CSJ - CP107-2022(61452)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente CP107 -2022 Radicación N.° 61452 (Aprobado Acta No. 137) Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022). VISTOS Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición simplificada del ciudadano de nacionalidades venezolana, española y panameña, CARLOS SHALON SULTAN ABADI, formulada por el Gobierno de la República de Panamá.

ANTECEDENTES CUI 11001020400020220086100

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Extradición

1. Mediante las Notas Verbales No. EP/COL/137/22 y EP/COL/139/22 del 23 de marzo de 2022 y EP/COL/149/22 del 31 de marzo siguiente, el Gobierno de la República de Panamá, a través de su embajada, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de CARLOS SHALON SULTAN ABADI, ciudadano venezolano, español y panameño requerido para comparecer a juicio por un «delito en contra de la libertad, libertad individual y desaparición forzada», según la resolución de detención provisional dictada el 18 de marzo del 2022, por el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá (Causa No. 202000061683)1.

2. En resolución del 24 de marzo de 2022, el Fiscal General de la Nación decretó la captura del requerido con fines de extradición.

Su detención se había realizado el 17 de marzo de 2022 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e

Interpol de la Policía Nacional, en el hotel Bastión Luxury de Cartagena de Indias, Bolívar, cuando fue requerido por funcionarios de Migración Colombia que, tras verificar en el sistema SIRE de Migración, evidenciaron que en su contra figuraba una notificación roja de INTERPOL (A-2016/3-2022, del 8 de marzo de 2022).

3. A través de la Nota Verbal EP/COL/180/22 del 18 de abril de 2022, la representación diplomática formalizó el 1 Dicho auto se profirió un día después de que el ciudadano fuera detenido. La Resolución de Aprehensión que soporta la Circular Roja de la Interpol (número de control A-2016/3-2022, de fecha 8 de marzo de 2022) fue emitida el 11 de febrero de 2022 por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá.

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Extradición requerimiento de extradición de CARLOS SHALON SULTAN ABADI y, para tal efecto, aportó la documentación pertinente.

4. El 26 de abril de 2022, en el concepto previsto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que es del caso «proceder con sujeción a […] el “Tratado de extradición”, celebrado entre la República de Colombia y la República de Panamá, suscrito en Panamá, el 24 de diciembre de 19272»3.

5. El mencionado Ministerio remitió el expediente al de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida

formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia el 28 de abril, para que adelantara el trámite a su cargo. El 3 de mayo de 2022, CARLOS SHALON SULTAN ABADI nombró un apoderado de confianza y, coadyuvado por éste, expresó su intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. El 5 de mayo siguiente, se le reconoció personería al defensor y se corrió traslado al Ministerio Público para los fines previstos en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011. Adicionalmente, se requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que consultaran en sus bases de datos si obra alguna investigación en contra del reclamado y, en caso afirmativo, informaran el número de 2 Integrado al ordenamiento colombiano a través de la Ley 57 de 1928. 3 Mediante oficio DIAJI No. 1059. 3 CUI 11001020400020220086100

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Extradición radicación, los hechos objeto de investigación y el estado actual del trámite.

6. En punto del trámite simplificado, la representante del Ministerio Público requirió mediante entrevista personal al solicitado con el fin de que exteriorizara lo que a bien tuviera frente a la solicitud de extradición simplificada que elevó y, tras observar que la declaración del reclamado fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada, la coadyuvó.

Añadió la delegada que no existe duda en el expediente sobre la plena identidad del requerido y que, revisados los

documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos aplicables al caso para la emisión de concepto favorable a la solicitud de extradición, siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos del solicitado.

7. En respuesta a la verificación dispuesta La Policía Nacional informó que, en su base de datos, solo existe un registro respecto del requerido, que es el relacionado con el procedimiento de extradición que concita la atención de la

Sala.

8. La Fiscalía General de la Nación informó que no se encontraron registros de investigaciones seguidas en contra del ciudadano requerido.

CONCEPTO DE LA CORTE

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Extradición

1. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004. Esa disposición introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, mediante la cual, quien es requerido en extradición, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando: i) la petición sea coadyuvada por su defensor; y ii) el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite.

La Sala encuentra satisfechas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de la República de Panamá, respecto del ciudadano venezolano, español y panameño CARLOS SHALON SULTAN ABADI.

En efecto, la petición de la persona requerida se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su abogado y la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal verificó, mediante entrevista con el solicitado, el respeto de sus garantías fundamentales en la manifestación. Así las cosas, como constata la Corte que se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procederá. 5 CUI 11001020400020220086100

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Extradición

2. De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el 1º del Acto Legislativo 01 de 1997, la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

En tal sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores, señala que el tratado aplicable al presente caso es el suscrito entre las Repúblicas de Colombia y Panamá, el 24 de diciembre de 1927. Por lo tanto, el concepto de la Corte versará sobre las siguientes condiciones regladas en ese instrumento internacional: i) El artículo 1º de la Convención de Extradición celebrada entre la República de Colombia y la República de Panamá prevé que «Los Estados contratantes se obligan recíprocamente, en conformidad con las estipulaciones del presente Tratado, a la entrega de prófugos de la justicia que se encuentren dentro de sus respectivas jurisdicciones».

1. En su artículo 2º dispone que:

«[P]ara que haya lugar a la extradición se requiere: a) Que el Estado reclamante tenga jurisdicción para juzgar y castigar el acto que motiva la solicitud. b) Que el individuo cuya extradición se pida haya sido condenado o esté procesado o perseguido como autor, cómplice o auxiliador de una violación de derecho penal punible en ambos Estados con una pena no menor de dos años de prisión. 6 CUI 11001020400020220086100

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Extradición c) Que la acción o la pena no estén prescritas conforme a las leyes de cualquiera de los Estados contratantes. d) Que el prófugo, si está ya juzgado, no haya cumplido aún su condena». iii) En el artículo 4º, se establece que no habrá lugar a la extradición: «a) Cuando por el mismo delito, la persona cuya extradición se solicita esté o haya sido ya juzgada o indultada en el Estado requerido. b) Cuando se trate de delitos políticos o actos conexos con ellos (exceptuando todo atentado contra la vida del Jefe de la Nación), o de delitos contra la religión, o de faltas o transgresiones puramente militares. La cuestión de saber si se trata o no de delito político o hecho conexo con él será decidida por el Estado requerido, teniendo en cuenta aquella de las legislaciones que sea más favorable al prófugo. Los actos caracterizados como de anarquismo por las leyes de ambos Estados no serán considerados como delitos políticos». A su vez, no hay lugar a éste trámite, según lo regula el artículo 5° «si el individuo reclamado es nacional nativo del Estado

requerido o nacionalizado en él, salvo en este último caso, que la naturalización sea posterior al acto que determina la solicitud de extradición». iv) El artículo 6º de la Convención dispone que: «Si, fuera del caso a que se refiere el inciso primero del artículo cuarto, el individuo cuya extradición se solicita estuviere condenado o procesado por el Estado requerido, la entrega no se verificará sino cuando haya cumplido la condena o haya sido indultado, o cuando por sobreseimiento, absolución, declaración de prescripción u otro medio legal haya quedado exento de proceso».

1. En su artículo 8º establece que:

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Extradición «El individuo cuya extradición se ha concedido no podrá ser procesado por delito distinto de aquel que motivó la extradición, a no ser que el Estado que la concedió lo hubiere consentido previamente, o cuando se trate de un delito conexo con aquél y que aparezca de las mismas pruebas presentadas con la solicitud». vi) Conforme al artículo 12 de la Convención, la extradición será solicitada por los Agentes Diplomáticos y, a falta de éstos, por los Consulares, o directamente de Gobierno a Gobierno, y estará acompañada de los siguientes documentos: «a) Copia o transcripción auténtica de la sentencia firme, cuando el prófugo hubiere sido condenado, y cuando se trate de un procesado o perseguido, copia del auto de detención dictado por autoridad competente. b) Indicación exacta de los actos que determinan la solicitud de extradición y del lugar y de la fecha de su ejecución, cuando esto

pudiere precisarse. c) Todos los datos que posea el Estado requirente y que sirvan para establecer la identidad de la persona cuya extradición se solicita. d) Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso. Los documentos de que aquí se trata serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado reclamante».

3. Acorde con lo exigido por el artículo 12 de la Convención de Extradición suscrita entre Colombia y la República de Panamá, se establece que la presente solicitud del ciudadano venezolano, español y panameño CARLOS SHALON SULTAN ABADI fue presentada por vía diplomática y formalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la Embajada panameña en Colombia.

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Extradición Adicionalmente la documentación satisface lo estipulado en el artículo en cita, toda vez que se encuentra la certificación firmada por el Juez Carmelo Abdiel Zambrano, en la cual consta que la copia de la resolución de detención provisional es fiel copia de su original. A folio siguiente -y avalando la mismase encuentra el certificado de «APOSTILLE» firmado el 13 de abril de 2022 por Yanixsa Y. Yuen, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. De esos soportes se determina con claridad que en contra de CARLOS SHALON SULTAN ABADI se profirió la resolución de detención provisional dictada el 18 de marzo del 2022, por el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá (Causa No. 202000061683).

Comoquiera que la Convención de La Haya es la que disciplina la legalización de los anexos, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que soporta la solicitud de extradición, impuestos por las legislaciones del Estado requirente y el colombiano, efectivamente se cumplen, razón por la cual los documentos aportados con tal fin son aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que precede al concepto (CP108, 18 jun. 2014, Rad. 42065).

4. El Gobierno de Panamá informó en su petición que el requerido se llama CARLOS SHALON SULTAN ABADI, ciudadano venezolano, español y panameño nacido el 30 de octubre de 1952 en Caracas, Venezuela, identificado con:

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Extradición i) La cédula de identidad venezolana V-3.661.861; ii) Los pasaportes XC136616, XDA249525, XDA986217, XDC756974 y XDD385904 expedidos en España; iii) El carné de residente permanente y/o cédula de identidad E-8-112864, expedido en Panamá; y iv) La cédula de extranjería No. 893523, expedida en Colombia. Al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, el reclamado se identificó con el carné de residencia E-8-112864 de Panamá, la cédula de identidad No. 3.661.861 de Venezuela y la cédula de extranjería No. 893523 de Colombia. Aquellos documentos de identificación

aparecen en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato. Además, su identidad fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que las huellas del capturado corresponden a las de la persona solicitada en extradición. De igual manera, ese aspecto no fue discutido por el defensor o la delegada del Ministerio Público a lo largo del trámite. Así las cosas, de las piezas documentales aportadas al trámite se advierte con facilidad que no hay ninguna duda en 10 CUI 11001020400020220086100

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Extradición cuanto a la plena identidad del individuo pedido en extradición y su correspondencia con la persona que está actualmente privada de la libertad por cuenta de esta actuación.

5. De conformidad con el artículo 2° del Convenio aplicable al caso, la extradición es procedente cuando: i) el Estado reclamante tiene jurisdicción para juzgar y castigar el acto que motiva la solicitud; ii) el requerido es procesado o perseguido por violación de derecho penal punible en ambos Estados con una pena no inferior a dos años de prisión; c) la acción o la pena no están prescritas conforme a las leyes de cualquiera de los Estados contratantes; y iv) el prófugo, si está ya juzgado, no ha cumplido aún su condena.

Para estudiar dichos aspectos, es necesario señalar que CARLOS SHALON SULTAN ABADI es requerido para comparecer a juicio por «los delitos contra la libertad en modalidad extorción [sic], contemplado en el Título II, Capítulo I Delito Contra la

Libertad Individual y Desaparición Forzada, en la modalidad Extorción [sic], artículo 151 del Código Penal Panameño, adoptado mediante Ley No. 14 de 2007 de 18 de mayo», por los siguientes hechos: “La investigación tiene su génesis a través de denuncia y posterior querella penal interpuesta el día 27 de noviembre de 2020, por la firma […] en contra del señor CARLOS SHALON SULTÁN ABADI, con pasaporte XDD385904 y quienes resulten responsable [sic], por el presunto delito Contra La Libertad Individual (Extorsión) o cualquier otro delito que surja. En su escrito de formalización de querella penal el letrado fundamenta que, desde el 23 de octubre de 2012, los señores […] (Promitente Vendedoras); y el señor Carlos Sultán a través de la sociedad Carnin Global S.A. (promitente comprador) celebraron promesa de compra ventas [sic] sobre fincas de la familia […], ubicadas en Pacora, próximas al aeropuerto Internacional Tocumen, 11 CUI 11001020400020220086100

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Extradición en la que el promitente comprador desarrollaría un proyecto inmobiliaria [sic] denominado “PANAMÁ GLOBAL CITY” contrato que fue cedido el 15 de mayo de 2013 a favor de la sociedad […] Desde ese primer contacto hasta el año 2018, se han dado sucesivos contratos, como actos de buena fe por parte del señor […] y su familia, extendiéndose plazos y facilidades con el propósito que reuniera el capital y la inversión necesaria, cumpliera con la obtención de requisitos legales y se lograra la compra y venta de la

finca identificada en los contratos, sin embargo, el señor Sultán incumplió sus obligaciones, situación que obligó al señor […] a ejecutar las garantías en poder del fiduciario nombrado por las partes, tal como pactaron en un contrato de Fideicomiso. Posterior a esto, luego de múltiples incumplimientos en que incurrieron CARLOS SULTÁN y sus empresas en los respectivos contratos de promesas de compra ventas [sic] y de información obtenida por parte de la familia […], en cuanto a que el señor SULTÁN ABADI, mantenía diversos problemas legales, con acreedores quienes habían iniciado acciones legales con él y supuestos fraudes donde se mantenía involucrado, por lo cual, luego de seis (6) años deciden no extenderle los plazos de los contratos de Compra, ya vencidos, aunado que el señor SHALON había perdido la opción de compra de los terrenos y menos promover su venta para el desarrollo del proyecto, debido a sus múltiples incumplimientos. Es así, que el día 29 de junio de 2018, el señor CARLOS SHALON SULTÁN ABADI y la señora […] suscribieron un finiquito relacionado a los contratos de promesa [de] compra venta de las fincas y acuerdos múltiples, en donde el señor SULTAN reconoce la liberación absoluta de responsabilidad al promitente vendedor sobre cualquier obligación. Una vez concluida la firma del Finiquito, el señor Sultán solicita al señor […], un préstamo de 2 millones de dólares, ya que mantenía acreedores amenazándolo por la gran cantidad de deudas que tenía, accediendo el querellante a prestarle 1 millón de dólares,

colocando en garantías a través de un fideicomiso. Como consecuencia de esta prestación ambas partes firman un Pagaré, en el cual se conviene pagar dicho préstamo en 6 meses contados a partir del 29 de junio de 2018, mediante un solo abono de vencimiento y un interés al 8% anual sobre saldos insolutos, dicho documento fue notariado. Luego de varias insistencia [sic], accedió a prestarle un millón [de] dólares con las garantías que el [sic] llevo [sic] y se hizo la transacción, la cual era por seis meses, al pasar este tiempo, CARLOS lo llamo [sic] para indicarle que ya tenía el pago del préstamo, contestándole que le enviara el pago al número de cuenta que él conocía, lo cual no cumplió en reiteradas ocasiones, al ver que estaba dando el incumplimiento en reiteradas ocasiones, procedieron a través de la firma […] a ejecutar las garantías 12 CUI 11001020400020220086100

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Extradición ofrecidas por el señor CARLOS SULTAN, luego de realizar este trámite, lo llamo [sic] para amenazarlo con posibles demandas a lo que le respondió que era malagradecido, toda vez que le había dado miles de oportunidades y que solo recibía mentiras por parte de él. Posteriormente procedió el señor SULTAN a interponer diversas demandas en la fiscalía, las cuales perdió por no tener fundamento legal, a su vez de cuatro querellas las cuales no fueron admitidas, estas acciones se trataban claramente de un intento de extorsión y en todas iba acompañadas del hecho que retiraba las demandas si

le pagaba B/. 27,000.000.00 dólares, lo cual fue reduciendo hasta llegar a la cantidad de seis millones de dólares, posterior a esto, lo llamo [sic] para pedirle disculpas, por lo cual se reunieron en un restaurante en Penonomé, donde le indicó al señor CARLOS SULTAN que no iba a dar ningún centavo por las extorsiones que estaba recibiendo de su parte. Agrego [sic] que el señor CARLOS SULTAN ha estado promoviendo campañas sucias y volanteos [sic] con su rostro, de sus hijas […], como también a sus yernos […], hasta el punto de publicar video en las redes sociales difamándolo, a su vez señaló que el señor SULTAN, estaba ofreciendo un millón de dólares por su cabeza y al final con amenazas de muerte para su familia, nietos y su persona”. Con esto, se observa satisfecho el primer aspecto previsto en el artículo 2° del Convenio aplicable al caso, ya que los hechos se cometieron exclusivamente en Panamá, lo que permite a las autoridades del Estado reclamante la persecución por los delitos ejecutados (CSJ CP137 – 2015, CSJ CP089 – 2018 y CSJ CP163 – 2017 entre otros). Ahora bien, respecto al segundo aspecto, los cargos endilgados a CARLOS SHALON SULTAN ABADI fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial panameña, así: “Artículo 151. Quien, mediante violencia, intimidación o amenaza grave, para procurarse o procurar a un tercero un lucro indebido o cualquier otro beneficio, obligue a otra persona a tomar una

disposición patrimonial, a proporcionar información o a tolerar, hacer u omitir alguna cosa que le perjudique o perjudique a un tercero, será sancionado con prisión de cinco a diez años”. 13 CUI 11001020400020220086100

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Extradición Ahora, es prudente señalar que, para determinar si el requerido está siendo procesado por violación de derecho penal punible en ambos Estados, se debe llevar a cabo la confrontación con la normatividad vigente para la fecha en que se inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386), puesto que la Corte lo dicta dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional. Por esa razón, lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio. Pues bien, los hechos plasmados en las piezas procesales allegadas con la solicitud de extradición muestran que se requiere a CARLOS SHALON SULTAN ABADI, porque supuestamente amenazó a la víctima del delito para eludir el pago de una deuda de un millón de dólares y promovió múltiples acciones judiciales para evitar, de igual manera, la ejecución de las garantías crediticias derivadas de la firma del pagaré que respaldó esa acreencia. Además, en un segundo momento, exigió el pago de cerca de 6 millones de dólares en aras de retirar las acciones interpuestas, y, finalmente, cuando ninguno de aquellos actos fue efectivo,

porque su acreedor no desistió del cobro, amenazó de muerte al afectado y a su familia. Tales conductas, desde esa perspectiva, consisten, en términos generales, en constreñir a otro a omitir una cosa 14 CUI 11001020400020220086100

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Extradición puntual, esto es el cobro de la suma adeudada y, luego, constreñir a la misma persona a que tolere algo -los procesos judiciales y las amenazas de muertea cambio de una nueva suma. Ahora, la Corte tiene dicho de antaño que el elemento diferenciador entre el delito de constreñimiento ilegal del punible de extorsión radica en el elemento subjetivo adicional que este último contiene, referido al propósito de obtener provecho ilícito -complementado a partir de la Ley 733 de 2002 con la fórmula “o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero”- que no tiene el primero (CSJ. SP 8 abr. de 1986): “Precisamente, lo que distingue el tipo de delito contra la autonomía personal descrito en el citado artículo 276, del ilícito de extorsión, es el elemento subjetivo del tipo contenido en la expresión ‘con el propósito de obtener provecho ilícito’. La referencia subjetiva traslada la misma conducta del campo de la autonomía personal, además al del patrimonio económico. Así pues este elemento subjetivo del tipo, tiene como finalidad simplemente diferenciar la extorsión del constreñimiento ilegal”. Dicho criterio ha sido refrendado por la Corte, entre otras, en sentencias CSJ SP5423, 1 dic. 2021, Rad.: 54952,

y CSJ SP681, 9 mar. 2022, Rad.: 52672, en las que realizó un recuento del estado de la jurisprudencia al respecto: “Imperioso resulta mencionar que, conforme a la descripción típica del delito de extorsión4, su finalidad es netamente económica, aspecto que permite diferenciarlo de otras infracciones delictivas que comportan en su arquitectura el verbo constreñir, verbigracia, el constreñimiento ilegal5 y el secuestro extorsivo6. 4 Ley 599 de 2000. Artículo 244. Extorsión: «El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en…». 5 Ley 599 de 2000. Artículo 182. Constreñimiento ilegal: «El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en…». 6 Ley 599 de 2000. Artículo 169. Secuestro extorsivo: «El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o 15 CUI 11001020400020220086100

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Extradición (…) Así mismo, en CSJ SP, 23 ago. 1995, rad. 8864, expresó: Por manera, que cuando el legislador dice "El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero", está

exigiendo una conducta con propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere, es decir, provecho que ha de ser necesariamente de orden económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial de esa naturaleza. En similar sentido lo hizo en CSJ SP, 24 oct. 2007, rad. 22605: En efecto, cotejados los dos tipos penales en cuestión, artículos 182 y 244 de la Ley 599 de 2.000, el único elemento que los distingue hace relación al ingrediente subjetivo, pues aunque en ambos se pune a quien “constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa” la extorsión demanda como finalidad la obtención de un provecho ilícito (…). Más recientemente, en CSJ SP, 9 dic. 2010, rad. 32506, al analizar los elementos de los señalados delitos de constreñimiento ilegal, extorsión y también del secuestro, la Sala razonó de esta manera: En los tres tipos penales atrás mencionados se contempla el elemento constreñimiento contra la víctima como medio para lograr las finalidades descritas en las respectivas normas. Pero siempre que la presión se ejerza a través de la privación de la libertad del agredido, se incurre en secuestro. Si el método de coacción no es la retención de la persona y el propósito del delincuente es obtener provecho, utilidad o beneficio ilícitos, se habrá hecho corresponder el comportamiento con la descripción

prevista para la extorsión. En los demás casos en que se constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, cuando la conducta no sea secuestro, extorsión, desplazamiento forzado o tortura, se configura el tipo subsidiario de constreñimiento ilegal (subraya fuera del texto). En la sentencia CSJ SP1750–2018, 23 may. 2018, rad. 49009, traída a colación por el Tribunal en su fallo, también se dijo: [s]in desatender el hecho de que el constreñimiento ilegal es, por disposición del mismo artículo 182 del Estatuto Punitivo, de naturaleza subsidiaria –«El que fuera de los casos cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en…». 16 CUI 11001020400020220086100

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Extradición especialmente previstos como delito…»–, los demás elementos descriptivos que comparte con el delito de extorsión –constriña a otro a hacer, tolerar u omitir u omitir alguna cosa– conducen necesariamente a afirmar que el diferenciador –«con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero…»– determina si la situación fáctica se ajusta al delito contra el patrimonio económico o afecta únicamente la autonomía personal, sin que, so pretexto del carácter pluriofensivo de la extorsión, resulte jurídicamente razonable que la ilicitud del provecho, la utilidad o el beneficio se haga depender

de los medios a través de los cuales se ejercite el constreñimiento, interpretación que no se extracta de los contenidos normativos, conforme lo ha decantado esta Corporación [negrilla original del texto]. Y, en CSJ SP740–2021, 10 mar. 2021, rad. 56227, la Sala consideró pertinente precisar que: [e]l cobro del préstamo otorgado a la víctima no es el que configura el comportamiento extorsivo sino la exigencia del pago de una suma indebida, y por tanto, que representaba provecho económico ilícito para su[s] autores. Tal precisión deviene de que la Corte sostiene que el cobro bajo amenazas o violento de un crédito o préstamo por parte del acreedor en vez de acudir a la jurisdicción civil, siempre que el hecho no constituya otro delito configura el tipo penal de constreñimiento ilegal y no el de extorsión, bajo el entendido que las dos figuras delictivas se distinguen por el carácter del provecho ilícito del segundo. “En efecto, cotejados los dos tipos penales en cuestión, artículos 182 y 244 de la Ley 599 de 2.000, el único elemento que los distingue hace relación al ingrediente subjetivo, pues aunque en ambos se pune a quien “constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa” la extorsión demanda como finalidad la obtención de un provecho ilícito”7 (subrayas y negrillas tomadas del texto original. En igual sentido, entre otras, cfr. SP740, mar. 10 de 2021, rad. 56277; SP1592, feb. 18 de 2015, rad. 41773; SP, dic. 18 de 2013, rad. 37442

y SP, dic. 9 de 2010, rad. 32506). Descendiendo al caso particular, se tiene que, en un primer momento, CARLOS SHALON SULTAN ABADI acudió a la interposición de diversas demandas y acciones legales, 7 CSJ SP, 24 oct. 2007, rad. 22605. También SP, 18 feb. 2015, rad. 41773; SP, 22 feb. 2017; SP, 23 may. 2018. 17 CUI 11001020400020220086100

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Extradición las cuales fueron desestimadas, para eludir el pago de una suma de dinero que el requerido efectivamente adeudaba, por lo que no evidencia