CSJ - AP1086-2023(62206)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente AP1086-2023 Radicación No. 62206 Acta 75. Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del acusado DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, ex gobernador del departamento de Santander, contra la decisión del 26 de mayo de 2022 -leída el 7 de julio siguiente-, proferida por la Sala Especial Primera Instancia, que negó la nulidad de lo actuado, a partir de la audiencia de imputación. El proceso se adelanta por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

SITUACION FÁCTICA

1. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO fue elegido como Gobernador de Santander para el periodo constitucional 2016-2019; su posesión tuvo lugar el 1 de enero de 2016. En la misma fecha, designó y posesionó a Ana de Dios Tarazona

García como Secretaria de Educación.

2. En reunión de consejo de gobierno celebrada el 4 de enero de 2016, la Secretaria de Educación, informó al gobernador TAVERA AMADO, sobre la obligación de continuar, durante ese año -2016-, con el Plan de Alimentación Estudiantil (PAE) para los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander –consistente en

entregar un suplemento diario a los estudiantes-. Igualmente le hizo saber que, a partir del 18 de enero siguiente, en que iniciaba el año escolar, debía éste empezar a ejecutarse el suministro de alimentos.

3. De acuerdo con la Fiscalía, TAVERA AMADO, en lugar de acudir a la licitación pública, decidió recurrir a la urgencia manifiesta por el término de sesenta días. Para el efecto, delegó en la Secretaria de Educación, la suscripción del contrato 101 de febrero 9 de 2016 con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada –contrato éste que de acuerdo con la fiscalía no fue objeto de imputación-.

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

4. Se asegura entonces, que cuando se ejecutaba el contrato de urgencia manifiesta, la gobernación decidió adelantar la respectiva licitación pública, cuyo objeto era el mismo que se venía ejecutando, es decir, el suministro de alimentos a la población estudiantil –en este caso, para suministrar suplemento diario, durante el tiempo que restaba del año escolar 2016-.

Mientras se surtía el trámite de licitación pública, la Contraloría y el Comité de Transparencia del Departamento de Santander, denunciaron ante la gobernación, las sendas irregularidades en la ejecución del convenio 101 de febrero 9 de 2016, por parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, situación de la cual tuvo previo conocimiento el mandatario TAVERA AMADO; sin

embargo, decidió adjudicar la licitación a la misma contratista.

5. Con tal propósito, la Secretaria de Educación – delegada por el gobernador-, suscribió con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, los contratos 601 de 21 de abril de 2016 por valor de 23.844.912.000 y las adiciones a éste realizadas, de 16 de septiembre y octubre –sin díadel mismo año, por valor de $6.706.355.076.oo y $5.216.053.948.oo, respectivamente, cuyo objeto fue el suministro de alimentos para la población

3 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO estudiantil de los 82 municipios de Santander no certificados.

6. De acuerdo con la imputación, en relación con estos tres convenios, incurrió el mandatario, como ordenador del gasto, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al inobservar las formalidades propias para su trámite, celebración y ejecución, entre otras razones, al manipular el pliego de condiciones, vulnerar los principios de libre concurrencia, economía, planeación, selección objetiva, transparencia y legalidad descritos en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, modificado por la 1150 de 2007.

7. Indicó el ente acusador, que previo adjudicar los contratos a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, el mandatario tuvo conocimientoademás que las irregularidades denunciadas en la ejecución del

convenio 101 de febrero 9 de 2016-, que ésta no se encontraba habilitada técnica, jurídica y financieramente para cumplir con las obligaciones del contrato -adolecía de la experiencia en el suministro de alimentos y no contaba con la infraestructura técnica y operativa-, por lo que no ha debido a ésta, adjudicarle los demás convenios.

8. Para la Fiscalía, pese a la inejecución del contrato, el operador cobró completamente la entrega de raciones, las cuales, con conocimiento del gobernador, le fueron

4 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO canceladas en su totalidad, incurriéndose en detrimento patrimonial en cuantía de $10.206.208.647.43.

9. En concreto, para el ente acusador, el gobernador TAVERA AMADO, en su condición de ordenador del gasto, aunque delegó en la Secretaría de Educación la suscripción del contrato 601 de 21 de abril de 2016 y las dos adiciones a éste, posiblemente se abstuvo de ejercer los deberes de control y vigilancia, incurriendo, en su calidad de autor, a título de dolo, en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo del artículo 410 del Código Penal, en concurso heterogéneo con el delito de peculado por apropiación a favor de terceros del artículo 397

del Código Penal.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. Por los anteriores hechos, la Fiscalía General de la Nación, en audiencia celebrada el 13 de noviembre de 2019,

imputó al ex gobernador TAVERA AMADO, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, a título de autor, por su falta de control y vigilancia, derivados de la delegación para contratar que efectuó con la Secretaria de Educación, lo que produjo un detrimento patrimonial en la suma de ($10.206.208.647.43). 5 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401

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2. El 10 de febrero de 20201, la fiscalía presentó escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte. Para su formulación el a quo programó el 24 de febrero de 2022, audiencia en la que el Ministerio Público solicitó la nulidad de lo actuado, a partir de la audiencia de imputación, aduciendo que en el mencionado acto y respecto de ambos delitos imputados, se hizo una combinación entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios probatorios, la que, de entrada, desquicia la labor defensiva y socava la estructura del proceso.

Lo anterior, por cuanto, no quedó claro qué principios de la contratación estatal se desconocieron respecto del contrato 101 de 2016, ni su valor. Tampoco se estableció cuál fue el tercer contrato objeto de irregularidades, en tanto, la Fiscalía sólo se refirió a los numerados 101 y 601 de 2016, situación confusa que no permite tener claridad respecto de si el primero hace parte de los hechos jurídicamente

relevantes enrostrados. Agregó que, en lo relacionado con el contrato 601, la imputación aludió a las irregularidades que se presentaron en su trámite, celebración y liquidación, pero no se extiende a la ejecución, lo que deja sin fundamento el delito de peculado por apropiación, junto con el valor total que lo compone, dado que estos aspectos no fueron especificados. 1 Fl. 1 c.o. 1 primera instancia. 6 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Idéntica petición elevó la defensa del investigado, pero sostuvo que los cargos consignados en la imputación no fueron claros ni precisos, en lo que toca con los hechos jurídicamente relevantes, dado que aquellos se estructuraron sobre la base de un concurso real heterogéneo de delitos, sin que se hubiesen indicado concretamente las acciones que llevó a cabo el imputado por sí mismo a fin de atribuirle los ilícitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y la apropiación de recursos públicos a favor de terceros. Igualmente, la Fiscalía no indicó claramente, respecto del peculado, el monto del detrimento patrimonial. Tales irregularidades, que se presentaron desde la imputación, impiden ejercer una debida defensa. DECISIÓN IMPUGNADA En proveído del 22 de mayo de 2022, leída en audiencia del 7 de julio siguiente2, el juez colegiado de primera instancia negó las solicitudes de nulidad elevadas por el Ministerio Público y la defensa.

1. Respecto de lo pedido por el primero, dijo que el

Ministerio Público no señaló en qué aparte de la imputación 2 Folio 358 del cuaderno 2 de primera instancia. 7 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO se presentó una supuesta mixtura entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y elementos probatorios, que dificultan la defensa e influyen en el conocimiento del fallador, en cuanto, anticipan contenidos probatorios sin posibilidad de contradicción. Y, aunque acepta que, ciertamente, de manera inapropiada, en la descripción de hechos jurídicamente relevantes se incluyen referencias probatorias, ello por sí mismo no conduce a la anulación del trámite; mucho menos, si “del escrito de acusación” se puede inferir que quedó clara la imputación, en cuanto, fueron vulnerados los principios de planeación, selección objetiva, transparencia, economía y legalidad, específicamente, con la suscripción del contrato 601 de 21 de abril de 2016, por valorar de $23.844.912.000, con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, como único proponente, de lo cual se sigue que ninguna atribución penal se hizo respecto del contrato 101 de 2016, que se menciona apenas como referente del proceso licitatorio. Acerca del segundo reparo, advierte que carece de sustento la alegación atinente a la presunta falta de desarrollo de los principios de selección objetiva y legalidad, que se dijo vulnerados en curso del contrato 601 de 2016, dado que éstos son abordados “en el escrito de acusación”,

cuando se examina el principio de responsabilidad, con ocasión de la falta de planeación. 8 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO En concreto, de acuerdo con la imputación, las observaciones al pliego de condiciones y la manipulación de los requisitos, dio como resultado que sólo se presentara un proponente, sociedad que, a través de una unión temporal, venía suministrando la alimentación. Esa manipulación, en sentir del acusador, vulneró el principio de selección objetiva, por cuanto, los requisitos habilitantes sólo los podía cumplir la cooperativa favorecida con la adjudicación. Atinente a la tercera falencia advertida, dice el juez colegiado, que la falta de claridad sobre el valor de las adiciones al contrato 601 de 2016, así como las fechas de inicio y terminación de éstas, carecen de trascendencia, al advertirse que las mismas se encuentran debidamente individualizadas y se entiende con claridad que son dos los contratos adicionales, celebrados el 16 de septiembre y en el mes de octubre de 2016 -desconociéndose el día en que se suscribió éste último-, pero que, tal cual informó la fiscalía, fueron producto de la falta de planeación, pues se aumentó el número de estudiantes primigenios, primero en 24.514 y finalmente en 29.331, destacando la falta de planeación y, además, la ausencia de los estudios respectivos, en cuyos trámites se incumplieron también los requisitos legales “cometiéndose (…) la conducta descrita en el artículo 410 del Código Penal.

Es igualmente inexacto, advera el a quo, que se diga que la Fiscalía hizo referencia a irregularidades en etapa de 9 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO ejecución del contrato 601 de 2016 sin distinguir si se trata de hechos jurídicamente relevantes del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales o del peculado por apropiación, cuando lo cierto es que se trata del primero de los mencionados, por lo que de ser cierto, como lo dice el Ministerio Público, que la fase de “ejecución” escapa del control penal, será un asunto a discutir en la fase de juzgamiento. El A quo no halló irregularidad en la determinación de la cuantía del peculado, dado que, a través del escrito de acusación se fijó preliminarmente, por el ente acusador, en la suma de $10.206.208.647.43, por lo que cualquier consideración al respecto se convierte en un asunto materia de debate en el juicio y es allí a donde correspondería controvertirlo y no en esta fase del proceso y, menos, a través del mecanismo de la nulidad. De otra parte, se agrega, “el escrito de acusación” es suficientemente ilustrativo respecto de la manera en que intervino TAVERA AMADO en el proceso de contratación, su condición de ordenar del gasto, la delegación en la Secretaria de Educación, de las facultades para contratar, y, al parecer, el incumplimiento de los deberes de vigilancia y control derivados de dicha delegación, mismo que, a juicio de la Fiscalía, arrojó como resultado el cuantioso detrimento

patrimonial constitutivo del peculado. 10 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO En suma, al no demostrarse la violación de garantías fundamentales, invocada por el Ministerio Público, el a quo negó la solicitud de nulidad.

2. Igualmente, niega la solicitud de nulidad elevada por la defensa del procesado, al considerar que su inconformidad está cimentada en cuestionar una serie de hechos y circunstancias plasmadas en la acusación que dice no entender o compartir, pero que leídas en su integridad lo que realmente traslucen es su inconformidad con los cargos, cuya controversia no puede aún abordar el juzgador, so pena de socavar las bases propias del juicio.

Por lo demás, considera que los temas referidos a la falta de precisión y claridad de los hechos jurídicamente relevantes atribuidos en la imputación, en torno del delito de contrato sin cumplimientos legales y peculado por apropiación, corresponden al mismo planteamiento realizado por el Ministerio Público, previamente respondido. Lo mismo ocurre con las imperfecciones en la redacción y desarrollo de la descripción de hechos jurídicamente relevantes y, en general, de la “sustentación de la acusación”, en la que se esgrimen análisis o referentes probatorios, considerando, que tales falencias, no conducen necesariamente a la nulidad de lo actuado, por no constituir una real o potencial transgresión del derecho a la defensa. 11 Segunda instancia acusatorio N° 62206

CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO En concreto, concluye el juez colegiado que, en este caso, los hechos jurídicamente relevantes contenidos tanto en la imputación, como en el escrito de acusación, fueron expuestos de manera suficientemente clara y completa, al delimitar las conductas atribuidas al imputado, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las rodearon; se detallaron los elementos de los respectivos tipos penales y se analizaron aquellos aspectos atinentes a la antijuridicidad y a la culpabilidad; además, se indicaron las circunstancias fácticas relativas a aquellas que inciden en la menor o mayor punibilidad. Inconforme con la decisión anterior, sólo la defensa interpuso recurso de apelación3. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO A partir de mencionar algunas citas jurisprudenciales de esta Corte4, manifiesta que la fiscalía no cumplió con la carga procesal, exigida por la ley 906 de 2004, de realizar una imputación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes; contrario a ello, de manera abstracta introdujo elementos de prueba, actos de investigación y percepciones subjetivas, que carecen de la objetividad necesaria para surtir de contenido material la garantía fundamental del derecho de defensa. 3 Min 39:31. 4Rad. 58277 de 23 de marzo de 2022. 12 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Entiende el apelante, que el único requisito formal cubierto por la fiscalía, tanto en la audiencia de imputación,

como en el escrito acusación, consistió en identificar el delito, sin que realizara algún ejercicio dirigido a determinar el hecho por el cual califica la conducta o supuestas conductas atribuidas al ex gobernador. De esa manera, conforme con la jurisprudencia de esta Corte, la fiscalía no comunicó adecuadamente cómo es que la supuesta conducta del ex mandatario edifica los delitos investigados. Esto, por cuanto, no diferenció debidamente el contenido de hechos jurídicamente relevantes, con los hechos indicadores y los medios de prueba. En oposición a lo exigido, agrega, la fiscalía efectuó la imputación y elaboró el escrito de acusación de forma deshilvanada, sin ningún contenido claro en lo que toca con la hipótesis completa de hechos jurídicamente relevantes, lo que impide delimitar el tema de prueba5. Es así que, respecto del delito de peculado por apropiación, no definió debidamente la cuantía del delito, falencia ésta que se torna insalvable desde el punto de vista de la adecuación típica y de los hechos jurídicamente relevantes. 5 Rad. 553795 de mayo de 2021. 13 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO A la par con lo anterior, estima el recurrente que se equivoca la decisión de primera instancia cuando analiza el alcance de la expresión control formal de la imputación y acusación, habida cuenta que en los casos donde el acto de imputación se desquicia por incumplir con los requisito formales en su formulación -y lo mismo ocurrecon el escrito

de acusaciónes antes de que ésta se formule –la acusacióny no después, que las partes pueden invocar las nulidades, para que se corrija el acto irregular, a manera de sanear la actuación, previo a la iniciación del juicio público6. De otro lado, señala la defensa que la primera instancia dio un alcance diferente a lo que debe entenderse por control formal de la imputación y la acusación, pues, no es cierto que ello deba ser objeto de discusión en el juzgamiento o en la etapa de complementación, corrección o aclaración del escrito de acusación - art. 339 de la ley 906 de 2004-. Para la defensa, la conclusión a la que llega el juez de primera instancia no es la correcta. No es verdad que al postular la nulidad abordó, de forma anticipada, un juicio de valor en torno de aquellos cargos; por el contrario, alega, lo que hizo fue analizar aspectos que dan cuenta de la violación de garantías constitucionales, cuya corrección opera en este momento y no después de la formulación de la acusación. 6Rad. 26087, providencia del 28 de fe. 2007. 14 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Es claro, para el jurista, que en Colombia no existe el control judicial de la acusación; empero, ello no quiere decir que el acto de parte de la fiscalía no obligue incluir circunstancias necesarias en garantía del derecho de defensa y de otros derechos reconocidos como fundamentales dentro del proceso penal. Por ello, es válido presentar argumentaciones relacionadas, precisamente, con la falta de

concreción de los hechos jurídicamente relevantes. Insiste la defensa, en que su ataque contra la imputación ha estado dirigido a criticar la falta de los elementos normativos contemplados en el artículo 29 del código penal, en lo que se refiere a la autoría, dado que no se realizó una descripción de las acciones que realizó TAVERA AMADO, dirigidas a apropiarse de recursos del público, lo que corresponde a una falta de precisión del verbo rector contenido en el art. 397 de la ley 599 de 2000, y de los elementos que lo componen, como quiera que en el escrito de acusación se mencionan varias cifras, sin que quede clara la cuantía de lo apropiado. En esas condiciones, estima que la defensa ha demostrado la vulneración de claros principios que orientan las nulidades, especialmente, el de residualidad, acreditado oportunamente, atendiendo que la imputación y la acusación son actos de parte que corresponden a la fiscalía; por tal 15 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO razón, resultaba fundamental el control formal de la sala de primera instancia. Pide revocar la decisión de primera instancia y declarar la nulidad de lo actuado.

TRASLADO NO RECURRENTES

1. Fiscalía7

Aunque, en principio, dice haber estado parcialmente de acuerdo con el representante del Ministerio Público, en cuanto a la falta de concreción de la cuantía en el delito de peculado por apropiación, solicita confirmar la decisión del a quo, por considerar que esta no fue controvertida o derruida

con el argumento impugnatorio de la defensa. Advierte que, si bien, la defensa reclama claridad frente a las acciones que vinculan a su poderdante con la ilicitud, es lo cierto que el procesado fue llamado a juzgamiento en términos de omisión por comisión, por infringir la obligación de vigilancia y control dirigida a evitar las consecuencias lesivas del patrimonio público. 7 En audiencia desarrollada el 4 de agosto de 2022 se corrió traslado a los no recurrentes. 16 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401

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2. Apoderado de víctimas El representante de la gobernación de Santander, solicita mantener lo resuelto por la Sala de primera instancia.

3. Ministerio Público Empieza por señalar, respecto de la discusión sobre el control formal y material que compete al juez en la audiencia de acusación, conforme con la jurisprudencia de esta Corte, que se persiguió mantener al operador judicial alejado de cualquier controversia referida al análisis de fondo del asunto, razón por la cual sólo le cabe facultad para controlar el escrito de acusación dentro de un ámbito puramente formal (rad. AP6049-2014 del 1 de octubre. 2014, radicado 42452).

O, como lo ha clarificado esta Corte, identificar las conductas que puedan encajar en tipos penales, premisa fáctica y la jurídica, a través de la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes ( C.S.J. SP del 5 de junio de 2019 rad. 51007).

Ello, implica que la Fiscalía cuente con soporte demostrativo que respalde el estándar de conocimiento propio de la ley 906 de 2004, para adelantar el proceso a partir del eje de imputación, acusación y sentencia (C.S.J. SP 862 2020 rad. 56789 del 11 de marzo de 2020). 17 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO En ese sentido, explica que por disposición del artículo 339 de la Ley 906 de 2004, la oportunidad de la defensa y demás partes o intervinientes, para solicitar nulidades en la audiencia de formulación de acusación, opera con antelación a la solicitud de aclaración admisión o corrección, de la formulación de acusación, como aquí ocurrió. Por lo que no es cierto, como lo dice el a quo, que los hechos jurídicamente relevantes se tornarán más claros una vez se analicen los anexos probatorios, después del descubrimiento del fiscal, y que la falta de concreción se superaría acudiendo a la solicitud de aclaración, adición y corrección al escrito de acusación. Tal aserto desquiciaría el orden de la audiencia, por cuanto, las partes e intervinientes tendrían que esperar el agotamiento de la etapa de adición o corrección del libelo de la acusación, la formulación oral de la acusación y descubrimiento probatorio, para luego sí, presentar la postulación de nulidad. Además, contrario a lo sostenido por la defensa, el Ministerio Público no hizo reparos sobre la inferencia

razonable de autoría, sino en torno de la indeterminación de la cuantía, en lo que toca con el delito de peculado por apropiación. 18 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Por su parte, acude este interviniente, a consideraciones doctrinarias, sobre la protección penal del patrimonio público en Colombia y respecto de su alcance, para concluir que el delito de peculado por apropiación obliga establecer el monto de lo apropiado, como lo ha reconocido la Corte. En esa medida, como la cuantía es parte esencial del principio de estricta legalidad, debe al juez de conocimiento llamar la atención frente a ese aspecto, precisamente, porque la Sala de primera instancia ha reconocido que la cuantía del peculado se fijó muy preliminarmente, es decir, que no es clara la forma en que fue estimada por la fiscalía. Son esas las razones –agrega el Ministerio Públicoque lo llevan a intervenir como no recurrente y, de alguna manera, a coadyuvar el recurso de apelación presentado por la defensa. CONSIDERACIONES Acorde con lo previsto en el numeral 6 del artículo 235 de la Carta, reformado por el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte es la competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra las decisiones proferidas contra la Sala Especial de Juzgamiento de esta Corporación. 19 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401

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En acatamiento del principio de limitación, la decisión que ha de tomar la Sala, solo se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación8. Se recuerda que, en este caso, el objeto de impugnación está limitado al contenido del auto que negó la nulidad deprecada por la defensa, en parte, coadyuvada por el Ministerio Público, a partir de la audiencia de imputación de cargos, por considerar vulnerado el derecho de defensa, en tanto la diligencia careció de concreción en lo que toca con los hechos jurídicamente relevantes, que remiten a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, aunado a que, respecto de éste último no se estableció debidamente la cuantía de lo apropiado. La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, para cuyo efecto abordará los siguientes tópicos: i) al control formal y material de la imputación y acusación por parte del juez; ii) la trascendencia de la audiencia de formulación de imputación en lo que hace relación a hechos jurídicamente relevantes y iii) descenderá frente al caso concreto. 8 Artículo 204 de la Ley 600 de 2000, aplicable por remisión a la Ley 906 de 2004, conforme con el canon 25 de la Ley 906 de 2004. 20 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401

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1. Control formal y material de la imputación y acusación por parte del juez

Uno de los aspectos que censura la defensa, refiere que la primera instancia no cumplió con el deber legal de realizar un control formal, que no material, de la imputación y del escrito de acusación, en sede de la solicitud de nulidad. Lo anterior, por cuanto, considera el recurrente, las solicitudes de los sujetos procesales e intervinientes, durante el traslado del canon 339 de la Ley 906 de 2004, relacionadas con la falta de concreción y claridad de los hechos jurídicamente relevantes, corresponden a un asunto pasible de zanjar en el traslado inicial consignado en la norma, y no después de formulada la acusación y corrido el traslado del anexo de la misma, como al parecer lo entiende la primera instancia. Sucede, sin embargo, que la argumentación presentada por la defensa y el agente del Ministerio Público opera parcialmente adecuada, pues, confunde dos actos procesales diversos, que registran también distintas respuestas. Al efecto, es necesario precisar que la solicitud de nulidades a que atiende el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, cuando delimita el trámite de la audiencia de formulación de 21 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO acusación, remite a aquellas ocurridas con antelación a esta diligencia e, incluso, de la presentación del escrito de acusación. En el sistema antecedente consecuente que diseña el proceso penal en Colombia, es claro que el proceso formalizado, en toda su extensión ordinaria, reclama como hitos necesarios e inescapables, la audiencia de formulación

de imputación, la de formulación de acusación, la preparatoria y el juicio oral, para desembocar en el fallo, que puede o no impugnarse. De esta manera, la audiencia de formulación de imputación no representa apenas un acto de parte, o comunicacional de la fiscalía, sino que marca el inicio indispensable e insoslayable del trámite penal formalizado, de lo cual se sigue que cualquier irregularidad sustancial ocurrida en tránsito de ella, no solo puede afectar garantías de las partes, sino la estructura misma del trámite. Por ello, el inicio del artículo 339 en cita, desde un comienzo obliga examinar el tópico de nulidades, que necesariamente remite, se reitera, a las irregularidades sustanciales de la audiencia de formulación de imputación, entre ellas, desde luego, las omisiones, confusiones o equívocos que le hayan impedido conocer a la defensa y al 22 Segunda instancia acusatorio N° 62206 CUI 11001600010220170017401 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO imputado, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que se atribuyen a este último. Si se verifica que, en efecto, los hechos jurídicamente relevantes no fueron adecuadamente construidos, en tanto, impiden conocer a cabalidad las conductas endilgadas y su necesaria delimitación en un tipo penal específico, se obliga disponer la nulidad de lo actuado en la diligencia de formulación de acusación, en tanto, se ha afectado profundamente, no solo el derecho de defensa, sino el debido proceso. No es cierto, como parece entenderlo la Sala

Especializada, que esa falencia fundamental pueda ser suplida o corregida con el escrito de acusación o la consecuente formulación de ést