CE - Sentencia 63001233300020200033601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022)

Demandante: Luz Yaneth Camelo González Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempo de servicio en plaza del orden nacional. Simultaneidad de vinculaciones territorial y nacional. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia proferida el cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Luz Yaneth Camelo González instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

ANTECEDENTES

La señora Luz Yaneth Camelo González instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

1 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, Archivo: 001Demanda.pdf 2.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022)

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 005323 del 19 de febrero de 2019 y (ii) RDP 013611 del 30 de abril de 2019 , por medio de las cuales la entidad demandada negó la pensión gracia y confirmó la negativa al resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada p restación a partir del 8 de diciembre de 2005, con los reajustes pensionales previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y los ajustes al valor conforme al IPC, según lo establece el artículo 187 del CPACA.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas, dé cumplimiento al fallo en

reajustes pensionales previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y los ajustes al valor conforme al IPC, según lo establece el artículo 187 del CPACA.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas, dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA, y pague los intereses moratorios que trata la referida disposición normativa.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 9 de diciembre de 1955 e inició la prestación de sus servicios a favor del magisterio desde el 30 de abril de 1973 cuando fue nombrada maestra en Armenia por el gobernador del Quindío, mediante Decreto 0182 del 18 de abril de 1973, desempeñando su cargo hasta el 11 de abril de 1979.

De manera posterior fue nombrada por Decreto 00017 del 25 de enero de 1980 como maestra en el Colegio Cultural Nocturno Juan XXIII en Caquetá; se posesionó el 29 de enero de 1980 y desarrolló su labor hasta el 16 de enero de 1996 como docente de carácter departamental cobijada por el proceso de nacionalización.

Manifestó que también se vinculó como educadora nacional en el Colegio Sagrados Corazones de Florencia, Caquetá, a través de la Resolución 004 del 1.° de febrero de 1979 y que prestó sus servicios en dicha calidad hasta el 15 de julio de 1996 , pues el referido vinculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, considerando que Caquetá fue certificado para prestar el servicio educativo y el Ministerio de Educación Nacional le entregó la educación al departamento.

pues el referido vinculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, considerando que Caquetá fue certificado para prestar el servicio educativo y el Ministerio de Educación Nacional le entregó la educación al departamento.

Que a partir del 19 de marzo de 2002 , la demandante fue trasladada al departamento del Quindío, el cual a su vez fue certificado y se le otorgó la prestación del servicio educ ativo. Que en dicho departamento laboró al menos hasta el 6 de junio de 2018, fecha en la que fue expedido el certificado.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022) Expone que laboró por más de 20 años bajo un vínculo departamentalnacionalizado y territorial , y la fecha de su estatus se configur ó a partir del 8 de diciembre de 2005 cuando cumplió los 50 años de edad , por lo que el 6 de noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia y esta le fue negada a través de las resoluciones demandadas.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredieron: los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución

Política; las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 91 de 1989 , 60 de 1993, 1437 de 2011 y 1564 de 2012; y los Decretos 1743 de 1966, 2277 de 1979, 1191 de 1998.

Que la UGPP incurre en una falsa motivación al considerar que los tiempos laborados son de carácter nacional, pues a partir de los hechos y pruebas se demuestra que la docente laboró un interregno como nacionalizada, y, en todo caso, no analizó la entidad el argumento relacionado con el proceso de descentralización previsto en la Ley 60 d e 1993, con el cual mutó el vínculo nacional o uno departamental.

En cuanto a lo argüido por la entidad respecto al cumplimiento de la totalidad de los requisitos al 29 de diciembre de 1989, sostiene que ello no guarda relación con la jurisprudencia, la cual ha ordenado el reconocimiento de la pensión para aquellos docentes que demostraran una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los 20 años aun después del 29 de diciembre de 1989.

Que los tiempos desempeñados son válidos para el reconocimiento pensional, y que cumplió con todos los requisitos exigidos por la normatividad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 11 de agosto de 2020 2 y notificada a la UGPP, quien manifestó3 que las certificaciones dan cuenta de un vínculo nacional que no puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, y que, conforme a

La demanda fue admitida el 11 de agosto de 2020 2 y notificada a la UGPP, quien manifestó3 que las certificaciones dan cuenta de un vínculo nacional que no puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, y que, conforme a la sentencia de unificación del 2018 , el carácter de la vinculación se determina por la plaza ocupada. Finaliza advirtiendo que, en todo caso, el vínculo no muta con el proceso de descentralización de la educación.

2 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, Archivo: 006AutoAdmiteDemanda.pdf. 3 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, Carpeta: 010NotificacionDemanda.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022)

Que las certificaciones laborales que van desde el año 2005 hasta el 2017, son contradictorias entre sí respecto al tipo de vinculación en los mismos periodos, y en algunas se califica como nacional y en otras como nacionalizado , pero de las mismas es dable concluir que el tiempo laborado desde 1973 hasta 1979 fue tiempo nacional, y en el mismo sentido el periodo que inició desde 1996. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia del derecho reclamado, (ii) cobro de lo no debido, (iii) legalidad del acto administrativo acusado, (iv) buena fe, y (v) prescripción.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia del derecho reclamado, (ii) cobro de lo no debido, (iii) legalidad del acto administrativo acusado, (iv) buena fe, y (v) prescripción. En la audiencia inicial4 se fijó el litigio, se declaró fallida la conciliación, y se efectuó el decreto de pruebas . Por considerar que no existían medios de convicción por practicar, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Publico, para que, si a bien lo considerara, emitiera concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia el cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), accedió a las pretensiones al señalar que la actora laboró por más de 20 años como docente nacionalizada, categoría que se acreditó con las resoluciones expedidas por el gobernador del Quindío, los certificados de tiempo de servicio y los actos expedidos por el intendente nacional de Caquetá.

Que, respecto a la descentralización de la educación, consideró que esta no cambia la naturaleza del vínculo de la accionante, pues debe entenderse que quien la determina es la autoridad nominadora, y que, en todo caso, el tipo de relación legal y reglamentaria siempre fue nacionalizada y esta no sufrió mutación alguna.

Que la fecha de adquisición del estatus de la docente fue el 9 de diciembre de 2005 y declaró prescritas las mesadas anteriores al 6 de noviembre de 2015.

Sin condena en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación argumentando que ya existe

y declaró prescritas las mesadas anteriores al 6 de noviembre de 2015.

Sin condena en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación argumentando que ya existe un proceso previo (63001-2333-000-2012-00170-00) en el que mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 proferida por el mismo tribunal, se negaron las

4 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, carpeta: 024AudienciaInicial. 5 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, archivo 028SentenciaTAQ1ªInstancia.pdf. 6 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, archivo: 030.2.1RecursoApelacionUnidadUGPP.pdf.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022) pretensiones de la demandante al considerar que hubo una doble vinculación entre el 17 de febrero de 1979 y el 19 de marzo de 2002 como docente nacional en el Colegio Sagrados Corazones, y entre el 29 de enero de 1980 y 16 de enero de 1996 en el establecimiento educativo Cultural Nocturno J uan XXIII con una vinculación nacionalizada, lo que implicó percibir doble remuneración del tesoro público.

en el establecimiento educativo Cultural Nocturno J uan XXIII con una vinculación nacionalizada, lo que implicó percibir doble remuneración del tesoro público.

Que los fundamentos fácticos, jurídicos y las pretensiones del referido proceso con el actual, guardan identidad de objeto y causa, constituyéndose cosa juzgada.

Que, de no prosperar la cosa juzgada, lo cierto es que el tribunal desconoció los documentos que demuestran la vinculación nacional que ostentó la demandante, y que se limitó a relacionar unos certificados que presentan contradicciones entre sí, respecto al tipo de vínculo, sin hacer alguna aclaración al respecto.

Que l a coexistencia de una vinculación nacional impide acumular 20 años de servicio territorial, requisito esencial para la pensión gracia, tal y como ya lo había concluido la sentencia de 2013.

La parte demandante 7 solicitó que se revoque el numeral 6° del fallo apelado, y que se condene en costas a la entidad, conforme al artículo 188 del CPACA.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 9 de mayo de 2022 se admitió el recurso y a su vez se advirtió que la solicitud probatoria debía ser resuelta.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

El 14 de mayo de 20258, se decretó una prueba de oficio dirigida al departamento de Caquetá y del Quindío con el fin de que remitieran los actos administrativos de nombramiento y demás documentos relacionados con la situación laboral de la docente mientras prestó sus servicios a favor d e dichas entidades territoriales .

de Caquetá y del Quindío con el fin de que remitieran los actos administrativos de nombramiento y demás documentos relacionados con la situación laboral de la docente mientras prestó sus servicios a favor d e dichas entidades territoriales . Ambas enviaron respuesta9, de las cuales se corrió traslado a la demandante, quien presentó memorial pronunciándose al respecto.

Se decidirá previas las siguientes,

7 Ver índice 2 de SAMAI, ED_DEMANDA_63001233300020200033(.zip) NroActua 2, archivo: 030.1.1RecursoApelacionLuzYanethCamelo.pdf. 8 Ver índice 22 de SAMAI. 9Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022)

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el ar tículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró qu e, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022)

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que lab oraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley »22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron

cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley »22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año ». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión

de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022) Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gra cia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) si empre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos ”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado e n sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 24 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. A sí como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades

acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de es os recursos leCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022) pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docen te territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente

ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en est a providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .»

(Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre ot ros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de

ocupar, lo cual se puede advertir, entre ot ros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 25 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 63001-23-33-000-2020-00336-01 (2168-2022) literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensi ón gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en s ede administrativa y judicial.

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en s ede administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no s on aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educació