CSDJ - F11001010200020180267200ADJUNTA20190523112716-2019

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa Asignó el conocimiento a la jurisdicción se asigna la competencia a la jurisdicción contencioso administrativa para su conocimiento, en razón a que la actora asumió la condición de empleado público de la E. S. E. demandada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201802672 00 (16253-36) Aprobada según Acta No. 32 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en cabeza del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTA MARTA y la Jurisdicción Ordinaria Laboral representada por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA con ocasión de la demanda ordinaria laboral interpuesta mediante apoderado por la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO

contra la E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El 11 de julio de 2018, la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO, mediante apoderada, presentó demanda ordinaria laboral contra el E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, en aras de

que se declarare que el demandado fue el empleador del demandante desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero de 2016, habiéndose posesionado como médico según consta en el Acta de posesión No. 0149 del 2015 y que a la fecha le adeuda sus prestaciones sociales concernientes en prima de servicios, vacaciones y prima de navidad. Manifestó que la ESE, emitió la Resolución No. 0176 de 1 de abril de 2016, por medio del cual se le reconoció el pago de $3.038.541, en ocasión a las prestaciones sociales, dinero este que no le ha sido cancelado. (fl 16 c.o.)

2. Allegadas las diligencias a la Jurisdicción Ordinaria, le correspondió el asunto al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, éste despacho manifestó su falta de competencia para conocer del presente asunto, mediante auto del 17 de julio de 2018, al manifestar que el demandante prestó sus servicios como médico rural, la cual se dio mediante orden No. 172 radicada en el libro de registro No. 9263, además la ESE emitió la Resolución No. 0176 de 1 de abril de 2016, mediante la cual le reconoció las prestaciones sociales, sin embargo a la fecha no se ha recibido el pago, de tal forma el actor está solicitando el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales y la indemnización moratoria por el no pago de las mismas estando al servicio de la E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND como médico.

Señaló en el artículo 104 numeral 4 del CPACA, era claro en mencionar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la

competente para conocer de las controversias o litigios originados en actos entre otros de omisiones, en donde estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa, en este asunto en particular la controversia emana, de un acto administrativo lesivo a los intereses del actor, por lo que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el mecanismo idóneo para absolver dicho problema jurídico. Por lo anterior se declaró incompetente para conocer del asunto y remitió el expediente a los Jueces Administrativos para lo de su cargo. (Folio 20 a 21 c.o)

3. Allegadas las diligencias a la Jurisdicción Administrativa, le correspondió conocer del mismo al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTA MARTA, despacho judicial que mediante auto del 27 de agosto de 2018 declaró la falta de Jurisdicción para conocer del presente asunto al considerar que el mismo es de competencia de la Jurisdicción Ordinaria laboral, propuso el conflicto negativo de competencia y remitió en expediente a esta Colegiatura.

Señaló el Despacho que revisado el asunto el de conformidad con el numeral 4 del artículo 105 del CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los conflictos de carácter laboral surgidos entre entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Indicó que en este caso la controversia que se pide desatar es sin lugar a dudas de carácter laboral puesto que se reclama el pago de unas prestaciones sociales que ya fueron reconocidas mediante resolución pero no han sido cancelados por el demandado. Manifestó que la Resolución No. 0176 es un acto administrativo

susceptible de ejecutarse por vía judicial pero dicho ejecutivo es de naturaleza expresa de la Jurisdicción Ordinaria, según lo estipulado en el artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral y a la Cláusula general de Competencia del CPACA. Además teniendo en cuenta que el numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, establece que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral conoce los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Así las cosas, trabó el presente conflicto negativo de Jurisdicciones y ordenó remitir las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia (fls. 23 a 25 c.o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo

19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el

Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u

otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién

corresponde la competencia para conocer determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política.

2. Objeto del conflicto El objeto del presente conflicto radica en determinar a cuál jurisdicción compete el conocimiento de la demanda ordinaria laboral, que a través de apoderado judicial, interpuso por la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO, contra la E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND; en aras de que se declarare que el demandado fue el empleador del demandante desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero de 2018, habiéndose posesionado como médico según consta en el Acta de posesión No. 0149 del 2015 y que a la fecha le adeuda sus prestaciones sociales concernientes en prima de servicios, vacaciones y prima de navidad.

Manifestó que la ESE, emitió la Resolución No. 0176 de 1 de abril de 2016, por medio del cual se le reconoció el pago de $3.038.541, en ocasión a las prestaciones sociales, dinero este que no le ha sido cancelado. (fl 16 c.o.)

3. Del caso en concreto Como primera medida, encuentra la Sala que las pretensiones del actor están dirigidas a que se declarare que el demandado fue el empleador del demandante desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero de 2018, habiéndose posesionado como médico según consta en el Acta de posesión No. 0149 del 2015 y que a la fecha le adeuda sus prestaciones sociales concernientes en prima de servicios, vacaciones y prima de navidad, pese haber sido reconocidas mediante Resolución, pues no le han cancelado dichos dineros.

Como primera medida la Sala al estudiar las pretensiones de la demanda y de los documentos anexados al infolio, observa que el actor demandó una entidad pública como lo es el E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, por cuanto emitió un acto administrativo donde se le informaba que le serían canceladas sus prestaciones sociales tazándolas en un valor de $3.038.541, también a folio 9 obra constancia del servicio laboral obligatorio donde se informa que la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO desarrolló sus actividades como médico rural desde el 19 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero de 2016. Ahora bien, acreditado lo anterior, se tiene a consideración que la actora se encontraba laboralmente vinculada con una Empresa Social del Estado de carácter descentralizado, cuyo objeto es la prestación del servicio público de la salud de manera directa, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y sus actos por mandato legal están sujetos al control jurisdiccional, sumado al hecho de que la vinculación que da origen a las pretensiones de la demanda

corresponde a un contrato de Prestación de Servicios regido por la Ley 80 de 1993 Frente al marco legal del sector salud, debe traerse a colación que, el Gobierno Nacional ordenó la escisión de la Empresas Sociales del Estado bajo lo normado en el Decreto 1750 del 2003, en el cual dispone: “Artículo 2°. Creación de empresas sociales del Estado. Créanse las siguientes Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social, y cuyas denominaciones son…. (…) Artículo 16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quienes serán trabajadores oficiales. Artículo 17. Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad.

Parágrafo. El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad. Artículo 18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas. Parágrafo Transitorio. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales que automáticamente se incorporen en la nueva planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto, y que en razón del régimen general para los empleados públicos no cumplan requisitos para la vinculación en cargos que les permita percibir cuando menos una asignación básica mensual igual a la que venían recibiendo, serán incorporados en el empleo para el cual los acrediten. En todo caso, el Gobierno Nacional adoptará las medidas con el fin de mantener la remuneración que venían percibiendo por concepto de asignación básica mensual, puntos de antigüedad y prima técnica para médicos, la que devengarán mientras permanezcan en el cargo” (Subrayado fuera de texto). Ahora bien, con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad

demandada, es procedente determinar la calidad de servidor público ostentada por la demandante, ya que ésta circunstancia es un factor importante para fijar la competencia en esta clase de asuntos, clasificación prevista por el ejecutivo en la norma antes citada, la cual establece que en las Empresas Sociales del Estado, sus servidores tendrán la calidad de empleados públicos, salvo quienes desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física, hospitalaria y de servicios generales, quienes tendrán la condición de trabajadores oficiales; así lo confronta igualmente la Ley 10 de 1990 en la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud, y en su parágrafo del articulo 26 invoca lo siguiente. Parágrafo.- Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. Es así, como en el presente evento el actor solicitó por vía judicial la nulidad de un acto administrativo donde le notificaron del pago de unas acreencias de carácter laboral (cesantías) adeudadas por la demandada E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, siendo ésta una entidad administrativa descentralizada, que tiene como objeto la prestación de servicio público de salud a cargo del Estado, y que además la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO desempeñó el cargo de médico rural, cuyas funciones por Ministerio de la Ley corresponden a las de un empleado público, teniéndose que fue vinculada mediante resolución de nombramiento No. 149 de 2015.

Ahora bien, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento, y en las que se controviertan actos de cualquier entidad pública de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 104 de la ley 1437 de 2011 que señala lo siguiente: Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

Es por ello, que observa la Sala que tanto el C.P.C.A., como la Ley 712 de 2001, mantienen claramente definida la competencia de cada una de las jurisdicciones en aspectos laborales, correspondiendo a la ordinaria la definición de conflictos originados en el contrato de trabajo y a la administrativa los ocasionados a partir de la relación laboral legal o reglamentaria, es decir el de servidor público, o de su expectativa de formar parte de ella, sino el Juez Administrativo competente para conocer del Acto administrativo que negó las pretensiones de la actora. En ese orden de ideas, esta Sala dispondrá el envío del presente

asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para su conocimiento, en razón a que la actora asumió la condición de empleado público de la E. S. E. demandada, fue nombrada mediante Resolución y solicita la nulidad de un acto administrativo donde se le comunicó el pago de sus cesantías. En consecuencia, el competente para conocer de la demanda interpuesta por la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PEDROZO, mediante apoderada, contra el E.S.E, ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, es el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, a quien se le asignará las presentes diligencias. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, y copia de la presente providencia al JUZGADO SEGUNDO LABORAL

DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial