CSDJ - F11001010200020190099200ADJUNTA20190815122517-2019

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., junio diecinueve de dos mil diecinueve Magistrado Ponente: Dr. CARLOS MARIO CANO DIOSA Radicación No. 110010102000201900992 00 Aprobado según Acta Nº 041 de la misma fecha. ASUNTO Sería del caso que la Sala procediera a resolver el presunto conflicto de competencias entre diferentes jurisdicciones, generado en audiencia de acusación al interior de proceso penal tramitado ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, de no ser porque se observa que lo presentado en la etapa procesal indicada fue una solicitud de definición de competencia por parte del doctor Milton Marino Mejía Alcalá (defensor de los procesados Frauder Antonio Ospina, Siber Stonne Ortiz Rivera, Brayan Alberto Osorio, Juan Gabriel Quinayas y Jhonatan Pacheco Contreras) y por la doctora Tania Parra Montenegro (defensora de los procesados Manuel Esteban Torres, Miguel Ángel Ortiz, Nicolás Ortiz Tarache y Andrés Felipe Ortiz) en el proceso penal adelantado por los delitos de Homicidio Agravado en Concurso Heterogéneo con Tentativa de Homicidio Agravado y Falsedad Ideológica en Documento Público. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Conforme al escrito de acusación del 18 de febrero de 2019, que presentó el doctor Aníbal Arbeláez Betancourt, Fiscal 2º Delegado ante Tribunal de Distrito1, se indicó que: Con los elementos materiales probatorios allegados a la investigación, la

Fiscalía 2 Delegada ante Tribunal de Distrito, ante el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Arauca, con función de Control de Garantías, llevó a cabo audiencia preliminar de Formulación de Imputación, de los señores Frauder Antonio Ospina, Siber Stonne Ortiz Rivera, Brayan Alberto Osorio, Juan Gabriel Quinayas y Jhonatan Pacheco Contreras, Manuel Esteban Torres, Miguel Ángel Ortiz y Nicolás Ortiz Tarache, imputando en calidad de coautores los delitos de Homicidio Agravado en Concurso Homogéneo y Simultáneo con Tentativa de Homicidio Agravado y Falsedad Ideológica en Documento Público (artículos 103, 104 y 286 del Código Penal), ya que se vulneraron los bienes jurídicos de la vida y la integridad personal de Ciro Alfonso Manzano Ariza (occiso) y Andrés Fabián Salcedo Rincón (víctima), por otro lado, se afecta el bien jurídico de la fe pública. En dicha diligencia, los imputados no aceptaron los cargos y les fue impuesta medida de aseguramiento. En audiencia de “Formulación de Acusación” del 26 de abril de 2019, ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, los abogados de la defensa, presentaron causales de incompetencia, apoyando su argumento en jurisprudencia de la Corte Constitucional y exponiendo que no es la Justicia Ordinaria quien debe conocer de los delitos cometidos por militares, pues 1 Folios 1 a 19 de la C.P. quien debe encargarse del juzgamiento es la Jurisdicción Penal Militar, a su

vez manifestó, que los enjuiciados se encontraban en orden de operación militar. Respecto de lo anterior, la Fiscalía se pronunció advirtiendo que el fuero militar no puede favorecer actuaciones de la fuerza pública en servicio activo, cuando se cometen delitos no relacionados con el servicio, apoyándose igualmente en jurisprudencia de la Corte Constitucional. La audiencia fue suspendida y se reanudó el día 20 de mayo de 2019, en esta diligencia, la señora Juez no compartió los argumentos de la defensa pero no se pronunció sobre los mismos, remitió el expediente a esta Sala para que dirimiera el presunto conflicto de competencia. CONSIDERACIONES DE LA SALA De la competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el artículo 256 numeral 6º de la Constitución Política, y en concordancia con el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales...”. Dable es señalar que tal facultad Constitucional y Legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable, pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, “(…) Los

actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional mediante diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 de fecha 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”. Por consiguiente, “(…) para que la Corte Constitucional pueda ejercer la nueva función de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones…solo tiene lugar una vez cesen los efectos de las normas transitorias…”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Existencia del conflicto. Se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, bien porque ambos funcionarios estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no le

corresponde, evento en el cual será negativo, y para que este se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo o positivo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia del asunto a uno de los funcionarios judiciales. Del caso en concreto. En el presente caso se encontró que los abogados de la defensa de los procesados Frauder Antonio Ospina, Siber Stonne Ortiz Rivera, Brayan Alberto Osorio, Juan Gabriel Quinayas y Jhonatan Pacheco Contreras, Manuel Esteban Torres, Miguel Ángel Ortiz y Nicolás Ortiz Tarache, manifestaron ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, causal de incompetencia del juez de conocimiento por no ser la Justicia Penal Ordinaria la competente para conocer sobre dichas actuaciones. De lo anterior, el Código de Procedimiento Penal señaló la figura de "definición de competencia" en el artículo 54 que, dicho sea de paso, difiere de la colisión de competencias de que trataba la Ley 600 de 2000, en la cual el juez que se declaraba incompetente se lo remitía a quien estimara que era el competente, proponiéndole colisión negativa de competencias, para que éste se pronunciara y en caso de que no compartiera el criterio lo enviara a

quien debía resolver el conflicto. De manera general, acorde con las características de procedimiento penal colombiano señaladas en la Ley 906 de 2004, puede decirse que estableció esta figura con el objeto de que en el trámite judicial se determine de manera célere, ágil, pero especialmente, definitiva, el juez competente para conocer de la fase procesal de juzgamiento, es decir, la que se inicia con la presentación del escrito de acusación. Así, conforme al artículo 54 de la Ley 906 de 2004, la definición de competencias, constituye un mecanismo ágil y expedito a través del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, dilucida a quién debe asignársele su conocimiento. Señaló el artículo que éste puede surgir a iniciativa del funcionario judicial cuando considere carecer de competencia para asumir el conocimiento del proceso o, de las partes, en los eventos en que refuten la asumida por un despacho judicial, en cuyo caso se entenderá que la parte impugna la competencia; así lo ha decantado en diversos pronunciamientos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien en un caso similar dispuso: "La impugnación de competencia regulada en la Ley 906 de 2004, es connatural al sistema de procesamiento penal acusatorio y difiere del trámite de la colisión de competencias previsto en las legislaciones precedentes. En efecto su artículo 10 desarrolla el principio de efectividad, el cual se concibe como la armonía que debe existir entre la materialización de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso y la necesidad de lograr una justicia eficaz con predominio de lo

sustancial, caracterizada principalmente por la celeridad con la que corresponde desarrollar la actuación. Por esta razón, el legislador, al prever la eventualidad de que el juez de conocimiento ante quien se presente la acusación manifieste su incompetencia, o como en este evento, el defensor del acusado impugne la competencia, fijó un procedimiento ágil en desarrollo del cual no se envía la actuación al funcionario que considera debe proseguirla, sino que simplemente debe expresar las razones en las que apoya su declaración y remitirla al superior funcional que, de acuerdo con las reglas que rigen la materia, debe resolverla, evitando de este modo la dilación injustificada de la actuación, pues al fin y al cabo, ante la discrepancia de los jueces, tendría que entrar a resolver, como ocurría en el sistema anterior. (CSJ SP, 14 Feb. 2011, Rad. 35781)"». Subrayas fuera del texto original. Ante la eventualidad que la defensa solicite la declaración de incompetencia por parte del juez para seguir adelantando las actuaciones dentro de la audiencia, el mismo legislador penal dispuso que estas deban ser remitidas ante funcionario pertinente. De ahí, es necesario aplicar el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 99 de la Ley 1395 de 2010, al ser este artículo el procedente para poder remitir de manera idónea las diligencias: “Artículo 341. Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de competencia. Modificado por el art. 99, Ley 1395 de

2010. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien

deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo actuado. (Negrilla y subrayado fuera de texto) En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno.” Es así como después del recuento procesal es el superior jerárquico del Juzgado Penal del Circuito de Saravena quien deba definir la impugnación de competencia planteada. Lo anterior teniendo en cuenta que esta Sala evidenció que al no existir los presupuestos para que surja un conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones, es decir, al no observarse pronunciamiento por parte de representante alguno de la justicia Penal Militar en donde solicite que el presente proceso sea remitido o no a dicha jurisdicción, sino por el contrario, lo que se evidencia es la manifestación de los abogados de confianza de los señores Frauder Antonio Ospina, Siber Stonne Ortiz Rivera, Brayan Alberto Osorio, Juan Gabriel Quinayas y Jhonatan Pacheco Contreras, Manuel Esteban Torres, Miguel Ángel Ortiz y Nicolás Ortiz Tarache donde impugna la competencia, esta Corporación no es la competente para resolver el presunto conflicto. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, RESUELVE Primero.- ABSTENERSE DE RESOLVER LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIA, propuesta por la defensa de los señores Frauder Antonio Ospina, Siber Stonne Ortiz Rivera, Brayan Alberto Osorio, Juan Gabriel

Quinayas y Jhonatan Pacheco Contreras, Manuel Esteban Torres, Miguel Ángel Ortiz y Nicolás Ortiz Tarache, ante el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, con la Jurisdicción Penal Militar, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este proveído. Segundo.- REMITIR el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Saravena, previa notificación de lo decidido en este auto a todos los intervinientes, para lo pertinente. Tercero.- Por Secretaría Judicial súrtanse las comunicaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada Continúan Firmas……..

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial