CIDH - Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial (Ese) designado Por la CIDH

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INFORME FINAL DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO ESPECIAL (ESE) DESIGNADO POR

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE INVESTIGAR LOS HECHOS

QUE RESULTARON EN EL SECUESTRO Y ASESINATO DE:

JAVIER ORTEGA, PAÚL RIVAS Y EFRAÍN SEGARRA

(INTEGRANTES DEL EQUIPO PERIODÍSTICO DEL DIARIO “EL COMERCIO”)2

INTRODUCCIÓN

1. El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) presenta su informe final en seguimiento de las medidas cautelares (MC 309-18 y MC-310-18) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) a favor del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, quienes fueron secuestrados por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, y posteriormente ejecutados.

2. El ESE fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 168º Período de Sesiones, tras recibir una solicitud del Estado de Ecuador y de los representantes de las familias de los beneficiarios, en la que se requirió la asistencia técnica de la CIDH . Por Resolución 54-2018 la CIDH, de acuerdo con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento, decidió “continuar el seguimiento del

Resolución 54-2018 la CIDH, de acuerdo con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento, decidió “continuar el seguimiento del componente de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción las medidas cautelares otorgadas MC 309-18”.

3. De acuerdo a la resolución, la CIDH dispuso que el ESE tendría los siguientes objetivos específicos: a) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas Javier Ortega y Paul Rivas Bravo, así como del trabajador Efraín Segarra; b) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares y mantenerlas informadas del proceso; c) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y la verdad de lo sucedido a la sociedad ecuatoriana, así como de los familiares; d) A sesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición. El marco de actuación del ESE fue aceptado por ambos Estados de Ecuador y Colombia involucrados en la investigación de estos hechos.

4. Durante el período de trabajo el ESE realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. Asimismo, llevó a cabo visitas a la Fiscalía General del Estado de Ecuador para la revisión de las investigaciones bajo reserva del 3 al 5 de septiembre de 2018; del 19 al 21 de noviembre de 2018; y el 20 y 21 de diciembre de

General del Estado de Ecuador para la revisión de las investigaciones bajo reserva del 3 al 5 de septiembre de 2018; del 19 al 21 de noviembre de 2018; y el 20 y 21 de diciembre de

2018. El ESE efectuó una visita al Estado colo mbiano del 24 al 26 de septiembre de 2018.

También realizó diversas solicitudes de información y remitió cuestionarios a organismos de ambos Estados que estuvieron involucrados en las operaciones y acciones destinadas a lograr la liberación de las víctimas , así como la identificación de los cuerpos y las investigaciones realizadas por ambas fiscalías.

5. La Comisión celebró tres reuniones de trabajo y una audiencia pública con cada uno de los Estados involucrados. Las primeras reuniones de trabajo con cada Es tado fueron realizadas

el 15 de junio de 2018, en la Washington D.C.; la segunda, en el marco del 169 ° periodo de sesiones de la CIDH (30 de septiembre - 5 de octubre de 2018) en Boulder, Estados Unidos; y la tercera , en el marco del 170 ° período de sesion es (3 al 7 de diciembre de 2018) en Washington D.C., Estados Unidos. Las audiencias públicas fueron celebradas en el 170° periodo de sesiones (3 al 7 de diciembre de 2018) en Washington D.C., Estados Unidos.3

6. El objetivo de las visitas , reuniones de traba jo y audiencias, fue entrevistarse con diversas entidades estatales para conocer los avances en las investigaciones en torno al secuestro y asesinato de los miembros del equipo periodístico de l diario El Comercio y los beneficiarios de las medidas cautelar es, así como obtener información necesaria para el cumplimiento del mandato del ESE.

asesinato de los miembros del equipo periodístico de l diario El Comercio y los beneficiarios de las medidas cautelar es, así como obtener información necesaria para el cumplimiento del mandato del ESE.

El equipo de la CIDH mantuvo reuniones y tuvo acceso a información aportada por las Fiscalías Nacionales de ambos países, en especial de los fiscale s a cargo de la investigación; las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas en el contexto del combate a los grupos organizados y armados que operan en la frontera de ambos países; el comité de crisis en Ecuador a cargo del manejo del secuestro; el equipo de ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países; así como periodistas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al monitoreo del caso y la protección de periodistas. Del mismo modo, se sostuvieron reuniones con los representantes de las familias de lo s tres integrantes del equipo periodístico en cada oportunidad.

7. El presente informe se refiere a los hallazgos del ESE en cumplimiento de las actividades y los cometidos que le fueron encomendadas por la Comisión 1. El informe reconstruye en los capítulos primero y segundo el contexto y los hechos relevantes ocurridos antes y durante el secuestro, así como los referidos a la ejecución de los integrantes del equipo periodístico , a partir de la información suministrada por las partes involucradas. En los cap ítulos tercero y cuarto se realiza el monitoreo de las investigaciones que se han desarrollado tanto en Ecuador como en Colombia, así como la forma en que evoluciona el derecho a la verdad y la garantía de no repetición. Finalmente, el ESE presenta sus conclusiones en punto a esos tres componentes -avance de las investigaciones, derecho a la verdad y garantía de no repeticióny formula de recomendaciones a ese respecto.

garantía de no repetición. Finalmente, el ESE presenta sus conclusiones en punto a esos tres componentes -avance de las investigaciones, derecho a la verdad y garantía de no repeticióny formula de recomendaciones a ese respecto.

El ESE también ha incorporado en este informe las observaciones a los proyectos de informe de ambos Estados (Colombia y Ecuador). El Estado de Ecuador manifestó de manera general su “desacuerdo con el contenido del proyecto” y realizó una serie de observaciones a aspectos puntuales, las cuales fueron contempladas o explicitadas en el texto del informe . Por su parte, el Estado de Ecuador solicitó al ESE limitarse al cumplimiento de los objetivos trazados y de su plan de trabajo, y abstenerse “de adelantar criterios s esgados y sin sustento, que esté n orientados a direccionar las investi gaciones en curso y a establecer la presunta responsabilidad internacional del Estado por los hechos sucedidos con los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio” 2.

1 La asistencia técnica y el monitoreo de las investigaciones penales de los casos abordados en este informe fueron parte de las misiones que se le encomendó al ESE. El mandato se materializó mediante el análisis de lo actuado y la formulación de recomendaci ones en punto a la investigación y sanción de los responsables de los hechos que determinaron la expedición de las medidas cautelares 309 y 310 de 2018. Facultades que se entienden admitidas por los Estados con la aprobación de este tipo de mecanismo de seguimiento, 2 El ESE deja constancia de que el Estado de Ecuador en sus observaciones al presente informe indicó que “dentro de esas facultades no se encuentran aspectos que constan en el proyecto de Informe Final, tales como: determinar la

2 El ESE deja constancia de que el Estado de Ecuador en sus observaciones al presente informe indicó que “dentro de esas facultades no se encuentran aspectos que constan en el proyecto de Informe Final, tales como: determinar la existencia de posibles violaciones de derechos; individualizar víctimas; sugerir una reparación a las mismas, como si el ESE se tratase de una organismo con las atribuciones convencionales y exclusivas de la CIDH”.4

Al respecto, el ESE deja constancia que , en ocasión del plazo limitado previ sto para su funcionamiento -6 meses-, en su diseño y metodología se previó que el presente informe sirviera de instrumento para incluir el análisis y las recomendaciones acerca del avance de las investigaciones penales mediante la identificación de acciones pendientes, el impulso de líneas de investigación no abordadas y la eventual sugerencia de practicar las pruebas necesarias que fueran necesarias para corroborar las hipótesis de trabajo, aspecto que resulta de la esencia del mecanismo.

El Estado de Ecuador recuerda que con base a su legislación interna, la Fiscalía General de Ecuador (FGE) es la entidad que tiene competencia para el ejercicio de la acción penal pública, quedando sujeto a su criterio el tipo de diligencias y actuaciones investigativas que correspondería efectuar en cada caso. En ese sentido , la misión de dar asistencia técnica y monitorear las investigaciones penales, se materializa mediante el análisis de lo actuado y la formulación de recomendaciones en tanto la investigación y sanción de los responsables de los hechos que determinaron la expedición de las medidas cautelares 309 y 310 de 2018 , aspectos que se entienden admitidos por los Estados con la aprobación de mecanismos de seguimiento como el ESE.

los hechos que determinaron la expedición de las medidas cautelares 309 y 310 de 2018 , aspectos que se entienden admitidos por los Estados con la aprobación de mecanismos de seguimiento como el ESE.

A su vez, el ESE presenta la narrativa de los hechos y el monitoreo de las investigaciones basándose en la información obtenida de la documentación desclasificada que fue entregada por el Estado a las víctimas , así como la obtenida en el desarrollo de las tres visitas oficiales a los Estados , las respuestas a los cuestionarios que se formularon a sus autoridades y de la revisión y análisis de las investigaciones penales a las que se tuvo acceso, como es posible corroborar en las citas de pie de página que acompañan el texto, en donde se indica con precisión la fuente de cada afirmación.

De igual forma, la información oficial se contrastó con la suministrada al ESE por integrantes del gremio periodístico y las investigaciones abiertas al público. Particularmente, a solicitud de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados , se incluyeron datos d el libro “Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?”, aspecto ob jetado por el Estado de Ecuador bajo la perspectiva de que el ESE debió ceñirse a l a información oficial a la que se tuvo acceso , siendo la que, a su juicio, posee las características de relevancia, objetividad, exhaustividad y fiabilidad. En ese sentido, el ESE considera que la investigación realizada por los periodistas Arturo Torres y Ana Belén Arroyo, así como el resto de las publicaciones mencionadas en este informe, aparecen suficientemente documentadas y contienen información que debiera ser tomada en cuenta por quienes dirigen la

realizada por los periodistas Arturo Torres y Ana Belén Arroyo, así como el resto de las publicaciones mencionadas en este informe, aparecen suficientemente documentadas y contienen información que debiera ser tomada en cuenta por quienes dirigen la averiguación penal, a fin de guiar las actividades investigativas necesarias para clarificar la razón de las inconsistencias advertidas . El ESE entiende que el objetivo final de las investigaciones en curso es reconstruir la verdad de lo sucedido -ya sea confirmando o descartando las versiones oficiales o las periodísticas-.

El ESE comprende que si bien la investigación de l estado de Ecuador no ha superado la fase de averiguación pre via, existe información abundante y fiable acerca de las circunstancias que habrían rodeado el secuestro de los periodistas , así como de los hechos jurídicamente relevantes que le antecedieron y la forma en que a éstos se vincularon integrantes del grupo organizado autodenominado Frente Oliver Sinisterra, quienes serían sus probables perpetradores. No obstante , el Estado de Ecuador manifestó su preocupación por la inclusión de una relación pormenorizada de la actuación procesal en el informe, la cual5

podría revelar información y documentación reservada de varios expedientes que se mantienen en la fase de indagación previa. Al respecto, el ESE encuentra atendibles los argumentos expuestos por el Estado de Ecuador , con el fin de que el presente informe no constituya un obstáculo en el desarrollo de la averiguación penal, o se convierta en una fuente de fuga de información que de acuerdo c on el diseño procesal penal de Ecuador no puede revela rse a terceros en este momento . En consecuencia, se entregará de forma exclusiva a la Fiscalía del Estado, las víctimas y sus apoderados, un resumen del componente

fuente de fuga de información que de acuerdo c on el diseño procesal penal de Ecuador no puede revela rse a terceros en este momento . En consecuencia, se entregará de forma exclusiva a la Fiscalía del Estado, las víctimas y sus apoderados, un resumen del componente de monitoreo de la investigación en cuanto al seguimiento puntual de l as diligencias y actividades llevadas a cabo por la Fiscalía General Nacional (FGN) y el material probatorio, tanto de las actuaciones respecto al secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra (sistematizado en el Anexo 2), como del expediente en el que se investiga al grupo Frente Oliver Sinisterra (FOS) por el atentado con explosivos al Comando de Policía de San Lorenzo (Anexo 1), situaciones que el ESE considera de relevancia para dar luz sobre la investigación del secuestro . Respecto a estos documentos puntuales , en el informe se mantiene un análisis conceptual de los expe dientes observados y de las líneas de investigació n que se sugiere seguir.

8. La CIDH agradece a los Gobiernos de Colombia y Ecuador por las facilidades brindadas , así como a los familiares de las víctimas, sus representantes y los integrantes del gremio periodístico de ambos estados que estuvieron presentes en las reuniones llevadas a cabo por el ESE y que en todo momento aportaron información relevante para el cumplimiento de su mandato. A la par , reconoce la labor incansable de las familias para acceder a la verdad de lo sucedido y aspira que el presente informe contribuya a la materialización de ese derecho.6

CAPITULO I. CONTEXTO DEL SECUESTRO

9. El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario

ese derecho.6

CAPITULO I. CONTEXTO DEL SECUESTRO

9. El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, no puede abordarse como un hecho aislado, desvinculado de la situación de orden público en la frontera entre Ecuador y Colombia entre oc tubre de 2017 y comienzos de 2018. La presencia de equipos periodísticos en el Cantón de San Lorenzo

(Provincia de Esmeraldas) estuvo directamente relacionada con la escalada de atentados terroristas que sacudió esa región del país en tal período, particularmente ligad a con la aparición de grupos armados ilegales colombianos que no aceptaron desmovilizarse en el marco de los acuerdos de paz entre el Estado de Colombia y las FARC, y busca ron controlar territorios en la frontera colombiana con Ecuador que er an propicios para el cultivo y transporte de drogas. El actuar de estos grupos también impactaba en territorio ecuatoriano, tema que suscitó mayor interés por parte de la prensa nacional y condujo a que los medios de comunicación se volcaran hacia esa regi ón en búsqueda de obtener información de innegable interés público.

10. La respuesta de los Estados dirigida a neutralizar estos grupos armados con fines delincuenciales (Colombia y Ecuador), determinó una escalada de violencia por parte de uno de estos grupos, que amenazó la estabilidad de la región del río Mataje luego de una serie de actos de extrema violencia que tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y abril de 2018.

El secuestro de Javier, Paul y Efraín por parte del grupo FOS respondió a la misma lógica que

de actos de extrema violencia que tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y abril de 2018. El secuestro de Javier, Paul y Efraín por parte del grupo FOS respondió a la misma lógica que impulsó la ejecución de dichos actos. E n tanto, dicho grupo buscó con todas esas acciones presionar a las autoridades ecuatorianas a que accedieran a dos exigencias que venían efectuando desde enero de 2018: la liberación de tres miembros de su organ izacióndetenidos el 12 de enero de 2018 por autoridades ecuatorianasy la suspensión del acuerdo de Ecuador con Colombia para adelantar acciones ofensivas coordinadas en la frontera.

11. El análisis del contexto previo al secuestro y asesinato de los perio distas requiere también una mirada global de la problemática, que permita entender lo que pasaba en Colombia y sus repercusiones en territorio ecuatoriano. En las últimas décadas dos factores han determinado la dinámica de relacionamiento de las poblacione s de la frontera entre Ecuador y Colombia que comprende del lado ecuatoriano a las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, y del lado colombiano a los departamentos de Nariño y Putumayo.

Por un lado , la presencia en los departamentos fronterizo s del lado colombiano de una creciente y rentable economía ilegal asociada a la producción y procesamiento de cocaína, y por otro, la disputa por el control territorial y, en especial, por el dominio de los centros de acopio y las rutas de distribución de cocaín a, que han librado grupos armados ilegales colombianos.

El conflicto armado del lado colombiano: caracterización

12. El movimiento guerrillero de las Fuerzas Arma das Revolucionarios de Colombia ejerció

colombianos.

El conflicto armado del lado colombiano: caracterización

12. El movimiento guerrillero de las Fuerzas Arma das Revolucionarios de Colombia ejerció durante varias décadas un extendido poder territorial en el sur de Colombia , particularmente en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo. En el año 1999 el gobierno colombiano llevó adelante el plan “Conquista II” destinado a retomar el control territorial de esa región del país , e implementó el denominado “Plan Colombia” cuyo objetivo primordial fue la erradicación de cultivos de coca en dichos departamentos . Estas7

acciones produjeron el repliegue de las FARC y de campesinos cocaleros hacia el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador 3, lo que produjo consecuencias evidentes en la dinámica social y económica de la región. Así lo revelan las cifras del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI, de acuerdo con las cuales para 1999 Nariño registraba 3.959 hectáreas cultivadas, ci fra que habrían sufrido una importante variación para diciembre de 2002 cuando alcanzó las 15.131 hectáreas de cultivos ilícitos4.

13. El municipio de Tumaco ubicado en la costa pacífica nariñense, limítrofe con el Cantón de San Lorenzo, Ecuador, fue uno de los más afectados con la llegada de estos actores.

Aproximadamente en 2002 las FARC hicieron presencia allí a través de la columna móvil Daniel Aldana, lo que coincidió con la llegada de “narcotraficantes, distribuidores de insumos químicos, comerciantes, trabajadoras sexuales, entre otros, que se ubicaron en los corregimientos de Llorente y La Guayacana, conocidos por ser los principales puntos de

insumos químicos, comerciantes, trabajadoras sexuales, entre otros, que se ubicaron en los corregimientos de Llorente y La Guayacana, conocidos por ser los principales puntos de acopio de droga y de comercialización de insumos, pasta de coca y armamentos. Además, desde el 2003 se tuvo conocimiento de la existencia de una gran cantidad de cocinas para la producción de pasta de coca en la zona sur occidental y sur oriental del municipio y de laboratorios para el procesamiento de cocaína a orillas de los ríos Mira y Mataje”5.

14. Su posicionamiento estratégico convirtió a Tumaco en una zona de constante disputa territorial, en la que no sólo confluyeron las FARC, sino además grupos paramilitares y bandas criminales involucradas en el negocio del narcotráfico. A finales de 2002 y comienzos de 2003, la bonanza del negocio del narcotráfico atrajo al bloque Libertadores del Sur (BLS), estructura paramilitar “que llegó a disputarle a las FARC los principales centros de acopio y rutas para la salida de drogas, concentrando su accionar en la carretera que conduce de Pasto a Tumaco y en los corregimientos Llorente, La Guayacana y La Espriella...

(tras la desmovilización paramilitar en 2005 6) …en el municipio se formaron diferentes agrupaciones cuyo objetivo era apropiarse de los espacios dejado s por el otrora grupo paramilitar. A finales de 2006, estructuras armadas como Nueva Generación, Águilas Negras y Rastrojos, empezaron una serie de disputas con las FARC, incrementando aún más los niveles de violencia. Hasta comienzos de 2012, los Rastrojo s fueron la banda con mayor

y Rastrojos, empezaron una serie de disputas con las FARC, incrementando aún más los niveles de violencia. Hasta comienzos de 2012, los Rastrojo s fueron la banda con mayor control sobre Tumaco, especialmente en un contexto de repliegue de las FARC”7.

15. En paralelo, las autoridades colombianas desarrollaron distintas campañas de guerra para neutralizar a las FARC 8 y los grupos ilegales que hacían p resencia en la región . Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 se instalaron en Tumaco la Fuerza de Tarea Pegaso del

3 Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios más”, 9 de octubre de 2017, P.14, disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdf 4Cfr. Sociedad Geográfica de Colombia, SIMCI, censos marzo de 1999 - diciembre de 2002 por de partamento, disponible en https://www.sogeocol.edu.co/documentos/simci.pdf 5 Cfr. Fundación Ideas para la Paz, USAID y Organización Internacional para las Migraciones, “Dinámicas del conflict o armado en Tumaco y su impacto humanitario”, febrero de 2014, P.3, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf 6Las AUC y el Gobierno Nacio nal llegaron a un acuerdo de cese de operaciones de ese grupo y en desarrollo de él, el 30 de julio de 2005 en la inspección de Policía de El Tablón, en el municipio de Taminiango (Nariño), 677 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovilizaron e hicieron entrega de sus armas.

de julio de 2005 en la inspección de Policía de El Tablón, en el municipio de Taminiango (Nariño), 677 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovilizaron e hicieron entrega de sus armas. 7 Cfr. Fundación Ideas para la Paz, USAID y Organización Internacional para las Migraciones, “Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario”, febrero de 2014, P.3, disponible en http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf 8 Plan Patriota, Planes Libertad I y II, Operación Marcial y Planes Espada de Honor I y II, entre otros.8

Ejército y la Fuerza de tarea “Poseidón” de la Armada Nacional 9. La primera , con la misión de desarticular el frente 29 de las FARC y sus columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre, las bandas criminales al servicio del narcotráfico y el Frente Comuneros del Sur del ELN10. La segunda, encargada de la vigilancia de litoral pacífico y de los ríos Mira y Mataje, sector con mayor concentrac ión de cultivos ilícitos 11. En el curso de 2013 la banda criminal de Los Rastrojos se debilitó debido a los golpes asestados por la Fuerza Pública de Colombia, escenario que fue aprovechado por las FARC para lograr el reposicionamiento en Tumaco y el corregimiento de Llorente que durante años fue una base paramilitar12.

16. En 2014, mientras avanzaban los diálogos de paz entre el Estado colombiano y la dirigencia de las FARC en Tumaco , la columna móvil Daniel Aldana tom ó el control del negocio del narcotráfico y generó un cambio en sus dinámicas mediante la introducción de un mayor

de las FARC en Tumaco , la columna móvil Daniel Aldana tom ó el control del negocio del narcotráfico y generó un cambio en sus dinámicas mediante la introducción de un mayor número de campesinado al cultivo de hoja de coca, el procesamiento de pasta desde sus propias parcelas y el aprovechamiento de redes locales de comercialización y distribución, a través de las ríos que transitan la frontera con Ecuador y llevan al mar pacífico en la provincia de Esmeralda, o por Tumaco mismo, en otros términos, toda la cadena productiva en un mismo lugar, como lo indican investigaciones periodísticas del fenómeno 13. E sto se puede corrob orar con los resultados de m onitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en cuyo informe de 2017 14 se mostró el aumento de las hectáreas de coca sembradas en Tumaco que pasó de 5.045 en 2013, a 23.148 en 201615.

17. De acuerdo con uno de los informes de Human Rights Watch 16, la columna móvil Daniel Aldana que operó en Tumaco se caracterizó por su menor compromiso ideológico y mayor involucramiento en el negocio del narcotráfico, de allí que sus integrantes fuesen menos

9 Cfr. Webinfomil.com, “La armada activa fuerza contra el narcotráfico”, febrero de 2012, disponible en http://www.webinfomil.com/2012/02/la-armada-activa-fuerza-de-tarea-contra.html 10 PNUD, “Na riño, análisis de la conflictividad y construcción de paz”, diciembre de 2014, P.24 -25, disponible en

http://www.webinfomil.com/2012/02/la-armada-activa-fuerza-de-tarea-contra.html 10 PNUD, “Na riño, análisis de la conflictividad y construcción de paz”, diciembre de 2014, P.24 -25, disponible en http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-narinoconflictividades-2015.pdf 11 Universidad del Rosario/Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional III División, “El Conflicto armado en las regiones”, noviembre 30 de 2017, P. 133, disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowe d=y 12 Cfr. Fundación Paz & Reconciliación, “Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en diez municipios más”, 18 de octubre de 2017, P.14, disponible en https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/10/Tumaco-entre-la-guerra-y-la-paz1.pdf 13 En la investigación realizada por el Diario colombiano El País, “Tumaco, un pueblo invadido por la coca”, del 25 de abril de 2016, en la que se exploraron las razones del crecimiento de los cultivos ilícitos en este municipio, varios de los entrevistados, habitantes de la zona más próxima a la frontera con Ecuador, explicaron que durante los últimos tres años guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC se habían dedicado a entregar semillas y a facilitar la producción y el transporte de la hoja de coca y la pasta de coca a los campesinos de las zonas rurales de Tumaco. Una especie de democratización del negocio del narcotráfico, decían. Pero más allá de eso, explicó el diario, todo el proceso

producción y el transporte de la hoja de coca y la pasta de coca a los campesinos de las zonas rurales de Tumaco. Una especie de democratización del negocio del narcotráfico, decían. Pero más allá de eso, explicó el diario, todo el proceso de producción de pasta de coca también está siendo reali zado por los campesinos, agregando que el mayor negocio en ese momento no era vender la hoja, como había sido tradicionalmente., sino producir pasta de coca o incluso clorhidrato de coca para ser vendido directamente a Estados Unidos o Centroamérica. Disponible en https://www.elpais.com.co/judicial/tumaco-un-pueblo-invadido-por-la-coca.html 14 Universidad del Rosario/FFAA “El Conflicto armado en las regiones”, novie mbre 30 de 2017, P. 133, disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14127/DI%20CSH%2003%20web.pdf?sequence=5&isAllowe d=y 15 Cfr. UNODOC Gobierno de Colombia, “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016” Julio de 2017, P.29 y s.s., disponible en www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pd 16 Cfr. Human Rights Watch,” Violencia Reciclada, Abusos de disidentes de las FARC en Tumaco”, 2018, P.15, disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/colombia1218sp_web.pdf9

propensos a la desmovilización y dejación de las armas, tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Operaban, además, “en un ambiente de abundantes oportunidades de lucrarse mediante actividades delictivas, debido a la producción y el tráfico de drogas a gran

noviembre de 2016. Operaban, además, “en un ambiente de abundantes oportunidades de lucrarse mediante actividades delictivas, debido a la producción y el tráfico de drogas a gran escala que tiene lugar en la zona”. Esta situación trajo consigo graves violaciones de derechos humanos de la población, debido también a la escasa presencia del Estado, lo que contribuyó a un incremento de la violencia en la que se han visto inmersos los habitantes de esa zona durante décadas.

18. A este respecto, Human Rights Watch reveló a mediados de 2018 que a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los abusos se mant enían inalterados en Tumaco con tendencia a aumentar , aspecto ligado a “las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC (y su reincorporación a la sociedad) q u e contribuyeron a formar gru