CE - Sentencia 76001233100020080064501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ERROR JURISDICCIONAL – el objeto de análisis se dirige contra una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, no para obtener su revocatoria o anulación, pues se deberá entender que la firmeza de la decisión es inmodificable sino para evidenciar un error en el que media un juicio de crítica a la conducta del operador judicial, no de manera genérica o desde una simple manifestación de inconformidad / SUSTENTACIÓN DE LA DEMANDAla crítica de la providencia contentiva del supuesto error judicial debe referirse directamente a las bases importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión acusada / SUFICIENCIA DE LOS CARGOS– Si el blanco de ataque se hace bajo los supue stos que delinea a su mejor conveniencia el demandante y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la imputación jurídica / CARGA DEMOSTRATIVA DE PRECISIÓN Y CERTEZA - no basta circunscribir la actividad discursiva, de acusación o probatoria, a

carencia demostrativa de la imputación jurídica / CARGA DEMOSTRATIVA DE PRECISIÓN Y CERTEZA - no basta circunscribir la actividad discursiva, de acusación o probatoria, a reiterar aquello que fue objeto del análisis de la causa procesal previa, pues de lo que se trata es de desabrigar la decisión del manto de legitimidad, no de manera inopinada, sino con sujeción a requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la co ntroversia antecedente.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por el supuesto error judicial contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2006 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, quien definió el proceso de extinción de dominio seguido bajo la radicación 2004-000040-01.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 30 de agosto de 2024 , por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina1 que negó las pretensiones de la demanda presentada el 28 de agosto de 2008 2, por

1 El proceso fue decidido por este Tribunal tras haber sido remitido, por razones de descongestión, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo dispuesto en oficio 2008 -00645-00 AMCHB del 16 de

1 El proceso fue decidido por este Tribunal tras haber sido remitido, por razones de descongestión, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo dispuesto en oficio 2008 -00645-00 AMCHB del 16 de enero de 2024 (índice 147 SAMAI Tribunal). 2 Folio 130 reverso del cuaderno 1.Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez y otra

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

2 los señores José Heriberto Suárez Villa y María Ruth Castaño Agudelo, en contra de la Nación – Rama Judicial.

2. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal fueron los siguientes.

Pretensiones

3. Reclamó la parte demandante la declaración de responsabilidad patrimonial de la demandada y la consecuente indemnización de perjuicios materiales por concepto del valor de los bienes reales y patrimoniales objeto de la acción de extinción de dominio seguida en contra de los acá demandantes3.

Hechos

4. El 22 de noviembre de 1999, la Fiscalía Décima de la Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de Cali, inició una investigación preliminar en contra de José Heriberto Villa Suárez y María Ruth Castaño Agudelo.

5. Posteriormente, el 8 de mayo de 2001, la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito Especia lizado de la misma unidad, decretó la apertura de la acción de extinción de dominio en contra de aquéllos , por lo que decretó el embargo ,

Circuito Especia lizado de la misma unidad, decretó la apertura de la acción de extinción de dominio en contra de aquéllos , por lo que decretó el embargo , secuestro, ocupación, incautación, aprehensión y pérdida del poder dispositivo de los bienes de propiedad de los encausados, decisión que fue confirmada en sede del recurso de apelación propuesto por los encausados.

6. Tras declararse la procedencia de la acción de extinción de dominio, el proceso fue conocido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Extinción de Dominio de Bogotá , el que, en sentencia el 28 de febrero de 2005, negó la extinción de dominio sobre los bienes de los demandantes.

7. Contra la decisión anterior, la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE y la Fiscalía Especializada interpusieron sendos recursos de apelación , los cuales fueron resueltos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que la revocó a través de sentencia del 28 de agosto de 2006 y, en su lugar, declaró la extinción de los derechos reales sobre los bienes objeto de la medida cautelar , decisión que quedó en firme, pues no procedía recurso alguno.

Fundamentos de derecho

8. Para los demandantes, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en “defectos fácticos” determinantes de l denominado error judicial y, en consecuencia, dio lugar a la materialización de un daño patrimonial susceptible de ser indemnizado.

9. Manifestaron que la indebida valoración probatoria se evidenció en tanto que el

consecuencia, dio lugar a la materialización de un daño patrimonial susceptible de ser indemnizado.

9. Manifestaron que la indebida valoración probatoria se evidenció en tanto que el juez ad quem: (i) desconoció que en el proceso penal los encausados sí cumplieron la carga de probar el origen lícito de sus bienes, pruebas dentro de las cuales se

3 Folios 18 y 19 cuaderno 1.Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez y otra

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

3 destacaban los testimonios de Carlos Alberto Oviedo, Luis Omar Correal, Luis Alberto Andrade y Herber López , así como el dictamen pericial contable que fue objeto de aclaración ; (ii) halló aparentes “inconsistencias tributarias, contables y financieras” en torno a los bal ances, cuando en realidad se trataba de un simple error mecanográfico, frente a la apertura de cuentas bancarias, cuando se trató de imprecisiones en las fechas de apertura; (iii) calificó extraño e irregular la falta de pasivos en 1989, siendo normal que un comerciante -agricultorno presentara pasivos al cierre del año fiscal; (iv) consideró sin una prueba directa , que el incremento patrimonial de los encartados tuvo por causa la relación comercial con miembros del Cartel de Norte del Valle, siendo que los ingresos se incrementaron por la apertura del establecimiento Texaco 26; y , (v) cercenó el derecho de contradicción del se ñor Villa Suárez, pues le endilgó el relacionamiento con

miembros del Cartel de Norte del Valle, siendo que los ingresos se incrementaron por la apertura del establecimiento Texaco 26; y , (v) cercenó el derecho de contradicción del se ñor Villa Suárez, pues le endilgó el relacionamiento con miembros del denominado “Cartel del Norte del Valle” , sin prueba directa, sino basado en simples conjeturas que él no tuvo la posibilidad de controvertir4.

La defensa5

10. La Nación -Rama Judicial - se opuso a las pretensiones. Consideró que una decisión adversa a los intereses de las partes no deslegitima la decisión judicial ni comportaba per se fuente de un daño indemnizable.

11. Arguyó que para que una decisión comprometiera la responsabilidad del Estado por estar incursa en error judicial, la misma debía ser una decisión caprichosa, arbitraria, flagrantemente violatoria del debido proceso y desconocedora del derecho, de lo cual no adolecía la decisión enjuiciada

12. Alegó la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el indebido e injustificado incremento del capital de los actores, y los probados vínculos que sostenían con miembros del denominado Cartel del Norte del Valle , dieron lugar a que fueran procesados por el delito de lavado de activos y sus bienes objeto de una acción de extinción de dominio6.

Etapa probatoria y alegaciones

13. Al concluir la etapa probatoria 7 y en el término de las alegaciones, la demandante insistió en la declaratoria de responsabilidad deprecada. Recabó que

4 Folios 85 a 101 cuaderno 1. 5 La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en auto del 1º de septiembre de

demandante insistió en la declaratoria de responsabilidad deprecada. Recabó que

4 Folios 85 a 101 cuaderno 1. 5 La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en auto del 1º de septiembre de 2008; sin embargo, en proveído del 23 de febrero de 2009 , se adiciona la admisión en orden de incluir a una demandante (folios 108, 109, 112 y 113 del cuaderno 1). 6 Folios 121 a 130 del cuaderno 1 7 En auto del 27 de septiembre de 2010 (folio 139 y 140 del cuaderno 1 ), el a quo se pronunció sobre las solicitudes probatorias así: DEMANDANTE (i) incorporó como prueba los documentos aportados con la demanda (certificación expedida por la Cámara de Comercio de Tuluá de 22 de febrero de 2012, sentencia del 28 de agosto de 2006 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso seguido bajo la radicación 2004-00040-01 y actuaciones adelantadas en el marco de la causa penal seguida bajo la radicación 308 ED. 04879) -folios 1 al 72-; y, (ii) Decretó dictamen pericial: de un perito experto en contabilidad, a fin de dar respuesta al cuestionario presentado por la parte actora atinente a los incrementos patrimoniales de los demandantes -dictamen visible a folios 258 a 275 del cuaderno 1 -; de un perito avaluador, a fin de establecer el valor comercial de los inmuebles objeto de extinción de dominio -dictamen visible a folio 1 a 56 del

de los demandantes -dictamen visible a folios 258 a 275 del cuaderno 1 -; de un perito avaluador, a fin de establecer el valor comercial de los inmuebles objeto de extinción de dominio -dictamen visible a folio 1 a 56 del cuaderno 3- (la contradicción de los dictámenes se surtió en audiencia del 28 de enero de 2023); (iii) ofició a:

1. A la Cámara de Comercio de Tuluá y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a fin de allegar certificados de existencia y representación legal , certificados de registro mercantil y folios de matrícula inmobiliaria de los referidos bienes . 2. Al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado a fin de que remitiera copia losRadicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez y otra

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

4 el dictamen pericial practicado a instancia del a quo dio cuenta de los errores de carácter tributario, contable y financiero en los que incurrió el juez en la providencia cuestionada, así como el importante número de piezas procesales que obraron en el expediente penal demostraron el esfuerzo probatorio de los encausados para demostrar el origen lícito de sus bienes8.

14. La demandada alegó q ue la parte actora pretende instrumentalizar el título de imputación por error judicial como una tercera instancia del proceso primigenio, el cual ya fue definido en segunda instancia a través de una sentencia que goza de legitimidad y ejecutoriedad. Alegó la culpa exclusiva de la víctima, pues si contra

imputación por error judicial como una tercera instancia del proceso primigenio, el cual ya fue definido en segunda instancia a través de una sentencia que goza de legitimidad y ejecutoriedad. Alegó la culpa exclusiva de la víctima, pues si contra la providencia de primera instancia se agotaron los recursos y frente a la segunda no procedía ninguno, la parte actora debió acudir a otro mecanismo diferente para controvertir esta última, en tanto que por la vía del error judicial no se puede revocar una sentencia que se encuentra válidamente ejecutoriada, dada que este título de imputación no emerge como una tercera instancia del proceso primigenio9.

La decisión apelada

15. En sentencia del 30 de agosto de 2024, Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones . Consideró que no se evidenció que la sentencia cuestionada incurriera en un error judicial por valoración errada del material probatori o; por el contrario, observó una decisión ajustada a derecho.

16. Para el a quo, si bien a través de la sentencia cuestionada se declaró la extinción del derecho de dominio de unos bienes de propiedad de los demandantes, lo cierto es que ese daño no era jurídicamente imputable , pues al analizar los motivos de inconformidad planteados por los demandantes respecto de la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior de Bogotá , encontró que no se evidenció un yerro de esa naturaleza.

17. Tras confrontar la decisión cuestionada, consideró que el ad quem halló suficientes indicios para inferir razonablemente que procedía la extinción de dominio de los bienes de los enjuiciados . De este modo, sostuvo que el juzgador

17. Tras confrontar la decisión cuestionada, consideró que el ad quem halló suficientes indicios para inferir razonablemente que procedía la extinción de dominio de los bienes de los enjuiciados . De este modo, sostuvo que el juzgador sí valoró las pruebas, en particular, las que reflejaban los movimientos bancarios, contables y financieros, los dictámenes p ericiales y las indagatorias rendidas por los enjuiciados y los testimonios recaudados, para concluir la procedencia de la acción ejercida.

18. El a quo sostuvo que los actores dentro del proceso primigenio tuvieron la posibilidad de rebatir o controvertir las pruebas objeto de valoración por parte del juez cuestionado y se les permitió en ese juicio presentar pruebas para comprobar la licitud de sus bienes , sin evidencia de que se hubiera pretermitido alguna instancia.

dictámenes periciales practicados en el marco de la investigación penal que adelantó en contra de los actores - respuesta visibles a folios 37 a 80 del cuaderno 4-. 8 Índice 141 SAMAI Tribunal. 9 Índice 142 aplicativo SAMAI Tribunal.Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

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19. Indicó que la inconformidad de la parte actora radicó en la valoración probatoria del Tribunal Superior de Bogotá y las conclusiones probatorias a las que arribó de acuerdo con los indicios encontrados, lo que resultaba desacertado a través del

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19. Indicó que la inconformidad de la parte actora radicó en la valoración probatoria del Tribunal Superior de Bogotá y las conclusiones probatorias a las que arribó de acuerdo con los indicios encontrados, lo que resultaba desacertado a través del título de imputación in vocado, en tanto que este no podía instituirse como una tercera instancia del proceso primigenio

20. Aclaró que es posible que sobre un mismo punto de derecho pueden confluir varias interpretaciones , todas jurídicamente admisibles en cuan to sean correctamente justificadas, de allí que solo las decisiones carentes de este último elemento puedan considerarse incursas en error judicial, lo que no se evidenció en este asunto.

21. Finalmente, señaló que, en términos de la Ley 793 de 2002, le correspondía a la parte vinculada demostrar el origen lícito de los bienes objeto de extinción de dominio, circunstancia que no ocurrió en sede de la acción ordinaria , sin que pudiera el proceso contencioso administrativo servir de escenario probatorio para verificar ese aspecto10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

22. La parte actora solicitó revocar la decisión anterior y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

23. Alegó que la decisión del Tribunal a quo carece de motivación, pues no se atendió la causa petendi y nada dijo en relación con los cargos con los que se acusó la providencia contentiva de error . Tampoco se pronunció sobre los dictámenes periciales, en particular, el dictamen rendido por el perito Juan Jerónimo Banguero García, practicados para demostrar los yerros.

acusó la providencia contentiva de error . Tampoco se pronunció sobre los dictámenes periciales, en particular, el dictamen rendido por el perito Juan Jerónimo Banguero García, practicados para demostrar los yerros.

24. De este modo , consideró “inconcebible e inaudito ” 11 que el a quo negara las pretensiones sin referirse a los hechos basilares de la demanda, siendo claro que se demostraron los errores aducidos por los demandantes, esto a través de las pruebas del proceso penal contenidas en más de 6.000 folios, las que demostraban la licitud de los bienes y las actividades productivas de los demandantes.

25. Por lo anterior, en criterio de los actores, la extinción del dominio de todos los bienes de los esposos Villa Suárez y Castaño Agudelo se dio como consecuencia de un fallo penal proferido en segunda instancia carente de sustento, con razones falsas, erróneas o acomodadas12.

26. En término para alegar13, la Rama Judicial señaló que el actor pretendía por la vía del error judicial cuestionar la labor de interpretación probatoria del juez penal, siendo claro que éste contaba con autonomía e independencia para interpretar el

10 Índice 149 aplicativo SAMAI Tribunal. 11 En este sentido, expresó: “Es verdaderamente inconcebible e inaudito que el Tribunal se hubiera atrevido a negar las pretensiones de los actores sin haber dedicado ni una sola palabra a los hechos basilares de la demanda, obrantes en las páginas 14 a 30 del libelo introductor, donde se expusieron y se fundamentaron por separado y con toda claridad todos aquellos errores jurisdiccionales constitutivos del quid de la controversia”. 12 Índice 149 aplicativo SAMAI Tribunal.

separado y con toda claridad todos aquellos errores jurisdiccionales constitutivos del quid de la controversia”. 12 Índice 149 aplicativo SAMAI Tribunal. 13 En auto del 11 de marzo de 2025, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos en esta instancia (índice 17 aplicativo SAMAI.Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez y otra

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6 derecho y valorar las pruebas bajo criterios de la sana l ógica. Resaltó que los argumentos contra la providencia cuestionada no tuvieron la entidad de deslegitimarla, por lo que se debía confirmar la decisión de instancia14.

27. El Ministerio Público precisó que al confrontar la providencia cuestionada por la vía del error con los argumentos de acusación de la demanda, no se evidenció que aquélla estuviera incursa en error judicial o que comprendiera una decisión violatoria del debido proceso o de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria, de allí que solicitó confirmar la providencia del a quo que negó las pretensiones de la demanda15.

28. La demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

29. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso propuesto.

El objeto de la apelación

30. El análisis se circunscribe a verificar si la decisión del a quo carece de motivación y si no valoró el dictamen pericial que se practicó en esa instancia.

procede la Sala a resolver el recurso propuesto.

El objeto de la apelación

30. El análisis se circunscribe a verificar si la decisión del a quo carece de motivación y si no valoró el dictamen pericial que se practicó en esa instancia.

Dentro de este marco, encaminará su estudio a establecer si las falencias probatorias o desconocimientos que denuncia la parte actora contra la providencia contentiva de error acontecieron y , de ser así, si son susceptibles de ser consideradas como constitutivas de un error judicial que permita elaborar un juicio de atribución de responsabilidad a la Rama Judicial.

Responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial16

31. El error judicial, como título de imputación de responsabilidad del Estado, compromete la certeza respecto del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional materializa da en decisiones contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable o jurídicamente atendible.

32. Su distancia con las hipótesis en las que se controvierte una providencia en un proceso judicial es indiscutible, en tanto que el objeto de análisis se dirige contra una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, no para obtener su revocatoria o anulación, pues se deberá entender que la firmeza de la decisión es

14 Índice 21 aplicativo SAMAI 15 Índice 22 aplicativo SAMAI. 16 Bajo los presupuestos de procedibilidad de este especial título de atribución de responsabilidad previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 debe acreditarse: (i) la interposición de los recursos de ley por parte del

15 Índice 22 aplicativo SAMAI. 16 Bajo los presupuestos de procedibilidad de este especial título de atribución de responsabilidad previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 debe acreditarse: (i) la interposición de los recursos de ley por parte del afectado contra las providencias cuestionadas; y, (ii) la firmeza de éstas. En este asunto, se evidencia el cumplimiento de estos presupuestos, en tanto que contra la decisión cuestionada por la vía del error judicial , esto es, la proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de agosto de 2006, no procedía ningún recurso, en tanto que se trató de una decisión dictada en el curso de la segunda instancia . Se precisa que, en voces de los previsto en artículo 14A de la ley 793 de 2002 “Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio” , en los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra “la sentencia de primera instancia” -literal f-.Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

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7 inmodificable, sino para evidenciar un error en el que media un juicio de crítica a la conducta del operador judicial, no de manera genérica o desde una simple manifestación de inconformidad.

33. En estos asuntos la labor del juez administrativo no está llamada a debatir o resolver controversias propias del juicio primigenio, en tanto que no se trata de asimilar el ejercicio de verificación a una instancia adicional de aquel o que el juez

33. En estos asuntos la labor del juez administrativo no está llamada a debatir o resolver controversias propias del juicio primigenio, en tanto que no se trata de asimilar el ejercicio de verificación a una instancia adicional de aquel o que el juez de la reparación directa dirija su actividad discursiva acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial cuestionado, menos para confirmar el acierto o no de la providencia, pues ello implicaría transg redir el principio de la cosa juzgada.

34. En esa línea, esta Subsección17 ha señalado que la parte interesada en obtener la declaratoria de responsabilidad bajo los lineamientos de este título de imputación tiene que establecer con claridad y precisión cuál o cuáles son los yerros (de hecho o de derecho) que contiene la provide ncia acusada y su necesario efecto sobre la misma, pues solo de esa manera puede determinarse la existencia de un daño antijurídico. Esta tarea no es igual a la de cuestionar la decisión, pues tal ejercicio está reservado a los recursos, los que una vez son resueltos, dotan de inmutabilidad a la decisión, atributo que la hace portadora de certeza e hito inamovible, indiscutible y definitorio, representativo del poder soberano del Estado y como tal, realizador de sus fines.

35. Así que si se acusa la decisión como contentiva de un error de derecho, el actor debe establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas o precedentes que considera transgredidos y una explicación sucinta de la manera cómo lo fueron, mientras que si se trata de un error de hecho, deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello

considera transgredidos y una explicación sucinta de la manera cómo lo fueron, mientras que si se trata de un error de hecho, deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley. De nuevo, no se trata de que la argumentación aludida fluya como una tercera instancia, pues el objeto preciso de e ste medio de control no es otro que el error judicial y no las razones que se debatieron en el proceso judicial generador de la providencia que se cuestiona.

36. Lo anterior impone que la crítica de la providencia contentiva del supuesto error judicial debe referirse directamente a las bases importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión acusada. Si el blanco de ataque se hace bajo los supuestos que traza a su mejor conveniencia el demandante y no a los que objetivame nte constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la imputación jurídica, lo que confluiría en un fallo denegatorio de las pretensiones.

37. Debe recordarse que el juez al definir un conflicto declara el mejor derecho, esto es, aquel que, soportado en la constitución, la ley, el negocio jurídico o las demás fuentes del derecho, es merecedor de la tutela del Estado, lo que descarta que la persona que no es favorecido con una determinada decisión pueda entonces alegar

17 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 23 de mayo de 2023 y del 31 de julio de 2024 (expedientes 64.013 y 69.665).Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

del 31 de julio de 2024 (expedientes 64.013 y 69.665).Radicación: 76001-23-31-000-2008-00645-01 (72.250)

Actor: José Heriberto Villa Suárez y otra

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8 que se ha incurrido en un error por el simple prurito de no obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.

38. Esta Subsección18 ha considerado que para romper con la presunción de legalidad y, más que ésta, de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión, este sea trascendente, es de cir, que tenga la vocación de modificar su sentido, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento19.

39. Las precisiones antecedentes imponen una alta carga demostrativa, de precisión y certeza y, con esto, de prueba por quien pueda estar interesado en que se declare la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, no bastando circunscribir su actividad discursiva, de acusación o probatoria, a reiterar aquello que fue objeto del análisis de la causa procesal previa, pues de lo que se trata es de desabrigar la decisión del manto de legitimidad, no de manera inopinada, sino con sujeción a requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la controversia antecedente.

de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la controversia antecedente.

Análisis del caso concreto

Ataques contra la decisión del a quo por falta de motivación respecto de los yerros advertidos en la demanda como constitutivos de error judicial

40. En sede del recurso de apelación, la parte actora acusa la decisión del Tribunal a quo por falta de motivación, por considerar que no se pronunció sobre los hechos de la demanda ni sobre los errores jurisdiccionales fundantes de las pretensiones al punto de las confrontaciones de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de agosto de 2006 que, en sede del recurso de apelación, declaró la extinción de dominio de los bienes de los actores.

41. La Sala no acompaña este cuestionamiento, en tanto que el a quo, bajo la óptica del error judicial, analizó los cargos de acusación contra la sentencia cuestionada, los cuales se centraron en controvertir esta providencia por defectos de apreciación probatoria, para concluir que no se evidenció un yerro de esta naturaleza.

42. El a quo centró su análisis en clave de establecer si la decisión que definió el proceso de extinción de dominio incurrió en una indebida o sesgada valoración probatoria frente a “las pruebas que reflejan los movimientos bancarios, contables y financieros”; “frente a los dictámenes periciales”; “frente a la valoración de las diligencias de indagatoria y testimonios” y frente a la valoración probatoria en torno a la encausada María Ruth Castaño.

y financieros”; “frente a los dictámenes periciales”; “frente a la valoración de las diligencias de indagatoria y testimonios” y frente a la valoración probatoria en torno a la encausada María Ruth Castaño.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del