CSJ - SL1152-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL1152-2023 Radicación n. ° 90116 Acta 16 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que ÁNGELA MARÍA SEPÚLVEDA LOZANO interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 26 de noviembre de 2019, en el proceso ordinario que la recurrente adelanta contra PROQUINAL S.A.

I. ANTECEDENTES La actora solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 22 de agosto de 1994; que al momento de la finalización gozaba de la estabilidad laboral reforzada consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por padecer una «enfermedad grave y crónica». En consecuencia, requirió dejar sin efecto la carta de renuncia que presentó el 10 de octubre de 2017. Asimismo, que se declare que la firmó de manera coaccionada y, por tanto, la relación laboral está vigente.

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Radicación n. ° 90116 Corolario de lo anterior, pidió que se ordene el «reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual categoría que tenga en cuenta su estado de salud, junto con el pago de la sanción de 180 días de salario» establecida en la normativa referida, la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, la indexación de las sumas adeudadas, lo que resulte probado

extra o ultra petita y las costas del proceso. Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que laboró para la convocada a través de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 22 de agosto de 1994; que siempre mantuvo un desempeño responsable y eficiente con sus superiores y compañeros de trabajo; que en el 2012 le fue diagnosticado «cáncer de seno multicéntrico bilateral». Agregó que el 13 de julio del mismo año, le fue practicada una intervención quirúrgica de alta complejidad denominada «mastectomía bilateral» que consiste en «extirpar toda la mama» y su respectiva reconstrucción con «colgajo dorsal ancho bilateral»; que desde dicha data hasta principios de 2014, le realizaron varios ciclos de quimioterapia que son «altamente invasivos e incapacitantes»; que el 3 de abril de 2014 requirió un «injerto graso en la mama izquierda y corrección de la cicatriz de la derecha por presentar asimetría mamaria». Sostuvo que un «seroma indujo a un drenaje dirigido por ecografía»; que, en marzo de 2015, le fue llevada a cabo una «remodelación de colgajo en mama derecha» y el 22 de junio de 2016, su cirujana plástica y oncóloga le «reconstruyó el pezón bilateral con colgajo de piel». Afirmó que, pese a tales tratamientos quirúrgicos y químicos, en mayo de 2017, presentó una

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Radicación n. ° 90116 «contractura capsular grado IV/IV de Becker» -nivel máximo en la

escalay le fue diagnosticada «una posible seromona recidivante». De ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, continuaba en tratamiento reconstructivo de sus prótesis hasta obtener las condiciones fisiológicas óptimas para proceder a la intervención quirúrgica pertinente; que durante ese lapso padeció de fuertes dolores en el área, que, incluso, la afectaron emocionalmente; que mediante certificación médica de 2 de mayo de 2017, el galeno internista estableció que aún era una paciente con cáncer de seno y, por ende, debía continuar en tratamiento con «medicamentos hormonales y anti estrógeno» durante 10 años para controlar la enfermedad. Indicó que, al informarle a su empleador el diagnóstico y tratamiento, el gerente le refirió que era una «[…]decisión de la empresa y que se comprometía a reconocerle 4 meses de sueldo si firmaba una conciliación por mutuo acuerdo»; que dada la «presión» ejercida, y por el «estado de debilidad manifiesta» en el que se hallaba, presentó renuncia voluntaria y suscribió un acuerdo de retiro. Aclaró que, nunca le fue entregada carta de aceptación, ni se le realizó examen médico de egreso, así como tampoco le explicaron las garantías a las que podría tener derecho por ser «sujeto especial de protección» antes de acceder a la conciliación; que la demandada siempre conoció de su estado de salud, comoquiera que tuvo diversas incapacidades y permisos médicos. Adujo que con abstracción de ello, el 10 de octubre de 2017, se le notificó la decisión de darle por terminada su vinculación,

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Radicación n. ° 90116 para lo cual le ofrecieron dos alternativas: (i) fenecer de mutuo acuerdo el contrato con su renuncia voluntaria bajo un plan de «outplacement profesional», que para su validez debía avalarse y verificarse por parte de un juez laboral, o (ii) terminar de forma unilateral el contrato por parte del empleador, a cambio del reconocimiento de la indemnización por despido injusto. Destacó que después de elegir la primera opción, y asesorarse de un abogado, quien le explicó las garantías a las que tenía derecho conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y los efectos de la invalidez de la conciliación por no informarle de las consecuencias de su decisión debido a la estabilidad pregonada, el 12 de octubre de 2017, envió carta de retracto en la que justificó las razones por las que desistía de la renuncia; no obstante, al día siguiente, fue citada para ratificar el finiquito de la vinculación y, le comunicaron que por ello, convalidarían la conciliación ante un juez. Afirmó que, ante tal situación interpuso acción de tutela, que correspondió al Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal quien mediante fallo de «2 de noviembre de 2017» (f.º 88) la declaró improcedente; que elevó recurso de apelación y el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con Función de Conocimiento el «13 de diciembre de 2017» revocó la decisión (f.º 91), y ordenó el reintegro transitorio por 4 meses, mientras la accionante adelantaba el proceso ordinario (f.os 3 a 24).

Al dar respuesta a la demanda, Proquinal S.A. se opuso a las pretensiones elevadas en su contra. Aceptó los hechos relativos a la existencia del contrato de trabajo, sus extremos temporales, la acción de tutela y su decisión. Frente al acuerdo

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Radicación n. ° 90116 suscrito por las partes, asintió que se dispuso el aval previo de un juez laboral, diligencia que resaltó, fue prevista para el 24 de octubre de 2017, y a la cual la demandante no asistió, de los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa, señaló que era improcedente el reintegro solicitado, toda vez que la terminación del contrato de trabajo se dio por renuncia voluntaria y, además, la promotora del litigio no ostentaba la condición de sujeto de especial protección, por cuanto su enfermedad jamás interfirió en el ejercicio de las actividades asignadas y a la fecha de la culminación no tenía incapacidades, dado que la última que presentó fue el 9 de octubre de 2016 por 10 días. Además, no se hallaba en ningún proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral o de trámite de reconocimiento de pensión de invalidez. Lo anterior aunado a que en cumplimiento de la acción de tutela la actora se reintegró sin ningún tipo de alteración que dificultara su trabajo, de modo que el simple hecho de estar bajo tratamiento médico, y asistir a controles no significaba que fuera beneficiaria de alguna garantía normativa. Agregó que varios de los conceptos médicos que Ángela María Sepúlveda Lozano presentó como prueba son posteriores a

la terminación del vínculo laboral -10 de octubre de 2017-. Indicó que la última incapacidad que conoció fue de 2016, y todos los tratamientos particulares referidos después de esa data son desconocidos por la accionada, porque esta nunca lo manifestó, ni tampoco se evidenció en los exámenes ocupacionales practicados.

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Radicación n. ° 90116 Acotó que el 12 de octubre de 2017, la demandante después de solicitar una reunión para renegociar los términos del acuerdo suscrito, se presentó en la empresa y propuso el reconocimiento de una suma más elevada por bonificación de retiro, declaración ante la cual la convocada se negó, razón por la que esta decidió «amenazar» con demandarlos. Propuso como excepción previa la indebida acumulación de pretensiones por considerar que las indemnizaciones solicitadas son excluyentes con la petición de reintegro, y las que denominó: «inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio a cargo de la sociedad demandada», cobro de lo no debido, buena fe, mala fe por parte de la demandante, pago, prescripción, compensación y la «genérica» (f.os 124 a 154). Mediante proveído de 21 de agosto de 2019, el Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá declaró no probada la excepción previa propuesta (f.º 193).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de sentencia de la misma data, el juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación que la demandada formuló, la eficacia de la renuncia

presentada el 10 de octubre de 2017, y absolvió a la convocada de todas las pretensiones incoadas por la accionante en el escrito inicial, última a quien le impuso costas (f. os 196 a 198).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante, mediante providencia de 26 de noviembre de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la del juez de primer grado. Sin costas (f. ° 204).

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario señaló como hechos no discutidos: (i) la existencia del contrato de trabajo entre las partes desde el 22 de agosto de 1994, en el cargo de líder de proyectos de tecnología, hasta el 10 de octubre de 2017, y (ii) la orden de reintegro transitoria que el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito profirió el 13 de diciembre de 2017. A continuación, identificó como problema jurídico a resolver, determinar si le asistía derecho a la actora a la reinstalación pretendida por estar amparada por estabilidad laboral reforzada y, en caso afirmativo, si corresponde el pago de la indemnización de 180 días de salario consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Así, comenzó por referir que no existía duda en cuanto a que la accionante terminó el vínculo laboral mediante comunicación de 10 de octubre de 2017 en la que indicó textualmente: […] como es de su conocimiento, he tenido inconvenientes de salud, razón por la cual he llegado a la conclusión de que debo dedicar

tiempo completo a mi mejoramiento, por tal motivo presento por este medio renuncia al cargo de líder de desarrollo de sistema, el cual vengo desempeñando desde el 22 de agosto de 1994. Les expreso mi profundo agradecimiento por haberme brindado la oportunidad de laborar con ustedes estos 23 años. Igualmente, acotó que en el acta de finalización del contrato por mutuo acuerdo se dejó constancia de la renuncia voluntaria

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Radicación n. ° 90116 al cargo que la trabajadora presentó, e igualmente, que se convenía el pago y otorgamiento de los siguientes beneficios: […]

1. Bonificación por retiro de $144’500.000.

2. Ayuda de seguridad social equivalente a (2) meses de aportes, es decir, la suma de $4’644.930.

3. Inscripción para adelantar un programa de transición de

carrera, cuyo costo será cubierto totalmente por el empleador.

4. Las partes dejan expresa constancia que la decisión de terminar el contrato de trabajo ha sido tomada de manera LIBRE, VOLUNTARIA, SIN COACCIONES de ninguna naturaleza y que la trabajadora está en pleno uso de sus facultades físicas y MENTALES, sin ningún tipo de restricción.

5. La formalización del presente acuerdo se efectuará en una audiencia pública de conciliación, que se llevará a cabo dentro de los (15) días siguientes a la firma de la presente acta en un juzgado laboral de Bogotá. El pago de la bonificación pactada en el ordinal 3° de este documento se dará en la misma diligencia, una vez suscrita el acta de conciliación […].

Indicó que el 12 de octubre de 2017, la demandante envió

una nueva comunicación en la que informó a la accionada que «[…] la finalización del contrato de trabajo por mutuo acuerdo […] firmada de mi parte, debido al desconocimiento y a la EXCESIVA PRESIÓN QUE ME EFECTUARON EN ESE momento, carece de VALIDEZ debido a que mi estabilidad reforzada es un derecho irrenunciable». Bajo ese escenario fáctico, recordó que esta Sala en sentencia CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 41490 reiteró que: […] cuando un trabajador da por terminado unilateralmente el contrato de trabajo aduciendo justas causas imputables al empleador, mediante la figura del despido indirecto o auto despido, le corresponde la carga de demostrar los motivos que conllevaron a la terminación unilateral del contrato de trabajo, aduciendo justas causas […].

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Radicación n. ° 90116 Para resolver, indicó que conforme el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo, la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o motivo de la misma y, posteriormente, no puede alegar válidamente otros distintos. Adujo que, en el caso en estudio, obraba la carta de renuncia que la actora presentó (f. ° 83) en la que recalcó que la ejercía de manera voluntaria debido a sus condiciones de salud, lo cual demostraba su conocimiento del contenido consignado y de sus consecuencias, sin que estuviera evidenciado en el plenario que tal documental la elaboró la empresa de oficio, o que existiera algún vicio en el consentimiento al momento de su suscripción. Resaltó que del interrogatorio de parte absuelto por la

accionada no se extraía mayor juicio de valor, y de aquel que la actora rindió, únicamente se evidenciaba que padecía de cáncer de seno desde el 2012, y que la última incapacidad la aportó el 1. ° de octubre de 2017. De igual modo, de los testimonios, especialmente el de Gustavo Sepúlveda -hermano de la demandante-, se infería que fue solo hasta el 10 de octubre de 2017 que aquella lo llamó a comentarle respecto de su decisión de renunciar. Señaló que de acuerdo con los artículos 1502 y 1508 del Código Civil, para que una persona se obligue a otra mediante auto declaración de voluntades es necesario, entre otras cosas, que lo apruebe y que este no adolezca de vicios como error, fuerza y dolo, de modo que, a la luz de tal normativa, el consentimiento es uno de los elementos esenciales para la existencia y validez de

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Radicación n. ° 90116 todo acto jurídico, y, de ello depende que la manifestación de voluntad de cada uno de los agentes no se produzca bajo coacción física o moral, ni a causa de un error fortuito o provocado por dolo en otro de los agentes. Precisó que tales vicios no surgen en abstracto, sino que deben provenir de hechos que de manera clara afecten el consentimiento, razón por la cual es imperioso para los actores acreditar su causación y efectos. Al respecto, refirió que no era dable determinar que la actora fue obligada o inducida a suscribir el documento, pues el error, la fuerza y el dolo como vicios del acto y manifestación de

voluntad no se presumen, por el contrario, deben demostrarse plenamente, situación que en el asunto no se validó, pues únicamente obraba la declaración de la misma trabajadora, carga probatoria que le correspondía a esta última, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Agregó que la demandante no manifestó en su carta de renuncia una causal específica por la cual dimitía del cargo, en cambio, itera, se limitó a indicar que lo hacía de manera voluntaria por razones de salud. Por tanto, no podía alegar válidamente motivos distintos. En cuanto al reintegro por estabilidad laboral reforzada derivado del padecimiento de una grave enfermedad, destacó que conforme la jurisprudencia de esta Sala dispuesta en sentencia CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 41845; CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36115; CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 35606, y el artículo 7. ° del Decreto 2463 de 2001, para su aplicación se requiere: (i) una

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Radicación n. ° 90116 limitación moderada que corresponde a la pérdida de capacidad laboral entre el 15 y el 25%, severa, mayor del 25% pero inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral, o profunda, cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) el conocimiento del estado de salud por parte del empleador; y (iii) que la terminación de la relación laboral se produzca por razón de su «limitación física» y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.

En consecuencia, concluyó que no era suficiente por sí solo el quebrantamiento de salud de la trabajadora o encontrarse en incapacidad médica para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues debía acreditarse, al menos, que tenga una «limitación física, psíquica o sensorial y con el carácter de moderada». Esto es, que se enmarque en los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 29 jul. 2016, rad. 42451). Sostuvo que en el expediente no reposaba dictamen de pérdida de capacidad laboral alguno y, por tanto, no existía prueba si quiera sumaria, que acreditara que la terminación de la relación laboral se dio con ocasión de la enfermedad que padece, ni que al momento de esta se encontrara incapacitada o tuviera una pérdida de capacidad laboral que la hiciera sujeto de especial protección. Máxime que tampoco se evidenció que el despido se efectuó sin justa causa, pues insiste en que, las pruebas documentales y testimoniales, la renuncia que la demandante presentó fue voluntaria y no obedeció a vicios del consentimiento, de modo que era acertado lo expuesto por el juez de primer grado en el sentido de no requerirse permiso por parte del Ministerio de Trabajo.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la del juez de primer grado y acceda a las pretensiones incoadas en el escrito inicial.

Con fundamento en la causal primera de casación propuso cinco cargos, que fueron objeto de réplica. La Sala por cuestiones de método estudiará en primer lugar el cargo segundo, luego la primera acusación, ambos de forma individual. Posteriormente, procederá al análisis conjunto del tercero, cuarto y quinto cargo.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión cuestionada de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea «[…] los artículos 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, lo que conllevó a la infracción directa de los artículos 64, 127, 249, 306 y 186 del Código Sustantivo de Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975 y 13 de la Constitución Política».

Señala que, contrario a lo que el juez atacado manifestó, y conforme la sentencia CC SU-049-2017, la protección especial consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no se limita

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Radicación n. ° 90116 a quienes han sido calificados con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, o cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral, toda vez que esta tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus

labores en las condiciones regulares, dado que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese hecho. Igualmente, resaltó que dicha Corporación ha señalado que para que la protección foral emerja es necesario el conocimiento previo del empleador y que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, por ello, es forzosa la ponderación de cada caso particular con el fin de auscultar si la patología es objeto o no de discriminación. Conforme lo dicho, y comoquiera que no fue discutida la enfermedad padecida por la accionante que la obligaba a estar en tratamiento médico por un periodo mínimo de 10 años, con las conocidas incomodidades, dolores, y restricciones en la interacción social, movilidad y lesiones a su autoestima, el Tribunal debió declararla beneficiaria de la protección solicitada, y ante la falta de autorización previa del Ministerio de Trabajo, ordenar su reintegro, y el pago de las demás acreencias solicitadas.

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VII. RÉPLICA Estima que la acusación carece de la técnica exigida, pues acude a dos modalidades de violación de la ley, lo cual -afirmano es permitido en una misma proposición jurídica.

Sostiene que, el Juez atacado no solo tuvo en cuenta como único argumento la calificación de la discapacidad, dado que también hizo referencia a la ausencia de prueba si quiera sumaria que acreditara que la terminación de la relación laboral se dio con ocasión a la enfermedad que padece, ni que para ese

momento estuviera incapacitada o tuviera pérdida de capacidad laboral que la hiciera sujeto de protección, decisión que también goza de la doble presunción de acierto y legalidad.

VIII. CONSIDERACIONES La Corte no advierte la falencia formal que endilga el opositor. Se recuerda que los tres motivos de acusación son autónomos y excluyentes, es decir, no es posible que en un cargo se acuse la misma norma legal por modalidades diferentes de violación, pues no es lógico suponer que el juez infrinja directamente, aplique indebidamente e interprete erróneamente de manera simultánea un texto legal concreto y específico. En el asunto bajo estudio, no se incurrió en este error porque se acude a dos modalidades disímiles, pero respecto de diferentes normativas.

Superado lo anterior, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste en determinar si el Tribunal erró al considerar que la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de

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Radicación n. ° 90116 1997 únicamente se predica respecto de aquellas personas que posean una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Para un adecuado desarrollo del tema y de las razones de esta decisión, (i) se recordarán los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (ii) se analizará el alcance de esta última preceptiva, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas en situación de

discapacidad; y (iii) se estudiará el caso concreto.

1. Sobre los criterios de la Sala respecto a la definición de discapacidad y a la protección de estabilidad laboral establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997

La jurisprudencia vigente de la Sala, por mayoría, tiene asentado que para la concesión de la protección de estabilidad laboral reforzada contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente que, al momento del despido, el trabajador sufra quebrantos de salud, esté en tratamiento médico o se le hubieran concedido incapacidades médicas, sino que debe acreditarse, al menos, una limitación física, psíquica o sensorial con el carácter de moderada; esto es, que implique un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, en los términos del artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 e independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que obtenga un reconocimiento y una identificación previa (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, CSJ SL10538-2016, CSJ SL5163-2017, CSJ

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SL11411-2017, CSJ SL4609-2020, CSJSL3733-2020, CSJ SL058-2021 y

CSJ SL497-2021).

A partir de ese porcentaje, se ha considerado que la condición o situación de discapacidad es relevante o de un grado significativo, de carácter considerable y prolongado en el tiempo

que afecta el desarrollo de las funciones del trabajador en el ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, por lo que merece la protección legal. Adicionalmente, la Sala ha precisado que, para acreditar la discapacidad, no se requiere de prueba solemne y concomitante a la terminación del vínculo laboral, toda vez que, por el carácter finalista de la norma, lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la condición del trabajador, para asumir con cuidado la potestad de prescindir de sus servicios, bien sea logrando su calificación o esperando el resultado de aquella. Entre tanto, el contenido y los alcances del concepto de discapacidad han sido tópicos en constante discusión y desarrollo, de manera que han sido varios instrumentos que impactan el entendimiento que debe asumir esta Sala, específicamente en lo que concierne al ámbito del trabajo y a la estabilidad que consagra el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En efecto, el concepto de discapacidad no ha sido estático, pues ha evolucionado como consecuencia de diferentes factores de acuerdo con las realidades sociales. Desde la década de los años 60 se propuso un concepto de modelo social de discapacidad, tal como puede notarse de la aprobación del Programa de Acción Mundial para la Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que buscaba el

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Radicación n. ° 90116 mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, enfocado no solo en medidas de rehabilitación, sino de prevención y equiparación de oportunidades. Tal objetivo también puede advertirse en la Resolución n.º

48/1996 del 20 de diciembre de 1993 emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas relativa a las «Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad», que puso de presente los «obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades», y la necesidad de «centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad». En el 2001, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIFde la OMS, que tiene por objetivo ser una herramienta descriptiva en la medición de la salud y la discapacidad en el contexto de la atención e investigación médica y en políticas públicas sanitarias compatible con el modelo social de la discapacidad. Con todo, este último documento no puede utilizarse por sí solo para determinar la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, sino que debe leerse en armonía con otros instrumentos normativos de aplicación obligatoria en

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Radicación n. ° 90116 nuestro ordenamiento jurídico que han abordado el concepto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Posteriormente, con la expedición de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y su «Protocolo Facultativo» de 2006, se enfatizó en un modelo con orientación

social y de derechos humanos, y reafirmó que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras externas, incluidas las actitudinales, las cuales finalmente evitan o impiden la participación igualitaria del individuo en el ámbito social, político, económico y cultural del Estado. La Convención adoptó el «enfoque de los derechos humanos», por cuanto, con base en el «modelo social» de concepción de la discapacidad, se fijó como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente», artículo 1. º. Dicha convención «configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad» (CC C066-2013) y, en particular para Colombia, al ser aprobada a través de la Ley 1346 de 2009 que entró en vigor desde el 10 de junio de 2011 (CSJ SL3610-2020). En vigencia de dicho instrumento, las sentencias CSJ SL 711-2021 y CSJ SL 572-2021 reiteraron el criterio de la Sala referido con anterioridad y, en esta última decisión se amplió y señaló que, si bien ante el carácter técnico científico de la condición de discapacidad era relevante contar con una

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Radicación n. ° 90116 «calificación técnica descriptiva», en el evento en que esta no obrara en el proceso, bajo el principio de libertad probatoria, la

limitación podía inferirse: […] del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación. Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades de las demás personas. Pues bien, según el inciso 2. º del artículo 1. º de la convención, «Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» Así mismo,