CE - Sentencia 76001233300020120038501 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023)

Demandante: Ricardo Pinilla Guzmán

Demandado: Ecopetrol S.A.

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio disciplinario. Nulidad del acto administrativo. Violación al debido

proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia proferida el tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Ricardo Pinilla Guzmán instauró demanda en contra de Ecopetrol S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de: (i) el auto de apertura de la investigación disciplinaria del 25 de septiembre de 2007; (ii ) el auto de formulación de cargos del 15 de junio de 2010; (iii) la Resolución del 29 de noviembre de 2011, mediante la cual fue sancionado disciplinariamente en primera instancia con destitución e inhabilidad general de carácter permanente; y (iv) la Resolución del 27 de febrero de 2012, que confirmó la decisión anterior.

Que, en consecuencia, se reconozca el pago de los perjuicios sufridos, incluyendo los morales; que se revoque la inhabilidad general y permanente para desempeñar cargos públicos; que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada y que se indexen las sumas objeto de condena.Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que se desempeñó como operador de transporte E-11 de Ecopetrol desde febrero de 1986 hasta el 1 de agosto de 2010, fecha en la que obtuvo su jubilación.

Que era miembro activo de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo

de 1986 hasta el 1 de agosto de 2010, fecha en la que obtuvo su jubilación.

Que era miembro activo de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y que la Convención Colectiva de Trabajo vigente contenía un procedimiento especial en materia disciplinaria.

Que para el año 2006 Ecopetrol entró en proceso de adecuación del sistema SCADA (Sistema Centralizado de Adquisición de Datos), lo que implicó que, hasta 2007 se presentaran problemas con los sistemas de control por incompatibilidades en la transmisión de datos entre la planta de Yumbo y la ciudad de Bogotá , lo que originaba congelamiento, retardos o fallas.

Que entre el 14 y 15 de septiembre de 2007, encontrándose en turno de labor, fue capturado junto con otros trabajadores en la terminal de Yumbo y que se les imputó el delito de presunto hurto de hidrocarburos.

Que, por lo anterior, el 25 de septiembre de 2007 se abrió una investigación disciplinaria, aplicando la normativa contenida en la Ley 734 de 2002 . Que en la etapa de indagación previa se solicitó la nulidad porque se debía aplicar la Convención Colectiva de Trabajo en virtud de la naturaleza jurídica de la entidad.

Que, no obstante, el 15 de junio de 2010 se formuló pliego de cargos en contra suya y de los demás trabajadores investigados, señalando que «(…) pudieron incurrir en falta disciplinaria al apoderarse irregularmente de GLP [Gas Licuado de Petróleo], durante los procesos de entrega de este producto desde la terminal de Y umbo de ECOPETROL S.A. a VELOGAS DE OCCIDENTE S.A » (corchetes fuera del

falta disciplinaria al apoderarse irregularmente de GLP [Gas Licuado de Petróleo], durante los procesos de entrega de este producto desde la terminal de Y umbo de ECOPETROL S.A. a VELOGAS DE OCCIDENTE S.A » (corchetes fuera del original), considerando que se había ejecutado una falta gravísima a título de dolo.

Que, sin tener en cuenta la solicitud de prueba pericial formulada por su apoderado, el 29 de noviembre de 2011 fue sancionado con destitución e inhabilidad general y permanente para desempeñar cargos públicos, decisión que se confirmó el 27 de febrero de 2012, siendo ejecutada el 28 de mayo de 2012.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: preámbulo y artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29 y 53; Ley 1118 de 2006: artículos 6 y 7; Ley 734 de 2002: artículo 53; Código Sustantivo del Trabajo: artículos 3, 8, 9, 11, 13, 21 y 467; Convención Colectiva del Trabajo suscrita el 2 de julio de 2009 entre Ecopetrol S.A. y la USO: artículos 86 parágrafo 1, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 121, 122 parágrafos 1, 2, 3 y 4; y 148.

Que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol quedó organizada como una sociedad de economía mixta , de carácter comercial, del orden nacional,Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023)

Que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol quedó organizada como una sociedad de economía mixta , de carácter comercial, del orden nacional,Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Esta ley dispuso, en el artículo 6, que los actos, contratos y actuaciones necesarias para la administración de su objeto social se regirían por las reglas del derecho privado, mientras que el artículo 7 dispuso que la totalidad de servidores públicos de Ecopetrol tendrían la calidad de trabajadores particulares y, en consecuencia, a sus contratos individuales de trabajo se les aplicarían las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo , de la Convención Colectiva y del Acuerdo 01 de 1977.

Que, por lo anterior, los actos demandados violaron el régimen laboral aplicable , pues de conformidad con el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 las empresas de economía mixta regidas por el d erecho privado se encontraban excluidas del régimen disciplinario de los particulares, por lo cual la entidad debía acudir a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo para investigarlo y sancionarlo.

Que Ecopetrol abusó de su poder, pues vulneró derechos de orden constitucional al aplicar normas que no correspondían para inhabilitarlo , en especial, desconoció el derecho al debido proceso, según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme

Que Ecopetrol abusó de su poder, pues vulneró derechos de orden constitucional al aplicar normas que no correspondían para inhabilitarlo , en especial, desconoció el derecho al debido proceso, según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, observando las formas de cada juicio, pues le formuló cargos y lo sancionó aplicando las formalidades de la Ley 734 de 2002.

Que resultaba más favorable la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, pero Ecopetrol hizo caso omiso de ella , desconociendo los artículos 39, 53 y 55 constitucionales y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el alcance de dicho instrumento de negociación colectiva

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 1 de diciembre de 2015 1, notificándosele a la entidad, quien se opuso a las pretensiones indicando que carecen de sustento fáctico y de derecho, pues si bien es cierto que para el 2006 la planta de Yumbo entró en un proceso de prueba para operación remota, el demandante pretende hacer inducir al error al juez al referirse de manera general a un «sistema de control».

Que Ecopetrol se constituyó como parte civil en el proceso penal que se adelantó en contra del demandante y de otros trabajadores por el punible de hurto de hidrocarburos y que la actuación disciplinaria se inició como consecuencia de un

1 Véanse folios 24-25 del cuaderno principal . Inicialmente la demanda fue asignada por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual por auto del 10 de octubre de 2012 declaró la falta de jurisdicción y

1 Véanse folios 24-25 del cuaderno principal . Inicialmente la demanda fue asignada por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual por auto del 10 de octubre de 2012 declaró la falta de jurisdicción y ordenó su remisión a la Jurisdicción Ordinaria Laboral (véanse folios 539 a 541 del cuaderno 760013105001201201048). Allí correspondió el conocimiento al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, el cual la admitió por auto del 14 de marzo de 2013 (folios 56 6-567 del cuaderno 7600131050012012010489. En auto del 26 de marzo de 2013 se declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción, ante lo cual la demandada interpuso recurso de apelación. Al desatar el recurso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali-Sala Laboral declaró la falta de jurisdicción y remitió el proceso al Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera el conflicto de competencias (véase cuaderno 76001310500120120104801). La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en providencia del 13 de mayo de 2015 declaró que la competencia para conocer el asunto era de la jurisdicción de lo contencioso administrativo , concretamente, que correspondía al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conocer la demanda presentada por el señor Ricardo Pinilla Guzmán (véanse folios 5 a 13 del cuaderno 11001010200020140283300).Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 informe presentado por el gerente de poliductos de la entidad el 18 de septiembre de 2007, en el cual relató que el 14 y 15 del mismo mes y año, la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación, debidamente autorizados por el juez de control de garantías capturaron a unos trabajadores dentro de los cuales se encontraba el demandante.

Que la aplicación del procedimiento regulado por la Ley 734 de 2002 obedeció a la calidad de servidores públicos que ostentan los trabajadores de Ecopetrol , en los términos del artículo 123 constitucional y que, una vez expedida la Ley 1118 de 2006, la Corte Constitucional precisó que la calidad de trabajadores se reservaba para efectos de la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo y para garantizar las prerrogativas de la Convención Colectiva del Trabajo y del Acuerdo 01 de 1977.

Que en la actuación disciplinaria, las decisiones sobre la práctica probatoria se motivaron en debida forma y que los investigados contaron con las oportunidades procesales para controvertirlas. En especial, la solicitud de prueba pericial se desestimó porque resultaba improcedente, pues con ella se buscaba avalar unos documentos que no fueron objeto de tacha.

Que el apoderamiento de GLP se acreditó con pruebas documentales y testimoniales, encontrando que el volumen de combustible hallado en VELOGAS era superior a la cantidad facturada por Ecopetrol . Para llegar a esta conclusión resultaron fundamentales el informe ejecutivo del 11 de septiembre de 2007 rendido

testimoniales, encontrando que el volumen de combustible hallado en VELOGAS era superior a la cantidad facturada por Ecopetrol . Para llegar a esta conclusión resultaron fundamentales el informe ejecutivo del 11 de septiembre de 2007 rendido por los funcionarios de la policía judicial comisionados para adelantar la investigación del proceso 76001600193200702244 y el informe de las diligencias de allanamiento del 30 de julio de 2007 con el cual se logró determinar que el hurto del hidrocarburo ocurría cuando se programaba su entrega a las mayoristas.

Que también se logró determinar la función que correspondía ejecutar al demandante y se acreditó su presencia durante los hallazgos que posteriormente fundamentaron el cargo disciplinario.

Que jurisprudencialmente ha quedado clara la prevalencia de la ley disciplinaria respecto de trabajadores oficiales amparados por convenciones colectivas , por lo que no podría invocarse el principio de favorabilidad en detrimento de la primera ; que la terminación del contrato individual de trabajo se produjo como consecuencia de la sanción ; que el régimen laboral no puede confundirse con el régimen disciplinario y que, en todo caso, la actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede transformarse en una tercera instancia disciplinaria.

Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, la buena fe, el cobro de lo no debido y la genérica2.

Se celebró audiencia inicial el 11 de julio de 2017, en la que se declaró de oficio la excepción de inepta demanda respecto de los actos de trámite del procedimiento disciplinario, se fijó el litigio y se realizó el decreto de pruebas3. Una vez practicadas,

excepción de inepta demanda respecto de los actos de trámite del procedimiento disciplinario, se fijó el litigio y se realizó el decreto de pruebas3. Una vez practicadas,

2 Véanse folios 67 a 88 del cuaderno principal. 3 Véanse folios 97 A 106 y CD en folio 96 del cuaderno principal.Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto4; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca, mediante sentencia del tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) 5, negó las pretensiones, tras concluir que la actuación disciplinaria se desarrolló con estricto apego a la Ley 734 de 2002, régimen jurídico aplicable, y que Ecopetrol valoró en debida forma las pruebas para encontrar acreditada la responsabilidad disciplinaria.

Que de conformidad con el artículo 123 constitucional, son servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios ». Por su parte, mediante la Ley 1118 de 2006 se dispuso que Ecopetrol S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada como sociedad anónima, del

y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios ». Por su parte, mediante la Ley 1118 de 2006 se dispuso que Ecopetrol S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada como sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y, en el artículo 7 de esta ley, se señaló que sus servidores públicos tendrían el carácter de trabajadores particulares, por lo que a sus contratos individuales de trabajo se les continuarían aplicando las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, de la Convención Colectiva de Trabajo y del Acuerdo 01 de 1977.

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-722 de 2007 precisó que la previsión del artículo 7 de la Ley 1118 de 2006 no significaba que los trabajadores de Ecopetrol perdieran su condición de servidores públicos , pues la calidad de trabajadores particulares tiene como fin determinar el régimen jurídico aplicable a sus contratos individuales de trabajo.

Que, por otro lado, el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 dispone que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, lo que significa que aun cuando los trabajadores de Ecopetrol se vinculen a la entidad a través de un contrato de trabajo, mantienen su condición de servidores públicos y, por ello, no están excluidos del régimen disciplinario.

Que, en relación con la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo en materia disciplinaria, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 200 de 1995, aclaró que aquella prevalecía sobre las estipulaciones convencionales y que «[l]as convenciones colectivas de trabajo no pueden

disciplinaria, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 200 de 1995, aclaró que aquella prevalecía sobre las estipulaciones convencionales y que «[l]as convenciones colectivas de trabajo no pueden incorporar asuntos de carácter disciplinario, salvo que se trate de materias relacionadas con el reglamento interno, y siempre que no sean contrarias a la Ley 200 de 1995»6.

Que el control que realiza el juez de lo contencioso administrativo sobre los actos

4 Véanse folios 114 a 117 y CD en el folio 113 del cuaderno principal. 5 Véase índice 00031 de SAMAI, con el radicado en tribunales 76001233301020120038500. 6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de diciembre de 1995. Rad. 763. C.P. Luis Camilo Osorio Isaza.Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que imponen sanciones disciplinarias es integral, lo que lo autoriza para analizar la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad respecto de la ilicitud sustancial, al punto de que, si el caso concreto lo exige, pue de valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el diciplinado, pero sin que ello implique la desaparición de la exigencia del ordinal 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 en rel ación con el deber del

sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el diciplinado, pero sin que ello implique la desaparición de la exigencia del ordinal 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 en rel ación con el deber del demandante de invocar los fundamentos de derecho, las normas que considera trasgredidas y explicar el concepto de violación.

Que, analizado el procedimiento que concluyó con los actos demandados, desde la apertura de la investigación disciplinaria (no de indagación preliminar, como relató el demandante) se des cribió de manera clara la conducta a investigar , con la precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho; se identificó plenamente a los presuntos autores de la falta, con indicación del cargo y la función que desempañaban.

Que sobre las solicitudes de nulidad y de pruebas de los investigados, la entidad se pronunció de manera oportuna y motivada y la sanción impuesta obedeció a la valoración integral de las pruebas recaudadas , en tanto que la segunda instancia disciplinaria analizó de manera puntual cada motivo de reproche.

Que en los alegatos de conclusión el demandante se refirió a que en audiencia oral del 16 de abril de 2015 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali declaró la prec lusión del proceso adelantado en contra del demandante y otros trabajadores, con fundamento en la prescripción de la acción penal, asunto que no tiene injerencia en el ámbito disciplinario, por tratarse de procesos que amparan bienes jurídicos distintos, con finalidades diferentes.

Condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

tiene injerencia en el ámbito disciplinario, por tratarse de procesos que amparan bienes jurídicos distintos, con finalidades diferentes.

Condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante7 interpuso recurso de apelación señalando que en la sentencia no se pronunció respecto de la naturaleza jurídica de Ecopetrol y el régimen laboral aplicable y que desestimó que en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la USO y la entidad se estableció un procedimiento para la aplicación de sanciones.

Que en la fijación del problema jurídico de la sentencia apelada se omitió la necesidad de determinar la existencia del hecho que originó la actuación disciplinaria y que, para ello, resulta fundamental valorar las pruebas en ejercicio del control judicial integral, por lo que resulta cuestionable que se dijera que solo se pronunciaría respecto de los actos administrativos definitivos.

Que no se dijo nada en relación con la graduación de la sanción impuesta, pasando por alto que en la normativa disciplinaria la inhabilidad se encuentra limitada de 1 a 20 años y en los actos demandados se impuso de forma permanente.

7 Véase índice 00035 de SAMAI, con el radicado en tribunales 76001233301020120038500.Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Que no es cierto que se le debiera aplicar el procedimiento de la Ley 734 de 2002,

www.consejodeestado.gov.co 7

Que no es cierto que se le debiera aplicar el procedimiento de la Ley 734 de 2002, pues el artículo 7 de la Ley 11 18 de 2006 dispone que los servidores de Ecopetrol tienen la calidad de trabajadores particulares y, por ello, a sus contratos se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo y el Acuerdo 01 de 1997.

Que, sobre la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, no debió tenerse en cuenta el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, pues este no tiene el carácter que en la sentencia se le quiso dar y que de este tampoco se desprende la negación de la aplicación de las normas convencionales ; sin dejar de lado que al cuestionar la validez de la Convención estaría contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C-112 de 1993, C-722 de 2007 y SU-267 de 2019).

Que no existió pronunciamiento en relación con el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que excepciona del ámbito de aplicación del código disciplinario a las empresas de economía mixta regidas por el régimen privado.

Que en la sentencia se admite la ausencia del auto de apertura de indagación previa y que este era necesario por el carácter técnico de los hechos investigados y que no es cierto que se encontraran probados los hechos por los que fue sancionado, pues VELOGAS, presunta cómplice del delito, no fue llamada a juicio ni condenada y, además, se declaró la preclusión del proceso que por los mismos hechos objeto del proceso disciplinario se llevaba en contra de los trabajadores de Ecopetrol.

pues VELOGAS, presunta cómplice del delito, no fue llamada a juicio ni condenada y, además, se declaró la preclusión del proceso que por los mismos hechos objeto del proceso disciplinario se llevaba en contra de los trabajadores de Ecopetrol.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 28 de noviembre de 2023 8 fue admitido el recurso apelación y, en esta providencia, se dispuso que, una vez ejecutoriada, el proceso pasaría a Despacho para dictar sentencia, sin necesidad de traslados y que, hasta tal momento, el Ministerio Público podría presentar su concepto.

Pronunciamiento de las partes y del Ministerio Público

La demandada9 se refirió a las múltiples oportunidades en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronunció en relación con la legalidad de los actos sancionatorios expedidos en el procedimiento PD -2166 de 2017 , pues los trabajadores disciplinados demandaron su nulidad y, en todos los casos, se negaron sus pretensiones.

Que de manera pacífica y reiterada el Consejo de Estado determinó que a los trabajadores de Ecopetrol se les debía aplicar la Ley 734 de 2002, pues su condición de servidores públicos no desapareció por la naturaleza societaria o económica de la entidad.

8 Véase índice 00005 de SAMAI. 9 Véase índice 00009 de SAMAI.Radicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Que al abordar el problema jurídico quedó claro que el control jurisdiccional se realizaría en relación con los actos definitivos y que el demandante tiene una errada interpretación de lo que el control judicial integral significa, pues este se dirige es al examen del estricto cumplimiento de los principios rectores de la normativa disciplinaria, sin dejar de lado las cargas procesales de la parte que busca la nulidad de los actos.

Que, en consecuencia, en nada se afecta el control realizado por el tribunal al no realizar ningún juicio en relación con los autos de apertura de la investigación disciplinaria y de formulación de cargos.

Que la Ley 734 de 2002 prevalece sobre las normas convencionales que se refieran al procedimiento disciplinario y que el demandante tenía la condición de trabajador particular para los efectos del artículo 7 de la Ley 1118 de 2006 y de servidor público para la determinación de su régimen disciplinario.

Que tampoco resulta admisible la incidencia que el demandante pretende darle a la preclusión del proceso penal, pues, como se afirmó en la sentencia apelada, aquella ocurrió por prescripción de la acción penal y en nada afecta al procedimiento disciplinario, al tratarse de actuaciones autónomas, que protegen diferentes bienes jurídicos y tienen distintas finalidades.

El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

Se resolverá previas siguientes

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia apelada se realizó un control

El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

Se resolverá previas siguientes

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia apelada se realizó un control integral de los actos demandados y si en la expedición de estos se desconoció el debido proceso, porque se aplicó un régimen disciplinario que no correspondía. Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, n o ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccionalRadicado: 76001-23-33-010-2012-00385-01 (5991-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa » de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias10.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»11.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control judicial integral » por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, or ientado por el prisma de los derechos fundamentales»12, y se indicó además que:

juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, or ientado por el prisma de los derechos fundamentales»12, y se indicó además que:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la indep