CSJ - AP2281-2024(65565)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado Ponente AP2281-2024 Radicación 65565 Acta 093 Bogotá D.C., Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de las demandas de casación interpuestas por el defensor de LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA y por JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO, quien actúa a nombre propio, contra la sentencia emitida el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Popayán que confirmó la sentencia condenatoria impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada-Cauca como coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, junto con LUIS

FERNANDO SANTA MUÑOZ.

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS HECHOS: El Tribunal Superior de Popayán declaró probado que en el proceso que dio origen al contrato de arrendamiento de inversión No 001, cuyo objeto era prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, suscrito el 9 de junio de 2004 entre el alcalde de Puerto Tejada-Cauca LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ y el apoderado designado por la Sociedad AGUAS DEL PUERTO S.A.E.S.P., se incumplieron las normas del Decreto 2170 de 2002 y la Ley 80 de 1993 que

rigen la contratación estatal, en razón a que: (i) no se realizó la publicación del proyecto de pliego de condiciones, ni los tres avisos de invitación de acompañamiento del control social con un tiempo no menor a 10 días de la fecha de apertura de la licitación, y las publicaciones se hicieron en un diario que no es de circulación nacional; (ii) no se efectuó la audiencia pública para la adjudicación del contrato y esta se hizo mediante la resolución No 116 del 26 de mayo de 2004; (iii) para la fecha en que se realizó la licitación no existía la firma que fue contratada ya que se constituyó con posterioridad a la adjudicación del contrato, por lo que, además, no se acreditó la experiencia ni la inscripción en la Cámara de Comercio y (iv) si bien existió un estudio financiero, en este no se determinó cómo se fijó un canon de arrendamiento de 3 millones de pesos mensuales de la infraestructura de agua y alcantarillado de propiedad municipal, lo que era indispensable para cumplir con los principios de economía y transparencia en la celebración y adjudicación del contrato. CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS En la etapa precontractual actuaron el alcalde LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, el jefe de la oficina jurídica del municipio JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO y el ingeniero LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA, a quien mediante contrato de prestación de servicios del 5 de enero de 2004 se le transfirieron temporalmente algunas funciones públicas para adelantar el proceso precontractual.

ANTECEDENTES PROCESALES:

1. La Fiscalía Primera delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada abrió investigación penal el 8 de octubre de 2004, con fundamento en el informe de la Contraloría Departamental del Cauca del 31 de agosto de ese mismo año, en el que se establecieron las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración del contrato No 001 del 9 de junio de 2004, suscrito entre la alcaldía de Puerto Tejada y la sociedad AGUAS DEL PUERTO

S.A.E.S.P.

2. El 21 de febrero de 2005, fue vinculado mediante indagatoria el alcalde LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, El 28 de febrero siguiente, la fiscalía le resolvió la situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.? Ante la solicitud de revocatoria realizada por el defensor, el 29 de abril de 2005 la fiscalía revocó la decisión y ordenó la libertad provisional.’ El 1 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022707271, folios 201 a 208. ? Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022707271, folios 221 a 238. 3 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022707271, folios 338 a 345.

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS 21 de diciembre de 2005 se llevó a cabo diligencia de ampliación de indagatoria. Por su parte, JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO fue

vinculado mediante indagatoria llevada a cabo 7 de septiembre de 20055. Y, el 18 de diciembre de 2006, se vinculó mediante indagatoria a LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA.

3. La fiscalía cerró la investigación el 31 de octubre de

2007. Calificó el mérito del sumario el 8 de mayo de 2008 y emitió resolución de acusación contra LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA Y JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “Al ser apelada la decisión por la defensa, el 29 de mayo de 2009, la Unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior declaró la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del cierre de investigación ordenado el 31 de octubre de 2007.8

4. El 13 de octubre de 2009 se llevó a cabo la ampliación de indagatoria de JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO Y al día siguiente, se realizó la ampliación de indagatoria de LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA.19 El 6 de diciembre de 2010, se declaró persona ausente a LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ.!1 4 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022936765, folios 209 a 214. 5 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022936765, folios 202 a 207. 6 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022936765, folios 261 a 268. 7 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022936765, folios 349 a 398.

3 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 7 al 23. 9 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 39 a 43. 10 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 56 a 61. 11 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 96 a 99. CUI 19573310400120160019301

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5. El 17 de febrero de 2011, se ordenó nuevamente el cierre la de investigación. Decisión que, al ser interpuesto recurso de reposición por el defensor de CONVERS GUEVARA y el representante del Ministerio Público, fue revocada el 12 de mayo de ese mismo año.1?

6. El 31 de agosto de 2011 la fiscalía definió la situación jurídica de los procesados absteniéndose de imponer medida de aseguramiento.13 El 28 de septiembre siguiente, se cerró de nuevo la investigación.! Respecto de esta decisión el defensor de CONVERS GUEVARA interpuso recurso de reposición y la representante del Ministerio Público solicitó nulidad. El 30 de noviembre de 2011, la fiscalía repuso la decisión.15

7. El 3 de febrero de 2014 se cerró nuevamente la investigación. El 22 de abril de 2015, se emitió resolución de acusación contra LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO y LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA.16 Al no haberse podido notificar personalmente a

los acusados ni al apoderado de MORENO SERRANO, la fiscalía mediante auto del 17 de julio de 2015 dispuso nombrar un abogado de oficio para este procesado, así como notificar por estado a los tres procesados.!7Contra la resolución de 12 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 120 y 121. 13 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folios 129 a 139. 14 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folio 144. 15 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folio 155 a 156. 16 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022010094, folio 239 a 259. 17 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folio 305. CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS acusación, el defensor de CONVERS GUEVARA interpuso recurso de apelación.18

8. El 9 de octubre de 2015 la Unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Popayán se abstuvo de resolver el recurso, al advertir la vulneración del derecho de defensa al procesado CONVERS GUEVARA y decretó la nulidad parcial de la resolución de acusación únicamente en lo que respecta a dicho procesado. Además, ordenó la ruptura de la unidad procesal respecto de LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ y JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO. La resolución de acusación en su contra quedó en firme el 9 de octubre de

2015. Finalmente, dispuso enviar los cuadernos originales al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada para tramitar el juicio correspondiente.19

9. El 1° de diciembre de 2015, la fiscalía calificó nuevamente el mérito del sumario respecto del procesado CONVERS GUEVARA. Le dictó resolución de acusación como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El defensor interpuso recurso de apelación. 2°Antes de remitir el expediente para que se surtiera este recurso, la fiscalía negó la petición de preclusión que había elevado el defensor del procesado.?1

10. Al haber sido sustentado extemporáneamente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de 18 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folios 310 a 337. 19 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folios 343 a 365. 20 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folios 407 a 429. 2! Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folios 488 a 492.

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS acusacion, la fiscalia delegada ante el Tribunal Superior se abstuvo de resolverlo el 16 de mayo de 2016.22

11. E120 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia preparatoria ante Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada.?3 La audiencia pública se inició el 17 de mayo de

201924, Continuó el 16 de septiembre de ese mismo año” y el 4 de febrero de 2020.?Luego de 4 aplazamientos, se llevaron a cabo tres sesiones, el 5 de agosto, y el 3 y 30 de septiembre de 2021.27

12. El 20 de febrero de 2023, el Juzgado de conocimiento emitió sentencia condenatoria contra los procesados. 28Al ser apelada la decisión, fue confirmada el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Popayán.?9

13. Contra esta decisión al defensor de LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA y el procesado JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO (quien en su calidad de abogado actúa a nombre propio), interpusieron recurso extraordinario de casación. 22 Archivo magnético Primera instancia cuaderno 2024022056331, folios 501 a 520. 23 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022123044, folios 229 a 235. 24 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022156110, folios 1 y 2. 25 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022156110, folios 24 y 25. 26 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022156110, folios 44 y 45. 27 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022156110, folios 198 a 200, 228 a 265 y 269, respectivamente. 28 Archivo magnético Primera instancia Juzgamiento cuaderno 2024022220209,folios la76. 29 Archivo magnético Segunda Instancia cuaderno 2024022907676, folios 18 a 86.

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LAS DEMANDAS:

Demanda presentada por JOSE ANTONIO MORENO

SERRANO.

Con fundamento en la causal primera del articulo 207 de la Ley 600 de 2000, el demandante presentó dos cargos por violación directa de la Ley. Primer cargo. Acusó la sentencia por violación directa de los artículos 29 de la Constitución Política, y 232 y 241 del Código de Procedimiento Penal. Argumentó que la sentencia violó el principio de la necesidad de la prueba, pues a pesar de haber sido solicitadas y ordenadas no se pudieron practicar: (i) la inspección al expediente contractual por no haber sido Ubicado por los investigadores judiciales en la alcaldía de Puerto Tejada; (ii) la remisión del expediente de la acción popular tramitado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, en el que se indicó que se realizó el estudio técnico de viabilidad financiera y, (iii) los testimonios del secretario de Planeación de Puerto Tejada y director del proceso licitatorio Danilo Ortiz Paz y el de Marcos Esneyder Castillo, quienes actuaron como integrantes del comité evaluador. Indicó, además, que el juez de instancia guardó silencio respecto de la prueba traslada del proceso disciplinario que por estos mismos hechos llevó a cabo la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, CUI 19573310400120160019301

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en el que, luego de ser vinculado y escuchado, el ente disciplinario se abstuvo de iniciar investigación en su contra. Segundo cargo. Señaló que la sentencia violó los artículos 7%, 9 y 12 de la Ley 599 de 2000. Afirmó que la fiscalía no logró aportar material probatorio que permitiera delimitar la actuación de cada uno de los procesados, ni la existencia del ingrediente subjetivo del tipo penal, “la intención dolosa y el propósito claro de quien actúa, de querer beneficiarse a sí mismo o a un tercero”. En su opinión, los jueces de instancia desconocieron que no basta con inferir la existencia de los hechos y la responsabilidad penal, sino que, además, debe delimitarse la actuación de cada uno de los procesados, lo que en el presente caso no se hizo. Solicitó casar la sentencia y absolverlo de los cargos por los que fue acusado. Demanda a nombre de LUIS FRANCISCO CONVERS

GUEVARA.

El demandante formuló cuatro cargos. Primer cargo. CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS Con fundamento en la causal tercera del articulo 207 de la ley 600 de 2000, acusó la sentencia por nulidad derivada de la violación del debido proceso. Señaló que, a partir del informe secretarial del 7 de julio de 2016, comparó el número de cuadernos remitidos por la fiscalía con los recibidos por Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada y no coinciden. Tampoco coincide la relación

de los folios con los que obran en los cuadernos 1, 2, 3 y 4. A continuación hizo una descripción detallada del número de folios de estos cuadernos, e, indicó que en el cuaderno 1 faltan cuatro folios, en el cuaderno 2 seis, en el cuaderno 3 doscientos y en el cuaderno 4 uno. Esta misma situación, según indicó, se presenta en el expediente digital en donde se denominaron los archivos en forma diferente a su contenido. Aseveró, además, que cuando la fiscalía ordenó enviar el cuaderno de copia con los anexos a la Unidad Anticorrupción, el funcionario encargado de llevarlos dejó constancia que el expediente se soltó de la parrilla de la moto, cayó al piso y varias hojas no se pudieron recuperar en razón a que el viento se las llevó. Ante esto, la fiscalía ordenó conformar nuevamente el proceso, pero ello no se hizo. En su opinión, esto no solo demuestra poca diligencia de la fiscalía y del juzgado de primera instancia en la preservación de la prueba, sino, fundamentalmente, la manipulación indebida. Señaló que no solicita la nulidad por 10 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS la simple afectacion de las formas, sino, por cuanto, se lesionó el debido proceso al no asegurar la integridad y la preservación de todo lo ocurrido en este caso. Aseveró que la solicitud cumple con los principios de acreditación, convalidación, protección, residualidad y

trascendencia, y la nulidad no es subsanable, por lo que solicitó que sea declarada a partir de la sentencia de segunda instancia, inclusive. Segundo cargo. Con fundamento en la misma causal, acusó la sentencia de nulidad derivada de violación al derecho de defensa. Aseveró que en la diligencia de indagatoria la fiscalía indicó que el procesado fue determinador, figura procesal que corresponde a situaciones especiales como el mandato, la asociación, la coacción insuperable, el consejo y la orden no vinculante, todas estas relacionadas con la comunicación entre el autor intelectual y el ejecutor material, situación que, en su opinión, en este caso no se presentó. Agregó que la calificación provisional de la participación como determinador se mantuvo hasta el 1° de diciembre de 2015, fecha en la que se emitió la resolución de acusación en la que se indicó que su defendido actuó en calidad de coautor. Según dijo, respecto a esta variación no se le dio oportunidad al procesado de defenderse, pues la fiscalía 11 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS omitió indicarle dicha forma de participación en la diligencia de ampliación de indagatoria llevada a cabo el 14 de octubre de 2009, como lo exige el estatuto procedimental penal. Agregó que a lo anterior se sumó que en la providencia que negó la solicitud de preclusión, emitida el 19 de febrero de 2016, la fiscalía indicó que era interviniente. Por ende, según dijo, durante los primeros 9 años de la instrucción se le

imputaron los hechos como determinador, después como coautor y luego como interviniente. Dicho proceder, en su opinión, ocasionó una grave violación al derecho de defensa, no subsanable que, por su trascendencia, sólo puede ser remediada declarando la nulidad de lo actuado, pero no indicó a partir de qué actuación. Tercer cargo. Con fundamento en la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusó la sentencia por violación directa por aplicación indebida del artículo 29 e inaplicación del artículo 30, ambos de la ley 599 de 2000. Señaló que a pesar de que los jueces de instancia reconocieron que su defendido no era servidor público sino un contratista, emitieron la condena como coautor al señalar que participó en la ejecución de la conducta junto con los demás procesados y, por consiguiente, se le debía imponer la pena señalada para el autor. Según dijo, con este criterio los jueces se apartaron de la jurisprudencia de la Corte señalada en la sentencia del 8 de junio de 2003 (radicado 20704), en la que se indicó que cuando un particular con función 12 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS pública atribuida interviene en la ejecución de una conducta su participación solo puede ser calificada como la de interviniente. Afirmó que el procesado actuó como contratista del municipio en el marco de los establecido en el contrato de prestación de servicios suscrito el 5 de enero de 2004 y, si

bien los particulares en virtud de estos contratos están habilitados para ser depositarios de funciones públicas, esto no los convierte en sujetos activos calificados. En su opinión, se debió aplicar la pena según lo señalado en el artículo 30 del Código Penal y no de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del mismo estatuto. Cuarto cargo. Acusó la sentencia por violación indirecta derivado de dos falsos juicios de identidad por tergiversación y/o distorsión de los medios probatorios y tres falsos juicios de existencia. Señaló que los jueces de instancia incurrieron en el primer error por falso juicio de identidad al tergiversar el contenido del contrato de prestación de servicios celebrado en el procesado y el municipio de Puerto Tejada, pues señalaron que el contrato implicó la trasferencia de una función pública que le correspondía realizar al alcalde, que se materializó cuando el procesado participó en la reunión del Comité de Evaluación que calificó la propuesta presentada por el Consorcio AGUAS DEL PUERTO, llevada a 13 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS cabo el 21 de mayo de 2004, y conceptuó que cumplía con las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones. Afirmó que el contrato de prestación de servicios suscrito no implicó la transferencia de funciones públicas, ya que, en este contrato sólo se estableció que debía: (i) adelantar el estudio de viabilidad técnica, financiera, comercial y jurídica del servicio domiciliario de acueducto y

alcantarillado; (ii)analizar y recomendar alternativas para la prestación eficiente de dichos servicios; (iii) estructurar el pliego de condiciones y (iv) acompañar el desarrollo del proceso licitatorio hasta la firma del contrato. Según dijo, ninguna de estas actividades implicaba asumir la función pública relacionada con la publicación de pliegos ni acreditar la experiencia de los proponentes, actos en los que se presentaron las irregularidades indicadas por la Contraloría departamental y respecto de los cuales el Tribunal emitió la condena en contra del procesado. Señaló que a partir del contrato de prestación de servicios no se puede concluir, como lo hicieron los jueces de instancia, que el procesado tenía la calidad de sujeto activo calificado, pues no se le transfirió función pública alguna. Agregó que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional C-563 del 7 de octubre de 1998, sólo es posible equiparar la responsabilidad del particular a la de los servidores públicos cuando en el contrato que se realice con éste, de manera excepcional, se le atribuyan funciones públicas, lo que, en su opinión, en el presente caso no ocurrió, pues el procesado sólo elaboró el proyecto de 14 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS prepliegos que la administración decidió acoger al expedir la resolución 649 del 20 de abril de 2004. Según dijo, los demás aspectos señalados por el Tribunal, relacionados con los términos de referencia, la publicación del proceso contractual, la programación de audiencias, la inscripción de

aspirantes en el registro de proponentes y las razones para la escogencia del contratista, fueron totalmente ajenos al contratista y la responsabilidad frente a estos, recae únicamente en la administración municipal. Indicó que el segundo error por falso juicio de identidad se presentó respecto del estudio de viabilidad técnica realizado por el procesado, pues el Tribunal le agregó a partir de las aclaraciones que se hicieron al informe de la Contraloría, que no cumplió con la publicación de los pliegos ni con las formalidades de la publicación del acto de apertura, cuando estas actividades, según dijo, no fueron contempladas en el contrato de prestación de servicios que éste suscribió. Agregó que en el estudio técnico que realizó el procesado, indicó claramente que la administración municipal debía: (i) realizar la publicación con antelación a 10 días del acto de apertura en un diario de circulación nacional; (ii) adelantar la audiencia pública correspondiente de información a la comunidad y escuchar sus observaciones, recomendaciones e inquietudes y realizar la correspondiente modificación de los pliegos de condiciones; (iii) expedir la resolución para dar apertura al proceso licitatorio indicando dónde podía ser consultados, y la fecha 15 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS y hora del cierre de la licitación, y (iv) designar el comité evaluador para calificar las propuestas y elaborar el acta indicando su orden de elegibilidad. Para el defensor, este informe técnico no sólo demuestra que los trámites de la contratación debían ser llevados a cabo

por la administración municipal, esto es, que no eran de responsabilidad del contratista, sino, además, contiene el análisis requerido para la entrega de la infraestructura de servicios del municipio, que echó de menos el Tribunal. Agregó que el informe contiene la evaluación de las inversiones que se debían efectuar para asegurar la prestación de un servicio de calidad; el análisis financiero que incluía los gastos en que debía incurrir el contratista para la adecuación del sistema operativo; el número de usuarios y las tarifas que usualmente se pagan en Puerto Tejada, y el tiempo de duración del contrato acorde con el tamaño del municipio, buscando que la fórmula aplicada asegurara el retorno de la inversión al contratista y las mejoras a favor del municipio. Además, estableció que no había necesidad de que el gobierno nacional y local realizara una inversión para mejorar la infraestructura, pues esta estaría a cargo del contratista y serían de propiedad del municipio. Y finalmente, contiene el modelo financiero que incluye todas las variables necesarias para la operación, en las que aparecen las requeridas para establecer el esquema tarifario. De otra parte, indicó que el primer falso juicio de existencia se presentó cuando los falladores de instancia 16 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS omitieron valorar las aclaraciones que hizo el perito Guillermo Chicaiza Ordoñez al informe que presentó el 30 de mayo de 2012. Según dijo, en las aclaraciones el perito señaló que: (i) sí existió un estudio en el que se consideraron los beneficios

para el Municipio al adoptar el modelo de arrendamiento con inversión; (ii) la responsabilidad para emitir de manera oficial los prepliegos y pliegos de condiciones era de la “Entidad Pública” interesada; (iii) la publicación del aviso de convocatoria era exclusiva de la administración municipal; (iv) el comité evaluador fue conformado por la alcaldía a través de la resolución 557 de 2004, y en este no se incluyó al procesado; (v) no se incluyó en el contrato de prestación de servicios suscrito entre el Municipio y el procesado, la obligación de redactar el texto del contrato administrativo; (vi) la elaboración, aprobación y ejecución del cronograma de actividades del proceso, así como la adjudicación del contrato eran responsabilidad exclusiva de la alcaldía y (vii) al procesado no le correspondía responder por la evaluación técnica y financiera de los proponentes. En su opinión, de haber valorado las anteriores aclaraciones, el Tribunal habría emitido sentencia absolutoria a favor del procesado. Aseveró que el segundo error por falso juicio de existencia en que incurrió el Tribunal consistió en no valorar el acta de suspensión del contrato de prestación de servicios, suscrita por el interventor y funcionario del municipio Danilo 17 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS Ortiz Paz y el procesado el 20 de abril de 2004, documento que obra a folio 383 del cuaderno digital 4. Dicha acta, según dijo, demuestra que el procesado no ejerció función pública

alguna entre el 20 de abril y el 11 de mayo de 2004, periodo en el cual se hizo la publicación de la licitación, por lo que los errores que se cometieron en este acto no pueden ser atribuibles al procesado. El tercer error por falso juicio de existencia, según afirmó, consistió en que el Tribunal omitió tener en cuenta el informe pericial rendido por Jesús Eliécer Constain Matta el 22 de marzo de 2005, en el que manifestó que el procesado elaboró un trabajo técnico adecuado, en sus componentes financiero, comercial y de costos e inversión, para el proceso contractual. Además, estableció que el procesado elaboró un cronograma y unos términos de referencia, lo que, en su opinión, desvirtúa la afirmación del Tribunal relativa a que la entrega de la infraestructura de los servicios no estuvo basada en un estudio financiero. Aseveró que si el Tribunal hubiera tenido en cuenta este informe pericial, habría concluido que el procesado cumplió a cabalidad con el contrato de prestación de servicios suscrito con el Municipio. Este hecho, según dijo, también fue corroborado por el Consejo de Estado en el fallo del 19 de junio de 2008 en el que examinó cada uno de los requisitos esenciales del contrato 001 del 9 de junio de 2004 y concluyó que el proceso licitatorio estuvo precedido de un completo estudio de viabilidad técnica, financiera, comercial y jurídica que fue elaborado por el procesado. 18 CUI 19573310400120160019301

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LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS Finalmente, indicó que el Tribunal también valoró

equivocadamente la resolución 557 del 12 de abril de 2004 al señalar que el procesado formaba parte del comité evaluador, cuando allí claramente se indicó que sus integrantes eran Danilo Ortiz, secretario de planeación, Marcos Castillo, secretario de obras públicas y JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO, director jurídico.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. La Sala no examinará la demanda de casación presentada por JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO al advertir que la acción penal seguida en su contra prescribió antes de emitirse la sentencia de segunda instancia.

La fiscalía dictó resolución de acusación el 22 de abril de 2015 contra LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO MORENO SERRANO y LUIS FRANCISCO CONVERS GUEVARA como coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Al ser apelada por el defensor de CONVERS GUEVARA, la fiscalía se abstuvo de resolver el recurso al advertir la vulneración de derechos fundamentales en su contra. Por ende, declaró la nulidad parcial a su favor. La resolución de acusación, entonces, quedó en firme para los procesados SANTA MUÑOZ y MORENO SERRANO el 9 de octubre de 2015. El 1 de diciembre de 2015, se emitió nuevamente la resolución de acusación contra el procesado CONVERS GUEVARA, la que quedó ejecutoriada el 16 de mayo de 2016, 19 CUI 19573310400120160019301

CASACION-NUMERO INTERNO 65565

LUIS FERNANDO SANTA MUNOZ Y OTROS

cuando la fiscalia delegada ante el Tribunal se abstuvo de resolver el recurso de apelacion que interpuso su defensor, en razón a que presentó extemporáneamente la sustentación correspondiente. Para el año 2004, el artículo 410 del Código Penal establecía: “ARTÍCULO 410.CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. Por su