CE-SP-EXP1960-N806

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - Naturaleza jurídica: persona jurídica de derecho privado / FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - No es establecimiento público / CONSEJO DE ESTADO - No es competente para conocer demanda instaurada contra la elección de Miembros del Comité Nacional de Cafeteros

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: PEDRO GOMEZ VALDERRAMA Bogotá, abril veintinueve (29) de mil novecientos sesenta (1960) Radicación número: 806

Actor: MANUEL JOSE VARGAS DURAN Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS Referencia: Expediente № 806., ELECTORALES., Nulidad Resolución de octubre 7 de 1959, del Congreso Nacional de Cafeteros, sobre elección de Miembros del

Comité Nacional. Para resolver la admisión de la anterior demanda, se considera: El doctor Manuel José Vargas Duran instauró demanda electoral ante esta Corporación, contra los siguientes actos, cuya nulidad pidió se declarase, dentro de los trámites de juicio electoral: 1º, La Resolución aprobada por el Congreso Nacional de Cafeteros el día 7 de octubre de 1959, por la cual se acordó que la elección de miembros del Comité Cafetero "debía efectuarse por medio del sistema de las dos terceras partes de los votos". 2º, La nulidad del escrutinio de los votos realizado en la sesión del mismo Congreso, el 7 de octubre de 1959, para la elección de miembros del mismo Comité. 3°, La rectificación del escrutinio mencionado, de acuerdo con el sistema del

cuociente electoral, y la práctica de un nuevo escrutinio (peticiones 3ª y 4ª), y la expedición de las correspondientes credenciales. De acuerdo con lo pedido en la demanda, se solicitó de la Federación Nacional de Cafeteros copia de los actos acusados. Al enviar la Federación dichas copias, constituyó apoderado para impugnar la demanda, y en el escrito correspondiente de dicho apoderado se plantea la incompetencia de esta Corporación, y se pide con tal fundamento el rechazo de la demanda, siendo procedente entrar a definir la competencia. COMPETENCIA DEL CONSEJO Dice el doctor Vargas en la demanda: "COMPETENCIA DEL CONSEJO. , a) Establece el artículo 189, Capítulo XX, Título IV del Código de lo Contencioso Administrativo, que el Consejo conoce en una sola instancia de las demandas sobre actos, etc., de cualesquiera Corporación de orden nacional, de las designaciones o nombramientos del Senado y Cámara de Representantes, o de cualquier Corporación de orden o esfera nacional. (Subraya el demandante). "b) Indudablemente, la Federación Nacional de Cafeteros es una Corporación de orden nacional, por el radio de sus actividades, todo el ámbito nacional, porque por medio de contratos percibe impuestos y en su recibo y empleo de fondos está sometida al control de la Superintendencia Bancaria. "c) Según el artículo 204 del C. C. A., es nula toda elección, cuando los votos emitidos en ella, se computen con violación del sistema electoral adoptado por la ley. "d) De acuerdo con el artículo 207 C. C. A., cualquier ciudadano puede demandar

la declaratoria de nulidad de una elección, a fin de que se ordene la rectificación correspondiente y se declare el verdadero resultado de la elección. "e) Al tenor del artículo 209 C. C .A., la demanda sobre elecciones de esta naturaleza, debe presentarse dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente al en que se verifique el acto por el cual la elección se declare. "g) Se trata de la elección del Comité Nacional de Cafeteros, directiva de una Corporación que, aunque declarada persona jurídica de derecho privado, por la intervención oficial en su formación, actividades, tales como manejo de fondos del Estado y su control por la Superintendencia Bancaria, es, indiscutiblemente, un organismo sui generis, de carácter semioficial, fuertemente intervenido y controlado por el Estado, con gran apoyo de este, con funciones de defensa de la industria nacional del café, la primordial en el país, y de cuyas intervenciones en el mercado depende, nada menos que la estabilidad del peso colombiano. No puede ser una institución de simple derecho privado la que en sus Directivas tiene por acuerdo del Congreso Cafetero, casi la mitad del personal de carácter oficial: cuatro (4) Ministros y el Gerente de la Caja Agraria, de carácter semioficial. "h) Las leyes 39 y 47 de 1946, determinaron y adoptaron el sistema del cuociente electoral para asegurar la representación proporcional en los cuerpos colegiados, en desarrollo del artículo 172 de la Constitución Nacional. El plebiscito nacional de 1º de diciembre de 1957, estableció la paridad política en toda elección".

El doctor Gerardo Cabrera Moreno, en representación de la Federación, pide sea reconocida esta como parte impugnadora, por cuanto, dice, "tratándose de una entidad de derecho privado, sus actos son privados, sometidos, por razones obvias, tanto al procedimiento como al control del C. Civil. Solo los actos y hechos de entidades oficiales caen bajo el procedimiento y control del C. C. Administrativo". Acompaña, dándolo por reproducido como fundamento a su solicitud de que no se admita la demanda, un detenido estudio del doctor Eustorgio Sarria sobre la naturaleza de la Federación. Siendo, como es, necesario para poder definir el problema de competencia así planteado, establecer cuál es la naturaleza jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros, para saber así si los actos de su máxima Asamblea están sometidos a esta Jurisdicción, es procedente entrar a analizar el mencionado estudio, por cuanto se presenta como motivación de la petición de la parte impugnadora. Los argumentos dados por el doctor Sarria son los siguientes: La cuestión se plantea, en primer término, sobre el punto de si los actos de la Federación están o no sometidos al control jurisdiccional del Consejo de Estado. Para determinarlo, se entra a estudiar la naturaleza jurídica de la Federación, y sus vínculos jurídicos con la Administración Pública. Se señala por el eminente jurista que produce el concepto, que la Federación "se constituyó por decisión del segundo Congreso Nacional de Cafeteros reunido en Medellín en el mes de julio del año de 1927". Se cita el acuerdo número 2 de 1927 de dicho Congreso, en el

cual se resolvió "Constituir la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad sindical de los interesados en la industria del café". E igualmente se señala que por medio de Resolución Ejecutiva número 33 de 1927, el Gobierno Nacional reconoció personería jurídica a la Federación Nacional de Cafeteros. El doctor Sarria anota igualmente que la formación de la nombrada entidad sindical se hizo de conformidad con el artículo 44 de la Carta, y el 80 de la Ley 153 de 1887, que establece que "La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las Corporaciones creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas". Se detiene luego en la clasificación de las personas jurídicas de acuerdo con la ley, y da la siguiente: "a) Personas jurídicas políticas, así reconocidas directamente por la ley; "b) Personas jurídicas públicas creadas por la ley; "c) Personas jurídicas creadas por iniciativa o acto particular o privado, con fines de utilidad pública o interés social; "d) Personas jurídicas creadas por iniciativa o acto particular o privado, con fines de lucro. "La diferencia que existe entre la 'corporación' y la 'fundación', se puede concretar en estos términos: en la primera hay asociación de personas, en la segunda predestinación de bienes al fin social; o sea, universitas personarum y universitas bonorum, respectivamente. "a) Las personas jurídicas políticas, son las entidades integrantes del Estado, o sea la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías y los

municipios o distritos municipales. "b) Las personas jurídicas públicas creadas por la ley, son llamadas establecimientos públicos', parte integrante de la Administración Pública, o sean las personas administrativas del orden nacional, a las cuales se refiere de modo especial el Código Contencioso Administrativo en las siguientes disposiciones: (cita los artículos 34 y 62 del C. C. A.).........................................……………….. Se trata de una entidad descentralizada, o como está dicho, de un 'establecimiento público', que no se concibe sino como una creación de la Ley, que así organiza el servicio público y forja el todo o sea la Administración Pública. Por eso se ha definido en estos términos: "La entidad creada por acto legislativo, con autonomía jurídica, administrativa y patrimonial, a cuyo cargo está una actividad o servicio público. El establecimiento público, en muchos casos, es la misma entidad denominada instituto oficial o semioficial”. (Subraya el autor del concepto). De la doctrina de los tratadistas Duguit, Jeze, Bonnard, Hauriou, Waline, Meyer, Merkl, Fleiner, Bielsa, Fraga y Sarria, extrae el autor las siguientes conclusiones: "1ª, El establecimiento público, organismo descentralizado, es parte de la Administración; pero por razón de la autonomía que le es esencial, se halla sometido a normas objetivas especiales. "2ª, Esas normas especiales son las que le dan origen, vida propia, patrimonio y gestores más o menos autónomos. Así pues, se presenta el establecimiento público como una creación de la ley. Pero la autonomía administrativa de que goza el establecimiento público no lo exime de la guarda de los gobernantes, la

cual se ejerce en forma más o menos directa, y es indispensable para mantener la unidad de criterio en los servicios a cargo del Estado. (Subraya, el autor del concepto). "3ª, Para la existencia de un establecimiento público se requiere la concurrencia de estos elementos: "I. , Que se trate de un servicio público o actividad, cuya prestación u organización esté a cargo del Estado. "II. , Que el servicio sea por excelencia técnico, de contenido preferentemente económico, cultural o social. "III. , Que sea creado por acto legislativo, y que por medio de este se consagre la autonomía patrimonial y la administrativa del caso. Lo mismo que la jurídica. "En cuanto al patrimonio del Establecimiento Público, cabe observar que no es esencial a su existencia jurídica el hecho de que ese patrimonio sea aportado en su totalidad por el Estado; pueden presentarse casos, y se presentan en que los gobernantes, para mejor organización y prestación del servicio, buscan o permiten la cooperación del capital privado. Lo importante es que el Estado aporte una parte de ese patrimonio, que no pierde al mezclarse con el particular, su carácter público. "Ese aporte patrimonial puede también estar representado por bienes incorporales como el usufructo de ventajas o poderes, inherentes al Estado, y de que no gozan otras personas o entidades tanto públicas como' privadas. "IV. , Que los gobernantes mantengan el necesario control del organismo, como garantía de la unidad de criterio administrativo y de la debida protección del patrimonio público que a ellos corresponde. "Cualquiera que sea la organización interna que se le de al establecimiento

público, los gobernantes no pueden renunciar al deber de tutelar el patrimonio de la colectividad. Y esto se alcanza por medio del control o vigilancia fiscal. Por tanto, la tendencia opuesta, de innegable cariz antidemocrático, es desechada. Pero sí debe atemperarse el control a las modalidades del establecimiento, a la naturaleza del servicio y a las relaciones con los usuarios y el público en general. "4ª, Haciendo el establecimiento público parte de la Administración o del Estado, goza de todas las prerrogativas y tiene todos los deberes de esta o de este. Su finalidad no puede ser otra que la que corresponda a la índole del respectivo servicio o actividad, que como públicos que son y a cargo del Estado, excluyen toda posibilidad de lucro mercantil. Y sus actos son 'actos administrativos'. "5ª, En cuanto a la vinculación jurídica de los agentes o funcionarios del establecimiento público con el Estado, debe observarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia aceptan la concurrencia de modalidades que los colocan en situación diferente a la de los demás agentes oficiales, pero sin perder su carácter de tales. Y ello debe ser así si se pretende asegurar la eficacia en el servicio, lo que no sería posible si, por ejemplo, se alegara por parte de los gobernantes una facultad omnímoda de libre nombramiento y remoción, viable solo tratándose de actividades políticas que no requieren especiales conocimientos, continuidad de labor, y unidad de responsabilidad"... A continuación, hace el concepto un interesante resumen de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre los establecimientos

públicos y su naturaleza, y sobre las instituciones de utilidad común, que son "las personas jurídicas creadas por la iniciativa particular o acto privado, con fines de utilidad pública o interés social, las cuales clasifica en: De beneficencia pública, de educación y enseñanza, de investigación científica, de fomento del deporte, de simple protección gremial, clubes sociales y mixtos, dando como características la creación de origen privado, el fin de utilidad pública o interés social, sin ánimo de lucro, el "reconocimiento de su personería jurídica por acto general, o por uno individual o subjetivo de la rama ejecutiva del poder público'. Expresa así las diferencias entre el establecimiento público y la institución de utilidad común: "1ª, El establecimiento público es siempre una creación de los gobernantes, de la ley, al paso que la institución de utilidad pública o común, es, por lo general, creación de la iniciativa privada. "2ª, El patrimonio del establecimiento público es aportado por el Estado, en todo o en parte, al paso que el patrimonio de la institución de utilidad pública o común es de origen privado, sin perjuicio de que con posterioridad a su fundación reciba el apoyo económico de las entidades públicas. "Cooperando o contribuyendo las instituciones de utilidad pública o común a la prestación de servicios públicos, es claro que a los gobernantes corresponde la necesaria función de vigilancia de sus actividades. "Por último, cabe observar que lo que diferencia fundamentalmente la institución de utilidad pública o común de la empresa privada, que también coopera en la prestación de un servicio público, es la ausencia de lucro en la primera, modalidad

esta que es la base de organización de la segunda". Pasa después el concepto a determinar los elementos esenciales del servicio público, señalando como tales: "a., Una actividad, que no debe valorarse aisladamente ya que dentro de la base de la vida social todas las actividades de servicio público se enlazan y complementan. "b., Una necesidad ele carácter general, o sea la que abarca, directa o indirectamente, a todos los sectores sociales. "c., Un régimen jurídico especial, o sea de derecho público, por oposición al régimen de derecho privado. "d., Un gestor que, según la naturaleza de la necesidad que satisfaga el servicio, pueden ser los gobernantes o las personas privadas bajo el control o vigilancia de estos". Se refiere luego a la jurisprudencia del Consejo y de la Corte, para hacer hincapié en ambos casos, en que para la existencia del servicio público no es necesario que su prestación sea directa por el Estado, sino que pueda ser organizado mediante condiciones determinadas, por particulares. "Queda demostrado así, concluye, que no es la esencia del servicio público el que su gestor sea el Estado, o las personas administrativas que lo forman. Las personas de derecho privado dentro de la organización pública nuestra, prestan importantes servicios de esta clase, sin que por ello pierdan su calidad de personas privadas, para transformarse en personas públicas". (Subraya el autor). La tercera parte del concepto se refiere a una reciente doctrina del Consejo de Estado, y sobre ella tratará más adelante esta providencia. Viene, por último, el concepto a aplicar la exposición doctrinaria y jurisprudencial, al caso de la Federación Nacional de Cafeteros, así:

1º, No se trata de persona jurídica política, por su origen y contenido. 2º, No se trata de persona jurídica pública creada por la ley, pues nació de un Congreso privado de los Cafeteros, "como entidad sindical". El reconocimiento de la personería jurídica por el Gobierno lo comprueba. "Por tanto, mal puede tenérsele como una persona administrativa del orden nacional, o como un establecimiento público. (Subraya). Para que ello fuera aceptable jurídicamente se requeriría el acto legislativo, la ley, que le hubiera dado vida. Tan cierta es esta consideración que, por ejemplo, sería inoperante y no se concebiría racionalmente una ley que declarara extinguida la Federación como establecimiento público, es decir, como persona jurídica con autonomía administrativa y patrimonial, para convertirla en un simple organismo oficial dependiente de uno de los Ministerios o departamentos administrativos como pudiera hacerse con la Empresa Colombiana de Petróleos o el Instituto de aprovechamiento de aguas y fomento eléctrico, que sí son establecimientos públicos o personas administrativas del orden nacional, creadas por un acto legislativo o ley". (Este último párrafo va en mayúsculas en el texto del concepto). 3º, No se trata de persona privada con fines de lucro. 4º, La Federación Nacional de Cafeteros "está comprendida en la clasificación que resta, o sea como una persona jurídica creada por iniciativa o acto particular privado, con fines de utilidad pública o interés social'. Y en otros términos, se trata de una asociación o institución de utilidad pública o común". Transcribe para la demostración de su tesis los artículos 1 y 2 de los Estatutos de la Federación, que

la definen y enuncian su objeto social. Concluye de lo anterior que se trata de actividades de utilidad pública o interés social, de aquellas a las cuales está vinculada en alto grado la Organización de la vida económica del país. En otras palabras, se está frente a actividades de servicio público atendidas por una persona jurídica de derecho privado (subraya el doctor Sarria), de acuerdo con un régimen de derecho público que permite la vigilancia o control de los gobernantes. Concluye esta parte, indicando que ese carácter de persona jurídica de derecho privado, ha sido reconocido reiteradamente por los distintos organismos del Estado y que el Consejo de Estado en providencia de 24 de marzo de 1938 (ponente doctor Carlos Lozano), reconoció ese carácter, al aprobar el contrato de la Federación y el Gobierno celebrado el 28 de enero de 1938, "la Nación , dice, aparece protegida por las cláusulas de la Caducidad y Revisión entre otras, que constituyen un privilegio de la administración pública, cuando celebra contratos con personas privadas o particulares, y de modo especial cuando otorga a estas una concesión para la prestación de un servicio público que la ley reconoce que es de cargo del Estado. Si así no fuere, se estaría ante el caso insólito de que la Nación, el Gobierno, aparecería contratando consigo mismo, o sea el todo con una parte". (En mayúsculas en el texto lo subrayado). El Capítulo 5º del estudio, analiza la naturaleza del vínculo jurídico de la Federación con la Nación, partiendo de la Ley 76 de 1927, cuyo texto comenta, así

como el del Decreto 355 de 1928. Pasa luego a estudiar el primer contrato de la Federación y el Gobierno, que fue el celebrado según escritura pública número 1.495 de 25 de octubre de 1928, de la Notaría 3ª de Bogotá. Relaciona los contratos posteriores, hasta el 7 de enero de 1958, en vigor. La conclusión que extrae de este análisis, es la de que se trata de un contrato administrativo de Concesión. Dice al respecto: "Las normas principales de la Ley 76 y posteriores que la adicionan o reforman, contienen el reglamento del servicio, y dentro de este está la facultad del Gobierno para vigilar y controlar la prestación del mismo, el debido recaudo y la justa inversión del impuesto de exportación. Esta modalidad es inherente al contrato de concesión, y ampliada o restringida, puede verse consagrada en todas las concesiones otorgadas por el Estado Colombiano, como la del Correo Aéreo, a la Empresa denominada Avianca, o las concesiones para la explotación de yacimientos petrolíferos a empresas privadas nacionales o extranjeras. . . Pero es claro, que este sistema contractual no desemboca, no puede desembocar, como se pretende, en la transformación de la naturaleza jurídica de la Federación, o sea que de persona privada pasa a ser persona pública o persona administrativa del orden nacional, como no lo son ni lo podrían ser, la empresa Avianca y las empresas petroleras privadas que por concesión explotan los yacimientos de propiedad nacional. Esta condición jurídica de persona privada está dentro de la segunda parte del contrato, o sea la regida por el acto subjetivo, y crea una situación jurídica de índole igual".

Finalmente, y fundado en los anteriores razonamientos, concluye que los actos de la Federación , como concesionario de un servicio público, , "son actos privados sometidos al control administrativo previsto en el respectivo contrato, y nada más. En cuanto al control jurisdiccional, se aplican las reglas comunes, sin que las partes contratantes puedan subrogarlas o modificarlas, ya que ellas son de orden público".

LA SENTENCIA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1959, SOBRE EL CASO DEL

INSTITUTO DE FOMENTO ALGODONERO Dice así el concepto: "En este corto capítulo debo referirme a una reciente doctrina del Consejo de Estado adoptada en el caso del Instituto de Fomento Algodonero. Sostiene esa Corporación, Sala de Negocios Generales, que si es verdad que tal Instituto no fue creado por la ley, también lo es que posteriormente, por razón de algunos decretos y de la reforma de sus estatutos en consonancia con ellos, se transformó de persona privada en persona pública, y más propiamente en un establecimiento público". "La tesis es sugestiva, por lo revolucionaria. Su aplicación general traería como consecuencia inmediata la abolición de la propiedad privada, a cambio de la socialización de la misma; de una manera incruenta y casi sin que los titulares del derecho se den cuenta de la mutación o del despojo. "No es del caso calificar, políticamente, el sistema preconizado por el Consejo de Estado. Pero desde el punto de vista jurídico, y mientras el Estado Colombiano esté organizado sobre los principios filosóficos del individualismo, no se puede aceptar. De lo contrario bastaría con que la ley adscribiera o facultara para

contratar con una persona de derecho privado la organización de un servicio público, para que tal persona, al prestar por este medio dicho servicio, se extinguiera, convirtiéndose en un organismo estatal o de la Administración Pública; así se acabaría con la iniciativa y la empresa privadas, sin el consentimiento de los autores de la primera y de los dueños de la segunda, que precisamente al contratar con el Estado, partieron de la base opuesta, es decir, de su calidad de antes no oficiales. "En armonía con la Constitución, la ley no puede operar, unilateralmente, esta tremenda mutación, ya que el artículo 30 de la Carta dice: "Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". "Tengo la certidumbre de que la Sala Plena del Consejo enmendará este error, sin que los intereses del servicio público se afecten, pues, como se verá al analizar los vínculos jurídicos que existen entre el Gobierno y la Federación, las cosas se desarrollan en forma distinta, dentro de los postulados del derecho público, pero con absoluto respeto de los intereses privados. "Finalmente se observa que la 'estatización unilateral' de las personas jurídicas privadas, como las instituciones de utilidad pública o interés social, es un fenómeno nuevo que ningún publicista occidental acepta como científico y honesto. "Sinceramente sigo sosteniendo, con base en el acervo doctrinal y jurisprudencial expuesto, que uno de los requisitos esenciales para la existencia del

'establecimiento público' o persona, corporación o entidad administrativa, es el de su creación por medio de la ley o acto legislativo, a menos que con posterioridad a la creación de la persona privada, esta acepte, por los medios legales previstos en sus estatutos, modificar su calidad jurídica". La sentencia en cuestión, de la Sala de Negocios Generales del Consejo, proferida el 27 de octubre de 1959, con ponencia del H. Consejero doctor Alfonso Meluk, sienta, evidentemente, una novedosa e .importante doctrina, en cuya apreciación la Sala unitaria no comparte las tesis del doctor Sarria, anteriormente transcritas. Es necesario, puesto que se ha mencionado dentro del debate, hacer referencia a ella. Después de hacer un detenido estudio de la noción de "establecimiento público", y de las facultades y obligaciones que tiene la entidad, dijo la sentencia antes citada: EL INSTITUTO DE FOMENTO ALGODONERO ES UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO "De las disposiciones anotadas, es preciso llegar a la ineludible conclusión de que el Instituto de Fomento Algodonero es un típico Establecimiento Público, que se ajusta en un todo a las modalidades que para esta clase de Institutos exigen los tratadistas de Derecho Administrativo. "Nadie podría negar que el Instituto de Fomento Algodonero tuvo su origen en una entidad de derecho privado, como así fue reconocido por el Ministerio de Justicia, al otorgársele la personería jurídica, pero es lo cierto que al celebrar con la Nación un contrato de 'concesión administrativa', por virtud del Decreto número 319 de

1949, con la total reforma de los Estatutos exigida por el mismo Decreto, y las posteriores providencias oficiales, el Instituto perdió su fisonomía de entidad privada, para convertirse en un organismo oficial descentralizado, que maneja fondos del Estado, con autonomía técnica destinada a prestar un servicio público, entendiéndose dentro de tal concepto de servicio público, no la industria que sirve y ayuda sino los objetivos que cumple frente a ella. Así el Instituto de Fomento Algodonero constituye un establecimiento público dependiente del Estado, como vamos a verlo: "a) Por su dirección: La Junta Directiva la integran: El Ministro de Agricultura, quien la preside; un Ingeniero Agrónomo nombrado por el Presidente de la República; dos representantes de los productores de algodón, designados por el Presidente de la República, de ternas que presenten los organismos que representan los intereses de los productores de algodón; y dos representantes de los industriales de textiles." Dicha Junta elige al Director del Instituto y al resto del personal, así como elabora el presupuesto y dicta los reglamentos para el funcionamiento del Instituto. Es decir, dicha Junta está integrada en su mayoría por elementos designados por el Presidente de la República, y presidida por un agente suyo, como es el Ministro de Agricultura, lo que le da carácter oficial. (Decreto 319 de 1949. Artículo 5°); "b) Los Estatutos y sus reformas deben ser aprobados por Decreto Ejecutivo. (Decreto 319 de 1949. Artículo 14); "c) Los fondos del Instituto son en su totalidad oficiales: impuesto de tres centavos

($ 0.03) por cada kilogramo de fibra de algodón; seis centavos ($ 0.06) por cada kilogramo de hilazas de algodón importado; veinte centavos ($ 0.20) por arroba de algodón con semilla. (Decretos 2216 de 1948 y 3104 de 1956). Aporte de doscientos mil pesos ($ 200 000.00) anuales (Decreto 2216 de 1948); aporte de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.0O0.00) (Decreto 2030 de 1953); y de cinco millones ($ 5.000.000.00) en libranzas. Además, el aporte de las desmotadoras de algodón de propiedad nacional, así como los equipos y elementos de que disponía el Gobierno. Fuera de esto, ninguna persona natural o jurídica aporta fondos para el Instituto, como socios accionistas; "d) Prestaciones oficiales, como investigación científica sobre todos los ramos de la técnica en el cultivo del algodón; establecimiento de granjas o campos de experimentación; selección de semillas; análisis de tierras; estudios sobre abonos o condiciones meteorológicas; difusión de los principios científicos del cultivo, así como de los experimentos que se realicen; suministro de semillas, herramientas, abonos, desmotadoras; almacenes de depósito para el algodón en fibra. Es decir, una organización oficial al servicio de los cultivadores del país. (Decreto 216 de 1948); "e) Exención de impuestos: tanto el Instituto como las operaciones que ejecuta, están exentos de toda clase de impuestos nacionales, departamentales y

municipales, así como de toda clase de contribuciones. (Decreto 2216 de 1948); "g) Expropiación: Se puede expropiar 'todos los terrenos urbanos o rurales necesarios para la instalación y ensanche de las plantas de desmote de algodón del servicio oficiar administradas por entidades encargadas de la prestación del servicio público correspondiente, como es el Instituto. (Decreto 2656 de 1953); "h) Así mismo, al Instituto le está reservado en forma exclusiva, la importación de semillas tanto de algodón como oleaginosas, y la clasificación de las fibras de algodón. (Decreto 3104 de 1956); "i) Los Inspectores del Instituto tienen carácter oficial, y en su calidad de tales, pueden inspeccionar los cultivos, la sanidad, el beneficio y el comercio del algodón, así como el cumplimiento de las disposiciones oficiales dictadas para tales fines. (Decreto 3104 de 1956); "j) Como entidad oficial, todas las empresas de textiles y grasas estan obligadas a suministrarle información mensual sobre compras, ventas, consumo y movimiento de materias primas nacionales y extranjeras. (Decreto 3104 de 1956); "k) Supervigilancia Bancada como lo determine el Gobierno. (Artículo 13 de los