CSJ - SL1225-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1225-2023 Radicación n.° 93569 Acta 18 Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por NOLY VALENCIA PUERTA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 10 de diciembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que adelanta la recurrente y LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA

contra S & A SERVICIOS Y ASESORÍAS SAS y SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

I. ANTECEDENTES Noly Valencia Puerta y Luis Alberto Vanegas Navia llamaron a juicio a las entidades demandadas para que se declare que entre ellos y la empresa de servicios temporales S & A Servicios y Asesorías S. A. S. existió un contrato de

trabajo a término indefinido así:

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Radicación n.° 93569 desde Hasta Noly Valencia Puerta 2 de marzo de 2010 18 de marzo de 2013 Luis Antonio Vanegas 3 de febrero de 2010 18 de marzo de 2013 También solicitaron declarar que entre las accionadas existe solidaridad «como empleadores» de los demandantes; que la vinculación laboral terminó por justa causa atribuible al empresario; que las accionadas desmejoraron su situación salarial y dejaron de reconocer y pagar las prestaciones sociales y vacaciones sobre el salario realmente percibido. Adicionalmente, que a la señora Valencia Puerta la

«mantuvieron retirada del servicio de salud». En virtud de lo anterior, pidieron condenarlas a reliquidar sus prestaciones sociales y pagar a su favor las diferencias causadas; las indemnizaciones por despido injusto del artículo 64 del CST y por falta de pago del artículo 65 del mismo estatuto laboral, el auxilio de cesantías y la sanción por su no consignación, así como las costas procesales. Para sustentar sus pretensiones, manifestaron que suscribieron un contrato de trabajo por la duración de la obra o labor, y en virtud de este fueron trabajadores en misión para la demandada ESE Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en el cargo de sicólogos en el programa de salud pública, área de epidemiología subsistema SIVIM. Como contraprestación recibieron los siguientes salarios:

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Radicación n.° 93569 Noly Valencia Puerta Desde Hasta Salario Reconocido Reconocido percibido como salario como medios de transporte, alimentación y comunicación Marzo 2010 Diciembre $1.300.000 $1.021.933 $278.067 2010 Enero 2011 Agosto 2011 $1.600.000 $800.000 $800.000 Septiembre Septiembre $1.600.000 $800.000 $800.000 2011 2012 Octubre 2012 Marzo 2013 $2.200.000 $1.100.000 $1.100.000 Luis Alberto Vanegas Navia Desde Hasta Salario Reconocido Reconocido percibido como salario como medios de transporte, alimentación y comunicación

Febrero 2010 Julio 2010 $1.516.454 $1.021.933 $493.518 Octubre 2010 Diciembre $1.021.933 _________ __________ 2010 Enero 2011 Agosto 2011 $1.600.000 $800.000 $800.000 Septiembre Septiembre $1.600.000 $800.000 $800.000 2011 2012 Octubre 2012 Marzo 2013 $1.600.000 $800.000 $800.000 Afirmaron que durante la prestación del servicio fueron suscritos diferentes contratos como trabajadores en misión para ejercer el mismo cargo como sicólogos en el Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, y en iguales condiciones, el último de los cuales fue terminado por los accionantes por renuncia motivada por justa causa imputable al empleador, indicando de manera genérica las causales de finalización del vínculo, atribuibles a las demandadas. Aclararon que en algunos periodos Noly Valencia Puerta fue designada por la Coordinadora del área

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Radicación n.° 93569 de Epidemiología de la ESE Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada Servicios de Salud Norte ESE, como referente de apoyo SIVIM, por lo que debía ejercer dos cargos. Agregaron que el 17 de diciembre de 2012 solicitaron la liquidación de salarios y prestaciones sociales por el contrato de trabajo terminado el 30 de septiembre de 2012, sin obtener respuesta. Noly Valencia Puerta señaló que su EPS Coomeva le indicó que había sido retirada del servicio de salud, circunstancia que puso en conocimiento de S & A

Servicios y Asesorías S. A. Informaron que el 28 de agosto de 2012 se celebró una reunión con los integrantes del subsistema SIVIM para abordar las irregularidades denunciadas respecto del sicólogo Orlando Moreno, a raíz de una queja presentada por una usuaria ante el demandante Luis Alberto Vanegas; en tal oportunidad se dejó constancia en acta sobre la situación ocurrida y se comunicó a la Coordinadora VSP de la ESE Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, pero esta entidad no tomó ninguna acción correctiva al respecto. Precisaron que las causales en que sustentaron su renuncia correspondían a la inconformidad en los procedimientos de la institución en cuanto a irregularidades en la contratación, pago de salarios y prestaciones, exposición de riesgos a la salud para los trabajadores y «actos corruptos» en la ESE usuaria que no eran corregidos.

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Radicación n.° 93569 Al dar respuesta a la demanda, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos aceptó la vinculación laboral de los actores con S & A Servicios y Asesorías S. A. S. y las funciones desempeñadas por ellos en la ESE demandada, de los demás indicó que no le constaban. En su defensa manifestó que no sostuvo vínculo laboral alguno con los demandantes, y que la relación contractual que existió fue entre S & A Servicios y Asesorías S. A. S. y el

entonces Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, para la prestación de algunos servicios y actividades en casos puntuales en que se «necesitara asistencia por ciertos periodos». Agregó que, si se pretendía vincular a una entidad estatal como esta accionada como sujeto de la relación contractual, debía acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Formuló el medio exceptivo previo de falta de jurisdicción y competencia que no tuvieron éxito y las excepciones de mérito que denominó falta de legitimación en la causa material por pasiva, cobro de lo no debido y prescripción. S & A Servicios y Asesorías también dio respuesta a la demanda y se opuso a lo pretendido. En relación con los hechos admitió la vinculación laboral con los accionantes, las actividades desempeñadas, así como las sumas y conceptos pagados, frente a los demás indicó que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 93569 Explicó que reconoció y canceló oportunamente los salarios y prestaciones sociales causadas a los demandantes, con base en la remuneración pactada, sin que les adeude suma alguna. En todo caso, dijo que la empresa obró de buena fe y que la parte actora dejó transcurrir más de tres años para hacer la correspondiente reclamación, por lo que operó el fenómeno prescriptivo. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, pago total de las obligaciones correspondientes al contrato laboral

a cargo de mi representado y a favor del demandante y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 10 de marzo de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre los demandantes NOLY VALENCIA PUERTA y LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA existió un contrato de trabajo a término indefinido teniendo como verdadero empleador a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

DEL NORTE ESE.

El contrato de trabajo a término indefinido la señora NOLY VALENCIA PUERTA existió o inicio desde el 2 de marzo de 2010 y culminó el 18 de marzo de 2013 que terminó por renuncia voluntaria. El del señor LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA inicio el 3 de febrero de 2010 y culminó el 18 de marzo de 2013 que terminó por renuncia voluntaria.

SEGUNDO: Declarar que la sociedad demandada S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS es solidariamente responsable del

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Radicación n.° 93569 pago de las acreencias laborales que se derivan o que contiene la presente sentencia.

TERCERO: Se condena a las sociedades SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS NORTE ESE y a la empresa S & A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS solidariamente, a pagar a los demandantes

NOLY VALENCIA PUERTA Y LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA las siguientes sumas de dinero: A NOLY VALENCIA PUERTA por reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones la suma de $1.377.536, junto con los

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera, a partir 18 de marzo de 2015 hasta que se haga efectivo el pago de las condenas impuestas. A LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA por reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones la suma de $926.440 y los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superfinanciera, a partir 18 de marzo de 2015 hasta que se haga efectivo el pago de las condenas impuestas en esta sentencia. A favor de NOLY VALENCIA PUERTA por sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo la suma de $150.014.066 A LUIS ALBERTO VANEGAS NAVIA por sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo la suma de $30.738.463 Esas sanciones deberán pagarse debidamente indexadas a partir de la fecha de la terminación de la relación laboral y hasta que se realice el pago total de dichas sanciones.

CUARTO: ABSOLVER a las demandadas de las restantes pretensiones incoadas en su contra.

QUINTO: Se declaran parcialmente la excepción de prescripción, como se dijo en las consideraciones y dadas las resultas del proceso se declara no probadas las restantes excepciones.

SEXTO: Las costas son a cargo de las demandadas de forma solidaria, deben pagar a los demandantes un 20% de las condenas impuestas y liquidadas en esta sentencia.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció los recursos de apelación de las demandadas, y mediante sentencia dictada el 10 de diciembre de 2020 revocó la decisión de primer grado, y en su lugar, absolvió a las accionadas de todas las pretensiones erigidas en su contra y condenó en costas a la parte actora. Recordó que en primera instancia se determinó que Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE fue el verdadero empleador de los accionantes y que la sociedad S & A Servicios y Asesorías SAS fungió como simple intermediaria debido a que se superó el término fijado legalmente para la contratación de trabajadores en misión. Conclusión que fue cuestionada en la alzada por la primera de las demandadas, con fundamento en que ella no era la encargada de pagar los salarios y demás acreencias laborales. Al respecto, el colegiado refirió que las EST tienen como objetivo enganchar y remitir el personal a sociedades usuarias para colaborar temporalmente con sus actividades, en caso de que requieran: i) prestar labores ocasionales, accidentales o transitorias, diferentes a las habituales; ii) reemplazar personal en vacaciones, licencia o incapacidad y iii) atender el incremento en la producción, ventas, prestación de servicios o en periodos de cosechas; que dicha contratación solo puede hacerse durante 6 meses prorrogables por otro tiempo igual. En caso de no acatarse

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Radicación n.° 93569 tal temporalidad, la EST resulta ser un empleador aparente y un intermediario que oculta tal calidad en los términos del numeral 2 del artículo 35 del CST, y a su vez, el usuario

ficticio es considerado el verdadero empleador. Resaltó que desde la contestación de la demanda, las accionadas admitieron que los demandantes fueron vinculados por S & A Servicios y Asesorías para prestar sus servicios como trabajadores en misión en el Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en el cargo de sicólogos en el programa de salud pública área de epidemiología subsistema SIVIM; circunstancia que se corroboraba con los diferentes contratos de trabajo allegados a folios 29 a 30, 58 a 59, 77 a 78, 124 a 125, 135 a 136, 151 a 152 y 176 a 177. Así, encontró que estaba acreditado que el 3 de marzo de 2009 las demandadas suscribieron el contrato de prestación de servicios número 14012009 con el objeto de prestar servicio de apoyo y refuerzo para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las actividades asistenciales y administrativas del Hospital de Suba II Nivel ESE, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en cumplimiento de su objeto social; y que en primera instancia quedó establecida la existencia de un único vínculo laboral, así: i) Noly Valencia Puerta: del 2 de marzo de 2010 al 18 de marzo de 2013 y ii) Luis Alberto Vanegas Navia: del 3 de febrero de 2010 al 18 de marzo de 2013, sin que tal conclusión hubiese sido controvertida en la alzada. Dicha vinculación, tuvo como fin laborar como sicólogos en la

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usuaria Hospital de Suba II Nivel ESE, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, y como duración se pactó el tiempo requerido por dicha entidad para la prestación del servicio contratado. Así las cosas, concluyó que tales vínculos se extendieron más allá del plazo fijado para esta clase de contratos, en los términos del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006; además, no se demostró que su contratación hubiese obedecido a una situación excepcional como las ya descritas, pues en el contrato de prestación de servicios pactado entre las demandadas no se hizo alusión a ello. Resaltó que no se acreditó en qué consistían las labores de apoyo y refuerzo mencionadas en dicho convenio, y por qué ameritaba la contratación a través de empresas temporales, más cuando la función del cargo de sicólogo en el programa de salud pública era propia de las tareas que normalmente realizaba el personal de planta. Consideró que tanto el objeto del contrato entre las accionadas, como el del contrato laboral con los actores resultaba abstracto e impreciso, y en este último tan solo se indicó que duraría el lapso requerido para ejercer la actividad contratada por la empresa usuaria. Por tanto, concluyó que la contratación que hizo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE a través de S & A Servicios y Asesorías era ilícita, y, por ende, la primera entidad debía considerarse como verdadera empleadora, y la segunda, como una intermediaria, lo que en principio conduciría a confirmar la decisión apelada.

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Sin embargo, aclaró que no podía desconocer la naturaleza jurídica de Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el régimen legal aplicable a sus servidores. Explicó que según el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Sociales del Estado creadas para la prestación directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en las Leyes 100 de 1993 y 344 de 1996, y su naturaleza se asimila a la de los establecimientos públicos. Agregó que el Acuerdo 17 de 1997, por el cual se crearon, entre otras, la ESE Hospital de Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, estableció en su artículo 24 que quienes se vinculen a estas entidades tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales en los términos previstos en la ley; disposición concordante con los artículos 195 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 10 de 1990, y esta última prevé que son trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales. Por tanto, afirmó que los servidores de las ESE son empleados públicos, salvo quienes laboren en las actividades señaladas por el artículo 26 de la Ley 10 de 1990. Advirtió que la demanda se sustentó en la existencia de un contrato de trabajo, que es lo que determina la competencia a la jurisdicción laboral; sin embargo, tal vinculación en verdad no fue demostrada, pues las funciones desarrolladas por los actores fueron las de sicólogos, en desarrollo de un programa

de salud pública en epidemiología subsistema SIVIM, que se

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Radicación n.° 93569 enmarcan dentro de aquellas propias de un empleado público regido por una relación legal y reglamentaria, toda vez que no se relacionan con el mantenimiento de la planta física o con servicios generales. Por este motivo, dijo que revocaría la sentencia apelada y en su lugar, absolvería a las accionadas, sin que fuese procedente declarar la nulidad por falta de jurisdicción y competencia «por lo antes dilucidado, ya que se dio trámite al proceso hasta proferir la decisión de fondo, fuera de que las excepciones previas, dada su naturaleza, se deben decidir en la audiencia del artículo 77 del CPTSS, y la competencia está dada desde el inicio de la litis hasta cuando se resuelva».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los demandantes, sin embargo, el Tribunal solamente lo concedió respecto de la actora Noly Valencia Puerta, y así lo admitió la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la decisión impugnada, para que, en sede de instancia, modifique los numerales primero, segundo y tercero, y confirme el cuarto, quinto y sexto de la decisión de primer grado, de la siguiente manera: i) se declare que entre Noly Valencia Puerta y la sociedad S & A Servicios y Asesorías S.

A. S. existió un contrato de trabajo desde el 2 de marzo de

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Radicación n.° 93569 2010 hasta el 18 de marzo de 2013, y que por tanto, dicha empresa es responsable de las acreencias que se deriven de dicha relación: ii) se condene a S & A Servicios Asesorías S.

A. S. a pagarle la reliquidación de prestaciones, los intereses moratorios y la sanción por no consignación de cesantías.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado por S & A Servicios y Asesorías S. A. S.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 4, 25, 29 y 228 de la Constitución Política; 21, 22, 23, 24, 37, 39, 45, 47, 57, 62, 64, 127 y 128, del CST; 99 de la Ley 50 de 1990; 1568, 1571, 1572, 1573 y 1579 del Código Civil. Además, por interpretación errónea de los artículos 71 y 77 de la Ley 50 de 1990, 6 del Decreto 4369 de 2006, 53 de la Constitución Política, 34, 35, 36 y 43 del CST y 26 de la Ley 10 de 1990.

Refiere que el juez plural desconoció la prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, y privilegió aspectos procesales en detrimento de los derechos mínimos garantizados por el artículo 53 de esta misma norma superior, así como la teoría

general de las obligaciones solidarias, «resolviendo de esa forma una eventual nulidad».

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Radicación n.° 93569 Explica que cuando se transgreden las limitaciones previstas en el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la consecuencia prevista es que se declaren solidariamente responsables tanto a la usuaria como a la empresa de servicios temporales, respecto de las acreencias laborales a favor de los trabajadores. Se trata entonces de obligar solidariamente a los autores de la vulneración legal, como el Tribunal lo advirtió en principio. Sin embargo, señala que el razonamiento que sustentó la revocatoria de la decisión de primer grado, corresponde a una equivocada interpretación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 superior toda vez que el Tribunal entendió que la responsabilidad solidaria se asimila a la declaración de existencia de un contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria, denominado contrato realidad, pese a que se trata de instituciones diferentes. Aduce que resulta necesario «declarar la existencia de la relación legal y reglamentaria disfrazada y ordenar, a título de indemnización, el reconocimiento salarial y prestacional bajo los específicos criterios de la jurisprudencia del Consejo de Estado»; esto, con fundamento en que se asumieron funciones propias de la entidad a través de contratos de prestación de servicios. Estima que ante el incumplimiento de las reglas del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, opera una ficción que, a título de sanción, responsabiliza solidariamente a quienes propiciaron el fraude a la ley. Además, afirma que la

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Radicación n.° 93569 jurisprudencia de esta Corte ha distinguido entre la aplicación de la primacía de la realidad y la ilicitud de la vinculación a través de empresas temporales. Considera que el ad quem se equivocó al señalar que como la demanda se soportó en la existencia de un contrato de trabajo, no tenía competencia para declarar solidariamente responsable a la entidad territorial, porque por su naturaleza jurídica la demandante ostentaría la condición de empleada pública. Explica que tal razonamiento es desacertado, ya que la declaración de responsabilidad solidaria no suple las formalidades propias de la vinculación al empleo público, precisamente porque «no se declara la existencia de la vinculación legal y reglamentaria (contrato realidad), sino la responsabilidad solidaria que conlleva a (sic) que el usuario funja como empleador ficto». Asegura que el planteamiento del colegiado desconoce los derechos laborales reconocidos a favor de la actora y exigibles ante la demandada S & A Servicios y Asesorías, sociedad que debe asumir la condena «bajo el entendimiento del artículo 4 constitucional», dado que tiene legitimación en la causa por pasiva y cuenta con los medios legales y contractuales para repetir contra la entidad pública. Agrega que la responsabilidad solidaria de las demandadas se deriva de los supuestos establecidos en los artículos 1568 y 1571 del CC, que le permiten al acreedor exigir de un solo deudor el cumplimiento total de la obligación. Además, la demanda se sustentó en la existencia

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de un contrato de trabajo, como lo admitió el colegiado, por lo que, indudablemente, los conflictos jurídicos y económicos que emanan directa o indirectamente de este convenio, son de competencia del juez del trabajo; por tanto, el derecho sustancial de la accionante, referido a sus acreencias prestacionales a cargo de la sociedad anónima demandada, «debe subsistir con independencia de que exista o no un obligado principal u opere la declaración ficta respecto de la condición de verdadero empleador de la empresa usuaria». Afirma que en la sentencia impugnada se citaron normas «procesales» en virtud de las cuales se exonera a la entidad distrital accionada de las condenas; sin embargo, tales disposiciones no permiten eximir a la sociedad privada que se convocó a juicio.

VII. RÉPLICA S & A Servicios y Asesorías presenta oposición al cargo.

Dice que en la decisión de primer grado se declaró la vinculación laboral entre los actores y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, sin que la parte actora hubiese apelado tal determinación, pues el recurso de alzada solamente fue interpuesto por las accionadas. Así entonces, partiendo de tal declaración judicial, el Tribunal estudió el asunto y en virtud de la naturaleza jurídica de la referida entidad pública y de las funciones de la actora, acertó al descartar la existencia del contrato de trabajo invocado en la demanda, pues su vinculación sería legal y reglamentaria.

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Radicación n.° 93569 En todo caso, señala que la consecuencia legal de que la vinculación con la empresa de servicios temporales se

hubiese extendido por más de un año no es la solidaridad alegada, sino la declaratoria de un verdadero contrato laboral entre los trabajadores y la empresa usuaria.

VIII. CONSIDERACIONES El juez de segundo grado encontró que, en este caso, las limitaciones legalmente previstas para la vinculación de trabajadores en misión fueron transgredidas por las demandadas, pues se superó el plazo máximo autorizado para ello y la labor desempeñada no correspondía a aquellas que excepcionalmente pueden ser contratadas bajo esta modalidad. Por tanto, adujo que la consecuencia jurídica correspondería a tener a la usuaria como verdadera empleadora, y a la empresa de servicios temporales como simple intermediaria, en los términos del artículo 35 del CST.

Sin embargo, en atención a la naturaleza jurídica de la ESE Hospital Suba II Nivel, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, y las labores ejecutadas por la actora como sicóloga, impedían declarar un contrato realidad con esta empleadora y como trabajador oficial, ya que este cargo en dicho ente correspondería al de un empleado público. La parte recurrente asegura que el razonamiento del colegiado es equivocado, toda vez que la responsabilidad solidaria derivada del desconocimiento de las limitaciones

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Radicación n.° 93569 legales a la vinculación de personal en misión no equivale a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas ni a la declaración del denominado contrato realidad, pues se trata de dos instituciones jurídicas diferentes. Por el contrario, afirma que la consecuencia jurídica es tener tanto a la usuaria como a la empresa de servicios

temporales como solidariamente responsables, y en esa medida, el acreedor cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones a uno solo de estos deudores. De ahí que, han debido garantizarse los derechos laborales de la demandante a cargo de la demandada S & A Servicios y Asesorías S. A., al margen de que exista o no el obligado principal. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el ad quem se equivocó al definir que en este asunto no era dable declarar la existencia de un contrato realidad con la empresa usuaria, como verdadera empleadora, debido a que no se acreditó la calidad de trabajadora oficial de la actora, pese a que lo realmente perseguido era la responsabilidad solidaria de las dos demandadas por transgredir las limitaciones legales para la vinculación de trabajadores en misión. Debe precisarse que cuestionar la sentencia impugnada desde el punto de vista eminentemente jurídico, implica la conformidad o aceptación de las conclusiones fácticas del Tribunal. Por consiguiente, en este caso, no son objeto de

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Radicación n.° 93569 controversia los siguientes aspectos definidos en segunda instancia: i) Noly Valencia Puerta suscribió diferentes contratos de trabajo con la empresa S & A Servicios y Asesorías S. A. S. entre el 2 de marzo de 2010 y el 18 de marzo de 2013; ii) dichos convenios se celebraron por duración de la obra o labor, con el objeto de prestar servicios personales como trabajadora en misión en el Hospital de Suba II Nivel, hoy

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, en el cargo de sicóloga en el programa de salud pública, área de epidemiología subsistema SIVIM; iii) estas funciones no corresponden al mantenimiento de planta física hospitalaria o de servicios generales, en los términos de los artículos 195 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 10 de 1990; iv) la ejecución de las labores como trabajadora en misión, excedió los términos máximos de duración de este tipo de actividades, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006; v) además, no se acreditó la situación excepcional autorizada por la ley, para justificar la contratación a través de Empresas de Servicios Temporales. También debe precisarse que la conclusión de primer grado en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo real entre la demandante y la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte ESE como verdadera empleadora, respecto del cual S & A Servicios y Asesorías fungió como simple intermediaria, tan solo fue controvertida por las demandadas.

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Radicación n.° 93569 Por tal razón, el colegiado partió de esta conclusión del a quo, e incluso la refrendó en cuanto a la evidencia de una contratación formal fraudulenta como trabajadora en misión, que daría lugar a que la Empresa de Servicios Temporales no tuviese la condición de empleadora sino de simple intermediaria y que la calidad de empleador se predicara de la empresa usuaria. Y siendo que en casación tampoco se sustenta un cuestionamiento al respecto, y no podría hacerse por cuanto la actora no apeló tal determinación, la Sala parte

de ella para abordar el análisis de la acusación planteada, teniendo en cuenta el derrotero fijado por la recurrente en la sustentación de su acusación. Precisado lo anterior se recuerda que, tal como se indicó en la sentencia CSJ SL 24 abr. 1997, rad. 9435, las Empresas de Servicios Temporales tienen como actividad la de enganchar y remitir el personal que requieran otras personas naturales o jurídicas para: i) desempeñar labores ocasionales, accidentales o transitorias; ii) reemplazar personal en vacaciones, incapacidad, licencia ordinaria o de maternidad y iii) atender incrementos de la producción, ventas, transporte, épocas de cosecha y en la prestación de servicios. Así, es a estas actividades a las que se limita la posibilidad de vincular personal o trabajadores en misión y, además, también se restringe la duración del servicio prestado en estas condiciones, pues no puede superar el término de seis meses, prorrogables por seis meses más. En decisión CSJ SL4162-2021 también se aludió a la naturaleza de estas empresas, así:

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Radicación n.° 93569 En efecto, la Ley 50 de 1990 las define como aquellas personas jurídicas especializadas que se encargan de remitir personal propio -denominado en misióna otras personas naturales o jurídicas, denominadas empresas usuarias, para que colaboren de forma temporal en el desarrollo de las actividades de estas últimas, por el tiempo y los casos en que es permitido por la legislación. Ahora, si estas restricciones leg