CSDJ - F11001010200020180026100ADJUNTA20190408121600-2019

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Bogotá D. C., 04 de abril de 2019 Aprobado según Acta de Sala No. 19 de la misma fecha Magistrada Ponente: Dr. Camilo Montoya Reyes Radicado: No. 110010102000201800261 00 ASUNTO Procede la Sala a pronunciarse sobre el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la FISCALÍA 06-002 SECCIONAL DE POPAYÁN CAUCA y el GOBERNADOR DEL CABILDO INDÍGENA DE POBLAZÓN POPAYÁN , para conocer de la investigación penal que se adelanta contra el señor DANIEL RICARDO MACA NARVÁEZ, por el delito de Fabricación, Tráfico, y Porte Armas de Fuego o Municiones. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 1.- El 5 de enero de 2018, según el informe ejecutivo –FPJ - 31 proferido por la Seccional de Investigación Criminal del Cauca – DIJIN URI de Popayán, se acercó una persona identificada como DANIEL RICARDO MACA NARVAÉZ al conjunto residencial Villa del Viento e intentó ingresar de manera forzada a dicho conjunto manifestando que necesitaba llegar a la casa No 60, por otra parte le solicitó al portero una ambulancia, pero una vez ingresa al conjunto el señor MACA NARVÁEZ se desmayó y el portero se percata que portaba un arma en el cinturón. 2.- En las calendas de enero 30 de 2018, mediante OFICIO DSC - 10 -21 SSP 46 de

la Fiscalía 06-002, del departamento del Cauca, municipio de Popayán, manifiesta la competencia positiva suscitada con el Resguardo Indígena De Poblazón, a su vez indica que para dar trámite, se deben tener en cuenta los hechos de la investigación, 1 Folio 5 Cuaderno Original

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones conocidos a través de un informe de Policía de Vigilancia, presentada por el señor Duvan Eduardo Lucumi ante la Fiscalía. 3.- El señor Eduardo Maca, en calidad de Gobernador del Cabildo Indígena de Poblazón, mediante oficio de fecha el 9 de enero de 20182, solicita se le reconozca competencia para adelantar investigación y juzgamiento al señor comunero DANIEL RICARDO MACA NARVÁEZ, a quien se le imputa el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego; dentro de la solicitud se anexa certificación del Cabildo Indígena de Poblazón Popayán, en el que se evidencia que reside y se encuentra inscrito en el listado censal del cabildo el comunero anteriormente mencionado.

A su vez sustenta su solicitud trayendo a colación la Sentencia T921/2013 de la Corte Constitucional, de los elementos para la competencia de la Jurisdicción indígena de esta manera: “Elemento objetivo: la verificación de la naturaleza de los hechos el posible intento de

suicidio genera una desarmonización familiar y el posible porte ilegal de arma (Sic a lo transcrito) afectan la armonía y equilibrio de la familia y especialmente de la comunidad.

Elemento institucional: estamos frente a una institución competente reconocida en la Ley 89 de 1980 que es el cabildo indígena de Poblazón conformado por 16 integrantes que se encarga de realizar la investigación de los hechos de acuerdo al derecho propio según los usos y costumbres mediante las secciones internas con la coordinación con la guardia indígena cuando se requiera, quien define la sanción o remedio que se le impone al implicado es la Asamblea General de la comunidad de Poblazón que es la máxima autoridad para determinar si estos hechos afectan la armonía y el equilibrio de la comunidad y se emite la respectiva sanción o castigo de acuerdo a nuestros usos y costumbres.

Elemento personal: es de manifestar que el imputado pertenecen a la comunidad indígena de Poblazón y están debidamente registrados en el listado censal del cabildo como

DANIEL RICARDO MACA NARVAÉZ. 2 Folio 49 de Cuaderno Principal 2

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Elemento territorial: los hechos ocurridos sucedieron en el municipio de Popayán el cual hace parte el resguardo indígena de Poblazón de origen colonial con título de 1744, con

raíces pubenences, reconocido en el ministerio del interior resolución 05/1992 de ampliación territorial por parte del INCODER, del Departamento del Cauca, perteneciente por su estructura política organizativa al Pueblo Indígena Kokonuko. (Sic a lo transcrito)” 4.- Fiscalía 06-002 Seccional De Popayán Cauca, según la constancia de 30 de enero de 20183, la posición del Fiscal delegado respecto a la solicitud del Resguardo y teniendo en cuenta los fundamentos de derecho, hace mención a los cuatro (4) elementos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional, como lo son el elemento subjetivo, institucional, territorial y objetivo; por cuanto, en la audiencia de Formulación e Imputación se presenta la solicitud de traslado del expediente al Resguardo Indígena por parte del Gobernador, solicitando el cambio de jurisdicción del señor DANIEL RICARDO MACA NARVÁEZ. Por lo tanto planteo conflicto de jurisdicciones y en consecuencia ordeno enviar el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para determinar su competencia. ACTUACIÓN PROCESAL DE LA SALA El 16 de febrero de 2018, correspondió por reparto a este Despacho el conocimiento del asunto. El 21 de septiembre de 20184, se expidió auto para decreto de pruebas en el cual se solicitó al Ministerio del Interior allegar información relacionada con la comunidad o resguardo a cual pertenece el ciudadano DANIEL RICARDO MACA

NARVÁEZ.

De igual manera se solicita al Ministerio del Interior informar que personas son reconocidas como autoridades indígenas en el Cabildo Indígena de Poblazón del

municipio de Popayán; a su vez que indique si la comunidad referida tiene manuales o normatividad referente a los procesos para investigar, sancionar el cumplimiento de 3 Folio 53 de Cuaderno Principal 4 Folio 5 Cuaderno Original 3

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones las penas o sanciones de sus comuneros cuando han cometido faltas, en especial del delito de Fabricación, Tráfico, y Porte Armas de Fuego o Municiones.

A su vez, el Gobernador del resguardo allegó junto a su solicitud el certificado del Resguardo Indígena de poblazon5 mediante el cual certifica que el señor DANIEL RICARDO MACA NARVAEZ es indígena y conserva su identidad cultural, política y económica y reside en dicho Resguardo.

CONSIDERACIONES

1. Competencia Es competente esta Sala para dirimir el conflicto positivo aquí planteado, en virtud de lo señalado en los artículos 116 y 256, numeral 6° de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 112, numeral 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por tratarse de una controversia surgida entre dos Jurisdicciones diferentes.

Es dable señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de

2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 del 9 de julio de 2015, que dispuso “6. De 5 Folio 52 del c.o 4

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones.

Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala

entrará a decidir lo que en derecho corresponda. La posición de la Sala respecto de los conflictos penales a partir de la Ley 906 de 2004. Es necesario recordar que antes que se produjera el tránsito en nuestro ordenamiento jurídico, del sistema penal inquisitivo característico del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, hacia el sistema Acusatorio conforme al mandato constitucional del Acto Legislativo No. 03 de 2002, desarrollado en la Ley 906 de 2004, en virtud a las normas citadas que regulan los conflictos de competencia entre jurisdicciones, tradicionalmente esta sala venía sosteniendo que para entender debidamente trabado un conflicto de jurisdicciones, se requería como elemento esencial, que los representantes de cada jurisdicción estuvieran investidos de competencia para trabar el conflicto, de cara a este requisito la línea jurisprudencial de esta Corporación requería la presencia de una disputa entre dos autoridades, bien fuera reclamando ambas la competencia para dirimir un litigio (conflicto positivo), o ambas rehusando su conocimiento (conflicto negativo) Así, entonces, se requerían los siguientes presupuestos: 5

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

De tal manera que cuando faltaba el pronunciamiento de alguna de las autoridades, se entendía que el conflicto no estaba trabado y, en consecuencia, la Sala se inhibía de dirimirlo, disponiendo la remisión de las diligencias al representante de la jurisdicción que aún no se había expresado sobre el asunto y, una vez cumplido tal requisito, se procedía por la Colegiatura a adoptar la decisión que en derecho correspondiera. En cuanto al pronunciamiento de fondo frente a la competencia, conforme los lineamientos previstos en el artículo 54 de la Ley 906 de 2006, en el presente evento se han pronunciado los representantes de las Jurisdicciones Ordinaria e indígena, por los hechos objetos de investigación y en tal sentido están colmados los dos extremos para poder pronunciarse la Sala frente a un conflicto de jurisdicciones.

2. El objeto de la colisión Se pretende dirimir el conflicto suscitado entre dos Jurisdicciones diferentes, la Penal Ordinaria en cabeza del Fiscalía 06-002 Seccional de Popayán Cauca y la Jurisdicción Especial Indígena del Cabildo Indígena de Poblazón, representada por el Gobernador del Cabildo Indígena de Poblazón del municipio de Popayán, del departamento de Cauca, para el conocimiento del proceso penal por el delito de Fabricación, Tráfico, y Porte Armas de Fuego o Municiones, seguido contra el señor

Daniel Ricardo Maca Narváez.

3. El ámbito de la Jurisdicción Indígena

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Para dirimir el conflicto planteado, debe examinarse en primer término lo previsto en el artículo 246 de la Carta Política de 1991: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.” El reconocimiento de este fuero especial es producto del derecho fundamental establecido en la Carta Política en su artículo 7°: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, disposición que implica no sólo el reconocimiento de la necesaria coexistencia pacífica de diferentes pueblos y etnias, sino además, la protección de los valores culturales que le son propios.

En este panorama, los principios del Estado Social de Derecho6 y la axiología superior de los derechos humanos, todas las etnias, los pueblos y los hombres se conciben iguales en dignidad y derechos. Bajo estas premisas, tales preceptos determinan el reconocimiento, garantía de la identidad y salvaguarda del pluralismo étnico cultural el cual equivale a reconocer, el derecho de los pueblos indígenas a ser gobernados por autoridades conformadas y reglamentadas según los usos y costumbres de sus comunidades7, lo que implica así mismo, la aceptación de su cosmovisión y las tradiciones valorativas diversas, donde a su vez derivan, en la convivencia con las diferencias que surjan, frente a la ética

dominante de la sociedad mayoritaria8. 6 Constitución Política. Artículo 1° 7 Constitución Política. Artículo 330 8 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 1994 7

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Esto explica claramente la razón y naturaleza del fuero indígena, el cual deviene en esencia de la pertenencia a una cultura aborigen y, a la posesión de una cosmovisión sujeta a unos valores culturales propios que dan sentido a unas formas reconocidas de gobierno y justicia, aceptada por la cultura mayoritaria como normas jurídicas aplicables por sus propias autoridades en sus respectivas comunidades y territorios.

4. De los criterios de resolución de los conflictos con la Jurisdicción Indígena.

Conforme a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia y fundamentalmente lo plasmado en las sentencias T-617 del 5 de agosto de 2010 y T002 de 2012, a falta de un desarrollo legislativo, los criterios a tener en cuenta al momento de desatar conflictos como el de autos, son: el personal, el territorial, el institucional y el objetivo, los cuales deben entenderse así: 4.1. Elemento personal Consiste en pretender que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, siempre que se mantenga dentro de su particular cosmovisión y sometido a sus usos y costumbres.

Las sub reglas interpretativas y posibles soluciones frente a dificultades respecto a este elemento, fueron sintetizados en los siguientes cuadros: Elemento personal Definición Criterios de interpretación relevantes a. La diversidad cultural y valorativa: “La diversidad cultural y valorativa se erige entonces como un criterio de interpretación El acusado de un hecho punible o ineludible para el juez, cuando el investigado 8

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones socialmente nocivo pertenece a posee identidad indígena o culturalmente una comunidad indígena. diversa” Sentencia T-617 de 2010

b. Cuando un indígena comete un hecho punible por fuera del ámbito territorial de su comunidad, las circunstancias del caso concreto son útiles para determinar la conciencia o identidad étnica del individuo. Cuadro 2: Elemento personal Supuesto de hecho Posible solución

1. El indígena incurre en una a. En principio, los jueces de la República son conducta sancionada solamente competentes para conocer del caso. Sin embargo, por el ordenamiento nacional por encontrarse frente a un individuo culturalmente distinto, el reconocimiento de su derecho al fuero depende en gran medida de determinar si el sujeto entendía la ilicitud de su conducta.

2. El indígena incurre en una conducta sancionada tanto en la b. Ya que en este caso la diferencia de

jurisdicción ordinaria como en la racionalidades no influye en la comprensión del jurisdicción indígena carácter perjudicial del acto, el intérprete deberá tomar en cuenta (i) la conciencia étnica del sujeto y (ii) el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece. Ello en aras de determinar la conveniencia de que el indígena sea procesado y sancionado por el sistema jurídico nacional, o si corresponde a su comunidad juzgarlo y sancionarlo según sus normas y procedimientos. Además de verificarse dilemas interpretativos que ameritan subreglas de interpretación y posibles consecuencias de índole penal, aunque desde ya debe decirse que las mismas están llamadas a evaluarse en las decisiones de fondo por los jueces naturales de cada asunto: Cuadro 3: 9

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Elemento personal Caso: El indígena incurre en una conducta sancionada solamente por el orden jurídico nacional por fuera del ámbito territorial de la comunidad a la que pertenece. (Ver: Cuadro 2,caso 1.a) Criterio de interpretación: Para determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento del fuero indígena, el juez de conocimiento debe establecer si incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa

Respuesta Subreglas de Posible consecuencia interpretación a. Afirmativa: Su cosmovisión le impide El intérprete deberá entender la ilicitud de su considerar la posibilidad de El indígena sí conducta en el devolver al individuo a su incurrió en un error ordenamiento jurídico entorno cultural, en aras de invencible de nacional. preservar su especial prohibición conciencia étnica originado en su Se trata entonces de un diversidad cultural individuo inimputable por y valorativa de diversidad cultural, lo que manera que en principio justifica su desplegó una conducta pues habría conducta ilícita de incurrido en un error de forma accidental. prohibición; es decir, en un error derivado de su conciencia cultural y valorativa, de manera que no podría imponérsele un juicio de reproche desde el

Estado: b. Negativa: El indígena no El indígena entiende que La sanción, en principio, incurrió en un error su conducta es estará determinada por el invencible de sancionada por el sistema jurídico nacional. prohibición ordenamiento jurídico originado en su nacional diversidad cultural

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones y valorativa.

De las anteriores consideraciones se perfilan como criterios orientadores útiles en la tarea de definir la competencia: (i) las culturas involucradas, (ii) el grado de

aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria y (iii) la afectación del individuo frente a la sanción. Estos parámetros deberán ser evaluados dentro de los límites de la equidad, la razonabilidad y la sana crítica. Además, siempre que el juez conozca de casos que involucren la diversidad cultural, su actuación tendría la siguiente orientación: “a) [perseguir] un propósito garantista, al permitir la exoneración de responsabilidad del inimputable, cuando se demuestre la atipicidad de su conducta o la existencia de una causal de justificación o inculpabilidad. b) Establecer un diálogo multicultural, para explicarle la diversidad de cosmovisión y la circunstancia de que su conducta no es permitida en nuestro contexto cultural. Este diálogo tiene fines preventivos, pues evita posibles conductas lesivas de los bienes jurídicos. c) Permitir que las “víctimas” del delito, tengan la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y legales, y d) Durante el transcurso del proceso, el inimputable por diversidad sociocultural no podrá ser afectado con medida de aseguramiento en su contra, ni con ninguna de las medidas de protección para inimputables”9. Toda vez que se pretende dar al proceso mayor garantías con el fin de proteger los bienes jurídicos de terceros que se puedan ver afectados. 4.2. Elemento territorial o geográfico Superando el concepto rigurosamente geográfico de la ocurrencia de los hechos dentro o fuera del resguardo indígena, la Corte amplió el concepto, para extenderlo al de “ámbito territorial de una comunidad”, entendido como “el espacio donde se

ejercen la mayor parte de los derechos relacionados con la autonomía de las 9Sentencia C-370 de 2002. 11

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones comunidades indígenas y cuya titularidad deriva de la posesión ancestral por parte de estas, incluso por encima del reconocimiento estatal”. Se trata entonces de una noción que no se agota en el aspecto físico-geográfico sino que abarca el aspecto cultural, lo que implica que, excepcionalmente, pueda tener un efecto expansivo. En consecuencia, una conducta punible que ocurre por fuera de los linderos que demarcan el territorio colectivo podría ser remitida a la jurisdicción especial indígena en virtud de sus connotaciones culturales.

El siguiente cuadro es útil para sintetizar los componentes del elemento territorial: Cuadro 4: Elemento territorial Definición Criterios de interpretación Siguiendo el artículo 246 de la a. La noción de territorio no se agota en la Constitución Política, las acepción geográfica del término, sino que comunidades indígenas pueden debe entenderse también como el ámbito ejercer su autonomía jurisdiccional donde la comunidad indígena despliega su dentro de los límites que demarcan cultura. sus territorios. b. El territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo. Esto quiere decir que el espacio vital de las

comunidades no coincide necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales. 12

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones 4.3. Componente orgánico o institucional. (De la jurisdicción especial Indígena y su influencia sobre los derechos de las víctimas y la protección del debido proceso del acusado.) De la mano de la providencia T-552 de 2003, la Corte señala en las providencias ya citadas, que este elemento debe analizarse a la luz de la existencia de:

(i) usos y costumbres, autoridades tradicionales, y procedimientos propios para adelantar un juicio en la comunidad indígena concernida; (ii) la acreditación de cierto poder de coerción en cabeza de las comunidades indígenas para aplicar la justicia propia. Además, este elemento tiene relación con (iii) la protección del derecho fundamental al debido proceso del investigado, y (iv) la eficacia de los derechos de las víctimas. Así tabuló la Corte los criterios interpretativos del elemento institucional u orgánico: Cuadro 5: Elemento institucional u orgánico Definición Criterios de interpretación relevantes Como su nombre lo 1.La Institucionalidad es presupuesto esencial para indica, este elemento la eficacia del debido proceso en beneficio del

indaga por la existencia acusado: 13

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones de una institucionalidad al 1.1. La manifestación, por parte de una comunidad, de interior de la su intención de impartir justicia constituye una primera comunidad indígena. muestra de la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.

Dicha institucionalidad debe estructurarse a 1.2. Una comunidad que ha manifestado su capacidad partir de un sistema de de adelantar un juicio determinado no puede renunciar a derecho propio llevar casos semejantes sin otorgar razones para ello. conformado por los usos y costumbres 1.3. En casos de “extrema gravedad” o cuando la tradicionales y los víctima se encuentre en situación de indefensión, la procedimientos vigencia del elemento institucional puede ser objeto de conocidos y aceptados un análisis más exigente. en la comunidad; es decir, sobre: (i) cierto poder de coerción 2. La conservación de las costumbres e instrumentos social por parte de las ancestrales en materia de resolución de conflictos: autoridades tradicionales; y (ii) un 2.1. El derecho propio constituye un verdadero sistema concepto genérico de jurídico particular e independiente. nocividad social 2.2. La tensión que surge entre la necesidad de conservar usos y costumbres ancestrales en materia de

resolución de conflictos y la realización del principio de legalidad en el marco de la jurisdicción especial indígena debe solucionarse en atención a la exigencia de predecibilidad o previsibilidad de las actuaciones de las autoridades indígenas dentro de las costumbres de la comunidad, y a la existencia de un concepto genérico de nocividad social.

3. La satisfacción de los derechos de las víctimas: 3.1. La búsqueda de un marco institucional mínimo para la satisfacción de los derechos de las víctimas al interior de sus comunidades debe propender por la participación de la víctima en la determinación de la verdad, la sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados.

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones 4.4. Componente objetivo Introducido por la Corte en la Sentencia T-552 de 2003, este elemento se construye en torno a la gravedad de la conducta y en su definición resulta básica la aceptación de un “umbral de nocividad” en la evaluación de la misma.

Una vez el asunto atraviesa el umbral de nocividad, se entiende que ha trascendido los intereses de la comunidad y por lo tanto es excluido de la competencia de la jurisdicción especial indígena puesto que está en juego un bien jurídico universal, al cual ya refería la Corte en la fundacional sentencia T-349 de 1996.

Es de notar que la definición de este elemento acentúa el carácter excepcional de las jurisdicciones especiales y se sustenta en el establecimiento de ciertas premisas cuyo alcance merece comentarios adicionales a esta Sala: Las premisas establecidas son las siguientes: “(i) el fin de la jurisdicción especial indígena es resolver conflictos internos de las comunidades aborígenes para que, en su ámbito territorial interno, se preserve su cosmovisión o forma de vida; (ii) el campo de aplicación de un fuero especial se centra en los fines que persigue su consagración. (iii) Haciendo una analogía con la jurisdicción penal militar, si en ese ámbito el fuero debe aplicarse exclusivamente a las conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio, en la jurisdicción especial indígena, el fuero debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad. Por lo tanto [iv - concluye la Sala el argumento], el fuero no procede para delitos de especial gravedad que deben ser reprimidos más allá de consideraciones culturales, especialmente tomando en cuenta que la 15

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones interpretación de las normas que habilitan la procedencia de las jurisdicciones debe efectuarse de manera restrictiva”10.

El siguiente cuadro sintetiza los criterios interpretativos más importantes del elemento objetivo: Cuadro 6: Elemento objetivo

Definición: Se refiere a la naturaleza del bien jurídico tutelado. Concretamente, a si se trata de un interés de la comunidad indígena, o de la sociedad mayoritaria.

Premisas que sustentan el Criterios de interpretación relevantes elemento objetivo

1. Las jurisdicciones especiales a. La excepcionalidad de la jurisdicción especial ostentan un carácter indígena debe armonizarse con el principio excepcional. de maximización de la autonomía de las comunidades aborígenes.

2. El fin de la jurisdicción b. Entender que el fin último de la jurisdicción especial indígena es resolver especial indígena es dar solución a asuntos conflictos internos de las internos de las comunidades originarias ignora comunidades aborígenes con el la importancia que la Constitución Política ha fin de preservar su forma de otorgado a la autonomía indígena como fuente vida al interior de su territorio. de aprendizaje de distintos saberes.

3. Haciendo una analogía con la c. El Consejo Superior de la Judicatura, como jurisdicción penal militar, si en juez natural de los conflictos de competencia ese ámbito el fuero debe entre jurisdicciones, puede aplicar por analogía aplicarse exclusivamente a las los criterios que ha desarrollado para definir conductas que pueden diversos tipos de conflicto de competencia. Sin perjudicar la prestación del embargo, al hacerlo, debe respetar el principio servicio, en la jurisdicción de