CSDJ - F27001110200020140037001ADJUNTA20191112110838-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., octubre dos de dos mil diecinueve Magistrado Ponente: CARLOS MARIO CANO DIOSA Radicación No. 270011102000201400370 01 Aprobado según Acta No. 072 de la fecha. Referencia. Funcionario en Consulta ASUNTO A TRATAR Negada la ponencia al Magistrado FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL en Sala No. 103 de noviembre 21 de 2018, correspondería a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre la sentencia proferida el 30 de noviembre de 20161 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DE CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR EL MISMO TÉRMINO al doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ en su calidad de FISCAL 1Magistrada Rocío Mabel Torres Murillo (Ponente) en sala con el Magistrado LUIS HERNANDO CASTILLO RESTREPO Folios 310 – 333 c.o. de primera instancia. SÉPTIMO SECCIONAL DE LA UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE JUSTICIA DE QUIBDÓ, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4 ibídem y artículo 196 de la ley

734 de 2.002 por inobservancia del artículo 194 de la ley 600 de 2.000, de no ser porque se advierte la ocurrencia de una causal de nulidad que impide emitir un pronunciamiento de fondo. SITUACIÓN FÁCTICA Y ANTECEDENTES PROCESALES Se originó el presente proceso disciplinario en compulsa de copias ordenada por el Fiscal Once Delegado ante el Tribunal Superior de Quibdó, a través de la Resolución Interlocutoria N0. 003 del 28 de noviembre de 2.014 en la que se resolvió recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor GILBERTH PALACIOS MOSQUERA, contra la Resolución del 10 de julio de 2.012 proferida por el Fiscal Séptimo Seccional de Quibdó que declaró la prejudicialidad penal en proceso ejecutivo radicado 2009-00754 adelantado en el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó. El acápite de “OTRAS DECISIONES” de la precitada decisión de alzada indicó: “El estudio de la actuación muestra como el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el Dr. GILBERTH PALACIOS MOSQUERA, se dilató en su trámite, a tal punto que para el 19 de septiembre de 2.012, existe la constancia secretarial de pase a despacho firmada por la Asistente de Fiscal III, ANNY RAQUEL MENA MARTÍNEZ, para que el Fiscal Seccional competente decidiera el recurso incoado. Situación que sólo vino a ocurrir el 24 de octubre de 2.014. Se avizora un actuar que comporta una dilación en el trámite

procesal, por lo cual se procederá por la Secretaria del despacho a compulsar las copias disciplinarias al Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su resorte.” Indagación Preliminar. Mediante proveído del 5 de diciembre de 2014, el Consejo Seccional de Instancia, ordenó iniciar la indagación preliminar, solicitando a la subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión para que certificara quienes habían fungido como Fiscal Séptimo Seccional de Quibdó, entre el 19 de septiembre de 2012 al 24 de octubre de 2014, así como el tiempo laborado, el salario devengado y los actos administrativos mediante los cuales fueron vinculados, también requirió la remisión de la investigación penal adelantada bajo el número 163439 a efectos de adelantar inspección judicial.2 El 14 de enero de 2015, el abogado José Félix Gruesso Mena como agente del Ministerio Público, se notificó personalmente del auto que ordenó la apertura de la indagación preliminar.3 El 23 de enero de 2015, la Fiscalía Decima Seccional de Quibdó- Choco envió en calidad de préstamo la investigación penal adelantada bajo el número de radicado 163439, sin embargo al no coincidir con el asunto objeto de investigación el Seccional de instancia mediante proveído del 9 de febrero de 2016 iteró la solicitud requiriendo a la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de delitos contra la administración pública.4 2 Folios. 12 y 13 c.o. 3 Folio 14 c.o. 4 Folios. 17 y 19 c.o

Con fecha 13 de febrero de 2015 la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión informó que entre el 19 de septiembre de 2012 y el 24 de octubre de 2014 se desempeñaron como Fiscal Séptimo Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, el profesional del Derecho PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ (desde septiembre 29 de 2.012 hasta el 20 de abril de 2.014) y el abogado LUIS EMIRO ASPRILLA MOSQUERA (de abril 21 a Octubre 24 de 2.014). Indicó que el salario devengado ascendía a $7.172.802, allegó a su vez los correspondientes actos administrativos por medio de los cuales fueron designados como fiscales.5 El 17 de junio de 2015, la Fiscalía Décima Seccional remitió proceso con radicado 163429 cuyo denunciante fue Juan Bautista Amud, en consecuencia se efectuó la atinente inspección judicial el 19 de agosto de 2015, en donde se destacaron las actuaciones más relevantes.6 Apertura de Proceso Disciplinario. El 25 de agosto de 2015, el a quo determinó que estaba plenamente individualizado el posible autor de la falta y en consecuencia abrió investigación disciplinaria contra el doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ, en su calidad de Fiscal Séptimo Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, para la época de los hechos investigados, ordenándose trasladar las estadísticas de la Fiscalía

Séptima Seccional de Quibdó correspondiente a los años 2012 y 2013, que obraban dentro del proceso disciplinario adelantado bajo el número de radicado 2012-47; igualmente requirió a la Fiscal Décima Seccional de Quibdó 5 Folios. 22 a 30 c.o. 6 Folios 47 al 53 c.o. a efectos de que informara cuando había recibido la investigación penal seguida bajo el número 163429.7 Con fecha 27 de agosto de 2015 el doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ, en su calidad de Fiscal Séptimo Seccional de Quibdó, se notificó personalmente del auto que abrió la investigación disciplinaria en su contra.8 El 1 de septiembre de 2015 la Fiscalía Décima Seccional de Quibdó, Chocó, informó que la investigación penal de radicado número 163429 adelantada por el delito de peculado por apropiación, fue asumida para continuarla el 6 de junio de 2014.9 Auto de cierre de investigación disciplinaria. Mediante auto del 11 de diciembre de 201510, el a quo declaró cerrada la etapa de investigación de conformidad con el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002. Decisión que se notificó personalmente tanto al disciplinado como al Ministerio Público en fecha 15 de diciembre de 2.015.11 Mediante proveído del 19 de enero de 2016 la Magistrada Ponente declaró desierto el recurso de reposición interpuesto contra el auto que cerró la investigación disciplinaria por cuanto el mismo no fue sustentado.12 Pliego de Cargos. 7 Folios 54 al 57 c.o.

8 Folio. 60 c.o. 9 Folio 63 c.o. 10 Folio 76 c.o 11 Folios. 78 y 79 c.o. 12 Folio 81 c.o. Mediante proveído adiado el 11 de febrero de 201613 se formularon cargos contra el funcionario PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ en su calidad de Fiscal Séptimo Seccional de Quibdó, por presuntamente haber transgredido el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 4 ibídem y artículo 196 de la ley 734 de 2.002 por inobservancia del artículo 194 de la ley 600 de 2.000, conducta calificada como grave culposa. El Seccional de Instancia una vez revisó las pruebas que reposaban en el expediente del proceso disciplinario, encontró que el doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ, fungió como Fiscal Séptimo Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, desde el 29 de septiembre de 2012 hasta el 20 de abril de 2014, y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía Once Seccional de Acandí (Chocó), mediante resolución No. 0085 del 10 de abril de 2014, la cual regia a partir del 21 de abril de 2014. Se observó en inspección judicial que el proceso penal seguido con el radicado 163429, se adelantó en contra el señor Carlos Alberto García Verbel por el delito de peculado por apropiación, encontrando que dicha investigación tuvo un trámite normal hasta el 19 de septiembre de 2012, momento para el

cual ingresó al despacho del Fiscal investigado. Se reprochó que dicho expediente permaneció inactivo desde entonces y hasta el 20 de abril de 2014, momento para el cual según resolución No. 0085 del 10 de abril de 2014, el disciplinable fue trasladado al municipio de Acandí (Chocó) a partir del 21 de abril de 2014, como se observó en precedencia, coligiendo que permaneció al despacho un (1) año y siete (7) meses al despacho del investigado. 13 Folios 88 – 98 c.o. Consideró que posiblemente con dicha conducta incursionaba en falta disciplinaria por cuanto el funcionario investigado sobrepasó los términos señalados por la Ley para resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación elevado por el apoderado del procesado Carlos Alberto García Verbel y así incurrió en inobservancia a la disposición establecida en materia penal por el artículo 194 de la Ley 600 de 2000. Calificó el a quo la falta como grave, por cuanto su proceder omisivo afectó el normal desarrollo de la actuación, conducta que se le atribuyó al investigado como culposa, por cuanto faltó al deber de cuidado en los asuntos sometidos a su cargo, generando un mal ejemplo en administrados y funcionarios, y causando un atraso al trámite normal del proceso. El 12 de febrero de 2016, el agente del Ministerio Público y el funcionario investigado, se notificaron de la decisión que formuló pliego de cargos, momento para el cual también se les corrió traslado, de conformidad con los artículos 169 de la Ley 734 de 2002, y el artículo 55 de la Ley 1474 de 2011.14

Descargos del disciplinable. En fecha 17 de marzo de 2.016 el doctor RENTERÍA RAMÍREZ presentó su escrito de descargos, adiado a folios 102 al 108 del expediente. Inició manifestando que si bien desde el punto de vista objetivo se presentaba una mora, en dicho actuar no estaba contenido el elemento subjetivo, expuso que la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, con la entrada en vigencia del sistema Penal Oral Acusatorio quedó como mixta, en consecuencia la carga laboral se 14 Folios 100 y101 c.o. incrementó, aunado a que a los Fiscales les correspondía muchas veces asumir la carga solos por cuanto los asistentes salían a disfrutar vacaciones o permisos, sumado a que debía manejar procesos complejos y de sumo cuidado, debiéndole dar prioridad a los que contaban con detenido, así como la asistencia a audiencias preliminares, indicando que en diversas ocasiones debían amanecer en el trámite de dichas audiencias sin discriminar el día. Solicitó como pruebas que fueran allegadas las resoluciones 060 del 1 de agosto de 2006 mediante la cual se le designó como Fiscal coordinador y aquella que ordenó que la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, quedara como mixta. Requirió que se estableciera cuántos procesos bajo la Ley 600 de 906 adelantó la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, solicitó oficiar a la Cárcel Distrital “Anayancy” de Quibdó a efectos de determinar cuántas personas

fueron detenidas durante el lapso en el cual se le endilgó la falta, así como a la Dirección Seccional de Fiscalías con el fin de que allegara copia de la resolución por medio de la cual se reasignaron procesos debido a la congestión. Como testimoniales pidió escuchar a Olga Emilce Peña, Anny Raquel Mena Martínez, James Emilio Chávez Rentaría, Luz del Carmen Chala Mena, Juan Evangelista Gruesso Rodríguez y Renelmo Eladio Torres Martínez, quienes para ese momento estuvieron en calidad de asistentes de la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó. Pruebas en Descargos. Mediante auto del 30 de marzo de 201615 la falladora de instancia decretó periodo probatorio de conformidad con el artículo 168 de la Ley 734 de 2002, en consecuencia accedió a la totalidad de la solicitud probatoria desplegada por el funcionario investigado y de oficio ordenó a la Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana de Chocó, para qué allegara copia de las estadísticas de los años 2012 y 2013 de la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, igualmente requirió al Centro de Servicios Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Quibdó con la finalidad de conocer copia de las planillas en donde aparecieran relacionadas las audiencias programadas por los diferentes juzgados para la Fiscalía que ocupo el disciplinable desde septiembre de 2012 al mes de abril de 2014. Decisión notificada personalmente tanto al

disciplinado como al agente del Ministerio público en fecha 19 de abril de 2016 conforme a las constancias secretariales que obran a folios 121 y 122 del c.o. El 26 de abril de 2016, el Centro de Servicios Judiciales de Quibdó informó que no era posible remitir las planillas en donde aparecieran relacionadas las audiencias programadas para la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, por cuanto se hablan ocasionado daños en el servidor generando perdida de información.16 El 10 de mayo de 2016, la Fiscalía General de la Nación allegó copia de la resolución No. 060 del 1 de agosto de 2006, mediante la cual se designó al investigado como Fiscal coordinador.17 15 Folios 110 al 112 c.o. 16 Folio 123 c.o. 17 Folios. 125 y 126 c.o. El 14 de junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación allegó copia de la resolución No. 2-1003 del 26 de marzo de 2012, mediante la cual encargo al investigado como director seccional de fiscalías de Quibdó en el periodo comprendido del 26 de marzo de 2012 al 19 de abril de 2012, acta de posesión No. 63 del 28 de marzo de 2012 según encargo de la resolución anterior; resolución No. 00-183 del 1 de abril de 2013 mediante el cual se encargó al disciplinable como Fiscal delegado ante los jueces especializados del 1 de abril de 2013 hasta el 6 de abril de ese mismo año, acta de posesión No. 107 del 1 de abril de 2013 aceptando el encargo anterior; igualmente se

aportaron los actos administrativos mediante los cuales se concedieron vacaciones entre el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2013 al 26 de enero de 2013 y del 2 de enero de 2014 al 26 de enero de 2014.18 El 20 de junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación allegó las estadísticas de los procesos tramitados bajo la Ley 600 del 2000, y Ley 906 del 2004, de los años 2011, 2012, 2013 y de los meses de enero a abril del 2014, también se aportaron otras resoluciones mediante las cuales se le asignó al investigado en encargo el apoyo de otros despachos.19 En fecha 24 de junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación allegó copia de la Resolución No. 140 del 20 de diciembre de 2016, por medio de la cual se redistribuyó la planta de personal para el nuevo sistema penal oral acusatorio y la Resolución No. 15 del 23 de enero de 2012, por medio de la cual se amplió la descongestión a otros casos de la Ley 600 de 2000.20 El 28 de junio de 2016, el INPEC informó que no encontró boletas de detención emitidas por la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos 18 Folios 136 a 143 c.o. 19 Folios 149 a 224 c.o. 20 Folios 236 a 259 c.o. contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, entre los años 2012 a 2014.21 El señor Juan Evangelista Gruesso Rodríguez rindió declaración el 25 de julio

de 2016, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio Chocó, en donde manifestó que había fungido como asistente de Fiscal IV adscrito a la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, refirió que al desempeñar el cargo en varias oportunidades no le era posible recordar las fechas, afirmó que se adelantaron procesos con la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004 hasta el año 2015, finalmente afirmó que dicha Fiscalía era una de las que más carga laboral tenía aunado a la complejidad de los asuntos que manejaba.22 En fecha septiembre 1 de 2016, el señor James Emilio Chávez Rentería rindió declaración ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Huila, afirmó que se desempeñó como asistente de Fiscal cuando el doctor PEDRO INOCENCIO RENTERIA RAMÍREZ fungía como Fiscal Séptimo Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, refirió que en dicho despacho habían aproximadamente 80 procesos dentro de la Ley 600 del 2000, y 320 carpetas dentro de la Ley 906 de 2004, aclaró que la mayor parte del tiempo fue designado para cubrir vacaciones e incapacidades de funcionarios adscritos a la URI de Quibdó, indicó que en muchas ocasiones el titular del despacho debía dejar la Fiscalía cerrada a efectos de asistir a las audiencias.23 21 Folio 260 c.o. 22 Folios 280 y 281 c.o.

23 Folio 302 c.o. Alegatos de Conclusión. Del 25 de octubre de 2016 al 8 de noviembre de 2016, se corrió traslado a los intervinientes a efectos que procedieran a presentar sus alegatos de conclusión, término dentro del cual no hubo pronunciamiento alguno por parte del disciplinado, tal y como lo enseñan las constancias secretariales adiadas a folios 307 y 308 del c.o. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, profirió sentencia el 30 de septiembre de 2016, por medio de la cual se declaró responsable al doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ, en su calidad de Fiscal Séptimo Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó al haber trasgredido el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y en consecuencia lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES EN EL

EJERCICIO DEL CARGO, E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO

TÉRMINO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

En acápite de imputación jurídica iteró que la falta endilgada al disciplinado y por la cual se le formuló pliego de cargos, se fundamentó en la posible trasgresión al numeral 15 del artículo 153 de la ley 270 de 1.996, en concordancia con los artículos 196 de la ley 734 de 2.002, por inobservancia del artículo 194 de la ley 600 de 2.000, y del principio consagrado en el

artículo 4 de la ley 270 de 1.996. Señaló el fallador de instancia que el Fiscal RENTERÍA RAMÍREZ sobrepasó los términos para resolver el recurso de reposición y en subsidió de apelación, generándose con ello la configuración material de la falta, prosiguiendo el correspondiente análisis de lo que demuestran las pruebas recaudadas y su confrontación con los argumentos defensivos expuestos por el disciplinado. Al respecto, consideró como demostrado que para la época de los hechos materia de investigación disciplinaria, la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó tramitaba procesos de la Ley 600 de 2000 como de la Ley 906 de 2004, con relación al encargo de labores administrativas la primera instancia encontró en ese sentido 13 resoluciones, 6 del año 2012 y 7 del año 2013, sin embargó se constató que después del mes de octubre del año 2013, no fue encargado de ningún otro despacho fiscal y pese a ello se mantuvo la omisión hasta el mes de abril de 2014. Así mismo, desestimó la manifestación desplegada por el disciplinable en cuanto a que en diversas ocasiones le correspondía trabajar solo, por cuanto de conformidad con la Resolución número DSFQ-140, del 20 de diciembre de 2007, la planta del personal de la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Quibdó, contaba con un asistente, igual que los demás despachos del país, tampoco se tuvo en

cuenta lo referente a los procesos con detenido en tanto según respuesta del 28 de mayo de 2016, el director de la cárcel de “Anayancy” de Quibdó informó que no existía boleta de detención entre el año 2012 al 2014. Resaltó que de conformidad con las estadísticas desde el septiembre 2012 hasta el mes de abril de 2014, de conformidad con la Ley 600 de 2000, y según estadísticas según Ley 906 de 2004, de septiembre del 2012 a abril de 2014, se coligió que para la fecha que ingresó al despacho el proceso causa de la investigación disciplinaria, contaba con un número de 59 procesos según Ley 600 de 2000, carga que se mantuvo hasta el mes de febrero de 2014, aunado a que los ingresos nuevos no superaban los cinco (5) procesos, sumado a que a una se limitaron las actuaciones en juicio dentro del lapso en el cual se incurrió en mora, y la producción de autos interlocutorios fue de dos (2) en septiembre de 2012, dos (2) en abril de 2013, uno (1) en mayo de 2013, uno (1) en septiembre de 2013, y dos (2) en noviembre de 2013. Continuó con la relación de los procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, donde se encontró que había a su cargo 150 procesos, de los cuales seis (6) estaban en etapa de juicio, encontrando que los procesos se aumentaron hasta alcanzar 200 en abril de 2014, concluyendo que la producción no fue considerable ni alcanzó los criterios para justificar una dilación en el trámite,

enfatizando que en 19 meses de mora, se produjeron 85 actuaciones de fondo con un valor de 0.22 actuaciones por día, y al constatar que en juzgamiento habían 7 procesos no se podía considerar como una carga exagerada. Concluyó que las razones expuestas por el funcionario investigado, no justificaban la mora que se presentó dentro del proceso penal bajo el número de radicado 163429, advirtiéndose negligencia por parte del disciplinable, más aun cuando la producción de su despacho fue mínima, reprochable por cuanto la actuación no requería de mucho estudio, al tratarse de la concesión del de apelación, conducta que era manifiestamente antijurídica por cuanto vulneró el principio de celeridad y el deber consagrado en el artículo 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Le endilgó el Seccional de Instancia la comisión de la conducta a título de culpa, en razón a que faltó al deber de cuidado, sobre los asuntos sometidos a su consideración, razón por la cual no actuó dentro de los términos para resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación dentro del proceso No. 163429, indicó que se materializó cuando el funcionario no cumplió con las funciones a su cargo, generando con ello una mora de diecinueve (19) meses. Dosificación de la sanción. Trayendo en cita el numeral 3 del artículo 44 de la ley 734 de 2.002, el a quo señaló que: “Consecuente con lo anterior y en razón a que la falta en la que incurrió el doctor PEDRO INOCENCIO RENTERÍA RAMÍREZ, se

calificó como grave culposa, al tenor de la norma transcrita anteriormente y que el disciplinado no le figuran sanciones disciplinarias, según se desprende del certificado No. 88524377 del 22 de noviembre de 2016, expedido por la Procuraduría General de la Nación (Fl. 321 c.o.), la sanción a imponer al mismo, será la de SUSPENSIÓN DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL por el mismo término para el ejercicio de la función pública.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de consulta en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política. Facultad legal que se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Fines del grado jurisdiccional de consulta. En desarrollo de lo establecido en materia disciplinaria por el artículo 208 de la ley 734 de 2.002, la consulta está reconocida como grado jurisdiccional, es decir, como expresión de la potestad pública y no recortada de la impugnación del afectado; así entonces, opera como expresión de la soberanía establecida en el artículo 3º de la CN, de la función pública jurisdiccional o administrativa propia del Estado (artículos 228 y 116 ibídem). En la sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta en los siguientes términos:

"La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo

de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución. "Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales....”. Anteriormente, en la sentencia C-055 de 1993 había afirmado la Corte: "(…) que ésta es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate". Bajo las anteriores argumentaciones jurídicas se tiene que no le es dable al Ad quem hacer más gravosa la situación del sentenciado, limitándose exclusivamente a verificar la legalidad tanto de la actuación procesal como la decisión impartida por el Juez de Instancia que resolvió sancionar a la disciplinado. De la declaratoria oficiosa y las causales de nulidad. Como se dijo anteriormente sería del caso pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, de no ser porque existe irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, por la cual se debe declarar la nulidad en aplicación del artículo 144 de la ley 734 de 2.002 que dispone: “Artículo 144. Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma

anterior, declarará la nulidad de lo actuado.” En efecto, debe indicarse que uno de los fines esenciales del Estado Colombiano incorporados a nuestro ordenamiento constitucional, y para el asunto que nos ocupa, lo enmarca el artículo 29 de la Carta Política, pues constituye el sustento axiológico del derecho fundamental al debido proceso y, por ende, del conjunto de garantías previstas en nuestro derecho procesal. De allí, surge el deber de todas las autoridades de seguir