CSJ - SL1175-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1175-2024 Radicación n.° 99259 Acta 16 Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2022, en el proceso ordinario laboral que promueve MARTHA AZUCENA PUENTES LONDOÑO contra la sociedad recurrente y al cual se vincula la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES Martha Azucena Puentes Londoño promovió una demanda ordinaria laboral en contra de Porvenir S. A. con el fin de que se le condene al reconocimiento y pago de la

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Radicación n.° 99259 garantía de pensión mínima, a partir del 31 de agosto de 2016, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación, lo que se acredite extra y ultra petita, así como las costas las costas del proceso. Como fundamento de las súplicas, indicó que nació el 31 de agosto de 1959; que el 1 de febrero de 1995 se afilió a la entidad demandada; que para el 31 de agosto de 2016 ya contaba con 57 años de edad y tenía más de 1150 semanas

cotizadas. Narró que el 25 de noviembre de 2016 Porvenir S. A. le informó que el bono pensional del que es titular se encontraba en trámite; que el 7 de diciembre del mismo año le pidió a dicha AFP privada el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin embargo, no había obtenido respuesta alguna. Al contestar la demanda inaugural, Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó que la demandante estaba afiliada a ese fondo privado, la fecha en que ello ocurrió, pero agregó que nunca había solicitado la prestación ahora deprecada; frente a las demás situaciones fácticas, expresó que no le constaban y que debían ser probadas. Propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de integración del litisconsorcio necesario al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, petición antes de tiempo,

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Radicación n.° 99259 falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, compensación e innominada o genérica. Posteriormente, mediante auto del 3 de julio de 2019, el juzgado del conocimiento dispuso integrar al contradictorio a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este último al responder la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones; admitió que la actora tenía derecho al bono pensional, que el emisor es la Nación y el contribuyente Colpensiones. Manifestó que los demás hechos no le constaban.

En su defensa señaló que la garantía de pensión mínima no se había agotado el trámite administrativo por parte de la AFP Porvenir S. A. relacionada con el otorgamiento de dicha prestación. Formuló las excepciones de falta de solicitud y las demás declaradas oficiosamente. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la demandante señora MARTHA AZUCENA PUENTES LONDOÑO, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en el marco de la garantía de pensión mínima, a partir del 31 de agosto del año

2016. Lo anterior en la forma señalada en la parte motiva de la

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Radicación n.° 99259 presente sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada A.F.P. PORVENIR S.A. a reconocerle y pagarle a la demandante MARTHA AZUCENA PUENTES LONDOÑO, las mesadas pensionales, de que trata la prestación, en los términos del artículo 65 de la ley 100 de 1993, a partir del 31 de agosto de 2016, con cargo inicialmente a los recursos de su cuenta de ahorro individual, mientras se adelantan las gestiones administrativas pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, específicamente, la oficina de bonos pensionales. Para efectos de regularizar el otorgamiento prestacional.

TERCERO: CONDENAR a la demandada A.F.P. PORVENIR

S.A. a reconocerle y pagarle a la demandante MARTHA AZUCENA PUENTES LONDOÑO, los intereses moratorios a la tasa más alta, certificada por la Superintendencia financiera, respecto de las mesadas pensionales causadas en su favor, a partir de, los intereses, del 8 de abril del año 2017 y hasta cuando se efectúe el pago correspondiente.

CUARTO: Dadas las resultas del juicio, el Despacho declara no probadas las propuestas respecto de las condenas infligidas.

QUINTO: Lo serán a cargo de la demandada PORVENIR S.A.

En firme la presente providencia, por secretaría practíquese la liquidación de costas incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de $2000.000, en favor de la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció por la apelación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en grado jurisdiccional de consulta a su favor, mediante sentencia del 30 de junio de 2022, resolvió lo siguiente: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá para, únicamente en relación con los intereses moratorios los que ordena pagar a partir del 6 de noviembre de 2018 y hasta cuando se verifique el pago de la

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Radicación n.° 99259 obligación, sobre cada una de las mesadas causadas del 31 de agosto de 2016.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás la sentencia de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural indicó que el problema jurídico consistía en verificar si en el presente asunto la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima, pues «el juzgado había determinado que aquella no reunía el capital mínimo necesario para acceder a la pensión de vejez». En esa dirección, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, en cuanto se exige que los afiliados, en este caso, las mujeres, tuvieran 57 años de edad, y no alcanzaran a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 ibídem y hubiesen cotizado por lo menos 1150 semanas, tendrían derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les completara la parte que hiciere falta para obtener dicha prestación económica. Además, precisó que, a efectos de contabilizar las semanas, se daría aplicación a lo previsto en el artículo 33 de la misma normatividad advirtiendo que la administradora o aseguradora a donde se encontrara la afiliada la actora debía tramitar la garantía mencionada, en virtud del artículo 83 de la citada Ley 100. Memoró lo descrito en los artículos 4 y 7 del Decreto 832 de 1996, compilado en el Decreto Único Reglamentario

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Radicación n.° 99259 1833 de 2016, los cuales, dijo, establecen, respectivamente, que la garantía deprecada correspondía asumirla a la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, «acto que se expedirá con base en la información que suministre la AFP o la aseguradora» y, que la financiación en el RAIS, se realizaría con los dineros de la cuenta de ahorro individual, «incluyendo los aportes voluntarios si los hubiere, con el valor de los bonos y/o títulos pensionales cuando a ello hubiere lugar y, cuando éstos se agotaren, con las sumas mensuales adicionales a cargo de la Nación». Seguidamente, precisó que la misma norma advertía en el artículo 9 que si un afiliado reunía los requisitos previstos en el artículo 64 de la Ley 100 de a 1993, pero no podía acceder a una pensión de vejez porque el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual con la inclusión del bono pensional, era insuficiente; la administradora iniciaría los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta individual, previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el derecho a la garantía de la pensión mínima. Sobre el particular, trajo apartes de la sentencia CSJ SL4531-2020, e indicó que como la accionante nació el 31 de agosto de 1959, cumplió los 57 años de edad el mismo día y mes de 2016, que había acumulado más de 1150 semanas cotizadas para esa data, por lo que acreditaba los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento y pago

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Radicación n.° 99259 de la garantía solicitada. Recalcó que la accionante había pedido la prestación el

7 de diciembre de 2016, pero no probó haber allegado documentación alguna; que reiteró dicha súplica el 6 de julio de 2018 oportunidad en la que radicó, entre otros documentos, el registro civil de nacimiento y copias de las cédulas de ciudadanía suya y de su esposo; pero que siguió haciendo aportes a pensión a través de su empleador hasta marzo del mismo año, con un IBL de $781.242, lo que equivalía a un SMLMV. Expresó que era procedente acceder a la pensión desde el 31 de agosto de 2016, data en la que se configuró efectivamente los requisitos previstos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo dispuesto en el fallo

CSJ SL4531-2020.

Destacó que no era posible como lo pretendía el Fondo accionado, en la apelación, que el reconocimiento de la prestación se hiciera a partir de la radicación de la demanda, bajo el argumento de que la actora no había elevado una solicitud formal de pago de garantía de pensión mínima; ello en el entendido de que la accionante peticionó el pago de la pensión de vejez, y si bien no acompañó los documentos requeridos, era función de la AFP privada de pensiones poner esta situación de presente para continuar con el trámite; y que dicha entidad, además de no hacerlo, guardó mutismo hasta cuando transcurridos 18 meses después, la demandante reiteró la petición y tampoco

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Radicación n.° 99259 adelantó el trámite respectivo. Por lo anterior, destacó que la pasiva no podía

apoyarse en su actuar omisivo para liberarse de la obligación de reconocer la garantía de pensión mínima desde el momento en que la misma se había causado, argumentando que no contaba con el capital suficiente en la cuenta de ahorro individual, incluido el bono pensional, ya que, de conformidad con el documento de folios 109 y 100 aquel ya había sido emitido y redimido; razón suficiente para confirmar la sentencia del primer grado, en cuanto ordenó el pago de la prestación. Por otro lado, respecto de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, destacó que, el 7 de diciembre de 2016, la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez aunque no acompañó documentación y que solo hasta el 6 de julio de 2018, lo hizo anexando a la nueva solicitud, los registros civiles de nacimiento y las copias de las cédulas de los dos. Que, por tanto, era a partir del 6 de septiembre siguiente que podía entenderse que los intereses moratorios se causaron, por lo que modificó la decisión del juez, en ese especifico punto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del ad quem y convertida en Tribunal de instancia, revoque el fallo de primer grado, y, en su lugar, absuelva a Porvenir S. A. de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que se presenta oposición por la demandante.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segundo grado por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 65 y 83 de la Ley 100 de 1993, 4, 7 y 9 del Decreto 832 de 1996 y la infracción directa de los artículos 60 y 68 de

1993. Expone que la discrepancia jurídica radica en que se haya impuesto la obligación a otorgar una pensión mínima con cargo a los recursos de la cuenta individual del afiliado, sin que previamente se contara con la garantía de pensión mínima ignorando así que sin el reconocimiento de dicha garantía no es posible cancelar la prestación. Asegura que los razonamientos jurídicos del Tribunal son equivocados pues entendió que la garantía de pensión mínima de vejez, de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de

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Radicación n.° 99259 1993, es una modalidad pensional, a cargo de las administradoras de pensiones, con lo que interpretó mal esa disposición legal y, además, infringió directamente el artículo 60 de la Ley 100 de 1993, que da clara cuenta de la naturaleza y del objetivo de esa garantía. Relata que de las normas señaladas se colige que la referida garantía es el pago de parte de los recursos para financiar una pensión mínima, no una prestación que atienda el riesgo de vejez, y por ello, no es una modalidad

de pensión, que deba pagarse en forma mensual a los afiliados que cuenten con 1150 semanas de cotización, sino un aporte, un auxilio, un subsidio o beneficio estatal necesario para financiar la pensión de vejez. Es decir, es un mecanismo de financiación de la prestación por vejez respecto de ciertos afiliados, por lo que el cumplimiento de los requisitos para acceder a ella no da lugar al reconocimiento inmediato de la pensión, razonamiento que sustenta en lo señalado en la sentencia CSJ SL4252-2021. Denuncia que el artículo 68 de la Ley 100 de 1993, fue ignorado porque de lo que en él se establece surge una conclusión contraria a la del Tribunal, toda vez que dispone: «Las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima».

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Radicación n.° 99259 Asevera que del anterior texto legal se debe concluir que la garantía de pensión mínima no es una prestación, sino un elemento de financiación de la pensión, un recurso, sin el cual no es posible reconocer esa pensión. Por lo tanto, cuando esa garantía sea necesaria, no es viable conceder una pensión sin que aquella esté debidamente otorgada, por lo que no es admisible que, en tal evento, se reconozca con cargo a los recursos de la cuenta individual del afiliado sin contar con la concesión de

esa garantía, puesto que es indispensable para financiarla. Por otra parte, asegura que el ad quem tampoco le dio importancia al hecho de que el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima no fuera carga que deba asumir el Fondo de pensiones, ya que estaba sujeta a un trámite que debe ser aprobada por la cartera de Hacienda, autorización sin la cual no se puede hacer uso de los dineros del Fondo destinado a garantizar ese tipo de pensiones. Trae a colación el artículo 4 del Decreto 832 de 1996, que trata sobre la garantía de la pensión mínima, para resaltar que esta normatividad precisa con claridad que el reconocimiento de aquella no está a cargo de las administradoras de pensiones, sino de la NaciónMinisterio de Hacienda. Así las cosas, la circunstancia de que esa entidad no deba pagar la garantía, no significa que no tenga ninguna responsabilidad en su otorgamiento, ni, mucho menos, que este quede a cargo de las

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Radicación n.° 99259 administradoras de pensiones, como lo dio a entender el juez de la alzada. Arguye que el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el canon 2 del Decreto 142 de 2006, llega a una conclusión similar a la antes planteada, disposición que, en su decir, fue ignorada por el Tribunal, y del que forzosamente se desprende que: a.- Que cuando un afiliado solicite el reconocimiento de la pensión, la administradora necesariamente debe hacer unos cálculos siguiendo los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda. b.- Efectuado el cálculo, si se verifica que el saldo es menor que

el saldo de pensión mínima, incluido el valor del bono, se deberán adelantar los trámites necesarios ante la Oficina de Obligaciones Pensionales del Ministerio, para que este reconozca la garantía de la pensión mínima de vejez. cSolamente después de que se reconozca la garantía de la pensión mínima de vejez se comenzará a pagar por la administradora la pensión, con cargo a la cuenta individual. Por lo tanto, afirma, no se puede acceder a la pensión mínima como lo consideró el Tribunal, tan pronto se cumplen los requisitos de edad y de densidad de cotizaciones, sino que es necesario e ineludible obtener previamente el de la garantía por parte del Ministerio de Hacienda. Insiste en que este subsidio no se causa solamente con el cumplimiento de los requisitos de pensión, de suerte que el pago de la prestación no es inmediato y no se le puede reclamar a la administradora con el solo cumplimiento de la

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Radicación n.° 99259 edad y las cotizaciones, como se desprende de una correcta interpretación de la norma antes citada. Finalmente, recalca que igualmente de lo que establece el artículo 7 del Decreto 832 de 1996, que también se entendió equivocadamente, se desprende que para el otorgamiento de la pensión mínima se requiere de la suma que aporte la Nación, puesto que esta, en algunos casos, forma parte de la financiación de la prestación. En conclusión, señala, el ad quem incurrió en los yerros jurídicos que se le imputan puesto que ordenó a la sociedad recurrente a pagar una pensión sin contar previamente con la cancelación de la garantía de pensión

mínima.

VII. RÉPLICA La oposición indica que en el alcance de la impugnación el recurrente pretende cuestionar a través del recurso extraordinario de casación la sentencia de primera instancia, como si ello fuera posible dado el trámite procesal que ha tenido el asunto que nos ocupa, de tal forma que «debió haber dicho que se revocara la sentencia de segunda instancia, la cual fue objeto del recurso de casación., luego entonces Porvenir NO individualizó de manera correcta la sentencia objeto del recurso de casación, razón por la cual está llamada a ser negada la misma».

Arguye que la recurrente muestra nuevamente su

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Radicación n.° 99259 insistente negativa en reconocerle la garantía mínima de pensión de vejez a que tiene derecho la demandante, al recalcar que ella no cumple con los requisitos que establece el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, de tal forma que «es la incongruencia y negligencia administrativa de Porvenir frente a su afiliada Martha Azucena Puentes Londoño, quien lleva algo más de siete años a la espera de que Porvenir le reconozca y pague su Pensión». Recalca que el único cargo no está llamado a prosperar, toda vez que el Fondo privado hace una mala interpretación de la normatividad aplicable al caso de marras, esto es, al artículo 65 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de insistir en que le nieguen a la actora la prestación económica solicitada, desconociendo que es a la sociedad recurrente a quien le corresponde reconocer la pensión y, en tal sentido, trata de trasladar sus

obligaciones a la cartera de hacienda. Expone que, si se tiene en cuenta que el bono pensional a que tiene derecho la demandante está disponible desde el 22 de diciembre de 2016, de conformidad con la Resolución No. 16069 de dicha anualidad, proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Porvenir S.A. no ha solicitado en nombre de la demandante el reconocimiento de la respectiva prestación, faltando a la obligación establecida en el artículo 4 del Decreto 832 de 1996 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016, debe pagar la prestación.

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Radicación n.° 99259 Explica que la AFP tiene el deber legal frente a sus afiliados, de solicitar ante la OFP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la garantía de pensión mínima en favor de cada uno de ellos, conforme lo estipula el Decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones. Aduce que de la norma señalada se puede concluir que Porvenir S. A. ha debido al menos reconocerle la pensión provisional, conforme lo establece el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, sin excusarse en que la cartera de hacienda no ha expedido el bono pensional o que lo hubiere expedido mal, situación que no ha ocurrido en el presente asunto; de tal manera que como el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 prevé que «(…) los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la

cuota parte», para efectos del reconocimiento prestacional, no hay lugar a que la AFP descargue su responsabilidad y negligencia sobre la afiliada y, en tal sentido, perjudique su derecho a la seguridad social, como lo es la pensión de vejez, el cual encuentra un respaldo constitucional en el artículo 53 de la CP.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que ha de advertir la Sala es que el cuestionamiento de técnica que propone la réplica respecto del alcance de la impugnación, no se tipifica en la medida que la censura solicita la anulación de la providencia del Tribunal para que, una vez se acceda a ello, la Corte,

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Radicación n.° 99259 actuando en instancia, revoque la proferida por el a quo y, emita la de reemplazo; todo lo cual resulta acertado. Claro lo anterior, se tiene que el sentenciador de apelaciones confirmó el fallo condenatorio de primer grado porque estimó que la accionante, con independencia de que la AFP hubiera recibido el valor de la garantía de pensión mínima, a cargo del Ministerio de Hacienda, había reunido los requisitos para hacerse acreedora a la pensión de vejez deprecada. Lo anterior en la medida que al 31 de agosto de 2016 aquella ya tenía 57 años de edad y acumulaba más de 1150 semanas; aun cuando el capital con el que contara, incluido el bono pensional, no le alcanzara para garantizar el pago de un salario mínimo. La censura por su parte considera que el sentenciador se equivocó al haberle impuesto la asunción de la

prestación a favor de la actora, sin que previamente se contara con el valor que por solidaridad el gobierno a través del MinHacienda estaba obligado a suministrarle, para garantizar el pago de una pensión mínima. Considera la recurrente que no bastaba con haber satisfecho los requisitos de edad y un número de cotizaciones superiores a las 1150 semanas, sino que se requería necesariamente obtener el reconocimiento de la garantía por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que es con esos recursos que la prestación económica se pueda satisfacer.

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Radicación n.° 99259 En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado se equivocó, desde el punto de vista jurídico, al considerar que la AFP debía reconocer el derecho pensional reclamado, pese a que la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, según el decir de la recurrente, no ha aprobado ni reconocido la garantía de pensión mínima. Dada la vía de ataque seleccionada por la censura, no se discute en el proceso que i) la actora nació el 31 de agosto de 1959, de modo que cumplió 57 años de edad ese mismo día y mes del año 2016; ii) a esa fecha acreditaba más de 1150 semanas de aportes; ni que iii) el capital que tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluido lo que le corresponde por bono pensional, es inferior al 110% del salario mínimo legal para acceder a la pensión de vejez en los términos del artículo 64 de la Ley

100 de 1993. Pues bien, inicialmente, debe indicarse que la garantía estatal de pensión mínima de vejez está prevista como una excepción al esquema de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones.

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Radicación n.° 99259 En efecto, el legislador previó que, debido a la dinámica económica y fluctuante propia de este régimen, era posible que la cuenta pensional no tuviera con el capital necesario o suficiente que permitiera financiar una pensión de vejez en los términos previstos en el citado artículo 64, pero sí contara con un importante número de semanas que, a determinada edad, justificaran un derecho mínimo pensional; densidad que el legislador predefinió en el de 1150 semanas y unas edades mínimas de 57 años si es mujer o 62 si es hombre, tal y como lo establece el artículo 65 ibidem. Así mismo, cabe destacar que el artículo 84 de la ley en cita, vigente para la época de los hechos, establecía una excepción a la garantía de pensión mínima que consistía en que esta no procedía si el afiliado recibía otras rentas, pensiones o remuneraciones, cuya suma fuera superior al valor que eventualmente le pudiera corresponder por concepto de garantía de pensión mínima. Por tanto, si eventualmente se percibían ingresos de tal índole, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima solo se haría efectiva desde el instante en que se dejara de recibirlos (CSJ SL4531-2020).

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Por otra parte, para el reconocimiento de esa garantía pensional se previóque su financiación quedaría respaldada con los saldos que existieran en la cuenta de ahorro individual del afiliado, sus rendimientos, el bono pensional si había lugar a él, y los aportes del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Sala ha entendido que este es precisamente el componente de solidaridad del Régimen de Ahorro Individual -RAIS que valida su existencia en el sistema pensional a efectos de lograr una cobertura universal del riesgo de vejez. Bajo esa misma senda, vale la pena traer a colación lo señalado en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, en el que se dispuso que: Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento. Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las

compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos. En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en

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Radicación n.° 99259 todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora. Parágrafo.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo. Dicho lo anterior, se tiene que es posible que, mientras se culmina el trámite tendiente a la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima estatal, se produzca el reconocimiento provisional de la pensión con cargo a los recursos que hacen parte de la cuenta de ahorro individual; ello en aras de permitir el acceso a una prestación propia del sistema, sin que la fuente de financiación mediante el mencionado subsidio emitido por la entidad pública encargada de reconocerlo a través de acto administrativo, varie la naturaleza de la prestación. Es importante tener en cuenta que este tema ha sido abordado en su estudio por Sala, en varias ocasiones, así, por ejemplo, en la decisión CSJ SL1746-2023, en la que a su vez se memoró la CSJ SL2512-2021, se adoctrinó:

1. Procedencia del principio solidario de la garantía de la pensión mínima de vejez en el Régimen de Ahorro

Individual con Solidaridad. Naturaleza y objetivo de la garantía de pensión mínima Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se contempló la garantía estatal de pensión mínima, para aquellos afiliados al RAIS, que llegados a las edades máximas, esto es, 57 años mujeres y 62 años hombres, que hubieren cotizado un número mínimo de semanas de 1150, sin capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tendrían derecho a que con cargo a la Nación, se les completaran los recursos a efectos de acceder a una pensión de vejez de salario mínimo,

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Radicación n.° 99259 como una clara y palpable expresión del postulado de solidaridad. No se olvide que la reforma introducida en la Ley 797 de 2003, estatuyó que un porcentaje del aporte de los afiliados al RAIS, se iría a la constitución de recursos, en aras de completar el capital faltante de los beneficiarios del principio solidario. Lo anotado quiere significar, que tal garantía constituye un subsidio, esto es, un beneficio, ya sea en dinero o en especie, para que, a través de este, se satisfaga una necesidad puntual, de acuerdo a las políticas de protección a específicos grupos poblacionales (riesgo de vulnerabilidad) que por sus condiciones lo justifican, es así como las reglas para acceder al mismo, propenden por el cumplimiento de requisitos que den certeza de su correcta asignación. Cabe resaltar que en Colombia todas las pensiones del RPM

poseen un subsidio implícito como consecuencia de que la prestación se sustenta en tiempo de servicios o cotizaciones y edad, sin tener en cuenta la equivalencia del aporte, como anteriormente se mencionó, dado que los aportes entran en