CSDJ - F11001010200020180292200ADJUNTA20190620150833-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., 19 de junio de 2019 Aprobado según Acta de Sala No. 041 de la misma fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes Radicado N° 110010102000201802922 00

ASUNTO A DECIDIR Se pronuncia la Sala en torno a la denuncia disciplinaria expuesta por la señora Clara de Rosasco, contra el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. HECHOS La presente tuvo su génesis, en la querella instaurada por la señora Clara de Rosasco, en fecha 25 de septiembre de 2018, mediante la cual solicita se indaguen las presuntas faltas disciplinarias en que pudo incurrir el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, durante el trámite de un proceso disciplinario que cursó en dicha Corporación, promovido por quien hoy funge como quejosa, contra el doctor Jair Enrique Murillo Minota. Adujo que radicada la queja, le correspondió su conocimiento al doctor Luis Rolando Molano Franco, quien dispuso el inicio de investigación por un posible actuar antiético por parte del Juez denunciado, sin embargo, con posterioridad 1

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única hubo cambio de Magistrado en tres oportunidades, avocando conocimiento finalmente el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ, “quien vía internet me notifica el archivo del caso al cual apele inmediatamente no solo vía internet, sino de manera directa y presentándome en la Secretaría prácticamente día de por medio”.

Agregó: “voy a Secretaría y me entregan el pronunciamiento del Magistrado GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ en el que se limita a confirmar el RECHAZO DE PLANO A LA APELACIÓN por tiempo vencido”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- COMPETENCIA.

La competencia de la Sala para decidir el presente asunto está dada por el artículo 256 numeral 3° de la Constitución Política, artículo 112 numeral 3° de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justiciay por el Código Disciplinario Único -Ley 734 de 2002el cual en el Título XII, Capítulos 1º al 9º, reglamenta el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los

actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de 2

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de

Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. 3

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única 2.- DEL INCULPADO.- De conformidad con la información suministrada por la quejosa, se trata del doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, quien fungió para la época de los hechos

como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, teniendo conocimiento como ponente, de la acción disciplinaria que cursó contra el Juez Jair Enrique Murillo Minota.

3.- PRESUPUESTOS NORMATIVOS.

El paso a seguir en el presente evento es conforme a lo previsto en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), analizar la viabilidad de proferir auto de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria o en su lugar inhibirse de iniciar acción disciplinaria. El artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos: “Artículo 196. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”. Por otra parte, el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, en su parágrafo 1ro, señala: 4

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única

“ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN

PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar. (…) PARÁGRAFO 1o. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna”. (Negrilla fuera de texto). Del caso concreto. Se recuerda la presente tuvo su génesis, en la querella instaurada por la señora Clara de Rosasco, en fecha 25 de septiembre de 2018, mediante la cual solicita se indaguen las presuntas faltas disciplinarias en que pudo incurrir el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, durante el trámite de un proceso disciplinario que cursó en dicha Corporación, promovido por quien hoy funge como quejosa, contra el doctor Jair Enrique Murillo Minota. Adujo que radicada la queja, le correspondió su conocimiento al doctor Luis Rolando Molano Franco, quien dispuso el inicio de investigación por un posible actuar antiético por parte del Juez denunciado, sin embargo, con posterioridad hubo cambio de Magistrado en tres oportunidades, avocando conocimiento finalmente el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ, “quien vía internet me notifica el archivo del caso al cual apele inmediatamente no solo vía internet, sino de manera directa y presentándome en la Secretaría prácticamente día de por 5

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única medio”.

Agregó: “voy a Secretaría y me entregan el pronunciamiento del Magistrado GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ en el que se limita a confirmar el RECHAZO DE PLANO A LA APELACIÓN por tiempo vencido”.

Sin mayores elucubraciones, considera la Sala nos encontramos ante una denuncia cuya vocación de prosperidad es nula, habida cuenta la querellante se ha limitado únicamente a cuestionar la decisión adoptada por el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, en su condición de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, al interior del proceso disciplinario que cursó contra el Juez Jair Enrique Murillo Minota, la cual culminó con decisión desfavorable a sus intereses, particularmente por haber rechazado de plano el recurso de apelación que fuere propuesto por la quejosa en forma extemporánea, contra la decisión de archivo. Respecto a la temática de la autonomía judicial, esta Corporación ha trazado una línea jurisprudencial en el siguiente sentido: “…También ha expresado que cuando el juez se aparta de estas pautas y amparado en la independencia y autonomía judicial llega hasta las vías de hecho para proferir su propia decisión, en este caso lo que existe es una violación de la ley, de tal suerte que no se puede confundir

“discrecionalidad” con “arbitrariedad”, pues la primera está rodeada de juridicidad, la segunda de antijuridicidad, de tal suerte que la arbitrariedad es una conducta antijurídica del representante de la justicia, luego su diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente teleológica, ya que el acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la Ley para evadirlos o contrariarlos. Así las cosas expuestas, se debe analizar lo anteriormente aducido, con los hechos que fundamentan la queja disciplinaria, para determinar si tenemos que puede deducirse responsabilidad disciplinaria a un 6

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única funcionario judicial, por decisiones que éste adopte, y como en éste caso no coincidan con las pretensiones del actor. Entendido lo anterior, se encuentra que el comportamiento de los magistrados encartados, no fue anómalo, pues su actuar se ajustó a la valoración probatoria y evidencias recaudadas, es por ello que cuando los funcionarios emiten sus decisiones basados en la autonomía de la interpretación judicial y con razonamientos que corresponden a las técnicas de la interpretación y sus juicios de valor corresponden a criterios de razonabilidad, es natural que no exista falta disciplinaria, ya que esta Jurisdicción no se instituyó como una autoridad de control funcional del juez natural; por tanto, mal puede deducirse falta disciplinaria, por no

compartir los criterios plasmados, pues de ser así, se desnaturalizaría el contenido del artículo 230 de la Constitución Nacional que consagró: “los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”. Es así, que no bastan las simples apreciaciones de disenso del quejoso frente al panorama procesal y probatorio consignado por el funcionario judicial, sino que los puntos glosados evidencien "grosera, grotesca, protuberante y /o evidente infracción de la constitución, las leyes, omisión o extralimitación en ejercicio de sus funciones", desafueros que, ni en su conjunto ni en particular se advierten cometidos en el presente asunto. Se tiene por establecido que corresponde a ésta superioridad, examinar las quejas contra las decisiones judiciales, bajo un criterio de legalidad, conforme al cual, habrá que señalarle al quejoso, que el proceso disciplinario, no es el escenario para controvertir las decisiones de las autoridades judiciales, ni para resolver las inconformidades de las partes con las decisiones que adoptan los funcionarios, menos aún en el campo probatorio de cada caso, por ello, sus alegatos en ese sentido, no están llamados a prosperar, porque el ámbito disciplinario se ocupa en forma específica de la conducta del funcionario dentro de una actuación judicial, y no en las valoraciones probatorias propias del proceso donde se adoptó la decisión…”1 Así también lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-249 de 1995: “(…) La autonomía funcional en la interpretación de normas jurídicas en cumplimiento de la función de administrar justicia, no da lugar a proceso

disciplinario con carácter sancionatorio, de acuerdo con la jurisprudencia 1 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, radicado 110010102000201300658

00 / 2632 F, M.P Dr. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con efectos de cosa juzgada constitucional. Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno. Es que si en la adopción de ese juicio el fallador yerra, no por ello puede darse por establecido de manera automática que su actuar fue doloso, cuando para resolver como lo hizo, cual así sucedió en este evento, se fundamentó en argumentos que en su momento estimó valederos”. En ese orden, nos encontramos frente a hechos disciplinariamente irrelevantes, por cuanto se itera, no es factible en esta instancia cuestionar la decisión del funcionario judicial denunciado, salvo que esta se advierta manifiestamente contraria a derecho, lo que no es de resorte en el presente caso, como quiera el artículo 111 de la Ley 734

de 2002, impone a los funcionarios disciplinarios el deber de corroborar que el recurso de apelación sea propuesto en término. Al respecto, se tiene: Artículo 111. Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación. Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a impugnar”. 8

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única Quiere decir que no se advierte caprichosa la decisión del funcionario denunciado, cuando dispuso rechazar de plano el recurso de apelación por extemporáneo, pues la misma norma disciplinaria lo faculta para ello. Adicionalmente, de haberla considerado injusta, como interesada bien tuvo la posibilidad de interponer recurso de queja, con miras de obtener un pronunciamiento por instancia superior, que determinara si el recurso de apelación estuvo bien rechazado. Ningún otro propósito tiene el recurso de queja consagrado en los artículos 117 y 118 de la Ley 734 de 2002, así: “Artículo 117. Recurso de queja. El recurso de queja procede contra la

decisión que rechaza el recurso de apelación. Artículo 118. Trámite del recurso de queja. Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará. Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior, el funcionario competente enviará al superior funcional las copias pertinentes, para que decida el recurso. El costo de las copias estará a cargo del impugnante. Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenará al competente que las remita a la mayor brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hará en el efecto que corresponde”. (Negrilla y subrayado propio). En virtud de este, como quejosa le asistió la posibilidad de controvertir el decisorio censurado en instancia superior, invocándolo en el término de ejecutoria de la providencia que dispuso el rechazo de la apelación, no obstante hoy por hoy no puede pretender a través de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, revivir términos que evidentemente dejó fenecer. 9

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única Por consiguiente, al estarse frente a hechos disciplinariamente irrelevantes, por

cuanto se reitera, el funcionario denunciado actuó conforme a derecho al momento de rechazar de plano un recurso de apelación interpuesto por la quejosa, tras advertirlo extemporáneo, es menester para la Sala inhibirse de adelantar investigación, y ordenará el archivo definitivo de las diligencias a favor del Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Por lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: INHIBIRSE de adelantar actuación alguna contra el doctor GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. ARCHÍVENSE en forma definitiva las presentes diligencias. TERCERO. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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M.P. Dr. Camilo Montoya Reyes Rad. Nº 110010102000201802922 00 Referencia. Funcionario de Única

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS CARLOS MARIO CANO DIOSA

Magistrada Magistrado

FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrado

YIRA LUCIA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 11