CE-SP-EXP1960-N0805

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - Naturaleza jurídica / FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - Finalidad / INDUSTRIA CAFETERA - Servicio público de defensa de la Industria Cafetera / FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - Régimen financiero y naturaleza de sus bienes y fondos / CONTROL FISCAL - Es ejercido sobre los bienes y fondos de la Federación Nacional de Cafeteros, pero ello no le imprime carácter de entidad pública a la misma / ACTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - Régimen / ACTOS JURIDICOS PUBLICOSEstán sometidos a control de la jurisdicción contencioso administrativa / ACTOS JURIDICOS PRIVADOS - Son los referidos a su organización interna y a sus relaciones con sus asociados o afiliados y terceras personas

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: GUILLERMO GONZALEZ CHARRY Bogotá, D. E., agosto cinco (05) de mil novecientos sesenta (1960) Radicación número: 0805

Actor: MANUEL JOSE VARGAS DURAN Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS En tiempo, y por parte legítima, ha sido suplicado el auto fechado el 29 de abril del año en curso, dictado en este juicio por el señor Consejero doctor Pedro Gómez Valderrama, por medio del cual se rechaza la demanda electoral presentada por el representante legal del doctor Manuel José Vargas Duran para que se declare la nulidad de la elección de miembros del Comité Cafetero realizada por el Congreso Cafetero de la Federación Nacional el 7 de octubre de 1959.

Aunque la providencia recurrida estudia ampliamente el aspecto estructural de la Federación para determinar su naturaleza jurídica y la de sus actos, como premisa indispensable de la decisión adoptada, por razones de método y para una mejor comprensión del problema, se hace necesario volver sobre algunos de tales aspectos, lo que se hará mediante un examen de las siguientes cuestiones: a) Fines perseguidos por la Federación y por el Estado en relación con la industria del café. b) Evolución del régimen financiero de la Federación. c) Modo como se prestan los servicios de la Federación. d) Aspectos doctrinarios. y e) Conclusiones. A) Fines perseguidos por la Federación y por el Estado en relación con la industria del café. El Acuerdo número 2 de 1927, originario del Congreso Nacional de Cafeteros, por el cual se constituyó la Federación y se sentaron las bases sobre las cuales le fue otorgada personería jurídica, dispuso en su artículo 11 que serían funciones principales del Comité Nacional, las siguientes, que vienen a ser los fines originales para los cuales se creó la mencionada entidad: "a) Ejercer la personería de la Federación. "b) Dictar sus propios reglamentos. "c) Ejecutar y desarrollar las conclusiones y acuerdos del Congreso Nacional de Cafeteros. "d) Dirigir la propaganda en el exterior del país y en el interior. "e) Velar por la efectividad de las disposiciones legales que favorezcan la industria. "f) Organizar el gremio de los cafeteros. "g) Adoptar y hacer adoptar por las entidades oficiales medidas eficaces que aseguren el desarrollo y defensa de la industria del café.

"h) Dirigir las relaciones de la Federación con las entidades públicas y privadas. "i) Publicar la revista cafetera de Colombia, como órgano oficial de la institución. "j) Obtener en favor de la industria las mayores ventajas en materia de transportes. "k) Procurar la adopción de medidas que tiendan a reducir el costo de producción. "l) Oír y resolver las consultas de los Comités Departamentales, de las Juntas Municipales y de los federados, sobre sistemas de cultivos, financiación de maquinaria, enfermedades de los cafetos, y en general sobre todo lo que se refiera a los intereses de los federados. "m) Suplir las deficiencias de los presentes estatutos y resolver las dificultades que se presenten en su interpretación. "n) Dar a esta Federación el carácter de sociedad anónima tomando como base las de los presentes estatutos". Una atenta consideración de las finalidades transcritas, deja ver bien claro, que por los tiempos en que se fundó y organizó la Federación, ellas respondían consecuentemente a las que son propias de una entidad gremial de tipo privado, toda cuya actividad estaba enderezada a la preocupación por el mejoramiento de la industria cafetera, pero bajo la sola perspectiva de la defensa de los intereses patrimoniales de los afiliados a la Federación. Por entonces la defensa de la industria era un simple medio de proteger intereses particulares. El instrumento escogido fue una asociación privada que se denominó "sindical", sin serlo realmente, pues que con ella no se compadecen ni un régimen de posibles utilidades, ni menos la norma prevista de ser convertida en sociedad anónima, la

que, de acuerdo con el C. Civil y con las leyes comerciales de Colombia solo se concibe como una asociación de capitales con fines exclusivamente lucrativos. Sin embargo, en la medida en que el Estado, a través de leyes, se hizo cargo de la importancia que para la economía general del país, tenía la industria cafetera, y en que, como consecuencia de ello, la Federación entró en relaciones con el Gobierno, los fines de esta fueron ampliándose y modificándose para buscar y lograr una adaptación a lo dispuesto por el legislador. El fenómeno puede observarse leyendo con cuidado el artículo 1° de la Ley 76 de 1927, creador del impuesto de exportación de café, el texto del contrato celebrado posteriormente entre el Gobierno y 3ª Federación para cumplir los fines anotados, y los nuevos estatutos de la entidad, a los cuales se introdujeron reformas posteriores precisa y exclusivamente para incluir entre ellos lo dispuesto por el legislador y lo acordado en el convenio. De la norma primeramente citada, resulta que los fines a los cuales iba a dedicarse el impuesto de exportación de café eran los siguientes: "Organizar y sostener una activa propaganda científica... "Tomar las medidas necesarias para implantar en el país los mejores sistemas para el cultivo de la planta, para beneficio del fruto y para proteger tanto a los trabajadores como a las plantaciones contra el peligro de las enfermedades propias de las zonas y climas cafeteros. "Establecer por cuenta de la Federación almacenes generales de depósito de acuerdo con la ley y con el Gobierno... "Enviar comisiones de expertos a los distintos países productores y consumidores de café a estudiar los métodos de cultivo y beneficio...

Fomentar el establecimiento de tostadoras de café colombiano, ya en el interior del país, ya en los centros conocidos y consumidores importantes del extranjero. "Editar una revista... "Llevar la estadística del ramo y mantener informados a los interesados en este comercio en lo relativo a cotizaciones en todos los mercados. "Encauzar las corrientes de exportación de café hasta los distintos mercados europeos, americanos y demás centros mundiales que se juzgue conveniente...". Por su parte el texto del contrato celebrado entre el Gobierno y la Federación por escritura pública número 1495 de 15 de octubre de 1928, recoge en cláusulas que constituyen su objeto las mismas finalidades ya apuntadas. Y finalmente, los estatutos de la Federación, aprobados el 2 de abril de 1941, detallan ampliamente las que denomina "actividades principales" de ella, acogiendo no solamente las que se señalaron en el primitivo estatuto, ampliándolas, sino, además, las que se establecieron entre las partes dentro del contrato para dar aplicación a los fondos provenientes del impuesto de exportación del café. Mas en este último estatuto se encuentran ya aspectos de grande importancia para demostrar cómo del limitado campo primitivo concebido con un régimen de acción encaminado exclusivamente a la defensa de los productos agremiados, se pasó a un amplio régimen de protección de la industria en todos sus aspectos, material, comercial y humano, que, al coincidir con las finalidades legales y contractuales apuntadas, incorporaron definitivamente la Federación a la prestación de un servicio general, de tipo social y económico, en beneficio del país. B) Evolución del régimen financiero de la Federación.

Primitivamente, y de acuerdo con el artículo 17 de los estatutos "originales, el patrimonio de la Federación estaba constituido por los dineros que las entidades públicas apropiaran en sus presupuestos para el desarrollo y defensa de la industria cafetera "cuando por las mismas entidades se disponga que sean entregados a la Federación". por las cuotas que el comité nacional señalara para ingresar y formar parte de la entidad, y por las donaciones que se le hicieran por los cultivadores y demás personas. Dentro de esta etapa, los fondos eran manejados por la sola Tesorería de la Federación, sin intervención oficial alguna, lo cual se explica por la razón de que se trataba de administrar un fondo absolutamente privado para fines también privados aunque lejanamente pudiera resultar de su práctica un beneficio de carácter general. Más adelante y como consecuencia de la celebración del primer contrato entre el Gobierno y la Federación para la inversión de los dineros provenientes del impuesto de exportación del café, aparecen formando parte de los fondos de la entidad, los dineros provenientes Me los contratos firmados entre las dos entidades "y los demás fondos nacionales que se entreguen a la Federación con destino especial a la defensa de la industria cafetera, así como los dineros provenientes de otros contratos celebrados por la Federación con personas o entidades oficiales o particulares, por concepto de prestación de servicios". De aquí en adelante, y como consecuencia de la primera intervención abierta del Estado en la industria cafetera, varía fundamentalmente el régimen de administración y control de los fondos de la Federación, pues en el propio texto del

contrato celebrado en octubre de 1928, se estipuló, como obligación para la entidad, la de que "en todo lo referente a los servicios que debe prestar de acuerdo con la cláusula anterior, queda sometida a la inspección y vigilancia del Ministerio de Industrias, y la Superintendencia Bancaria verificará la inversión que se haga de los dineros provenientes del impuesto de exportación del café, para lo cual la Federación queda obligada a poner a disposición de la Superintendencia Bancaria o de los Superintendentes delegados que esta designe, sus libros, papeles, balances, existencias en dinero, etc., siempre que la Superintendencia lo exija". Como medida complementaria del control a que acaba de hacerse referencia, el mismo contrato, cláusula primera, literal a) establece que la Federación se obliga a elaborar los presupuestos de la inversión del impuesto, de la propaganda y de los gastos en general, durante los años de vigencia del convenio, y a someterlos periódicamente a la consideración y aprobación oficiales por intermedio del Ministerio de Industrias. Sin embargo, como de los términos en que quedó redactada esta cláusula del contrato parecía que el control oficial se iba a ejercer sobre todo el presupuesto de la Federación, el artículo 3° de la Ley 81 de 1930 aclaró la situación así: "Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 76 de 1927 debe entenderse en el sentido de que corresponde privativamente a la Superintendencia Bancaria la vigilancia de la inversión que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia de a los fondos provenientes del impuesto al café que creó dicha ley, lo mismo que el examen y

fenecimiento definitivo de las cuentas que ha de rendir la Federación relativas a tal inversión, de acuerdo con él contrato que este tiene celebrado con el Gobierno Nacional". De lo anterior puede deducirse que, no obstante aparecer en los estatutos de la Federación como parte integrante de sus fondos, los provenientes del impuesto de exportación que el Gobierno iba a entregarle y le entregó, el control oficial solo se ejercería sobre la inversión de los mismos, y no sobre los restantes bienes (cuotas de afiliados, donaciones, auxilios) que integraban primitivamente el patrimonio de la entidad. Nada dicen los autos, y nada podrían decir distinto de lo existente en el estado procesal en que se encuentran, acerca de si la Federación ha afectado voluntariamente fondos de origen no oficial, pero de su propiedad, a las mismas finalidades señaladas en las leyes. Pero es de suponer, que existiendo, como quedó establecido, una coincidencia entre las finalidades del Estado y las de la Federación, haya del mismo modo una afectación general de los fondos totales para el cumplimiento de aquellas. Por la Ley 41 de 1937 se aumentó el valor del impuesto de exportación del café y se autorizó al Banco de la República para llevar a cabo con la Federación todas las operaciones de crédito necesarias para la defensa del café, pudiendo el Banco recibir en garantía de tales operaciones los impuestos citados, pero con la reiteración de que la Superintendencia Bancaria fiscalizaría tanto esas operaciones comerciales como "la inversión de las sumas cuyo manejo le corresponda" (artículos 5° y 6°). Más tarde, al celebrarse entre el Gobierno y la

Federación el contrato de 31 de mayo de 1938 para poner en vigor los fines señalados por la ley precitada, la Federación quedó autorizada para "comprar café por su cuenta", pero solo en los siguientes casos: a) mantener existencias permanentes de café colombiano en alguno o algunos centros de distribución donde ello se creyera conveniente. b) cuando en un mercado del exterior hubiese escasez del artículo en relación con la demanda del mismo. c) cuando hubiere conveniencia en llevar café colombiano a un mercado nuevo para hacerlo conocer de los tostadores y consumidores. y d) cuando en uno o varios lugares del país, los precios locales del café, por una u otra causa, no correspondieran a los del exterior, con el objeto de favorecer a los productores, especialmente a los pequeños, equilibrando el precio del artículo. Como puede observarse, este café, comprado con el valor del impuesto, mediante operaciones supervigiladas por el Gobierno, hacía parte también de los fondos o patrimonios de la Federación, la que, a través de aquellas, se hallaba ya prestando un amplio servicio de carácter general o social. Más adelante, como lo apunta el auto suplicado, se crea el fondo nacional del café, con el objeto de poner en marcha, en lo que a Colombia era atañedero, el llamado pacto de cuotas celebrado con motivo de la segunda guerra mundial, cuyas finalidades fundamentales eran dos: la compra de café en el interior para regular los precios internos del grano en prevención de excedentes de la cuota que presionaran a la baja con detrimento patrimonial de los productores y la defensa de las divisas extranjeras necesarias para el comercio internacional de Colombia, fuertemente amenazadas por la disminución, el cierre o el

desaparecimiento de los mercados europeos. Se autoriza al Gobierno por el artículo 10 del Decreto 2078 de 1940 para contratar con la Federación la realización de las operaciones comerciales propias del Fondo, lo que se hace evidentemente con posterioridad. para celebrar operaciones de crédito externas o internas con o sin garantía del café que se comprara y para emitir bonos o papeles de crédito con el mismo objeto y el de garantizar las demás operaciones previstas en el mismo decreto, y, finalmente, se prevé que si, el pacto de cuotas fuere improbado por el Congreso, del café ya comprado se dispondría como se acordara en el contrato con la Federación "y una vez saldado el valor de las operaciones de crédito que se hayan celebrado, el sobrante acrecerá el capital de la misma Federación" (artículo 12). Este capital que así podría acrecerse eventualmente no era otro que el señalado atrás, esto es, el integrado tanto por sus propios bienes como por las sumas que el Gobierno, mediante acuerdos, le fuera entregando para el cumplimiento de fines defensivos de la industria cafetera. Se dispone, además, que las exportaciones del grano solo podrán hacerse en adelante por conducto de la Federación, y que la supervigilancia de las compras del interior quedaría a cargo de la entidad tantas veces mencionada, esto es, la Superintendencia Bancaria, con la obligación para ella de pasar los correspondientes datos e informes a la Contraloría General de la República. Esta visión panorámica de la estructura financiera de la Federación, demuestra cómo su evolución fue marcando pasos importantes de la esfera simplemente

privada a otra, de carácter oficial, fuertemente vigilada, controlada y regulada por los organismos administrativos del Estado. Ya se verá, más, adelante, las razones y sobre todo las consecuencias de esta intervención. C) Modo como se prestan los servicios de la Federación. Desde que se creó la Federación Nacional de Cafeteros, puede decirse que entró en relaciones con el Gobierno Nacional, y que sus fines, como antes se anotó y probó, comenzaron a sufrir una radical transformación para adaptarse a los escogidos por el legislador como métodos de defensa de la industria cafetera. Pero hay que advertir que no fue por el hecho de que la ley hubiese dispuesto de tal modo, por lo que la Federación empezó a transformarse, sino porque aquella dispuso que las finalidades escogidas se cumplieran a través de una entidad ya constituida. Obsérvese así, cómo la Ley 76 de 1927, en su artículo 7° ordena categóricamente que, "Si pasados seis meses de la promulgación de la presente ley, la Federación Cafetera no hubiere celebrado el contrato con el Gobierno, podrá este celebrarlo con la Sociedad de Agricultores de Colombia, en los términos que indica esta ley". Esta prevención, que a la vez era una orden, fue consecuencia de lo que se previo en el artículo primero, inciso 2° al determinarse que "para que el poder ejecutivo pueda hacer efectivo este impuesto deberá celebrar previamente con la Federación Nacional de Cafeteros un contrato para la prestación de los siguientes servicios...Puede, por tanto, afirmarse que la intención del legislador, desde un comienzo, fue la de que la acción oficial encaminada a la defensa de la industria

básica del país se llevara a cabo, no directamente por el Estado, sino a través de una entidad de tipo económico y de carácter privado, versada tanto en el conocimiento de la industria como en el manejo de procedimientos comerciales aptos para el logro de la finalidad perseguida. El contrato en referencia tuvo lugar y cumplimiento, y de ahí en adelante, a medida que el legislador amplió los fines de la intervención estatal sobre la industria y creó nuevos instrumentos para defenderla en lo interno y en lo internacional, se celebraron sucesivos contratos con la Federación para realizarlos por intermedio de la misma. Más, como se trataba y se trata evidentemente de la prestación de un servicio público, desde la celebración del primer contrato ha surgido un régimen de acentuada y permanente intervención del poder ejecutivo en la forma como la Federación lleva adelante su misión, todo en la forma y términos ampliamente detallados en la providencia suplicada. Ahora bien. Fuera de que los dineros provenientes del impuesto de exportación del café tanto como los que integran el, fondo nacional del mismo, constituyen bienes patrimoniales en sí mismos considerados, con ellos, y a través de las facultades otorgadas por el Gobierno a la Federación en los contratos. para realizar empréstitos y otras importantes operaciones financieras, la entidad ha adquirido otros bienes, muebles e inmuebles, destinados todos a la defensa de la industria cafetera en todos sus aspectos, y acerca de los cuales conviene saber si son pertenencia de la Federación o del Estado, o en fin, cuál es el método o sistema acordado en relación con los mismos, pues es esta una particularidad importante en el régimen de funcionamiento de la Federación.

Puede decirse que tres características fundamentales distinguen el régimen de estos bienes: a) En cuanto a su destinación, que no puede ser otra que la ya mencionada, y que se lleva a cabo mediante una fuerte intervención del Gobierno. b) En cuanto a su manejo que debe llevarse a cabo por la Federación pero con la supervigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, entidad francamente oficial, y c) En cuanto a la permanencia dentro del patrimonio de la Federación, que está limitada en el tiempo a la duración de los contratos celebrados, o al contrato actualmente en vigencia, después de lo cual, tales bienes deben pasar al Estado para ser destinados a los mismos fines previstos por el legislador, esto es, a la defensa de la industria cafetera. En cuanto a este último aspecto, desde el primer contrato entre las partes quedó claro que "cuando este contrato termine por cualquier causa, la Federación entregará al Gobierno, y sin que este tenga que dar nada por ello, previo inventario, las oficinas y establecimientos creados en cumplimiento de este contrato, lo mismo que los valores acumulados por razón del impuesto de exportación de café, pero el Gobierno no podrá destinar dichos establecimientos y valores a objetos distintos al fomento de la industria del café, de acuerdo con los artículos 4° y 6° de la Ley 76 de 1927". Esta, cláusula, que constituye hoy un principio fundamental de las relaciones entre el Gobierno y la Federación, y cuya vigencia se ha mantenido a través de diversos actos y contratos posteriores determina un hecho claro, a saber: los bienes y dineros que el Gobierno ha entregado a la Federación para la defensa de la

industria cafetera, no son de propiedad de la entidad contratante, ni sobre ellos puede decirse que la Federación ejerza los atributos típicos del derecho de propiedad tal y como lo conciben y garantizan nuestras leyes civiles, pues que no solo no puede libremente usarlos, usufructuarlos o disponer de ellos, pues cualquiera de esos actos requiere en todo caso la intervención del Gobierno, sino que al terminar el contrato por cualquier causa, debe devolverlos por inventario al mismo Gobierno para que reingresen desde ese mismo momento al patrimonio del Estado y queden bajo su directa administración. Puede, pues, en vista dé las características anotadas, decirse que la Federación de Cafeteros administra unos bienes del Estado con la sola y exclusiva finalidad de atender, en sus diferentes aspectos, la defensa de la industria cafetera. D) Aspectos doctrinarios. Sobre las bases hasta ahora estudiadas, es preciso determinar si la Federación es una entidad o corporación pública del orden nacional, oficial o semioficial, o si continúa siendo, como en sus orígenes, una entidad de carácter privado. Que desde el momento en que entró en relaciones con el Gobierno, por voluntad del Congreso, presta un servicio eminentemente público, es cuestión que no puede remitirse a dudas. La circunstancia de ser el cultivo de café en Colombia la única gran fuente de divisas extranjeras, la influencia preponderante que por eso mismo tiene su manejo y orientación en la vida económica del país, la imperiosa necesidad de que el Estado, por las razones apuntadas, intervenga en ella de modo permanente y acentuado, hacen de las medidas legislativas orientadas hacia su defensa y mantenimiento, y de los procedimientos escogidos para

realizarlas, una actividad de innegable conveniencia pública y de interés social, que permite, por lo mismo catalogarlas como un servicio público. Para que pueda apreciarse en toda su extensión la importancia de los servicios encaminados a la defensa de la industria cafetera, encomendados desde 1927 a la Federación, conviene conocer el pensamiento del Gobierno, expresado en la memoria que el Ministro de Hacienda de 1942, doctor Carlos Lleras Restrepo, hizo conocer del Congreso Nacional, y que dice, entre otras cosas, lo siguiente: "El café ha tenido en la economía colombiana una influencia capital, y la conservado en buena parte, a pesar del reciente desarrollo de otros ramos de nuestra industria. Esa influencia que se hace sentir en dos campos distintos: el del suministro de cambios internacionales y el del movimiento económico interno. En el primero es indudablemente mayor ya que la venta del grano es el origen de buena parte de las entradas en divisas extranjeras. Nuestra capacidad compradora en los mercados externos, la estabilidad de nuestra moneda, dependen esencialmente del café. A diferencia de lo que ha podido conseguir el Brasil, nosotros no hemos logrado variar apreciablemente la naturaleza de nuestras exportaciones. Y es claro que a través de la moneda, el café ejerce una influencia preponderante sobre todo el organismo económico nacional. "Pero también es grande la influencia directa de la situación cafetera en el movimiento interno. Basta examinar, por ejemplo, los precios del ganado, para comprobar cómo ellos evolucionan al compás de los del café. La disminución de la renta cafetera engendra una depresión general al restringir la demanda para los otros productos. Los Departamentos donde este cultivo predomina son además los

más fuertes consumidores, los que muestran una situación económica más avanzada. y cuanto los afecte en sus entradas tiene sobre el conjunto de la economía nacional un reflejo mucho más pronto e intenso del que podría producir una crisis agrícola en otras regiones..." "El Gobierno, al defender a los cafeteros, no entendió nunca estar protegiendo tan solo los intereses de un gremio, sino todo el conjunto de la economía colombiana. Por ello, la política cafetera no puede desprenderse de la política económica general de la administración. Se clamaba porque diéramos impulso a otros ramos de la producción, y de ello se ocupó el Gobierno muy intensamente, como habremos de verlo más adelante. Pero creímos desde un principio, y seguimos creyendo, que la más efectiva política económica, la de resultados más generales, es la defensa cafetera. Vanos en gran parte hubieran sido los esfuerzos que se hicieran para estimular otros sectores de la producción, si la oferta de estos iba a encontrar un mercado empobrecido, con su capacidad compradora fuertemente habilitada. El Gobierno quiso mantener un clima económico favorable, como base esencial para toda nueva iniciativa. Que estaba en lo cierto, lo demuestran los hechos. Cuando el precio del café descendió en 1940, una depresión general se empezó a comunicar a los más variados sectores de la vida colombiana bajaron los índices de precios para los artículos agrícolas y para el ganado mermaron las rentas públicas. La oportuna intervención oficial contuvo la generalidad de esos fenómenos, y luego eliminó sus efectos, cuando el pacto de cuotas y las reglamentaciones internas instauradas para hacerlo efectivo, provocaron de nuevo el alza de las cotizaciones del café".

Y agregaba el Ministro en el mismo mensaje: "La realidad es que por primera vez en nuestra historia económica, Colombia ha asumido el control de su producto exportable, influye directamente sobre sus precios y transforma súbitamente un mercado que antes dominaba exclusivamente el comprador en un mercado dirigido por los vendedores". (Carlos Lleras Restrepo. Memoria de Hacienda de 1942. La Economía Colombiana. Política Económica de la Administración Santos. Págs. 77 a 79 y 83). El servicio descrito se ha venido prestando mediante un régimen contractual a cuyo través la Federación se obliga a cumplir sucesivamente los diferentes fines señalados por el legislador y recibe, en cambio, del Gobierno, y previo recaudo oficial, el valor del impuesto de exportación del café y las sumas que integran el fondo nacional del mismo, con base en los cuales puede, como quedó establecido, celebrar operaciones de crédito para cumplir dichos fines con mayor expedición. Pero precisamente por la naturaleza de ellos y por el interés social que está de por medio, el cumplimiento de los contratos no se ha dejado nunca al arbitrio de la Federación, sino que, por el contrario, de ellos nace el fuerte régimen de intervención del Gobierno sobre la entidad, cuyos perfiles más señalados, son la presencia de .agentes del Presidente en el Comité Nacional de Cafeteros, el sistema de elección de Gerente de la Federación, el control oficial de carácter fiscal sobre el manejo de los fondos de la Federación, el sistema de propiedad precaria que esta tiene sobre el patrimonio constituido con bienes de origen oficial, y el régimen de caducidad administrativa a que los contratos se hallan sometidos.

Estas modalidades de la intervención estatal sobre la Federación, han determinado que se hagan a la misma y solo en cuanto ello se relacione con las finalidades previstas en los contratos, determinadas concesiones oficiales de carácter especial, no reservadas para entidades estrictamente privadas, tales como la exención de impuestos de timbre nacional respecto de algunas de sus operaciones. Así, por ejemplo, en el año de 1945, la Oficina de Control de Cambios, pidió al Ministerio de Hacienda una definición jurídica sobre la naturaleza de la Federación, que sirviera de fundamento para decidir acerca de si la entidad estaba o no obligada a pagar el impuesto referido en sus operaciones relacionadas con el Fondo Nacional del Café. Y en esa oportunidad, el Ministerio, por Resolución número 223-E de 22 de diciembre, se refirió en general al funcionamiento de la Federación en los términos siguientes: "Según los estatutos de la nombrada entidad, la Federación es una persona jurídica de derecho privado, que tiene como objeto único la defensa de la industria cafetera colombiana bajo sus distintos aspectos. No obstante este carácter de persona jurídica de derecho privado, la Federación Nacional de Cafeteros en virtud de la Ley 76 de 1927 y otras leyes posteriores, que sería prolijo enumerar, y de acuerdo, asimismo, con las cláusulas de los contratos celebrados con el Gobierno en distintas épocas, tiene también carácter de institución de servicio público, es decir que atiende esencialmente a la satisfacción de necesidades públicas que el Estado no quiso tomar directamente a su cargo. Delegó, pues, en

aquell