CSJ - SL1152-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1152-2024 Radicación n.° 98328 Acta 10 Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HERNÁN GUTIÉRREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a IVÁN BOTERO

GÓMEZ S. A. - IBG S. A.

I. ANTECEDENTES Hernán Gutiérrez llamó a juicio a Iván Botero Gómez

S. A. - IBG S. A., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 5 de noviembre de 2008 al 3 de mayo de 2018, fecha en que finalizó de manera injusta, mientras se encontraba en situación de debilidad manifiesta, debido a su condición de salud.

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Radicación n.° 98328 Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba al momento de extinguirse su relación contractual o a uno de mejor categoría, con el pago de los créditos laborales y de seguridad social dejados de percibir o, en subsidio, la indemnización por despido sin justa causa, la indexación y las costas. Narró que sostuvo con la demandada de manera interrumpida diferentes vínculos laborales a partir del 18 de enero de 1991 hasta el 3 de mayo de 2018; que en el último

periodo tuvo los siguientes contratos de trabajo: […] desde noviembre 05 de 2008 hasta noviembre 05 de 2009. desde julio 06 de 2011 hasta julio 30 de 2015. desde agosto 11 de 2015 hasta julio 30 de 2016. desde agosto 11 de 2016 hasta agosto 31 de 2017. desde septiembre 12 de 2017 hasta mayo 03 de 2018. Expuso que, en el último de los suscritos, se le realizó examen médico ocupacional que evidenció la ausencia de restricciones laborales; que desempeñó el cargo de auxiliar de bodega, en un horario de lunes a sábado de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., ejerciendo las funciones de: […] Control de cargue y descargue de vehículos. Controlaba la cantidad y calidad del producto. Control y aseo del área que le era asignada. Conteo de inventario por referencia. Recepción de devoluciones. Registro y control documental de cantidades recibidas. Contó que su última remuneración correspondió a $870.211 mensuales, que incluían el auxilio de transporte; que el 22 de febrero de 2018 sufrió un accidente laboral, cuando entregaba una lavadora a un cliente, presentando

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Radicación n.° 98328 «dolor intenso en miembro inferior izquierdo en parte posterior de la pierna, de inicio súbito, de carácter latigante», que limitó en forma inmediata su marcha y se exacerbó «al intentar apoyar» su pierna, presentando inflamación

moderada, según el reporte de historia clínica. Explicó que fue remitido a ortopedia y se le otorgaron incapacidades médicas, las cuales fueron posteriormente prorrogadas; que su empleadora reportó aquel suceso a la ARL, quien le inició atención asistencial, así: i) el 2 de marzo de 2018, en la Clínica Asotrauma, le fue realizado un «Doppler venoso miembro inferior izquierdo», que evidenció la presencia de «edema y sangrado laminar fibrilar en los músculos gemelos y soleo; microdesgarro en el músculo soleo en la región posterior y postero medial y colección liquida en el espacio aponeurótico profundo entre el músculo soleo y gemelo medial». ii) el 10 de marzo de esa anualidad, se emitieron restricciones laborales consistentes en no levantar peso mayor a 20 KG; no realizar actividades repetitivas por más de dos horas; cambiar de posición cada hora. Manifestó que el 3 de mayo siguiente, su contrato de trabajo fue finalizado sin justa causa, por lo que fue indemnizado, aunque deficitariamente; que el 13 de julio le fue diagnosticada ruptura de gemelo interno pantorrilla izquierda con pérdida parcial de la fuerza muscular, por lo que se le ordenó una resonancia magnética; que los

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Radicación n.° 98328 resultados del 10 de agosto siguiente, mostraron «desgarro parcial del gemelo interno izquierdo en su aspecto profundo con formación de hematoma de evolución antigua en la fascia profunda» y «edema del tejido celular subcutáneo en la

región medial de la pierna izquierda». Indicó que su ARL, mediante el Dictamen n.° 1411017023-426835 del 28 de noviembre de 2018, le calificó un 0 % de PCL con fecha de estructuración el 28 de agosto de 2018; que recurrió dicha determinación, por lo que fueron proferidos, en su orden, los n.° 93366072-398-2 del 22 de febrero de 2019 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima y n.° 93366072 -398-2 del 26 de agosto de 2019 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el que se concluyó que contaba con una PCL del 3.70 %, con igual fecha de estructuración (f.° 158 s 164, cuaderno del juzgado, archivo «2023031202600», expediente digital). La demandada se resistió a las pretensiones. Aceptó lo contratos de trabajo suscritos en el último periodo y las condiciones en virtud de las cuales se ejecutaron; la ocurrencia de un accidente de trabajo, su reporte a la ARL, el cumplimiento de las garantías económicas y asistenciales por parte de las entidades de seguridad social a las que afilió al subordinado y las anotaciones de la historia clínica, con la precisión de que la comisión médico laboral de la ARL Sura, el 26 de abril de 2018, le notificó que:

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Radicación n.° 98328 […] realizados los controles médicos al señor Hernán Gutiérrez y agotado el seguimiento por parte de medicina laboral,

LEVANTA LAS RECOMENDACIONES MÉDICO – LABORALES del excolaborador, dado que ya estaba en capacidad para realizar las labores que habitualmente desempeñaba en el cargo para el cual había sido contratado y, por ende, NO MERITA NINGUNA RECOMENDACIÓN DE MEDICINA LABORAL POR PARTE DE LA ARL SURA […] Negó el pago deficitario de la indemnización por despido injusto, pues el último contrato de trabajo fue de cuatro meses, los cuales se prorrogaban hasta el 11 de junio de 2018; que el trabajador fuera titular de estabilidad laboral reforzada, pues los reportes médicos acreditaban su plena recuperación para la reanudación de su función, sin limitación alguna. Resaltó que la primera calificación efectuada por la ARL, que fue posterior a la terminación del contrato de trabajo, concluyó una PCL era del 0 % y, aunque las siguientes concedieron un porcentaje mayor, hasta concluirse que lo fue del 3.70 %, precisaron que ello ocurrió el 28 de agosto de 2018, es decir, con posterioridad a la extinción del vínculo de trabajo. Enfatizó que su actuación fue siempre de buena fe; que garantizó los derechos laborales a su trabajador, quien no contaba con ninguna protección foral al momento de su despido, como tampoco con posterioridad a su ocurrencia, en los términos de la jurisprudencia laboral. Formuló como excepciones meritorias las de: pago, cobro de lo no debido, mala fe de la parte actora, buena fe

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Radicación n.° 98328 de la demandada y genérica o innominada (f.° 181 a 215,

ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, el 20 de septiembre de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo por término fijo entre el señor Hernán Gutiérrez y la sociedad Iván Botero Gómez S. A. - IBG S. A., entre los extremos temporales del 12 de septiembre de 2017 y el 3 de mayo de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que el contrato de trabajo fue terminado por causa imputable al empleador el […] 3 de mayo de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa.

TERCERO: DECLARAR INEFICAZ la terminación del contrato de trabajo del demandante que lo unía con la parte demandada por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, terminación que fue informada al trabajador el día el 3 de mayo de 2018.

CUARTO: CONDENAR a la Iván Botero Gómez S. A. - IBG S. A., a reintegrar al demandante a un cargo acorde con su estado de salud, con el consiguiente pago de los salarios y prestaciones sociales como auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicios y el pago de los aportes por concepto de salud y pensión causadas desde el 4 de mayo de 2018 y hasta cuando se haga efectiva la respectiva reinstalación.

QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas.

SEXTO: CONDENAR en costas a la sociedad demandada y en favor del demandante […] (f.° 274 a 277, ibidem).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 17 de noviembre de 2022, al desatar el recurso de apelación de ambas partes, resolvió: PRIMERO: REFORMAR el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, en el proceso ordinario laboral promovido por HERNÁN GUTIÉRREZ contra la sociedad IVÁN BOTERO GÓMEZ S. A. – IBG S. A., el cual quedará así: DECALARAR que, entre HERNÁN GUTIÉRREZ, como trabajador e IVÁN BOTERO GÓMEZ S. A. – IBG S. A., como empleador, existieron dos contratos de trabajo, el primero de 5 de noviembre de 2008 a 5 de noviembre de 2009 y el segundo de 11 de julio de 2011 a 3 de mayo de 2018, el cual se rigió mediante la modalidad a término indefinido.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales 3 y 4º de la parte resolutiva de la mencionada sentencia, y en su lugar se dispone: 2.1. CONDENAR a la sociedad demandada IVÁN BOTERO GÓMEZ S. A. – IBG S. A., a pagar a HERNÁN GUTIÉRREZ, una vez en firme esta sentencia a la suma de $2.827.813.67, por indemnización por despido sin

justa causa, más la indexación que ha generado su no pago desde el día siguiente de la terminación del vínculo laboral y hasta cuando se haga efectivo el pago de la misma, de acuerdo al IPC certificado por el Dane, teniéndose como índice final el correspondiente al mes de pago e inicial al mes que terminó el vínculo laboral demostrado. 2.3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 2.4. En lo demás dicha sentencia queda incólume.

TERCERO: Sin costas procesales […].

Argumentó que determinaría si existió continuidad en la prestación del servicio que permitiera declarar la unidad

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Radicación n.° 98328 de la relación contractual laboral entre las partes, así como si ésta finalizó cuando el trabajador gozaba de la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que diera lugar a su reintegro o, en subsidio, a la indemnización por despido injusto. Adujo, con respecto a lo primero, que conforme a las sentencias CSJ SL2193-2018 y CSJ SL981-2019, procedía la declaratoria de un único vínculo laboral en el periodo de 11 de agosto de 2015 y el 3 de mayo de 2018, toda vez que entre los diferentes contratos suscritos, mediaron interrupciones inferiores a 30 días; que no ocurría lo mismo en el rubricado el 5 de noviembre de 2008, el cual se extendió hasta el 5 de noviembre de 2009, pues el trabajo subordinado cesó por más de un año.

Expuso, en punto a lo segundo, que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, creó una garantía especial contra la discriminación frente a las personas que, por su condición de salud, «se [vieran] incapacitadas para cumplir con su trabajo» en condiciones normales; que la Corte tenía adoctrinado que aquella no se extendía a cualquier tiempo de enfermedad o limitación, sino a la que moderada, severa o profunda, la cual, en todo caso, debía ser del conocimiento del empleador para que procediera la presunción de trato desigual. Indicó que, con todo, en la providencia CSJ SL25862020, se puntualizó que no era necesario la existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral al

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Radicación n.° 98328 momento de la extinción del vínculo, pues bastaba con que se aportaran medios de convicción que demostraran la gravedad o complejidad de la enfermedad para el ejercicio normal de las funciones contractuales. Señaló que era interpretación, que acogía, «se acompasa[ba] con la jurisprudencia [de] la Corte Constitucional», incorporada, entre otras, en las providencias CC SU049-2017 y CC T346-2020, según las cuales eran titulares del fuero de salud, «los trabajadores que experimentan una afectación de salud que les impida o les dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares». Aseveró que, por tanto, lo determinante para el otorgamiento de la prerrogativa reclamada, era la aportación de «prueba que demostrara que, para la fecha en

que se dio por terminado el contrato, [el accionante] era un trabajador con discapacidad», exigencia que no había sido satisfecha por este, pues la historia clínica, el informe de accidente de trabajo de la ARL Sura y los demás documentos allegados, daban cuenta de lo siguiente:

1. Que el 22 de febrero de 2018, sufrió un accidente laboral, cuando se contrataba entregando un electrodoméstico a un cliente (f.° «30 archivo 1° del expediente digital»).

2. Que inicialmente fue atendido por la EPS, quien emitió incapacidad de ocho días, del «22/02/2018 [al]

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Radicación n.° 98328 01/03/2018», con diagnóstico de «desgarro muscular del miembro inferior izquierdo, en parte posterior de la pierna (gastrocnemios)» (f.° 30 a 32, ib).

3. Que el 2 de marzo, fue atendido en la Clínica Asotrauma por remisión de Sura ARL, «con diagnóstico de desgarro muscular grado 2», siéndole ordenado apoyo con muletas por ocho días e incapacidad por igual periodo, es decir del «02/03/2018 al 9/03/2018», debido a que presentaba limitación al caminar (f.° 41 al 45, ibidem).

4. Que el 10 de marzo asistió a control, en el que se señaló que llevaba una «adecuada evolución, […] ya no requ[ería] de muletas y […] p[odía] ingresar a sus actividades laborales con restricciones», consistentes en «no levantar

peso mayor a 20 Kg, no realizar actividades repetidas por más de 2 horas y cambiar de posición cada hora». Así mismo se le autorizó otro con ortopedia para el 15 de marzo de 2018 (f.° 47 a 49, ib).

5. Que el 12 de marzo fue atendido por la EPS Medimás, concediéndole cuatro días de incapacidad adicional, según la constancia de f.° 55, ibidem.

6. Que el 15 de marzo, fue atendido por consulta especializada en ortopedia en la clínica Asotrauma, indicándose como diagnóstico «Desgarro muscular en los gastrocnemios de la pierna izquierda», por lo que se concedieron quince días adicionales de licencia por salud, «del 16/03/2022 a 30/03/2022» y se ordenaron diez terapias físicas (f.° 48 a 52, ib).

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7. Que el 6 de abril siguiente, estuvo en consulta especializada en la que se determinó: «mejoría del cuadro clínico. Está sin dolor. Realizó las terapias y las terminó» (f.° 59, ibidem).

8. Que el 26 siguiente, mediante el Oficio CE201841012822, la ARL le comunicó a la coordinadora de salud ocupacional de IBG S. A., que: […] una vez realizado el seguimiento por parte de medicina laboral a los controles médicos de Hernán Gutiérrez, quien presentó accidente de trabajo el 23/02/2018 y en relación a las características funcionales y ocupacionales […] el trabajador

está en capacidad de realizar las labores habitualmente desempeñadas en el cargo para el cual fue contratado y no amerita ninguna recomendación por parte de medicina Laboral de ARL Sura y se levantan las restricciones (f.° 26 del archivo 9° anexos respuesta a la demanda).

9. Que el 3 de mayo de 2018, la empleadora comunicó al subordinado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 64 del CST (f.° 21 «del archivo 09 anexos respuesta a la demanda del archivo digital»).

10. Que la Junta Nacional de Calificación de invalidez, mediante el Dictamen n.° 93366072 del 24 de abril de 2020, calificó al empleado con una pérdida de capacidad laboral del 3,8 % con fecha de estructuración del «28/08/2019» (sic) de origen laboral, debido al diagnóstico de «traumatismo de otros tendones y músculos a nivel de la piernadesgarro del gemelo medial de pierna izquierda» (f.° 120 a 130, «archivo 01 del expediente digital»).

Razonó que, por tanto, el accionante no contaba con una situación de salud que le impidiera o dificultara

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Radicación n.° 98328 sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares al momento de extinguirse su contrato de trabajo, por lo que no era destinatario del fuero alegado, por cuanto: i) «[…] se encontraba desarrollando sus actividades de manera normal», pues la «última incapacidad que le fue otorgada, […] venció el 30 de marzo de 2018, es decir, un

mes y 30 días antes de la fecha de finalización de [su vínculo]». ii) Las consultas especializadas por ortopedia de 10 de marzo y 6 de abril de 2018, informaban que «no requería […] muletas y que podía ingresar a sus actividades laborales con restricciones», presentando mejoría de su cuadro clínico, siendo las últimas levantadas el día 26 siguiente, según comunicación de la ARL a la empleadora, lo que evidenciaba que «no se encontraba en una situación de debilidad manifiesta que le impidiera desempeñar cabalmente sus funciones, pues había sido dado de alta por la enfermedad que padecía como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió». Además, porque a pesar de que […] el resultado de la resonancia de pierna izquierda simple realizada al accionante el 6 de agosto de 2018, después de haber finalizado el vínculo laboral, […] demuestra que se encontraron hallazgos en relación con desgarro parcial del gemelo interno izquierdo en su aspecto profundo con formación de hematoma de evolución antigua en la fascia profunda como se describió, edema del tejido celular subcutáneo en la región medial de la pierna izquierda, [se dejó] constancia del análisis e

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Radicación n.° 98328 interpretación «sin limitación funcional». (folios 78 y 79 «archivo 01 del expediente digital»). Manifestó que lo último demuestra que existieron atenciones médicas posteriores a la finalización del contrato por la lesión que sufrió en vigencia de mismo, sin que demostraran «la disminución en su capacidad de trabajo que

[…] afectara el desempeño de sus labores», por lo que aquellas no eran suficiencias para dar por acreditada el «estado de debilidad manifiesta por su estado de salud». Agregó que, en relación con lo último, la prueba testimonial no fue contundente, pues Fernando Silvio Ruiz aseguró que el actor estuvo incapacitado por un accidente de trabajo y a los 20 días empezó a laborar nuevamente con restricciones, mientras que José Carmelo Bonilla expresó aquel estuvo incapacitado y después no le renovaron el contrato. Concluyó que, por lo dicho, estaban demostrados los quebrantos de salud del trabajador, los cuales habían cesado en su incidencia laboral al momento de finalizarse el contrato de trabajo, pues podía realizar sus actividades con normalidad y sin restricción, según concepto de la ARL. Argumentó que a lo anterior se sumaba, que «[…] la protección de que trata el artículo 26 de ley 26 de la Ley 361 de 1997, est[aba] destinadas a trabajadores que sufren una limitación moderada, severa o profunda», esto es, según el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001, superior al 15 %, que tampoco se había acreditado, pues al demandante le fue

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Radicación n.° 98328 calificado un 3.8 % de PCL por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (f.° 120 a 130 archivo 01 del expediente digital), sin que existiera evidencia de que aquello «impidiera el desempeño de sus labores en condiciones regulares», en los términos exigidos por el juez

límite constitucional. Planteó que, por tanto, la finalización del vínculo laboral no fue consecuencia de un acto discriminatorio, pues para el 3 de mayo de 2018, se habían levantado las restricciones ocupacionales; que, incluso, el incidente de trabajo ocurrió en ejercicio de una «actividad esporádica de entrega de un electrodoméstico que nada tenía que ver con las labores contratadas». Sostuvo que, al estar probado el despido sin justa causa y el pago de la inmunización legal únicamente por el último contrato formalmente suscrito, procedía el reajuste de ese crédito, atendiendo la unidad declarada entre el 6 de julio de 2011 y el 3 de mayo de 2018 (f.° 12 a 26, cuaderno del Tribunal, archivo «2023031232020», ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case totalmente» el fallo recurrido y,

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Radicación n.° 98328 en sede de instancia, se confirme el inicial, imponiendo costas según corresponda (f.° 12, cuaderno de la Corte, archivo «2023091210355», ib). Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y por su afinidad se estudiarán conjuntamente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa al Tribunal de incurrir en violación de la ley, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de

los artículos 13, 47, 54 y 68 de la CP y 1°, 2°, 3°, 4°, 26 de la Ley 361 de 1997. Refiere que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que en el informe de accidente de trabajo y la historia de Medimás quedo señalado que el 28 de febrero de 2018 el señor Hernán Gutiérrez, sufrió un accidente laboral, cuando se encontraba realizando una actividad de transporte de la sociedad Iván Botero Gómez S. A. – IBG S. A., que consistía en la entrega de una nevera a un cliente en su domicilio, el cual presento «dolor intenso en miembro inferior izquierdo en parte posterior de la pierna, de inicio súbito, de carácter latigante, el dolor de inmediato limito la marcha, el dolor se exacerba, al intentar apoyar el miembro, y se ha acompañado de inflamación moderada por lo que consulta […]». 2) No dar por demostrado estándolo, contra todas las evidencias y pruebas recaudadas, que la Iván Botero Gómez S. A. – IBG S. A., tenía pleno conocimiento del estado de salud del señor Hernán Gutiérrez, antes de dar por terminado el contrato de trabajo el 3 de mayo de 2018, y en desarrollo de ello, el sentenciador debió, haber concedido el reintegro, por estar demostrado que el trabajador no podía seguir ejerciendo su

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labor habitual dentro de la empresa a causa de la patología que presentaba como consecuencia del accidente laboral. 3) No dar por demostrado, estándolo, el deber legal que le asistía a la demandada Iván Botero Gómez S. A. – IBG S. A., de brindarle el acompañamiento al señor Hernán Gutiérrez, durante la etapa del seguimiento y control médico, así mismo garantizarte una recuperación total o parcial del mismo, lo cual fue desatendida superlativamente por la sentencia de segunda instancia. 4) Dar por demostrado, sin estado, que el señor Hernán Gutiérrez, estaba totalmente recuperado, en razón «a que la última incapacidad que le fue otorgada, con lo cual por lo menos temporalmente se demuestra que no estaba en capacidad de desarrollar sus labores cotidianas, venció el 30 de marzo de 2018, es decir, un mes y 30 días antes de la fecha de finalización del contrato», lo cual es un error y riñe con la realidad clínica del recurrente, toda vez que su estado de debilidad manifiesta no se puede supeditar a la expedición de incapacidades o la simplista y equivocado diagnóstico del médico laboral, pues su patología se encuentra plenamente sustentada con su historia clínica y conceptos médicos aportados en el expediente, lo que evidencia una disminución medica física. 5) No dar por demostrado, estándolo, que en el caso sub lite se presentaron todos los presupuestos que jurisprudencialmente se han establecido como pilares fundamentales para tener derecho a la protección que establece la Ley 361 de 1997.

Afirma que tales yerros fueron consecuencia de la errónea apreciación de los siguientes medios de convicción:

1. Fotocopia del certificado Servir SAS del 11 de septiembre de 2017, en el que se observa que al señor Hernán Gutiérrez, le realizaron examen en el que señalaron que se encontraba «Sin restricción para el cargo».

2. Fotocopia de la historia clínica de Medimás del 22 de febrero de 2018, se señaló que el señor Hernán Gutiérrez en una actividad de transporte de su empresa para la entrega de una lavadora a un cliente, en su domicilio, estando cargando el electrodoméstico, presento dolor intenso en miembro inferior izquierdo en parte posterior de la pierna.

3. Fotocopia del informe del accidente de trabajo del empleado de fecha 27 de febrero de 2018, en el que se señaló que el señor Hernán Gutiérrez sufrió un accidente laboral, en el desarrollo de

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Radicación n.° 98328 sus funciones, cuando se encontraba entregando una lavadora a un cliente en su domicilio.

4. Fotocopia de la incapacidad otorgada por la EPS al señor Hernán Gutiérrez, donde le concedieron incapacidad de 8 días del 22 de febrero de 2018 hasta el 1° de marzo de marzo de 2018, con diagnóstico de desgarro muscular del miembro inferior izquierdo, en parte posterior de la pierna.

5. Fotocopia de la historia clínica de Asotrauma del 2 de marzo de 2018, el señor Hernán Gutiérrez es atendido por la dicha clínica, por cuenta de la ARL Sura, con diagnóstico de desgarro

muscular grado 2, y ante la limitación de no caminar de forma normal, se le ordena que utilice muletas por 8 días, y se le concede incapacidad por 8 días del 02/03/2018 al 9/03/2018.

6. Fotocopia de las restricciones laborales dadas por la clínica Asotrauma el 10 de marzo de 2018 en la que se indica que el señor Hernán Gutiérrez no debe levantar peso mayor a 20 kg, no realizar actividades repetitivas por más de 2 horas, cambiar de posición cada hora.

Estas restricciones fueron dadas en razón a que se le recomendó al señor Hernán Gutiérrez que ya podía realizar marcha sin multas. También se le autorizo control de ortopedia para el 15 de marzo de 2018.

7. Fotocopia del examen «Doppler venoso miembro inferior izquierdo» de fecha 2 de marzo de 2018, en que se concluyó que se descartaba trombosis venosa profunda, edema y sangrado laminar fibrilar en los músculos gemelos y soleo microdesgarro en el músculo, soleo en la región posterior y postero medial, colección liquida en el espacio aponeurótico profundo entre el musculo soleo y gemelo medial.

8. Fotocopia de la incapacidad otorgada por la clínica Asotrauma en donde fue atendido por consulta especializada de ortopedia por cuenta de la ARL Sura, con diagnóstico de desgarro muscular en los gastrocnemlos de la pierna izquierda, le concedieron 15 días de incapacidad del 16/03/2022 a 30/03/2022, y le ordenaron 10 terapias físicas.

9. Fotocopia de la incapacidad del 15 de marzo de 2018 de la Clínica Asotrauma en la que incapacitaron por 15 días al señor Hernán Gutiérrez, a partir del 16 de marzo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2018.

10. Fotocopia del seguimiento laboral por parte de la ARL Sura en la que señalaron las observaciones como estar «Pendiente control cita consulta externa el 19 de abril de 2018, término de incapacidad, término de terapia física, continua con baños de vinagre y sulfato en agua tibia, y ejercicios de entrenamiento,

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Radicación n.° 98328 cumple con las recomendaciones médicas, a la valoración funcional. Completa arcos de movimiento, fuerza muscular en 4 para la plantifiexión y para la dorsifiexión. Marcha normal, cumple con las fases de la marcha, refiere ligero dolor».

11. Fotocopia de la «ecografía de tejidos blandos de pierna izquierda» de fecha 22 de mayo de 2018.

12. Fotocopia del examen realizado por el Dr. Camilo Ernesto Galeano Arbeláez (médico fisiatra y rehabilitación) del 7 de junio de 2018, donde se observa como conclusiones el «Estudio negativo para polineuropatía» y «No se descarta compromiso de fibra pequeña».

13. Fotocopia de la resonancia magnética realizada en CEDICAF el 10 de agosto de 2018, en la que el Dr. Juan Pablo Ovalle Rojas (médico radiólogo), señalo los hallazgos en relación con desgarro parcial del gemelo interno izquierdo en su aspecto

profundo con formación de hematoma de evolución antigua en la fascia profunda como se describió y edema del tejido celular subcutáneo en la región medial de la pierna izquierda.

14. Fotocopia del dictamen n.° 1411017023-426835 del 28 de noviembre de 2018, emitido por la ARL SURA, en el cual lo calificaron con el 0 %, con fecha de calificación de origen del 28 de agosto de 2018, el diagnóstico evidenciado en la historia clínica y la valoración realizada fue «Traumatismo de otros tendones y músculos», y la deficiencia motivo de la calificación fue «desgarro del gemelo medial en pierna izquierda».

15. Fotocopia del recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral número 93366072-398 de fecha 22 de febrero de 2019, mediante el cual se solicitó se tuvieron en cuenta los diferentes exámenes, entre los cuales se indicó que presentaba «Antecedente de trauma con ruptura de gemelo interno».

16. Fotocopia del dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional del dictamen número 93366072-398-2 del 26 de agosto de 2019, resolvió el recurso de reposición, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, el cual señalo como pérdida de la capacidad laboral y ocupacional el 6,17 %, el origen «accidente», el riesgo «de trabajo», y la fecha de estructuración el

«28/08/2019».

17. Fotocopia del recurso de reposición y en subsidio el de

apelación en el que el señor Hernán Gutiérrez manifestó que se tuviera en cuenta la historia clínica allegada, y además que: «la pérdida laboral fue calificada con el 6,17 %, porcentaje que es inferior al padecimiento que hoy tengo, y en cuanto a la fecha de estructuración solicitó se aclare ya que la fecha indicada es

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98328 28 de agosto de 2019, mes al cual ni siquiera hemos llegado, y el accidente de trabajo sucedió el 22