CSDJ - F11001010200020190129100ADJUNTA20190912111447-2019

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RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., cuatro (04) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Magistrado Ponente Dr. ALEJANDRO MEZA CARDALES Rad. No. 110010102000201901291 00 Aprobada según Acta de Sala No. 062 de la misma fecha ASUNTO A TRATAR Procede a la Sala dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Administrativa representada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ contra el

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 1.- El día 31 de enero de 2018, la apoderada judicial de la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ, presentó ante el JUZGADO ADMINISTATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA (REPARTO), medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, tendiente a obtener la

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia nulidad de acto administrativo mediante los cuales la entidad respondió sus derechos de petición negando lo solicitado y argumentando que no existe relación laboral entre la demandante y el ICBF.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca que entre ella y la entidad demandada, existió una relación laboral en virtud de los servicios prestados como Madre Comunitaria en Hogares Comunitarios del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, condenándose a éste último al pago de salarios y prestaciones sociales por el tiempo trabajado bajo la figura del contra realidad dando prevalencia a la realidad sobre las formalidades. 2.- El proceso correspondió por reparto al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, quien mediante proveído adiado 23 de marzo de 2018 dispuso admitir la misma y ordenó notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público1. 3.- La demanda fue contestada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y el proceso continuó su curso normal hasta que mediante proveído de fecha 29 de marzo de 2019, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer del asunto y ordenó remitir el proceso a los Juzgados Laborales del Circuito de Bucaramanga

(Reparto) 2. 1 Folio 85 del cuaderno original del proceso 2018-00034 que suscitó el conflicto 2 Folios 124 a 125 del cuaderno original del proceso 2018-00034 que suscitó el conflicto

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia 4.- Al ser repartido el proceso al JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, ese Juzgado mediante providencia calendada 13 de mayo de 2019 resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer del proceso y ordenó remitir el expediente a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, en orden a que dirima el aludido conflicto3.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COLISIONANTES 1.- JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO E BUCARAMANGA. Mediante providencia calendada 29 de marzo de 2019 decidió declarar que carece de jurisdicción y competencia para conocer de la controversia, y en consecuencia ordenó remitir el proceso a los Juzgados Administrativos de Bucaramanga (Reparto). Como fundamento de la decisión, destacó que el Decreto 289 de 2014, se tiene que debido al plan formalización laboral adelantado por el Gobierno Nacional, las madres comunitarias serían vinculadas laboralmente mediante contrato de

trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, y contrarían con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social. Adicionalmente, ese despacho citó un pronunciamiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual se dirime un conflicto de competencias suscitado con ocasión de la 3 Folios 129 a 132 del cuaderno original del proceso 2018-00034 que suscitó el conflicto

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia demanda presentada por una madre comunitaria contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-, en donde se define que es la Jurisdicción Ordinaria a quien compete conocer este tipo de controversias.

2.- JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA.

Mediante providencia adiada 13 de mayo de 2019, este Juzgado decidió declarar que carece de jurisdicción y competencia para conocer de la controversia, y en consecuencia ordenó el proceso a esta Colegiatura a fin que dirima el conflicto. Como fundamento de la decisión, destacó que la demanda está dirigida contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, para que se

declare la nulidad de un acto administrativo y se reconozca un contrato realidad, cuando el ICBF es un establecimiento público y por disposición expresa del artículo 37 del Decreto 2388 de 1979 relativo al régimen de los trabajadores de esa entidad, todas las personas que allí laboran se consideran empleados públicos, excepto aquellos funcionarios que conforme a los estatutos tengan la condición de trabajadores oficiales y en la demanda. Por lo anterior, concluyó que se trata del tipo de controversias que conforme a lo señalado en el numeral 4° artículo 104 de la Ley 1437 del 2011, son de conocimiento de la Jurisdicción Administrativa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia.

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la

relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela…”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia 2.- De la existencia del conflicto.

En cuanto concierne a la Rama Jurisdiccional del Poder Público, la competencia ha sido entendida como la facultad que tiene el funcionario o cuerpo colegiado, por autoridad de la ley, para pronunciarse y decidir sobre todos los asuntos que corresponden a su jurisdicción y son sometidos a su conocimiento. Así, se tiene que el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia y pertenecientes a diferentes jurisdicciones, estiman que un mismo asunto es de su conocimiento, caso en el cual será un positivo; o por el contrario estiman que no les corresponde conocerlo, evento en el cual será negativo. En consecuencia, para que se estructure un conflicto de competencia es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que al funcionario judicial se le haya asignado o esté tramitando determinado proceso. b) Que surja disputa entre el funcionario que lo conoce y otro u otros de distinta jurisdicción acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el asunto se encuentre en trámite, es decir que no se haya proferido fallo definitivo. Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos Jueces y Tribunales del territorio nacional, ya que los términos Jurisdicción y Competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, contencioso administrativa, penal y penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de Jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carece de competencia.

En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un Juez Unipersonal o Colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que ha señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del Juez Natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio. Se encuentra plenamente acreditado en el infolio que se configuró un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Jurisdicción Administrativa representada

por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE

BUCARAMANGA y la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, por lo que corresponde a la Sala analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales. 3.- Objeto del presente conflicto.

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, tendiente a obtener la nulidad del acto administrativo mediante los cuales la entidad respondió sus derechos de petición argumentando que no existe relación laboral entre la demandante y el ICBF y que consecuencialmente se declare la existencia de un contrato realidad laboral entre ésta y la entidad demandada y se condene al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, a pagar a la demandante al pago de salarios y prestaciones sociales por el tiempo trabajado bajo la

figura del contra realidad dando prevalencia a la realidad sobre las formalidades. Como primera medida encuentra la Sala que la controversia planteada por la parte demandante enmarca una reclamación de unos derechos laborales, en el desarrollo de una actividad como Madres Comunitarias ejecutora del Programa de Hogares Comunitarios de Bienes Familiar, encontrándose necesario iterar el sólido precedente vertical que esta Superioridad ha estructurado en punto de la competencia para conocer de las controversias laborales entre las personas que laboran como Madres

Comunitarias y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-4.

Ciertamente, la controversia que plantea la demandante en su petitum contiene la pretensión que esta sea vinculada al servicio de una entidad de naturaleza pública, como es el caso del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, sin embargo tal pretensión por sí sola no puede ser factor determinante para la definición de una u otra jurisdicción, toda vez que deben atenderse las normas propias en que se enmarcan los asuntos distribuidos por el legislador. 4 Sentencia aprobada en Sala N° 100 del 8 de noviembre de 2018. Radicado

110010102000201801062. Magistrado Ponente Julia Emma Garzón de Gómez

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia

Sobre el particular, observa la Sala que acerca del Juez Administrativo el legislador estableció claramente en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, que las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, eran de su conocimiento, así como aquellas controversias relativas a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público –numeral 4 ibídem, siendo excluida de la jurisdicción –artículo 105todo lo relacionado con conflictos de carácter laboral surgidos entre dichas entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Esto quiere decir, que la reclamación de la actora efectivamente cuenta con varios de los elementos determinantes de los cuales podría considerarse que la competencia se ajustaría al conocimiento del Juez Administrativo, pero esta premisa se rompe con la misma regulación que por vía jurisprudencial ha decantado la Corte Constitucional al momento de efectuar el reconocimiento de derechos laborales de la Madres Comunitarias que prestan sus servicios al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, trayendo a colación lo indicado por la Guardiana de la Constitución en Auto número A217 de 2018: “6.1. La sentencia SU-224 de 1998 sí constituía precedente vinculante al caso decidido en la providencia T-480 de 2016, toda vez que en dicho pronunciamiento de

unificación se concluyó que no existía amenaza o vulneración del derecho fundamental al trabajo, ya que ello no se podía deducir de un vínculo que no componía una relación laboral. La ratio decidendi contenida en la providencia SU-224 de 1998, en relación con la naturaleza jurídica de la vinculación de las madres comunitarias, fue

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia desconocida en el caso resuelto en el fallo T-480 de 2016, dadas las siguientes

particularidades: (i) En el análisis del caso concreto de la sentencia SU-224 de 1998, la Corporación inició por reiterar lo dicho en la tutela T-269 de 1995, específicamente que “el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de Bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil”. (ii) Luego, el Pleno de ese entonces manifestó que los requisitos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, subordinación y salario) no se encontraban reunidos, lo cual descarta la existencia de “una vinculación contractual de carácter laboral”. (iii) En contravía de lo anterior, en la providencia T-480 de 2016 se determinó que entre el ICBF y las accionantes sí existió contrato de trabajo realidad durante un lapso determinado, toda vez que, con ocasión de la observancia y aplicación del principio

constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, como garantía en la protección efectiva de los derechos fundamentales que solicitaron las demandantes, sí estaban reunidos los tres elementos esenciales del contrato realidad. 6.2. Según las particularidades de las sentencias T-269 de 1995, T-668 de 2000, T990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001, T-1029 de 2001, T-628 de 2012, T-478 de 2013, T-130 de 2015 y T-508 de 2015, la Corte puso de presente que existen dos escenarios claramente diferenciados con respecto a la línea jurisprudencial que involucra a las madres comunitarias:

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia

(i) De un lado, el constituido por las decisiones T-269 de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 2000, T-1674 de 2000, T-158 de 2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 2001, en el cual se indica que no

existe contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual, de origen civil. (ii) Y otro escenario a partir de la providencia T-628 de 2012, donde se empieza a señalar las transformaciones que se han presentado en cuanto a la naturaleza de la relación entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones que hacen parte del mencionado programa. Posteriormente, se expide la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el Decreto 289 del 12 de febrero de 2014, que reglamentó el artículo 36 de la mencionada ley. En esta norma se estableció que las madres comunitarias serían vinculadas mediante contrato de trabajo, que no tendrían calidad de servidoras públicas, que prestarían sus servicios a las entidades administradoras del Programa y que no se podía predicar solidaridad patronal con el ICBF. 6.3. Para este Tribunal fue claro que la tesis de ausencia de contrato de trabajo sí constituía precedente aplicable al asunto resuelto en la sentencia T-480 de 2016, por cuanto los referidos pronunciamientos componen una línea jurisprudencial en vigor sobre un determinado tema, esto es, la inexistencia de contrato de trabajo entre las madres comunitarias y el ICBF o las asociaciones o entidades que participan en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y, que el vínculo es de naturaleza contractual, de origen civil.” Aunado a lo anterior, en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-079 – 2018 del 9 de agosto de 2018, mediante la cual

resolvió varias acciones de tutela presentadas por personas que ejercieron labores

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia como madres comunitarias contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, negando el amparo, la Corporación si bien no hizo ninguna referencia a cuestiones relacionadas con la competencia, si se pronunció de fondo sobre el asunto objeto de acción constitucional, por lo cual este fallo deberá ser analizado en cada uno de los casos por el Juez que conozca de las demandas presentadas por las accionantes.

Nótese de lo expuesto, que los elementos de las demandas presentada por la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ, que reclama una pretensión de reconocimiento de una relación laboral con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, con ocasión del servicio prestado como madre comunitaria, han sido objeto de pronunciamientos reiterados por la Corte Constitucional, encontrándose en todo caso que la misma debía ser atendida por el Juez Ordinario de la especialidad laboral, en tanto debía revisar los elementos alegados para la conformación de un contrato de trabajo, situación que a todas luces guarda estrecha relación con las normas definidas por el legislador en el Código Procesal del Trabajo. Bajo este panorama, encuentra la Sala que el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, que

modificó el Código Procesal del Trabajo, señaló de manera general sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria, tanto en la especialidad laboral como de seguridad social, todos los asuntos relacionados con el contrato de trabajo, fáctico que en todo momento ha considerado la Corte Constitucional como la situación de reclamación en el caso de la demandante, pero destacándose de manera puntual que este asunto es de conocimiento exclusivo cuando “se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” (numeral 1 Ibídem), y ante la exclusión de la órbita de competencia del juez administrativo de estos asuntos por expresa disposición del numeral 4 del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia demanda de la señora MARÍA ARAMINTA JIMÉNEZ BRAVO contra INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, resulta ser de competencia del

Juez Ordinario. Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 se reglamentó la conformación o modalidad de vinculación de las Madres Comunitarias, que en todo caso estarían regidas por el Código Sustantivo del Trabajo, encontrándose que: “Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas

laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social” sic. En suma, por lo definido en precedencia, bajo el apego de la jurisprudencia decantada por la Corte Constitucional en la materia, de las normas de creación de los programas del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y de la competencia general asignada a cada jurisdicción, resulta oportuno definir como juez de la causa, al JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, autoridad a quien se le adscribirá la jurisdicción y competencia del asunto, de conformidad con la regla general contenida en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 que modificó el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias a la Jurisdicción Ordinaria representada por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para lo de su competencia.

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales. RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Administrativa representada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora MARÍA RAMOS SANTOS RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al JUZGADO SEXTO LABORAL DEL

CIRCUITO DE BUCARAMANGA.

Segundo.- REMITIR el presente proceso a conocimiento del JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, y copia de la presente providencia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia

CAMILO MONTOYA REYES MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidente Magistrada

CARLOS MARIO CANO DIOSA FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Magistrado Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrada Magistrado

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Asunto: Conflicto Negativo de Competencia

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial