CE - Sentencia 76001233300020210010301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo Demandado: Municipio de Cali (Valle del Cauca)

Tema: Gerente de Empresa Social del Estado. Pretensión de reintegro laboral

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Javier Arévalo Tamayo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del Decreto 4112.010.20.0897 del 15 de mayo de 2020 por medio de la cual el alcalde de Santiago de Cali nombró al gerente de la Red de

Salud del Oriente Empresa Social del Estado ESE.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro al cargo que venía

medio de la cual el alcalde de Santiago de Cali nombró al gerente de la Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado ESE.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro al cargo que venía ocupando, esto es de gerente de la Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado ESE de Santiago de Cali, o en otro de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad; ii) el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, desde el momento de su remoción y hasta cuando sea reincorporado al servicio; iii) el

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho.

3. En subsidio y a título de indemnización, solicitó el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, desde el momento de su retiro y hasta el 31 de marzo de 2024.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4.1. Javier Arévalo Tamayo fue designado en el empleo de gerente de la Empresa Social del Estado Red de Salud del Oriente de Santiago de Cali, código 085, para el periodo comprendido entre el 1 ° de abril de 2016 y el 31 de marzo de 202 0 por medio del Decreto 411.0.20.0085 del 18 febrero de 2016 expedido por el alcalde del municipio. Tomó posesión del cargo a través del acta 0161 del 1° de abril de 2016.

medio del Decreto 411.0.20.0085 del 18 febrero de 2016 expedido por el alcalde del municipio. Tomó posesión del cargo a través del acta 0161 del 1° de abril de 2016.

4.2. En el marco de la emergencia económica, social y ecológica causada por el coronavirus Covid-19, el gobierno nacional expidió el Decreto 491 de 2020 que en su artículo 13 otorgó la facultad a los gobernadores y alcaldes de ampliar el periodo institucional de los gerentes o directores de las E SE que culminara en marzo de 2020.

4.3. Mediante el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020 el alcalde de Santiago de Cali amplió por el término de 30 días el periodo institucional de los gerentes de las ESE del municipio, entre ellas, la ESE Red de Salud del Oriente, esto es hasta el 15 de mayo de 2020. No obstante, tal ampliación fue por 45 días.

4.4. A través del Decreto 4112.010.20.0897 del 15 de mayo de 2020 el alcalde municipal nombró en el empleo de gerente de la Red de Salud de Oriente ESE, grado 2. código 085, a Oscar Ipia López.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como disposiciones violadas invocó los artículos 20 de la Ley 1797 de 2016 y 13 del Decreto 491 de 2020.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

6.1. El acto censurado fue emitido con desconocimiento de las normas legales y reglamentarias en que debía fundarse.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

6.1. El acto censurado fue emitido con desconocimiento de las normas legales y reglamentarias en que debía fundarse.

6.2. Fue expedido de forma extemporánea y sin competencia, al desconocer lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, el cual prevé que el

2 Índice 3 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados, página 2 a 9.3

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo nombramiento de los directores o gerentes de las ESE debe efectuarse dentro de los 3 meses siguientes al inicio del periodo del alcalde. En este caso, dicho plazo se extendía hasta el 30 de abril de 2020, conforme con la facultad otorgada en el artículo 13 del Decreto 491 de 2020 [expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica], sin embargo, fue emitido el 15 de mayo de 2020.

6.3. No existió causal de retiro del cargo o evaluación insatisfactoria del plan de gestión, razón por la cual su nombramiento se prorrogó automáticamente por un nuevo periodo de 4 años, es decir, hasta marzo de 2024.

6.4. Si bien el acto acusado generó una situación particular y concreta a favor de una tercera persona [quien fue designado en el cargo de gerente de la ESE Oriente de Cali], también afectó su situación laboral pues con él qued ó automáticamente desvinculado del cargo que desempeñaba.

tercera persona [quien fue designado en el cargo de gerente de la ESE Oriente de Cali], también afectó su situación laboral pues con él qued ó automáticamente desvinculado del cargo que desempeñaba.

6.5. El decreto acusado, mediante el cual se nombró a Oscar Ipia López en el cargo de Gerente de la Red de Salud de Oriente , fue expedido el 15 de mayo de 2020 . Por lo tanto, no cumplió con el requisito temporal previsto en el Decreto 491 de 2020, toda vez que la ampliación de su periodo institucional fue de 45 días, con lo que se superó los 30 días autorizados por dicha norma. Además, el nombramiento del nuevo gerente no se efectuó dentro de los 3 meses siguientes al inicio del periodo del alcalde municipal [según el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016] . Por ende, su periodo se prorrogó de forma automática.

1.2. Contestación de la demanda

7. El municipio de Santiago de Cali se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

con fundamento en los siguientes argumentos3:

7.1. El alcalde municipal ejerció en debida forma la potestad de ampliar por un término de 30 días el período institucional de los gerentes o directores de las ESE, según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 491 de 2020. Para tal efecto, expidió el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020, que en su artículo 1 estableció que dicho periodo iría hasta el 15 de mayo de 2020. Así pues, una vez finalizado dicho lapso se nombraron los nuevos gerentes de las ESE, en aplicación del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016.

estableció que dicho periodo iría hasta el 15 de mayo de 2020. Así pues, una vez finalizado dicho lapso se nombraron los nuevos gerentes de las ESE, en aplicación del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016.

7.2. El término de ampliación del periodo institucional autorizado por el artículo 13 del Decreto 491 de 2020 no especificó que los días fueran calendario. En tal sentido y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 los términos previstos en días por las leyes y los actos administrativos se entienden hábiles. Por ende, el acto acusado fue expedido en la oportunidad para ello y de acuerdo con las normas en

3 Índice 11 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados , carpeta «11_760012333000202100103002CONTESTACIONDE20211026112500 », archivo « 3.Contesta demanda de nulidad y rest del derecho nombramiento de Oscar Ipia López»4

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo las que debieron fundarse [artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, reglamentado por el Decreto 1427 de 2016, y artículo 13 Decreto Nacional 491 de 2020].

7.3. Pese a que en el análisis de constitucionalidad del artículo 13 del Decreto 491 de 2020 realizado en la Sentencia C -242 de 2020 la Corte Constitucional empleó varias veces la expresión «mes» para referirse al lapso dentro del cual debía ejercerse la facultad otorgada a los alcaldes para ampliar el periodo institucional de

de 2020 realizado en la Sentencia C -242 de 2020 la Corte Constitucional empleó varias veces la expresión «mes» para referirse al lapso dentro del cual debía ejercerse la facultad otorgada a los alcaldes para ampliar el periodo institucional de los gerentes de las ESE, de igual forma utilizó la expresión « treinta días» y, en todo caso, entre los presupuestos que analizó para determinar la constitucionalidad del decreto no se incluyó la forma de interpretar el conteo de los plazos o términos que se expresan en días por el legislador pues, tal asunto no estaba dentro del ejercicio del control constitucional.

7.4. La desvinculación de Javier Arévalo Tamayo no se generó como consecuencia del acto acusado, sino por la finalización del periodo institucional que cobija a los gerentes y directores de las ESE. En ese sentido, su desvinculación devi no de la naturaleza jurídica del empleo que prev ió un periodo fijo y para el cual la ley no dispuso una prórroga automática. Luego, la causal de desvinculación fue objetiva por vencimiento del periodo institucional previsto en la ley y autónoma al nombramiento y posesión de Oscar Ipia López.

7.5. No exist ió fundamento legal que determin ara de manera expresa la prórroga automática para los periodos institucionales de los gerentes y directores de las ESE. Aunque la figura fue prevista en los artículos 192 de la Ley 100 de 1933 y 28 de la Ley 1122 de 2007, en los cuales el legislador fijó el período en un mínimo de 3 años prorrogables y la reelección por una sola vez del gerente, la norma vigente [artículo

Ley 1122 de 2007, en los cuales el legislador fijó el período en un mínimo de 3 años prorrogables y la reelección por una sola vez del gerente, la norma vigente [artículo 20 de la Ley 1797 de 2016] no lo hizo y una interpretación en contrario sería una «flagrante equivocación conceptual».

8. Propuso las siguientes excepciones: i) debido ejercicio de la potestad de ampliación del periodo institucional de los gerentes de las empresas sociales del estado por parte del alcalde de Santiago de Cali; ii) naturaleza del cargo de gerente de una empresa social del estado; y iii) no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca en la sentencia proferida el 30 de junio 2023 negó las pretensiones de la demanda y para tal efecto señaló lo

siguiente4:

9.1. El empleo de gerente de una ESE t enía un periodo fijo, por lo tanto, a su finalización procedía el retiro automático del servicio. Por ende, la desvinculación

4 Índice 24 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados.5

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo de Javier Arévalo Tamayo obedeció a una causal objetiva de retiro del servicio, relativa al cumplimiento de dicho término, razón por la cual no había lugar a la orden de reintegro pretendida por el demandante.

9.2. En el caso particular, el alcalde estaba facultado para nombrar a los gerentes de

relativa al cumplimiento de dicho término, razón por la cual no había lugar a la orden de reintegro pretendida por el demandante.

9.2. En el caso particular, el alcalde estaba facultado para nombrar a los gerentes de las ESE, dentro de los 3 meses siguientes a su posesión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes. Los cuáles serían nombrados para periodos institucionales de 4 años. Ahora bien, en uso de la facultad otorgada mediante el Decreto 491 de 2020 a los alcaldes para ampliar dicho periodo se expidió el Decreto 4112.010.20.0755 del 30 de marzo de 2020 que la hizo efectiva hasta el 15 de mayo de 2020.

9.3. Si bien, el periodo para el cual fue nombrado inicialmente el demandante terminaba el 30 de marzo de 2020 y el Decreto que se impugna judicialmente se expidió el 15 de mayo de 2020, ello no se tradujo, como lo indican los argumentos de la demanda, en un a prórroga automática del nombramiento o que el alcalde hubiese perdido la oportunidad para nombrar un nuevo gerente de la ESE Red de Salud del Oriente; pues se itera; para los empleados que desempeñan empleos de periodo institucional, «no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que les obliga a la separación inmediata del cargo al vencimiento de su periodo, sin que ello produzca abandono del cargo».

9.4. Hay lugar a condenar en costas, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, al constatarse que fueron causadas en el trámite del proceso.

9.4. Hay lugar a condenar en costas, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, al constatarse que fueron causadas en el trámite del proceso.

1.4. El recurso de apelación

10. Javier Arévalo Tamayo recurrió la sentencia de primera instancia en escrito en el cual reiteró los argumentos expresados en la demanda con fundamento en la aplicación del principio pro homine y el derecho al trabajo5.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto7.

5 Índice 27 del aplicativo Samai de Tribunales y Juzgados. 6 Así se indicó en el auto del 22 de abril de 2024 visible a índice 4 del aplicativo Samai. 7 Así se extrae del informe secretarial del 21 de junio de 2024 visible a índice 8 del aplicativo Samai.6

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)

Demandante: Javier Arévalo Tamayo

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

13. Previo a la formulación de los problemas jurídicos, resulta pertinente señalar que, si bien el municipio de Cali propuso la excepción previa de «no comprender la

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

13. Previo a la formulación de los problemas jurídicos, resulta pertinente señalar que, si bien el municipio de Cali propuso la excepción previa de «no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios» y esta no fue resuelta en el auto del 6 de junio de 2016, mediante el cual se prescindió de la audiencia inicial y se adoptaron medidas para dictar sentencia anticipada , frente al aludido auto no se interpusieron recursos.

14. Sin embargo, esta Sala considera necesario aclarar que, aunque mediante el acto demandado se efectuó el nombramiento de Oscar Ipia López como gerente de la ESE de la Red de Salud de Oriente ESE, grado 2 código 085, lo que en principio pudo hacerlo susceptible de ser considerado litisconsorte necesario, al momento de proferirse esta sentencia su período institucional ya habría finalizado, razón por la cual no se verá afectado por la decisión que en esta instancia se adopte.

15. En este sentido, se tiene que el artículo 61 del Código General del proceso aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 regula la figura

del litisconsorcio en los siguientes términos:

«[…]Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas

naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integr ar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

8 «Artículo 306.Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)

Demandante: Javier Arévalo Tamayo

actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)

Demandante: Javier Arévalo Tamayo

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio«[…]».

16. En virtud de la norma trascrita se configura el litisconsorcio necesario y, por lo tanto, es obligatoria la concurrencia o vinculación de otros sujetos para que integren una de las partes dentro del proceso cuando, por disposición legal o por la naturaleza del asunto (i) la decisión del litigio debe ser uniforme respecto de las relaciones o actos jurídicos sujetos a debate; y (ii) se requiere para resolver de fondo el asunto la comparecencia obligatoria al proceso de los sujetos de derecho que resulten afectados con la relación jurídica en cuestión o que hubiesen intervenido en tal relación o en la formación de los actos, caso en el cual deben ser llamados para integrar una de las partes para hacer valer su derecho9.

17. De acuerdo con lo anterior, la comparecencia de Oscar Ipia López al proceso no resulta obligatoria, en la medida en que no se vería afectado por la relación jurídica debatida. En consecuencia, su falta de vinculación no genera una causal de nulidad procesal y, conforme con la jurisprudencia, podría ser considerado un litisconsorte cuasinecesario, que es señalado por la jurisprudencia como un tercero10.

2.2. Los problemas jurídicos

18. Se circunscriben a establecer ¿si el acto administrativo acusado fue expedido de

cuasinecesario, que es señalado por la jurisprudencia como un tercero10.

2.2. Los problemas jurídicos

18. Se circunscriben a establecer ¿si el acto administrativo acusado fue expedido de forma extemporánea y sin competencia , en tanto que el alcalde municipal de Santiago de Cali no nombró al gerente de la ESE Red de Salud del Oriente conforme con los parámetros legales de los artículos 20 de la Ley 1797 de 2016 y 13 del Decreto 491 de 2020? y de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta ¿si se prorrogó automáticamente el periodo institucional del demandante como gerente de la ESE Red de Salud del Oriente?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

19. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12511 que, por

9Auto del 10 de noviembre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2020-00772-01 (1791-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar 10 Consejo de Estado, Sección Tercerea, Subsección C, auto 24 de mayo de 2024, radicado: 8500123-33-000-2017-00115-02 (67048). 11 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

11 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.8

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)

Demandante: Javier Arévalo Tamayo

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

20. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención, el legislador expidió las leyes 27 de 199212, 443 de 199813 y 909 de 200414, y en el artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función

pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv) los temporales.

21. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación de los empleos públicos 15 en la función pública goza de reserva legal, pues es del resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias

cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la siguiente clasificación:

22. De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de personal tiene como fin principa l garantizar la materialización de los principios de

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el re sto del período para el cual este fue elegido». 12 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el re sto del período para el cual este fue elegido». 12 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones». 13 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones». 14 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». 15 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado».9

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024) Demandante: Javier Arévalo Tamayo eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública16, pues a través de este la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que están a su cargo.

23. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de sus funciones. En efecto, históricamente17 este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad

de sus funciones. En efecto, históricamente17 este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad discrecional del nominador 18; de manera que, para contrarrestar los excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del trabajador para realizar una labor.

24. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna».

25. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través

del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no

el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será removido de él19. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.

26. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto es implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

16 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa. 17 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscit ario de 1957, la creación de la carrera administrativa para acceder a la función pública. 18 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max. 19 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.10

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00103-01 (1718-2024)

Demandante: Javier Arévalo Tamayo

27. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una

27. De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una

excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica una decisión política 20, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de plena confianza de sus colaboradores21. La provisión de dichos cargos responde a la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir sin sujec