CIDH - Resolución No. 6 de 2018

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 6/20181

Medida Cautelar No. 140-14 Comunidades, líderes y lideresas afrodescendientes de Jiguamiandó, Curvaradó, Pedeguita y Mancilla respecto de Colombia

I. INTRODUCCIÓN (Ampliación) 7 de febrero de 2018

1. Mediante escritos de fechas 21 de marzo, 16 de abril, y 28 de noviembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió solicitudes de ampliación de las medidas cautelares vigentes presentadas por la “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz” (JyP) instando a la CIDH que requiera al Estado de Colombia (en adelante “Colombia” o “el Estado”) que proteja la vida e integridad personal de las lideresas y líderes comunitarios de restitución de tierras Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña, Maria Ligia Chaverra, Argemiro Bailarín, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira Gonzalez y James Ruíz, integrantes activos de la Asociación de Familiares de Consejos Comunitarios

(ASFLICOC). De igual manera, se solicitó que se amplíen las medidas, de forma colectiva, a favor de “las comunidades de Jiguamiandó, Curvaradó, y Pedeguita y Mancilla” (“los propuestos beneficiarios”) en el departamento del Chocó. De acuerdo con la solicitud, los propuestos beneficiarios se encontrarían en una

situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de presuntos actos de violencia, incluyendo amenazas y hostigam ientos.

2. El 1 de mayo de 2017 la CIDH solicitó información al Estado, el cual envió una nota solicitando una prórroga el 16 de mayo de 2017. Dicha solicitud de prórroga fue concedida el 24 de mayo de 2017 por el término de 7 días, siendo finalmente el informe del Estado recibido el 16 de junio de 2017. Los representantes presentaron información adicional el 15 de mayo de 2017. Tras ser remitidos los respectivos escritos a los representantes y el Estado para sus observaciones, el Estado presentó su respuesta el 7 de julio de 2017. Por su parte, la representación envió comunicaciones el 28 y el 30 de noviembre de 2017, y el 15 de diciembre de 2017. prima facie

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por los representantes, la Comisión considera que la información presentada demuestra que los derechos a la vida e integridad personal de las personas propuestas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal de las personas que habitan en las comunidades afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó, y Pedeguita y Mancilla; incluyendo los siguientes líderes y lideresas: Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra,

Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña, Maria Ligia Chaverra, Argemiro Bailarín, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira Gonzalez y James Ruíz; b) adopte las medidas necesarias para que las lideresas y líderes beneficiarios puedan desarrollar sus actividades en defensa de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamiento; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; e d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la ampliación de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

II. ANTECEDENTES 1 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.2.a del reglamento de la Comisión, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente medida cautelar.

2

4. La Comisión otorgó las medidas cautelares el 13 de agosto de 2014 a favor de Yomaira Mendoza, Enrique Cabezas, Raúl Palacios y Enrique Petro, integrantes de la “Asociación de Familiares de Consejos Comunitarios”, en vista de los constantes ciclos de violencia, amenazas y actos de hostigamiento enfrentados presuntamente debido a sus reclamos de tierras con respecto a “ocupantes de mala fe”. Las personas beneficiarias, habitantes de las comunidades afrocolombianas de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, alegadamente habrían sido despojados violentamente de sus territorios para que en ellos se realizaran proyectos agroindustriales, de ganadería extensiva o extracción de recursos naturales. En el

marco de las presentes medidas cautelares vigentes, los representantes de los beneficiarios han informado sobre presuntos hechos de violencia, amenazas, y la constante presencia de grupos armados, presuntamente “paramiIlIiIt.a res”, eRnE lSoUs MteErrNit oDrEio sH hEaCbHitOadSo Ys pAoRr GlaUsM peErNsTonOaSs AbePnOeRfiTciAarDiaOsS. RESPECTO A LA SOLICITUD DE

AMPLIACIÓN

5. Según los representantes, la situación de riesgo en las comunidades afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó, y Pedeguita y Mancilla persiste y se ha exacerbado de manera particular con respecto a algunos líderes comunitarios como “Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña”. Dichas personas habrían sido señaladas como “objetivo militar” de las “autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), quienes estarían realizando operativos de “tipo paramilitar” en los territorios habitados por las personas propuestas como beneficiarias.

La representación hizo a su vez referencia a la presencia de miembros del “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) en territorios de las comunidades propuestas como beneficiarias, quienes, entre otras acciones, habrían se mbrado “minas antipersonales”.

6. La representación informó que la organización “Amnistía Internacional” habría identificado que, entre enero y septiembre de 2017, 9.544 personas se desplazaron del departamento del Chocó, lo cual

equivale al 57% de los desplazados forzados en Colombia durante ese periodo de tiempo. Informaron que en el mes de octubre de 2017, “3.115 afrodescendientes y 2.955 indígenas se vieron afectados por 27 eventos de desplazamiento forzado y confinamientos”. Por otra parte, señalaron que “574 líderes y lideresas han sido blanco de señalamientos y amenazas, de estas se han materializados 7 incluyendo el asesinato del líder reclamante de tierras Mario Castaño Bravo”. Según la representación, el anterior contexto es indicativo de la ausencia de “medidas especiales de protección para las y los líderes que han sido amenazados” y medidas para salvag uardar los derechos de las comunidades.

7. La representación recordó que el 22 de mayo de 2013 la Corte Interamericana levantó las medidas provisionales otorgadas a favor “de los miembros de las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Caño Claro y el Tesoro, y de las cinco zonas de biodiversidad denominadas Erasmo Sierra, Enrique Petro, Familia Tuberquia, Ligia María Chaverra y Efrén Romaña, miembros de las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó”. La representación indicó que dicho “levantamiento” que incluyó a los miembros de algunas de las comunidades propuestas como beneficiarias, se realizó bajo la consideración de que “[l]a Corte Constitucional de Colombia continuará supervisando el cumplimiento de sus órdenes de protección de las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, y que todas las otras

autoridades pertinentes seguirán adoptando el conjunto de medidas necesarias para atender la situación de riesgo que enfrentan dichas comunidades”. Sobre este punto, la representación recordó que entre 2009 y 2012 la Corte Constitucional de Colombia emitió 6 autos de seguimientos sobre las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, los cuales buscaban garantizar “el uso, goce y disfrute del territorio por parte de las comunidad es afrodescendientes de conformidad con sus usos y costumbres”.

8. Según la representación, pese a los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia, la situación de riesgo persiste a la fecha. Se informó que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha d o c u m e n t a d o e s t e c o n t e x t o q u e “ [ l]as Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, que se derivaron de 2 CIDH, Resolución 22/2014, MC 140/15Yomaira Mendoza y otros respecto de Colombia, 13 de agosto de 2014. las estructuras del Bloque Elmer Cárdenas (BEC) de las desmovilizadas AUC” presuntamente “rondan por las zonas hum anitarias, controlan los caminos y amenazan a las comunidades”.

9. Entre enero y diciembre de 2017, los solicitantes informaron sobre los siguientes presuntos e ventos de riesgo: - El 16 de enero de 2017 12 integrantes de las AGC, portando armas de fuego de largo alcance y vestidos con prendas camufladas, habrían hecho presencia en el caserío del vergel, comunidad de La Laguna El Yetrén, territorio colectivo de Jiguamiandó. Estas 12 personas presuntamente intimidaron a una persona

perteneciente al consejo comunitario de Jiguamiandó, “restringiendo su libre movilidad, impidiendo el paso hacia su parcela de trabajo”. Esta persona también habría sido interrogada acerca de sus actividades y sobre los líderes comunitarios. - El 2 de marzo de 2017 habría sido asesinada la lideresa Ruth Alicia López, quien pertenecía a la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS y desarrollaba trabajo comunitario. - El 3 de marzo de 2017, en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, alegadamente un grupo de hombres armados “prendió fuego a los cultivos de plátano y 70 árboles de borojó de propiedad de la familia Londoño, miembros del consejo comunitario”. De igual manera, las personas armadas habrían ocupado los territorios de otros integrantes del consejo comunitario ubicados entre los territorios colectivos de Pedeguita y Mancilla, y Curvaradó. - El 4 de marzo de 2017, Félix Álvarado, líder del consejo comunitario de Jiguamiandó, habría sido detenido sin que existiera una orden por escrito que justificara dicha detención. - El 5 de marzo de 2017 Ever Rentería, presidente del Consejo Mayor de Curvaradó, habría asegurado “que la familia Durango, miembros del consejo menor de El Guamo, propietaria y reclamante legal y legítima del predio La Pradera, serían desalojados” de su propiedad. - El 7 de marzo de 2017 4 presuntos integrantes de las AGC habrían hecho presencia en el caserío de Domingodó.

Estas personas se habrían llevado a un integrante de esa comunidad y luego lo habrían dejado en libertad. - El 15 de marzo de 2017 integrantes de las AGC habrían hecho presencia en el caserío de Puerto Lleras, territorio colectivo de Jiguamiandó. Habrían anunciado que iban a mantener a la comunidad bajo control y que no planeaban abandonar el territorio. Antes de marcharse del lugar, las personas armadas presuntamente indicaron que otro grupo armado iba a venir en búsqueda de unos líderes. - El 20 de marzo de 2017 se habría llevado a cabo la tala irregular de 50 hectáreas de “bosque primario”, ubicado en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. - El 23 de marzo de 2017, en la plaza de Belén de Bajira, presuntos integrantes de las AGC habrían manifestado “a un poblador que varios líderes les incomodaban, entre ellos María Chaverra y Eustaquio Polo”. - El 24 de marzo de 2017 un grupo de hombres armados habrían ingresado al territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla y destruido “más de 100 hectáreas de predios colectivos” arrasando siembras de autoconsumo (plátano, yuca, y árboles frutales). Otro grupo de hombres presuntamente “tumbó con motosierra parte del bosque primario dentro del área” de la comunidad. - El 26 de marzo de 2017 alrededor de 250 personas presuntamente vinculadas a las AGC habrían ingresado a los caseríos de Urada, Acandía y Guamal, territorio de Jiguamiandó. Estas personas se habrían presentado

como sembradores de coca, aserradores y barequeros. También habrían indicado que reciben información directa sobre los líderes y ONGs que presentan denuncias en su contra. - El 31 de marzo de 2017 120 familias (aproximadamente 500 personas) de la comunidad Woaunaan de Join Puur, del resguardo de Kiparadó La Loma Woaunaan y Embera, municipio de Riosucio, departamento del Chocó, habrían tenido que desplazarse como consecuencia de los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del ELN. - El 4 de abril de 2017 en la comunidad de Pedeguita, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, presuntos integrantes de las AGC habrían asesinado “al afrodescendiente Jeiler Chalá”, integrante del consejo comunitario de Domingodó. Integrantes de este grupo armado también habrían amenazado a Bladimir Palacios, representante legal del consejo comunitario de Domingodó y amenazado con “acabar” con otros líderes que tienen en una lista. - El 7 de abril de 2017 el señor Eleodoro Polo, miembro de la familia Polo propietaria de la zona de Biodiversidad La Esperanza, habría sido amenazado de muerte por las AGC. Ese mismo día, en el territorio de Curvaradó, 2 jóvenes de la comunidad habrían sido llevados por hombres vestidos de civil y con armas cortas a un punto conocido como Cobalso donde habrían sido golpeados y amenazados, y horas después se les habría dejado en libertad. Uno de los jóvenes se habría desplazado de la zona por temor de que su vida estuviese en

riesgo. - El 15 de abril de 2017 un número indeterminado de hombres presuntamente pertenecientes a las AGC habrían ingresado al caserío de Puerto Lleras, territorio colectivo de Jiguamiandó. Estas personas habrían indicado que no se dejarían quitar los territorios que controlan por el ELN o las FARC-EP. También habrían ofrecido pagar $800.000 pesos colombianos a quienes trabajen con ellos. Asimismo, les habrían indicado que si los denunciaban enfrenarían problemas y anunciado el ingreso de 100 “neoparamilitares provenientes de Pavarandó”. - El 16 de abril de 2017 se habrían establecido dos puestos de control por parte de las AGC “dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó”. - El 17 de abril de 2017 dos integrantes de las AGC alegadamente fueron vistos en el caserío de Urada. - El 18 de abril de 2017, 70 integrantes de las AGC habrían sido vistos “aguas arriba del rio Jiguamiandó en Urada, en dirección al resguardo Alto Guayabal”. - El 24 de abril de 2017, hombres armados de las AGC habrían hecho presencia en el sector Los Piscingos, territorio colectivo de Curvaradó, ejerciendo control en la carretera que desde Mutatá se dirige hacia Pavarandó y Cobalso, y movilizándose en motos de alto cilindraje. Alrededor de 60 integrantes de la comunidad habrían sido obligados a participar de una reunión convocada por las AGC donde se les anunció sobre un plan de “limpieza social”.

• El 25 de abril de 2017 personas indígenas habrían sido despojadas de sus propiedades en la quebrada Churidó en un retén establecido por las AGC. - El 4 de mayo de 2017, las AGC presuntamente informaron a la comunidad de Belén de Bajirá que “iban a redoblar sus operaciones en las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó … por lo que ubicarían 16 puntos de control”. Este grupo armado habría dicho que los líderes de las comunidades se equivocan al denunciarlos, y reiteraron sus amenazas contra los líderes de Jiguamiandó Manuel Denis Blandón, Melkín Romaña, Romualdo Salcedo, Erasmo Sierra, Benjamin Sierra, Argemiro Bailarín. Manuel Denis Blandón habría sido amenazado desde el 2014. De igual manera, se habría amenazado a los siguientes líderes y lideresas de Curvaradó Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González, y James Ruíz; al igual que a los líderes de Pedeguita y Mancilla Hernán Bedoya y Mary Hernández. - El 5 de mayo de 2017 se habrían observado a 300 integrantes de las AGC con camuflados y armas de fuego en la quebrada La Mina y La Dominga, territorio de Jiguamiandó. Ese mismo día las AGC habrían enviado un mensaje a los líderes y lideresas de Jiguamiandó, Curvaradó, Pedeguita y Mancilla, requiriéndoles que tenían que reunirse “para acordar mecanismos para la restitución de algunas tierras y acercarse a sus apuestas

productivas”. Ese mismo día, dos hombres presuntamente pertenecientes a las AGC hicieron presencia en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza y se les habría visto golpeando la puerta de una de las viviendas de la comunidad. - El 19 de mayo de 2017, presuntos hombres pertenecientes a las AGC habrían hecho presencia en la comunidad de San Rafael y convocado a una reunión expresando que no iban a abandonar la zona. - El 22 de mayo de 2017, presuntos integrantes de las AGC habrían hecho presencia en las comunidades de Llano Rico, Apartadocito y en el punto conocido como Casa Negra, territorio de Curvarado, donde se habría sostenido una reunión, informando “que las personas de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad pertenecen a la insurgencia”. Dichas palabras fueron interpretadas como amenazas a las siguientes lideresas y líderes: José Francisco Álvarez, Manuel Denis Blandón, Melkín Romaña, Romualdo Salcedo, Erasmo Sierra, Bejamín Sierra, Argemiro Bailarín, Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Eleodor Polo, Yomaira González, James Ruíz, Hernán Bedoya, y Mary Hernández, quienes presuntamente han denunciado a estos grupos y sus operaciones. - El 28 de mayo de 2017, un particular presuntamente amenazó a la familia Durango, la cual habita en el territorio colectivo de Curvaradó. - El 31 de mayo de 2017, integrantes de las AGC habrían llegado hasta la comunidad de La Nevera, consejo comunitario de Cetino, territorio colectivo de Curvaradó, y presuntamente se “llevaron” al señor Rafael

Truaquero, un reclamante de tierra, cuyo cuerpo habría sido encontrado el 1 de junio de 2017 con impactos de bala y golpes. - El 3 de junio de 2017 habría sido asesinado Efrén Santo del corregimiento Campoalegre, quien sería líder e impulsor del proceso de restitución de tierras del consejo comunitario Pedeguita y Mancilla. - El 25 y el 30 de junio de 2017, una de las hermanas de Enrique Cabezas, un líder de restitución de tierras, habría sido intimidada por integrantes de las AGC, “quienes le expresaron que debía decirle a su hermano que no se metiera en recuperar las tierras” en posesión de un tercero. - El 1 de julio de 2017, integrantes de las AGC presuntamente hicieron presencia en el caserío de Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, y se habrían ubicado en la entrada de la Zona de Biodiversidad “El Paraíso” de propiedad del líder reclamante Enrique Cabezas. Las personas armadas alegadamente esperaron al reclamante de tierras por aproximadamente dos horas. - El 7 de julio de 2017, integrantes de las AGC habrían ingresado a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza, ubicada dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó, y habrían fotografiado a las personas que encontraban a su paso y escrito en paredes “somos las AGC y llegamos para quedarnos”. - El 9 de julio de 2017, viviendas en el caserío de La Iguana, territorio colectivo de Curvaradó, presuntamente

“amanecieron pintadas con grafitis que decían ‘AGC llegamos para quedarnos’”. - El 30 de junio de 2017 habría sido asesinado Eugenio Rentería, quien sería líder afrodescendiente y promotor del Paro Cívico del Chocó. - El 6 de agosto de 2017, se habría observado la presencia de integrantes de las AGC en la comunidad de Puerto Lleras, territorio colectivo de Jiguamiandó, y se les habría visto dirigirse hacia la comunidad de Pueblo Nuevo en Jiguamiandó, donde habrían pasado la noche. Al día siguiente se les habría visto dirigirse con posible dirección a la comunidad del Ovo, territorio colectivo de Jiguamiandó. - El 8 de septiembre de 2017 se habría presentado un enfrentamiento armado entre integrantes de las AGC y el ELN en el punto conocido como El Guamal, cerca de las Zonas Humanitarias de Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y el Resguardo Humanitario de Urada. - El 23 de septiembre de 2017 se habrían presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla del ELN cerca de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y la comunidad de Santa Fe de Churima, donde se escucharon bombardeos y disparos. Como resultado de este enfrentamiento, una escuela y varias viviendas presuntamente resultaron afectadas. - El 23 de septiembre integrantes de la familia Romaña Hernandez se habría desplazado de su vivienda, y al regresar a la misma presuntamente se encontraba ocupada por integrantes del Ejército de Colombia, quienes al ver que los integrantes de esta familia los habrían acusado de ser auxiliadores de la guerrilla, y a una de las

integrantes de la familia se les amenazó “con introducirle agujas en su cuerpo para que confesara”. La vivienda habría sido saqueada y la familia habría tenido que desplazarse forzadamente “hacia la comunidad de Caño Seco, dentro del territorio colectivo de Jiguamiandó”. El Ejército habría ocupado la vivienda hasta el 28 de septiembre de 2017 y habría emitido un comunicado de prensa el 25 de septiembre de 2017, mediante el que caracterizaría su accionar como un asalto a “un campamento del frente de guerra occidental del ELN”. - El 12 de octubre de 2017, entre 30 y 40 hombres armados presuntamente pertenecientes a la guerrilla del ELN habría hecho presencia en la zona humanitaria de Nueva Esperanza, territorio de Jiguamiandó. La comunidad habría expresado que “el ingreso de hombres armados estaba prohibido”. Sin embargo, los integrantes del ELN alegadamente indicaron que “llegaron para quedarse” y además acusaron a la comunidad de esconder “a dos paramilitares”. Dichas personas habrían abandonado la comunidad el 13 de octubre de 2017. - El 28 de octubre de 2017, Willington Cuesta, líder comunitario del territorio colectivo de Jiguamiandó, presuntamente fue amenazado por un integrante de las AGC quien le expresó “usted es el hijo de puta que me quiere sacar, te voy a matar”. - El 3 de noviembre de 2017, el ELN habría instalado minas antipersonales en algunas comunidades del territorio Colectivo de Jiguamiandó, los cuales incluirían a Urada, Puerto Lleras, el Ovo, Vergel, la Laguna,

Bracitos o Pueblo Pipón. El ELN habría sugerido a la población no utilizar “los caminos y transportarse casi que exclusivamente por los ríos”. - Los días 8 y 9 de noviembre de 2017, integrantes de las AGC habrían hecho presencia en el cabildo de Nuevo Cañaveral, del Resguardo Embera de Urada Jiguamiandó. Las AGC habrían obligado a las y los comuneros a asistir a una reunión, donde les habrían indicado que “como el ELN estaba sembrando minas antipersonales, ellos debían hacer lo suyo”. - El 9 de noviembre de 2017, Mario Castaño, un líder de la Zona de Biodiversidad Árbol del Pan ubicada en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó, habría sido convocado a una reunión para que conociera a los “nuevos mandos” de la estructura del “Clan del Golfo”. - El 11 de noviembre de 2017, integrantes del ELN presuntamente ingresaron a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, territorio colectivo de Jiguamiandó, y habrían informado a la comunidad sobre “la instalación de minas antipersonal y que debían abstenerse de transitar por caminos…”. - El 12 de noviembre de 2017, presuntos integrantes de las AGC habrían hecho presencia en la comunidad de Yrada, territorio colectivo de Jiguamiandó. - El 13 de noviembre de 2017, se habría presentado un enfrentamiento entre integrantes del ELN y las AGC, por lo que los habitantes del consejo comunitario de Urada y Resguardo Embera de Nuevo Cañaveral habrían

quedado en medio del fuego cruzado. Según la representación, 3 integrantes de las AGC habrían resultado muertos. - El 14 de noviembre de 2017, integrantes del ELN habrían ingresado al Resguardo Embera de Alto Guayabal, territorio de Jiguamiandó, e informado a la comunidad que debería concentrarse en el caserío y que no debían ingresar a la zona selvática. - El 16 de noviembre de 2017, se habría presentado un nuevo enfrentamiento armado entre personas que portaban prendas militares quienes dispararon a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo y recibido una respuesta de integrantes de la guerrilla del ELN. - El 27 de noviembre de 2017 el ELN habría ingresado al caserío de Llano Rico, territorio colectivo de Curvaradó, en búsqueda de integrantes de las AGC. - El 28 de noviembre de 2017 30 hombres armados y vestidos de civil habrían hecho presencia en la Zona de Biodiversidad El Paraíso, ubicada en la comunidad de Apartadocito. - El 26 de noviembre de 2017 habría sido asesinado el líder Mario Castaño Bravo en la finca la Florida, territorio colectivo de La Larga Tumaradó, por personas armadas en presencia de su esposa y de “un nieto menor de edad”. El señor Castaño habría sido integrante del consejo comunitario y de la Asociación Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla (AFLISCOC) y de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ).

• En noviembre de 2017 el señor Elías Antonio Úsuga, miembro del consejo comunitario de Urada, habría sido retenido por hombres armados desconocidos en su casa ubicada en el sector de El Tamboral, territorio colectivo de Jiguamiandó. Estos hombres armados habrían obligado al señor Úsaga a “servirles de guía en medio de la selva para conocer el territorio” durante dos días. - El 8 de diciembre de 2017 las AGC habrían asesinado a Hernán Bedoya, líder y reclamante de tierra, en el caserío de Playa Roja, territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla (municipio de Riosucio). - El 11 de diciembre de 2017, día en el que se llevó a cabo el sepelio del señor Hernán Bedoya, presuntos integrantes de las AGC habrían seguido el recorrido del féretro, y luego del sepelio tres hombres habrían dado seguimiento particular a los hijos e hijas del líder y a miembros de las Comisión de Justicia y Paz. - El 14 de diciembre de 2017 se habría conocido un plan por parte de las AGC para asesinar a Fray Tuberquia y Santos Torres, integrantes del Consejo Menor de Curvaradó, y en contra de los lideres Miguel Hoyos, Eustaqui Polo y la lideresa Maria Ligia Chavera. Ese mismo día, Ledys Tuiran y su hijo de 16 años habrsíia nno s ipdood oembjoesto c done aumsteedn,a szeagsu dime oms uceornt esu p hoirjo parte de las AGC. Las AGC habrían indicado que Ledys Tuirán sería un obstáculo para

la implementación de proyectos agroindustriales, por lo que la amenazaron diciéndole: “ ”.

10. La representación señaló que, según la información que ha recibido, las AGC han declarado como objetivo militar a las siguientes personas: i) en el territorio colectivo de Jiguamiandó: Manuel Denis Blandón, Mlkín Romaña, Romualdo Salcedo, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Argemiro Bailarín, Félix Alvarado; ii) en el territorio colectivo de Curvaradó: Maria Ligia Chaverra, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González, James Ruíz, Enrique Petro, Enqrique Cabezas, y Luis Felipe Triana; y iii) en los territorios

Pedeguita y Mancilla: Mary Hernández, Ledys Tuirán, y Marlene Benítez.

11. Según la representación, las medidas materiales de protección que el Estado estaría adoptando a favor de algunos líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó no serían suficientes para superar la situación de grave riesgo. Indicaron que tales medidas deberían estar acompañadas de “acciones de seguridad contundentes y conducentes a revertir los escenarios de contexto que en la actualidad están generando nuevos procesos de despojo territorial y desplazamientos forzados”. La representación cuestionó que el Estado habría omitido hacer referencia a “que la personas beneficiarias de medidas [de protección] están siendo blanco de nuevas amenazas y contradictoriamente la respuesta estatal se orienta al desmonItVe .p rogreRsiEvSoP dUeE lSasT Adé DbEileLs E mSTedAiDdaOs EdNe pRrEoLtAecCcIiÓónN oCtOorNg aLdOaSs ”H. E CHOS ALEGADOS

12. El 16 de junio y el 7 de julio de 2017, el Estado informó sobre las medidas de protección que se estarían adoptando a favor de las personas beneficiarias y propuestas beneficiarias, el estado de las investigaciones seguidas por los hechos alegados, y sus observaciones sobre la solicitud de ampliación.

13. El Estado informó que se dispuso una compañía militar “encargada de mantener la seguridad en las Bases fijas y de la vía que de Belén de Bajira conduce al casco urbano del municipio de Riosucio” en el departamento del Chocó. Según el Estado, las autoridades reconocen que “los ríos de estos dos territorios que reciben el mismo nombre, constituyen corredores de movilidad para los grupos ilegales que ejercen actividades ilegales”.

14. Con respecto de las medidas de protección adelantadas por las fuerzas militares a favor de las personas beneficiarias, el Estado señaló que se hace presencia en el área a través del Batallón de Selva No. 54 “Bajo Atrato”, con jurisdicción en la zona. Con respecto a los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, se informó que el Ejército “destinó una compañía de cuatro Pelotones para realizar controles militares en el área, patrullajes en la zona y establecer dispositivos de seguridad en inmediaciones de los caseríos, áreas rurales y corredores de movilidad de los citados territorios colectivos”. El Estado hizo referencia a diferentes operativos militares adelantados entre el 2015 y 2016 en contra de grupos armados ilegales que operarían en la zona. En particular, se resaltó que entre 2015 y mediados de 2017 se adelantaron

40 operativo operativos dirigidos a neutralizar las bandas criminales, los cuales habrían dado resultados positivos. También se indicó que se han desarrollado varias jornadas de apoyo al desarrollo social, mediante la prestación de “servicios básicos generales en medicina, higiene y recreación”. Asimismo, indicó que se designó “un Inspector de Policía Ad Hoc que de manera conjunta con la Fuerza Pública y otras entidades del Estado, han puesto en marcha un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo y hasta el momento han adelantado tres (3) desalojos de ocupantes de mala fe en la cuenca del río Curvaradó –, los cuales estaban dificultando los procedi