CE-SP-EXP1938-N0805

JUICIO DE CUENTAS - Fenecimiento con deducción de alcance CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: PEDRO MARTIN QUIMONES Bogotá, cinco (05) de agosto de mil novecientos treinta y ocho (1938) Radicación número: 0805

Actor: Demandado: La Contraloría General de la República, por medio de auto número 881, del 13 de febrero de 1935, feneció la cuenta de la Pagaduría del Ministerio de Guerra, correspondiente al mes de junio de 1934, con un alcance por la suma de $ 33.442,25 en contra del responsable, señor Pedro E. Gómez O. Notificada que fue la providencia número 850, del 22 de junio de 1930, que concedió el recurso de apelación interpuesto por el interesado, el asunto llegó al Consejo, donde, tramitado legalmente, se halla en condición de ser fallado definitivamente, a lo cual se procede previas estas consideraciones: Las glosas que motivan el alcance, las deduce y concreta el Contralor en la forma

(pie sigue: "Aviso número 2028. Primera observación. Traspaso de fondos. Egresos. "El responsable cargó a la cuenta de Traspaso de fondos-—Egresos, la factura número 0024885, por f 33.2.4.2.21, como enviados al Contador del Batallón de infantería Haila, señor Aquilino Bejarano, de cuya cantidad .iba en dinero efectivo $ 21.277.21, y en recibos de víveres $ i 1.965; que como este traspaso fue robado, se aplaza su valor: lo correspondiente a dinero, hasta tanto se termine la

respectiva investigación, y el valor de los recibos de víveres hasta que el Contador Bejarano manifieste su aceptación." "Aviso adicional número 2461 "Por la única observación que contiene este aviso, se deja a argo del responsable la cantidad de doscientos pesos ($ 200), que cargó de más en la relación de pagos por radicaciones en el mes de la cuenta: dicho documento vale $ 03.362.43, y cargó a gastos en dicho mes, $ 63.562.43, imputados al capítulo 74, artículo 381 del presupuesto extraordinario para 1934." Como se ve, el primer cargo se limita a aplazar la incorporación en la cuenta examinada, de la suma total facturada como traspaso de fondos, por envío al Contador del Batallón de Infantería Huila, señor Bejarano, pues dice textualmente la oficina examinadora: "como este traspaso fue robado", no puede aceptarse el descargo mientras no termine la respectiva investigación, y el recibo por víveres no sea refrendado por Bejarano. Que hubo efectivo traspaso de fondos, está comprobado con la factura número 002485, de 7 de junio en estos términos: "Para atender al pago de los gastos correspondientes al mes de mayo del corriente año, a que se refiere la relación de autorizaciones número 1581 del Ministro de Guerra, $ 33.242.21, suma que, dice el oficio de la Contraloría visible al folio del cuaderno de esta segunda instancia, fue enviada al Contador del Batallón de Infantería Huila, señor Bejarano, así: $ 21.277.21, en dinero efectivo, y $ 11.905, en recibos de víveres

Pero si estos elementos concordantes, emanados de distintas procedencias, y que están formados por documentos oficiales y públicos, no fuesen suficientes a convencer de la efectiva realidad no ya del traspaso de fondos, que bien habríase podido limitar a literatura contable, sino del envío de la suma predicha en las condiciones y términos descritos, léase con atención lo que reza el sobreseimiento definitivo dictado por el señor Juez 29 Superior de Bogotá el 6 de marzo de 1935, en la causa seguida contra los responsables de la pérdida o extravío de la suma exacta de $ 21.277.21, es decir, la misma enviada por Gómez Ortiz a Bejarano, los recibos por el resto ($ 11.6-95) : "El aviador, señor Capitán Arturo Lema Posada, debía conducir a Puerto Boy, por orden del Ministerio de Guerra, un paquete cerrado que contenía la suma de veintiún mil doscientos setenta y siete pesos con veintiún centavos ($ 21.277-21) moneda corriente, y un recibo por mil novecientos sesenta y cinco pesos por gastos de alimentación de las tropas acantonadas en el Sur. Pero sucedió que, estando en Palanquero recibió el señor Lema Posada la orden de demorarse y hacer el envío del paquete con el Capitán Heydebreck, piloto del trimotor número

622. Recibió éste la encomienda y emprendió su vuelo en el trimotor el día siete de junio de mil novecientos treinta y cuatro. Ya en Puerto Boy comunico Heydebreck que en el paquete en donde iba el dinero que se había encomendado,

había desaparecido. Se creyó entonces que se trataba de un hurto, y por tal motivo se inició la presente investigación. Se sospechó en un principio del mecánico Alfredo Umaña Duque el señor Luis Enrique Palma, mecánico de aviación, del Capitán Fritz Heydebreck, del muchacho Pedro Mendoza, asistente del General Luis Acevedo; de la lavandera Rosa Losada; del mecánico Luis. A. Babativa; del mecanico de aviación Joseph Schamalfüse; del mecánico Ricardo González R.; del soldado Carlos Arturo Holguín; del motorista de lancha Miguel Forero Peña; del armero Manuel Ríos Domínguez; del soldado Jesús Medina; del soldado Roberto A. Palacios; del Contador pagador del Batallón, señor Carlos A. Castañeda; del Telegrafista José Vicente Hurtado; del radiotelegrafista Augusto Beltrán; de los soldados Alfredo Cuéllar, Abel Rodríguez, Félix A. Forero, Ramón Rodríguez, Domingo A. Chacón, Leonardo Montañés, Félix Soto y Gabriel Gamboa; del Jefe de talleres Antonio J. Vargas, y del Escribiente Enrique Valenzuela García, a todos los cuales se les recibió indagatoria, pues de acuerdo con las declaraciones recibidas y demás diligencias practicadas, las sospechas recaían sobre ellos. "Es de observarse que cada individuo que se presentaba a declarar sugería al funcionario investigador mil suposiciones sobre la forma como posiblemente se había consumado el delito, creaba un nuevo sindicado y sacaba de su imaginación con mayor o menor colorido una fantástica historia.

"Agotó el investigador todos los recursos que estuvieron a su alcance en el afán de descubrir si evidentemente se trataba de un delito y servir a la justicia poniendo en sus manos a los delincuentes, mas, estéril resultaron sus actividades, vano su empeño, y acervo simplemente de sospechas infundadas, lo que quizá creyó el que componía la red indiciaría suficientemente fuerte para fundar su auto de detención contra varios de los indagatoriados. Parecía ya que la pérdida del dinero la encubrían para siempre las sombras del misterio, cuando, a mediados del raes de octubre de mil novecientos treinta y cuatro, Agustín Perdomo Niño presentó denuncio escrito ante el Inspector Departamental de Policía de Flan des, aseverando que en los primeros días de ese mes, unos peones que llevaban a cabo una rocería en uno de los potreros de propiedad del señor Cipriano Vega, habían encontrado una cantidad considerable de dinero y algunos otros documentos pertenecientes al Gobierno Nacional (f. 267)." Es sensible que el recurrente haya prácticamente abandonado su defensa en esta segunda instancia, ya que los elementos actuantes fueron traídos por medio de autos para mejor proveer, porque en corroboración de lo que en forma tan ciara denuncian los apartes transcritos del fallo judicial que remató este proceso célebre, habrían podido traerse copias de indagatorias, autos de investigación, declaraciones y otras piezas de significada importancia. No obstante lo cual es evidente que los documentos citados conducen con facilidad a relevar de toda responsabilidad al cuentadante Gómez Ortiz por i o que

respecta solamente a la suma remitida en dinero efectivo, \ cuya pérdida total fue acreditada, como también su recuperación parcial, puesto (pie de dicha suma se desprendió el apelante en acatamiento a la relación de autorizaciones que tanto él como la Contraloría cita o, y la remitió por correo oficial aéreo. Más no ocurre lo propio con la partida de $. 11.965, que el responsable a fitina conservó en dinero, en su poder, tanto durante el mes de la cuenta como varios meses después, hasta cuando, por orden del Visitador de la indagatoria General, dice que la consignó en la Tesorería ( orno depósito a la orden. A pesar de las investigaciones hechas para cricicar su efectivo reintegro al Tesoro Nacional, los certificados emanados de H Cmiridoría y las alegaciones del recurrente, son incompletos. Si lo remitido al Contador Pagador del Batallón Huila por este concepto fueron simples comprobantes del valor de víveres por los $ 11.695, la pérdida bien demostrada de esos recibos en nada altera la relación de responsabilidad que sobre la suma en dinero efectivo vincula al cuentadante, pues está probado que la suma dicha permaneció en su poder fue este hizo gestiones ante el Contralor para darle una contabilización adecuada, muchos meses después. Es verdad también (pie el responsable de la cuenta, acatando órdenes del Visitador, hizo tres depósitos a su orden en la Tesorería General de la república por las cantidades de $ 48.948.39; $ 2.000 y $ 7.662.25, en distintas fechas y como procedentes de dineros pertenecientes al fondo rotatorio de los

Comisariatos. La explicación que da el apelante es muy atendible, acerca de que dentro de esas tres partidas está incluida la de los $ 11.695 indagados. Pero es preciso tener en cuenta que se carece de una copia del movimiento general de la cuenta de fondos rotatorios de Comisariatos, y su batanee final, únicos elementos que comprobarían, a falta de un asiento independiente, que no existió, que la suma cargada en este fenecimiento si fue incluida realmente entre las consignaciones hechas por el señor Gómez Ortiz. Es probable que la omisión del asiento especial para esta partida haya sido involuntaria y también que ella no llegue a perjudicar los derechos del recurrente, quien bien podría suplirla con el estudio del molimiento completo de la cuenta durante los diez y ocho meses transcurridos entre el de la cuenta y el de la primera y más voluminosa consignación. Pero mientras esto no se haga, el alcance no puede levantarse, pues ninguno de los documentos allegados al proceso autoriza» rían en forma satisfactoria semejante decisión. Obsérvese que a la foja 27 obra el oficio número 6846 de la Contraloría, que al respecto dice: "......Con referencia al oficio de ese Despacho, número 6419, de 17 de marzo último, en el cual solicita se le informe si entre las panillas de $ 48.948.39, $ 2.000 y $ 7.662.25, que figuran abonadas por la Tesorería General a Depósitos, y que corresponden a consignaciones hechas por el señor Pedro E. Gómez O. por concepto de 'Fondo Rotativo de Comisariatos,' está incluida la suma de $ 11.965.21, que hace parte del alcance deducido a dicho señor, en auto

de fenecimiento número 881, de .13 de febrero de 1935, informo a usted que, revisado el movimiento de la cuenta del 'Fondo Rotativo del Comisariato', no se encontró que a la soma en referencia se le hubiera dado entrada por medio del asiento correspondiente, y que la suma de $ 50.948.39 hacía parte del saldo que arroja la cuenta del 'Fondo Rotativo en 31 de diciembre de 1935. En cuanto a la consignación de $ 7.6,62.25, hecha el 27 de marzo de 1936, corresponde al saldo que la cuenta de 'Fondo Rotativo de Comisariatos5 dejé en la mencionada fecha, como resultados del movimiento de ésta, de febrero a marzo, en el cual tampoco se registra el ingreso de $ 11.965.21." En el último auto de la Contraloría se dice que del alcance general deducido por el traspaso de fondos no puede relevarse al apelante sino mediante el pedimento de exoneración y su correspondiente trámite. No comparte esta tesis el Consejo, ya que en el propio juicio de la cuenta, y durante la instancia final, se han traído elementos que exigen no la exoneración, sino la revocación del auto apelado, en la parte que dichos documentos afectan favorablemente los intereses del recurrente. La exoneración sería menester, evidentemente, si ya se hubiese agotado este juicio en forma definitiva. Finalmente, aparece deducida contra el apelante la cantidad de $ 200, que cargó de más en la relación de pagos por radicaciones en el mes de la cuenta y con imputación al capítulo 74, artículo 381 del preso puesto extraordinario para 1934,

pues el monto de las radicaciones dice la Contraloría vale $ 63.362.43, y no $ 63.562.43, contabilizados por el recurrente. Este cargo, que pudiera ser explicado por error simplemente aritmético, como lo hizo en escrito visible al folio 9 del cuaderno principal el apoderado del apelante, y que por tanto era susceptible de enmienda, no ha sido rectificado, y por tanto, de esta única manera explicado y aceptado por el mandatario del señor Gómez Ortiz, debe subsistir, puesto que según el oficio número 11664 de la Contraloría, octubre 5 de 1936, folio 4, no fue corregido en el mes de julio de 1934, como afirmó el responsable. Bien es verdad que examinado y confrontado el movimiento de gastos imputado al capítulo 74, artículo 381 del presupuesto extraordinario de 1934, como consta en el balance financiero del Contralor General, 1934, pág. 89, no aparece exceso de los gastos sobre las apropiaciones; antes bien, aun computando los gastos por pagar al final de la vigencia, de esa cuantiosa suma queda un sobrante. Lo cual conduciría a levantar el cargo, siempre que, por otra parte, se acreditase, que no se-ha hecho, la efectiva inversión en beneficio de los intereses públicos, de esa partida. Pero nada de esto quiso comprobar el apoderado del responsable. En mérito de las precedentes consideraciones el Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca el fenecimiento apelado y en su lugar reduce el alcance deducido al apelante, señor Gómez Ortiz, responsable de la cuenta de la Pagaduría del

Ministerio de Guerra, en el mes de junio de 1934, a la suma de once mil ochocientos noventa v cinco pesos ($ 11.895). Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS LOZANO Y LOZANO

PEDRO MARTÍN QUIÑONES

ELIAS ABAD MESA

ISAÍAS CEPEDA

RICARDO TIRADO MACÍAS

RAMÓN MIRANDA

GUILLERMO PEÑARANDA ARENAS

LUIS E. GARCÍA V.

Secretario