CE-SP-EXP1960-N1107

ACTO DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS - Naturaleza jurídica. Prueba / DEMANDA ELECTORAL - No es de recibo la imputación genérica e indiscriminada de cargos de nulidad de los registros o escrutinios electorales / COMISIONES ESCRUTADORAS - Funciones / PRUEBASPrincipio de publicidad y contradicción

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: GUILLERMO GONZALEZ CHARRY Bogotá, D. E., siete (7) de noviembre de mil novecientos sesenta (1960) Radicación número: 1107

Actor: RICARDO MARTINEZ MUÑOZ Demandado: ACUERDO 29 DE 13 DE MAYO DE 1960 EXPEDIDO POR LA CORTE ELECTORAL El señor Ricardo Martínez Muñoz, por medio de apoderado, ha presentado al Consejo una demanda para que se decrete la nulidad del Acuerdo número 29 de 13 de mayo de 1960 originario de la Corte Electoral, por el cual se hizo el escrutinio y la declaratoria de elección de Representantes al Congreso por el Departamento de Nariño para el período constitucional de 1960 a 1962, agregando que "en consecuencia, pido la nulidad de dichos escrutinios y declaratoria de elección".

Ha pedido igualmente que como consecuencia de la solicitud que se acaba de mencionar, el Consejo cancele las credenciales de los Representantes liberales que fueron declarados electos mediante el Acuerdo citado, "y cuyas listas no fueron inscritas con todas las formalidades legales". Y, finalmente, que se proceda a hacer un nuevo escrutinio, a verificar nueva declaratoria de elección pero sin

computar los votos correspondientes a los Municipios de Pasto y de Mosquera, y a entregar al demandante la credencial de Representante a la Cámara por la circunscripción y para el período que se dejan citados. Como hechos fundamentales de la acción, la demanda trae ocho, cuya síntesis es la siguiente: Que de acuerdo con los resultados numéricos que allí se citan, la Corte Electoral, una vez escrutado el primer renglón y no obstante que para el demandante quedó un residuo de 4.677 votos, adjudicó los otros tres renglones a los señores Luis Avelino Pérez, Guillermo Payan Archer y Julio César López, cuyos residuos estimó mayores. Que los Delegados de la Corte se negaron a verificar el recuento de los votos y registro del Municipio de Pasto, a los cuales, dice el actor, "les formulo los cargos contemplados en los numerales 2º y 4º del artículo 195 del C.

C. A." y los del artículo 196 ibidem a los registros de las distintas comisiones escrutadoras. Que ni los Delegados de la Corte, ni ésta misma, aceptaron la petición de no computar los votos emitidos en el Municipio de Mosquera, a los Registros de cuyas mesas de votación formula, en general, "los cargos contemplados en los numerales 2º y 4º del artículo 195 del C. C. A." Que el demandante presentó ante la Corte Electoral prueba suficiente para demostrar que las listas encabezadas por Julio César López y Flavio Ortiz no habían sido inscritas con las solemnidades legales, no obstante lo cual la Corte, al escrutar,

dio credibilidad a un certificado del Alcalde sobre el particular, cuando en realidad de verdad, y según el concepto del actor, esas listas eran inexistentes, y, por último, que la Corte Electoral al verificar el escrutinio, en lo que respecta al Municipio de Pasto, tomó en consideración listas inexistentes, hecho previsto y sancionado con nulidad por el artículo 196 del C. C. A. en cuanto se refiere a la falsedad y apocrifidad de los elementos que hayan servido para formar los registros. Citó como disposiciones violadas los artículos 2º y 4º de la Ley 79 de 1932, el 4° de la Ley 187 de 1936, el 2° de la Ley 39 de 1946, El 3º de la. Ley 47 del mismo año, el 11 del Decreto 800 de 1947, y el 51 numeral 89 del Decreto 3325 de 1959 reglamentario de la Ley 119 del mismo año. Lo anterior sin contar con que en los hechos de la demanda se sostiene que, respecto de los votos de Pasto y de Mosquera, la Corte violó los numerales 1°, 2º, 3°, 4°, 5° y 7° del artículo 51 del mismo Decreto que se ha mencionado. Explica luego lo que él mismo llama "causas de la violación" para llegar, en concreto, a formular los cargos a que antes se ha hecho referencia, y que pueden puntualizarse así: Inexistencia jurídica de la inscripción de las listas de Julio César López y Flavio Ortiz y nulidad de los votos emitidos en los Municipios de Pasto y Mosquera.

Dentro del curso del procedimiento se hicieron parte los señores Carlos Cortés Gutiérrez para coadyuvar las peticiones de la demanda y Julio César López, Julio

E. Escallón, Guillermo Payan Archer y Luis Olmedo Quintero para impugnarlas. Se in admitió la coadyuvancia propuesta a nombre propio por el Dr. César Castro Perdomo, en razón de no tener éste interés jurídico dentro de la acción. Pero por acto diferente se le admitió como representante legal del señor Carlos Cortés Gutiérrez. En su oportunidad conceptuó de fondo el Fiscal Primero de la Corporación, en opinión a la cual habrá de referirse el Consejo a medida que se vayan estudiando los puntos del litigio.

Importa definir, como cuestión preliminar, el hecho de que, de conformidad con reglas conocidas de derecho procesal, el Consejo se limitará a estudiar y definir las causas de nulidad propuestas en el texto del libelo, pues es éste y su contestación, lo que fija los límites de la actuación del juzgador ya que también en esos documentos se contienen los límites de la contención. Razones de competencia, y de lealtad procesal que no son extrañas a esta clase de juicios, pues que se encuentran vinculadas a la posibilidad de defensa de los interesados, harán que el Consejo contraiga su estudio exclusivamente a los cargos planteados en la demanda. Conviene, de la misma manera, una definición previa sobre un aspecto de la cuestión probatoria que se ha presentado en este juicio y que se refiere a la diligencia de inspección ocular pedida por el actor sobre los libros y documentos de inscripción de la Alcaldía de Pasto, y que se llevó a cabo mediante comisión

otorgada al Tribunal Administrativo de Nariño. La prueba fue pedida en tiempo y decretada legalmente. Comenzó a practicarse el día 23 de julio, fecha en que el doctor Luis Olmedo Quintero, quien había sido reconocido como parte en el juicio, se hizo presente ante el personal de la diligencia para pedir que se le permitiera intervenir en ella. El comisionado negó la petición aduciendo como razón la del que en el despacho comisorio el solicitante no figuraba como parte. Dirigióse entonces al Consejo el doctor Quintero para pedir que se aclarara su situación ante el Tribunal comisionado (fls. 151) y el sustanciador, por auto de fecha 26 de julio, ordenó a la Secretaría que, telegráficamente, y a costa del peticionario, se informara al Tribunal de Pasto que aquel había sido reconocido como parte en providencia ejecutoriada, "y que por consiguiente debe ser oído en las diligencias pertinentes si así se solicita". la Secretaría dio cumplimiento a lo dispuesto como consta a folio 154 del expediente. Consta al folio 193 que el día 27 de julio, en la diligencia que continuaba la práctica de la inspección ocular, el doctor Quintero volvió a presentarse para que se le permitiera intervenir, y el Secretario del Tribunal informó haber recibido del Secretario General del Consejo la comunicación en que tal cosa se ordenaba. Pese a lo cual el Presidente del Tribunal, so pretexto de que la comunicación del Consejo no contenía una certificación del mismo sobre la aceptación del doctor Olmedo Quintero como parte, ni era copia de la providencia que mandaba tenerlo

como tal, negó al insistente peticionario su derecho a intervenir en la prueba y ésta culminó sin participación alguna de los impugnadores de la acción. En vista de lo anterior el doctor Julio César López quien, como se ha visto ya, junto con el doctor Luis Olmedo Quintero y otros constituyen la parte impugnadora, solicitó del Consejo en memorial del 4 de agosto que se decretara la nulidad de la prueba practicada y se ordenara su repetición. El Consejo, por auto de 8 de agosto de 1960 negó el decreto de nulidad solicitada por no estar comprendido el hecho en ninguna de las causales del artículo 448 del C. J., pero agregó que al examinar la prueba expresaría su decisión sobre la forma como fue practicada. El señor Fiscal en su concepto es partidario de que la prueba se tenga por plenamente válida, y además por idónea, con fundamento en que, a su juicio, la irregularidad descrita no podía producir la ineficacia del acto en razón de que no se trataba de buscar un juicio de expertos ni de interrogar testigos, sino de verificar la existencia de documentos, ante lo cual, "lo más, que hubiera podido hacer el doctor Olmedo Quintero se habría circunscrito a dejar constancias que no alteran el contenido de la diligencia". Agrega que, por otra parte, hubo negligencia del interesado quien sólo el 26 de julio de 1960 pidió que se le dejara intervenir en una diligencia que había comenzado a practicarse el 23 del mismo mes. Nuestro derecho procesal consagra dos principios fundamentales en materia de pruebas, para que las que se aduzcan en el juicio sirvan al juez de instrumentos

idóneos de información: la publicidad, y la contradicción. la primera según el tratadista Antonio Rocha, "no consiste en hacer conocida la prueba ante todo el mundo, erga omnes, sino ante el adversario, y por ante el Juez, eso se cumple por medio de la notificación del auto relativo a la prueba presentada o pedida la segunda consiste esencialmente en que la persona o personas contra quienes se ha aducido o pedido una prueba en juicio, tengan amplia y clara oportunidad legal de discutirla, de controvertirla, o de contraprobar respecto de los hechos a que ella se refiere. Ciertamente el principio de la contradicción en muchas ocasiones puede implicar sólo una posibilidad más que una realidad, en el sentido de que las partes tengan, por la actuación del juez, expedita dentro de los términos legales la oportunidad que les brinda la ley para discutir una prueba, aunque a la postre no quieran hacer uso de esta prerrogativa. Pero si esto último ocurre y no puede formularse tacha alguna al procedimiento que les brindaba la ocasión de hacerlo, quien así se comporta asumirá los riesgos de su conducta sin que pueda decir valederamente que no gozó de oportunidades para comportarse de otro modo. Y estos principios son comunes a todas las pruebas que la ley considera como admisibles en cada juicio, variando sólo la oportunidad de la contradicción en cuanto a la naturaleza de cada una de ellas. Sabido es que la inspección ocular, que tiene por objeto el examen y reconocimiento de cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate, busca procurarle al Juzgador un juicio más acertado y

por ello los artículos 725 y 728 del C. J. disponen, el primero, que el auto que la decreta debe ser claro en cuanto al juicio, sitio y objeto de la misma, a la que además del personal del juzgado pueden concurrir y deben hacerlo los peritos o testigos y las partes o sus apoderados o voceros, y el segundo, que durante ella el juez puede, a petición de parte, o de oficio, ampliar los puntos sobre que debe versar la diligencia, es decir, el dictamen, si se trata de un juicio de expertos, o los hechos o cosas o documentos que se trate de examinar, si la diligencia no busca un dictamen pericial. Y es aquí donde está precisamente uno de los aspectos de la contradicción de la prueba como método de la defensa de las partes, pues en el momento de su práctica, y por virtud de la autorización legal pueden hacer extensiva la diligencia a hechos, documentos, o puntos no contemplados primitivamente pero que se juzguen necesarios para el interés en litigio. De donde se infiere que la negativa a una parte reconocida de intervenir en la práctica de la prueba, sin razones legales, despoja dicha prueba de uno de los elementos fundamentales para su validez y le impide desempeñar dentro del juicio el papel ilustrativo a que normalmente está destinada. Cuando el artículo 730 del C. J. dice que "El acta de inspección hace plena prueba respecto de los hechos y circunstancias observados por el Juez" se está refiriendo, como es obvio, a una prueba decretada y practicada con la plenitud de los requisitos legales y, respecto de la cual, las partes hayan tenido plena oportunidad para intervenir, contradecir, y

defender. Por eso, el Consejo no acoge el criterio del señor Fiscal, y, por el contrario, estima, que aun tratándose del mero examen de libros y de documentos, la participación del impugnador, reiteradamente pedida por él, era fundamental para determinar la validez de la diligencia. Está demostrado en el juicio que con anterioridad a la práctica de la prueba el doctor Olmedo Quintero había sido reconocido como parte para impugnar la demanda, lo que ya es suficiente para haberle permitido ejercer dentro de este juicio la plenitud de sus derechos como tal. Y si bien es cierto que la Secretaría del Consejo incurrió en omisión al no haber incluido su nombre y calidad dentro del despacho comisorio dirigido al Tribunal de Pasto, este yerro se rectificó posteriormente, mediante providencia cuyo contenido llegó en tiempo oportuno al juez comisionado. Y como éste, sin razón valedera, desatendió la orden del Consejo y privó de intervenir al impugnador, es preciso concluir que la prueba así practicada careció del elemento de contradicción fundamental para su validez, y de consiguiente no es idónea para demostrar ninguno de los hechos a que ella se refiere. Por tal razón, al examinar los hechos del juicio, no se tendrá en cuenta la mencionada diligencia de inspección ocular. Respecto de la diligencia de inspección ocular que se practicó extra judicialmente por el Juez Primero Municipal de Pasto a petición del doctor Ricardo Martínez Muñoz, y que corre a los folios 160 a 162 vto. del cuaderno principal, ella será examinada y medida en relación con las demás pruebas del juicio, al tenor de lo

dispuesto por los artículos 732 del C. J. en concordancia con los números 662 a 667 de la misma obra. Para decidir este juicio se examinarán las siguientes cuestiones básicas, planteadas en la demanda: a) Inscripción de las listas de Julio César López, Flavio Ortiz y Libardo Guerrero. Votaciones del Municipio de Pasto. Votaciones del Municipio de Mosquera. PUNTO PRIMERO LISTA DE JULIO CESAR LOPEZ. A la inscripción de esta lista se formula el cargo de no haber ocurrido en la forma prescrita por los artículos 3º de la Ley 47 de 1946 y 11 del Decreto 800 de 1947, según los duales ella debe hacerse ante el respectivo Alcalde, en tiempo hábil, y prestando el juramento de pertenecer a un determinado partido político, en este caso el partido liberal. Se agrega que se trata de un acto solemne que sólo puede demostrarse con la copia del acta respectiva en la que consten el lleno de las formalidades antedichas, y que sin esa prueba el acto es jurídicamente inexistente y por consiguiente nula la inscripción respectiva y nulos los votos Que por esa lista se hayan emitido. Dos aspectos para decidir tiene este punto, a saber: el de la naturaleza jurídica del acto de inscripción, y el de la prueba de la misma. Cuanto a lo primero es necesario decir que la inscripción de una lista para filies electorales, es un acto oficial y público, pero en modo alguno un acto solemne. En efecto, en derecho el acto solemne es aquel en que la forma exigida por la ley para llevarlo a cabo es

parte esencial de su existencia jurídica, debiendo ser esa forma o modalidad la que precisa y exclusivamente sirve para demostrar su existencia. En el caso que nos ocupa, la ley no ha revestido la inscripción de dicha categoría, pues la circunstancia de que tenga que verificarse ante el Alcalde y de que ante él deba prestarse el juramento de pertenecer a una determinada agrupación política no significa que se trate de formalidades substanciales sin las cuales el acto desaparezca de la vida jurídica. Que ello es así lo demuestra claramente el artículo 5º de la Ley 187 de 1936, según cuyos términos "el Alcalde estará obligado a verificar la inscripción que de él se solicite, y dará inmediatamente certificado de tal hecho a los interesados y a quienes lo exijan en cualquier tiempo". Cabe preguntar entonces qué finalidad puede tener este certificado distinta de la de acreditar, ante autoridades y ante terceros el hecho mismo de la inscripción. Porque si en realidad se tratara, como lo sostiene el demandante, de un acto solemne, la única prueba idónea sería el acta de inscripción y juramento, y ninguna otra podría ser admitida por autoridad o persona alguna para tener por cierto el hecho. pero si una disposición legal, la que acaba de , citarse, manda a los alcaldes expedir en cualquier tiempo un certificado en que conste la inscripción, ello quiere decir que ya no existe la modalidad de la prueba única y excluyente, sino que hay otra de carácter distinto, que sirve para los mismos fines. Y se está, por consiguiente, en presencia de un acto formal, con formas que

pueden ser acreditadas idóneamente por pruebas diferentes del acta que registró su ocurrencia. Por otra parte instituir la inscripción de una lista electoral en acto solemne, y el acta que la registra en prueba ad substantiam actos, es no sólo desvirtuar el espíritu de la legislación electoral en este aspecto, sino razón que implicaría entregar la validez de las elecciones a la ocurrencia de hechos que, como la sustracción o el desaparecimiento, podrían llevarse a cabo posteriormente por personas inescrupulosas con el solo propósito de provocar determinadas finalidades electorales. Estima el Consejo que precisamente para evitar estas consecuencias es por lo que la ley de 1936 autoriza a los alcaldes para certificar sobre la inscripción, autorización que se debe entender extendida a quienes adquieran el certificado, para demostrar con él satisfactoriamente el hecho. Por otro aspecto, y también desde el punto de vista probatorio, obran en los autos (fls. 56, 234 a 235 y 231 a 234 vto.) una certificación expedida por el Alcalde y el Secretario de Gobierno Municipal de Pasto, declaraciones de los mismos funcionarios y testimonios de Luís F. Torres, Porfirio Díaz, Arcesio Sánchez y Julio César Bolaños, que, en su orden, dan plena fe de que el hecho de la inscripción de la lista encabezada por Julio César López se cumplió en el recinto de la Alcaldía Municipal mencionada y por ante el Alcalde y su Secretario. Ciertamente, el solo certificado sería suficiente de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 187 de 1936 para dar por cumplida satisfactoriamente esa inscripción, con el lleno de los

requisitos legales. Pero en abundamiento de ella vienen las declaraciones de los mismos funcionarios en qué bajo la gravedad del juramento sostienen haber recibido la inscripción y el juramento en tiempo oportuno y las declaraciones mencionadas de personas que, también bajo la gravedad del juramento, y dando como razón de su dicho la de haber estado presentes en el recinto de la Alcaldía, confirman plenamente que la inscripción se llevó a cabo. Es cierto que el propio certificado que se viene comentando agrega que por un descuido involuntario se quedaron sin firmar por el Secretario de Gobierno varios ejemplares de las actas de inscripción, así de listas liberales como conservadoras, lo que, según él, obedeció al exceso de trabajo y a la circunstancia de que casi la totalidad de las listas se presentaron simultáneamente para inscripción el mismo día 14 de marzo de 1960, Esta omisión puede considerarse como una irregularidad en el registro del hecho pero no como una inexactitud del hecho mismo, que de todos modos está probado que se verificó. Y por eso, aunque en otro terreno jurídico pudiera caber responsabilidad a quien omitió el requisito formal de la firma en el acta, para los efectos de la legislación electoral el hecho debe tenerse por cumplido, y por consiguiente como capaz de producir válidamente los efectos legales a que está destinado. Finalmente hay que repetir, con la sentencia del Consejo de 12 de diciembre de 1958, que "no toda contravención se encuentra erigida en nulidad para los actos electorales. Ellas no pueden establecerse jurisprudencialmente, sino que, deben ser objeto de un consagración, taxativa del precepto legal. Si, como se ha visto, la nulidad

establecida por el artículo 4º de la Ley 7° de 1932, desapareció con la reforma introducida por el artículo 59 de la Ley 187 de 1936 el Consejo no puede ahora, por vía de interpretación o de doctrina, aplicarla por su propia cuenta". Y agregar, con los mismos fallos mencionados, que no teniendo las comisiones escrutadoras facultad legal para discutir el hecho de la inscripción, sino obligación de someterse a él y con todas sus consecuencias cuando se hubiere cumplido, era natural y arreglado a la ley que habiéndose cumplido la inscripción de la lista encabezada por el Dr. López, se tuvieran en cuenta a favor de la misma, como se tuvieron, los votos emitidos en la circunscripción electoral de Nariño. En consecuencia, no han existido las violaciones de la ley que se señalan en la demanda y el cargo no puede prosperar. LISTA DE FLAVIO ORTIZ. Tres cargos se formulan a esta inscripción: el haber sido hecha por una sola persona, el propio Ortiz. el de carecer de formalidades el acta respectiva, y el de haberse solicitado esa misma inscripción desde Tumaco, y por ante el Alcalde de ese lugar, cuando ha debido hacerse personalmente y por ante el Alcalde de Pasto que es la capital de la circunscripción electoral de Nariño. El primer cargo carece de todo fundamento. Cuando el segundo inciso del artículo 3º de la Ley 47 de 1946, y el 10 del Decreto 800 de 1947 hablan de que "la solicitud de inscripción podrá ser hecha por cualquier número de ciudadanos", no. se ha referido en modo alguno a un número plural exclusivamente porque, como

es obvio, la unidad también está comprendida dentro del adverbio "cualquiera", empleado por los textos en cita. Las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio y es claro que la unidad está comprendida dentro de la noción de cantidad. Así una sola persona tanto como cinco, diez, veinte, etc., pueden formular solicitud de inscripción de una lista, a condición de que ellos y los respectivos candidatos cumplan con las formalidades y requisitos exigidos por la ley. Pero no puede llevarse la interpretación hasta el extremo de considerar que cuando la solicitud ha sido hecha por solo una persona, se esté por fuera de los términos de la ley, y haya que negarle la inscripción solicitada, o sea inválida la que se verifique. Respecto de los requisitos que se echan de menos y de que dan cuenta los documentos de folios 167 vto. y 168, les es aplicable la tesis expuesta en cuanto al caso de la lista de Julio César López, y es por consiguiente innecesario repetirla. Cuanto al tercer cargo, en los mismos folios que se acaban de citar aparece lo siguiente: con fecha 12 de marzo de 1960 Flavio Ortiz R., Samuel, Dimas Lara Prados y Rafael Manzi presentaron ante el Alcalde Municipal de Tumaco un memorial en que solicitaron se les recibiera inscripción y juramento legal respecto de una plancha para la Cámara de Representantes y para la Asamblea Departamental, compuesta la primera por Ortiz y Escrucería como principal y suplente, respectivamente, e integrada la segunda por Dimas Lara Prados y Julio

N. Rosales como principales y por Gregorio Quiñones y Rafael Manzi como suplentes. El memorial aparece firmado por Flavio Ortiz R., Samuel Escrucería y

Dimas Lara Prados. A continuación el Alcalde Municipal y su Secretario certifican que el anterior memorial fue presentado personalmente por los signatarios "quienes juraron en forma legal que pertenecen al partido liberal y que aceptan las postulaciones de sus nombres como candidatos a la Cámara de Representantes y Diputados a la Asamblea Departamental de Nariño". Ante el mismo funcionario se presentaron las demás personas mencionadas como candidatos, aceptaron la candidatura y prestaron el juramento de rigor, con excepción del señor Rafael Manzi quien según constancia del Alcalde no se hizo presente en la diligencia de juramento. Las diligencias iban dirigidas al Alcalde Municipal de Pasto a través del de Tumaco. Y aquel en constancia que aparece firmada el 14 de marzo, recibió al señor Flavio Ortiz con el fin de inscribir la lista para Representantes y Diputados, inscripción que se llevó a cabo. Puede pues afirmarse, que en realidad la inscripción se hizo doblemente, una vez ante el Alcalde de Tumaco y finalmente, el 14 de marzo ante el alcalde de Pasto, aquella por varias personas y ésta por una, el señor Ortiz. Los demandantes atacan esta inscripción bajo el concepto de que el artículo 11 del Decreto 800 de 1947 modificó el articulo 3° de la Ley 47 de 1946, en el sentido de no permitir inscripciones sino exclusivamente de modo personal por los respectivos candidatos ante el Alcalde Municipal de la circunscripción electoral respectiva. Y agregan que como Tumaco no es la capital de la circunscripción electoral de Nariño, la inscripción hecha es jurídicamente inválida.

El artículo 2° de la Ley 39 de 1946, en su parágrafo, disponía que "Cuando quienes soliciten la inscripción o los candidatos no se encontraren en el lugar en que aquella debe hacerse, prestarán el juramento ante el Alcalde o ante el Juez Municipal del lugar donde estuvieren o ante el respectivo funcionario diplomático o consular y de ello se extenderá la atestación correspondiente al pie del respectivo o respectivos memoriales". El primer inciso hablaba de hacer la inscripción ante el respectivo alcalde sin señalar cuál era éste. Vino luego el artículo 50 de la Ley 47 de 18 de diciembre del mismo año, a llenar el vacío anotado, indicando que el Alcalde respectivo era el "de la capital del respectivo círculo o circunscripción electoral", con lo cual el punto quedó definido, sin que hasta este momento se hubiera derogado, por modo tácito o expreso, el inciso 2° del artículo 2º de la Ley 39 de 1946 sobre el procedimiento de inscripción para personas ausentes. En este estado, el artículo 11 del Decreto 800 de 1947, repitió en su primer inciso lo que había dicho el 1° del artículo 2º de la ley últimamente citada, y reprodujo, en su segundo inciso, en forma textual el segundo inciso de la misma disposición. Pero adicionándolo con esta nota: "En estos casos el memorial o memoriales (sobre inscripción de ausentes) deberá llegar a la oficina del Alcalde respectivo, antes de terminarse el tiempo señalado para la inscripción en los artículos 8º y 9º de este Decreto". Por último la Ley 119 de 1959, última hasta hoy en cuestiones

electorales, no introdujo ninguna modificación. No hay duda entonces de que, lejos de haberse derogado la facultad concedida por el parágrafo del artículo 2° de la Ley 39 de 1946, fue mantenida de modo expreso por el Decreto 800 de 1947, por donde se concluye que en la actualidad es válida la inscripción de listas que se haga conforme a estas disposiciones, siempre que lleguen a la oficina del Alcalde de la capital de la circunscripción electoral respectiva, antes del agota r miento de los términos correspondientes. Se explica la situación anterior porque la ley colombiana no exige, como condición para aspirar a cargos de representación popular, residir en el país o en determinada ciudad en el momento en que las inscripciones deben cumplirse o las elecciones realizarse. Y como es natural, ha contemplado el caso de aquellas personas que, ausentes de la circunscripción electoral o del país, en un momento dado, puedan ser llamadas a los cargos referidos, facilitándoles la manera de llenar los requisitos que a ellos competen con una manifestación de asentimiento a su postulación y con un acto de juramento de pertenecer a determinado partido, prestados ante el Alcalde o juez municipal de su localidad, o ante el respectivo funcionario diplomático, según el caso. Puede, entonces, concluirse que si los señores Ortiz y Escrucería hicieron la inscripción de su lista y prestaron el juramento ante el Alcalde de Tumaco, por no residir en Pasto, o por no estar en esa ciudad en el momento indicado, esa inscripción se sometió a los términos legales y el cargo que se le formula no le es

imputable. Y si a ello se agrega que esa documentación llegó a la Alcaldía de Pasto en tiempo oportuno y ante ella se repitió la inscripción, se abundó en requisitos legales y menores razones hay para que sea impugnada. LISTA DE LIBARDO GUERRERO. El hecho séptimo de la demanda dice que los mismos vicios anotados a la lista de Flavio Ortiz se encuentran en la encabezada por Ernesto Vela Angulo y Libardo Guerrero Muñoz, y agrega: "Mi mandante no presentó las constancias ante la honorable corte, pero tampoco ella tenía en su poder la prueba de la debida inscripción de esas listas y aceptación de los candidatos y, corno actos solemnes, la inscripción y las aceptaciones no se presumen". el señor fiscal, que examinó solamente este caso y estimó inocuo detenerse sobre los restantes, por estimar que las consecuencias eran idénticas, considera que está probado en el expediente y dentro de la diligencia de inspección ocular, que la lista en referencia se inscribió el 14 de marzo de 1960 en forma ilegal pues el hecho ocurrió a las seis más veinte minutos de la tarde y que, por consiguiente, debe aplicarse la sanción impuesta por el artículo 4º de la ley 7° de 1932, que ordenaba a los escrutadores no tomar en cuenta los votos emitidos a favor de listas que se hubieren inscrito fuera de los términos de rigor. teniendo en cuenta lo que se dijo al comienzo de este fallo acerca de la invalidez de la prueba de la inspección ocular, es claro que el dato que de ella ha tomado el

señor agente del ministerio público carece de fuerza probatoria para la sala, y ello sería bastante para sostener que el cargo no está demostrado. (no hay, de otra parte documentos o pruebas de índole distinta que traigan datos sobre la inscripción de esta lista, pues la inspección oc