 Fl. 662 a 679, C.2. 13 Fl. 680 a 691, C.2. 14 Fl. 692 a 704, C.P.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

8 la E.S.E. Francisco de Paula Santander, obró de manera oportuna y diligente ante los síntomas que presentaba el Joven Jhon Fernando Gallego Ordoñez, (hoy mayor de edad), en ese sentido el Informe técnico legal realizado a Jhon Fernando, rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se expresó que el estado de salud del referido se encontraba dentro de los limites normales, así mismo destaca que con la última endoscopia gástrica realizada se encontraron mucosas sin lesiones, por tanto sin se cuela alguna. Así mismo, se tiene que el dictamen de

estado de salud del referido se encontraba dentro de los limites normales, así mismo destaca que con la última endoscopia gástrica realizada se encontraron mucosas sin lesiones, por tanto sin se cuela alguna. Así mismo, se tiene que el dictamen de pérdida de capacidad laboral […] se realizó diez años después de los hechos que dieron origen al presente proceso. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, remitió inf orme pericial en el cual se le hacía una valoración psiquiátrica forense al joven Jhon Fernando Gallego Ordoñez, en donde se consignó como una de las impresiones diagnosticas “Trastorno de estrés postraumático. Duelos sin resolver”.

5. Recurso de apelación

El 6 de agosto de 2020 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 17 de noviembre de 202015 y admitido el 17 de septiembre de 202116.

5.1. La parte demandante17 reiteró los argumentos expuestos en la demanda, esto es que, se acreditó que la atención médica brindada al paciente por la E.S.E. Francisco de Paula Santander en ocasión de la cirugía de herniorrafía umbilical fue negligente, lo cual, con el tiempo , ocasionó que el estado de salud d e Jhon Fernando Gallego Ordoñez se complicara y desarrollara problemas gástricos que persisten hasta la fecha. Sostuvo que se acreditó el nexo causal entre el daño (pérdida de oportunidad) y la conducta omisiva del personal médico responsable de la valoración y diagnóstico inicial del menor, quien ha venido presentando afectaciones en su sistema gástrico como consecuencia de la intervenc ión quirúrgica.

(pérdida de oportunidad) y la conducta omisiva del personal médico responsable de la valoración y diagnóstico inicial del menor, quien ha venido presentando afectaciones en su sistema gástrico como consecuencia de la intervenc ión quirúrgica.

15 Fl. 711, C.P. 16 Fl. 717 a 718, C.P. 17 Fl. 707 a 709, C.P.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 2 de febrero de 202418 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora 19, el Ministerio de Salud 20 y la E.S.E. Francisco de Paula Santander21, actuando a través de su Patrimonio Autónomo de Remanentes, reiteraron lo expuesto en instancias anteriores.

6.2. El ministerio público22 conceptuó que lo probado en el proceso no permitió acreditar la falla en la prestación del servicio médico endilgada a la demandada ni el nexo de causalidad entre esta y el daño sufrido por el paciente.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía de la pretensión mayor supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 23, de

Norte de Santander, puesto que la cuantía de la pretensión mayor supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 23, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

18 Índice 14, Samai. 19 Índice 19, Samai. 20 Índice 21, Samai. 21 Índice 18, Samai. 22 Índice 28, Samai. 23 La pretensión mayor de la demanda se estima en $928.048.182,80, lo cual es superior a 500 SMLMV ($204.000.000) del año en que ésta se presentó (2006).Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

10 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8624 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a diferentes omisiones en la prestación del servicio médico-asistencial por parte de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en

prestación del servicio médico-asistencial por parte de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal25.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección de l interés general 26, estableció unos plazos para poder ejercer

24 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública”. 25 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y

Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto e xtintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

11 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales p retende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 27, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que req uieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 28 que opera por la falta de actividad oportuna en la

27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad. 6871-05 “...el derecho al acceso a la admin istración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legisla dor instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

solidificar el concepto de derechos adquiridos 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legisla dor instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no ha cerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de ofi cio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.Radicado: 54001233100020060055901 (67457)

Demandante: Jhon Fernando Gallego Ordoñez y otros

12 puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, si gnifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acae cimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de