CSJ - SL138-2024

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL138-2024 Radicación n.° 89797 Acta 02 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por BRÍGIDA GUTIÉRREZ PINTO, quien actúa en nombre propio y en representación de BBBB y MMMM, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de mayo de 2020, dentro del proceso ordinario laboral que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES La hoy recurrente, en nombre propio y en representación de BBBB y MMMM, demandó a Colpensiones con el fin de que se declare que les asiste el

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 89797 derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge e hijos del causanteJosé Libardo Campos Hernández-, a partir del 1° de octubre de 2015. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que contrajo matrimonio con José Libardo Campos Hernández el 1° de enero de 2006, de cuya unión nacieron los mencionados hijos, relación que estuvo vigente hasta el 14 de septiembre de 2015, fecha del deceso del causante; que este último cotizó desde el 1° de febrero de 1993 hasta el 7 de septiembre de 1999 y del 1° de septiembre de 2014 al 14

de septiembre de 2015; que la pasiva le negó en varias ocasiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con el argumento de que aquel no contaba con la densidad de semanas requeridas para dejar causada la prestación, ya que no tenía 50 semanas en los últimos 3 años de vida y tampoco 26 en la última anualidad. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones de la actora y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de fallecimiento del causante y haber negado la prestación; los demás dijo que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 89797 II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 26 de marzo de 2019, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que BRIGIDA (sic) GUTIERREZ (sic) PINTO en calidad de cónyuge y [BECG] y [MPCG] en calidad de hijos menores de edad, tienen derecho a la pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento del afiliado JOSE (sic) LIBARDO CAMPOS HERNANDEZ (sic), en porcentaje de 50 y 25% respectivamente, sin perjuicio del incremento legal anual y del derecho a acrecer la mesada pensional, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor de BRIGIDA (sic) GUTIERREZ (sic) PINTO por retroactivo pensional la suma de $16.643.333,67, y la suma de $8.321.666,83 para cada uno de los hijos, esto es, a favor de [MP] y [BECG] por concepto de mesadas pensionales causadas a partir del 14 de septiembre de 2015 y hasta el mes de febrero de 2019, sin perjuicio del incremento legal anual que se causen (sic) y el derecho de acrecimiento que pueda presentarse, de acuerdo a lo motivado en esta sentencia. [...] TERCERO. AUTORIZAR a COLPENSIONES para que realice los respectivos descuentos por concepto de salud de los accionantes en relación con el retroactivo pensional reconocido, según lo motivado en esta Sentencia. CUARTO. ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones formuladas en su contra por la parte actora, de acuerdo a lo motivado en esta providencia. QUINTO. CONDENAR en costas a la parte demandada COLPENSIONES. Se fija la suma de $1.400.000,00, como agencias en derecho a favor de la parte actora demandante, la que será tenida en cuenta al liquidar las costas del presente proceso. SEXTO. Si la presente providencia no fuere apelada, consúltese con el superior.

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 89797

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta surtido a su favor, en providencia

de 14 de mayo de 2020, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolvió de todo lo pedido. Adujo que el derecho pensional solicitado se gobernaba por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorios de los preceptos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, por lo que el afiliado debió haber cotizado 50 semanas en los 3 últimos años anteriores al deceso, es decir, entre el 14 de septiembre de 2012 y el mismo día y mes de 2015. Aseguró que el fallador de primer grado acertó al considerar que los afiliados al Sistema General de Pensiones que han sido seleccionados como beneficiarios de los subsidios del Estado se asimilan a trabajadores independientes, de modo que sus cotizaciones deben hacerse de manera anticipada, para lo cual se apoyó en las sentencias CSJ SL5081-2015 y CSJ SL4499-2019. Sin embargo, después de revisar el reporte de semanas de cotización (f.° 16) y las planillas de autoliquidación de

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 89797 aportes (f.° 18-27), advirtió que el a quo se equivocó, puesto que, […] al momento de contabilizar las 49,14 semanas que le dieron al juez, no tuvo en cuenta esa situación anterior, pues desconoció la fecha en que se efectuó el pago, y por lo tanto, a qué período debía reputarse ese aporte. Además, tuvo en cuenta para la sumatoria de las semanas, los días cotizados con posterioridad al deceso del señor Campos Hernández,

consideración que no corresponde con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que con claridad dispone que las semanas exigidas o cotizadas deben ser con anterioridad a la contingencia, en este caso, a la muerte. Explicó que, según la historia laboral, el señor Campos Hernández cotizó dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento un total de 45,05 semanas en el régimen subsidiado y añadió: Además de eso, no está de más decir, pues, que si bien es dable que se pueda hacer la aproximación de semanas cuando el afiliado se encuentra ya al filo de completar las cotizaciones exigidas para adquirir el derecho prestacional, ello es viable cuando la fracción de la cotización supera el 0,5%, debiendo acercarse al número entero siguiente, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, para lo que pueden consultar la sentencia SL3722-2019 Magistrado Ponente el doctor Fernando Castillo Cadena. Y en este caso, como vemos, y de acuerdo al cálculo establecido por el juzgado, el operador judicial aproximó fue sobre una fracción superior al 0,5%, lo cual no es procedente, y con todo pues, al margen de ello, contabilizó erradamente las semanas, pues el causante, tal y como vimos, no cotizó dentro de los tres años anteriores a su muerte las 49,14 semanas, sino que lo que cotizó fueron 45,04 semanas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 89797 Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del a quo.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, replicado por la pasiva.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 1°, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 35, 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados los dos últimos por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; y 48 y 53 de la CP.

La censura le atribuye al fallo del Tribunal los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dio por probado que dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento el afiliado fallecido JOSÉ LIBARDO CAMPOS

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 89797 HERNÁNDEZ tan sólo cotizó 45.04 al sistema de seguridad social, cuando las pruebas demuestran que la densidad de semanas cotizadas fue mayor.

2. Aplicó los aportes de seguridad social del señor CAMPOS HERNÁNDEZ al mes siguiente, a pesar de haberlos realizado anticipadamente.

3. Dejó de dar probado, estándolo, que CAMPOS HERNÁNDEZ cotizó al sistema de pensiones desde el primero de octubre de 2014 hasta el 14 de septiembre de 2015.

4. No dio por probado, estándolo, que entre el primero (1º.) de

octubre de dos mil catorce (2014) y el catorce (14) de septiembre de 2015 transcurrieron 49,85 semanas y que, entonces, procede la aproximación a 50 semanas. Aduce que esas equivocaciones se dieron porque el juez plural no apreció en debida forma la relación de aportes (f.° 16) y las planillas de autoliquidación (f.° 18-27); y porque dejó de apreciar la Resolución GNR 40527 del 4 de febrero de 2017, expedida por Colpensiones (f.° 42). Precisa que los dos primeros documentos demuestran que el afiliado, en todos los casos, realizó los aportes de manera anticipada, y que así lo tuvo en cuenta el Tribunal en el cuadro que plasmó en su sentencia, donde […] se advierte que el pago de octubre de 2014 fue realizado el día 02/10/14 (segunda columna, PAGO) y el Tribunal lo aplicó al mes de noviembre de 2014, como se aprecia en la tercera

columna (PERÍODO AL QUE SE APLICA EL PAGO).

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 89797 Destaca que, aunque el aporte de octubre de 2014 se hizo anticipadamente, el colegiado lo aplicó a noviembre de esa anualidad, lo que acarreó que la imputación del pago quedara aplicada al mes siguiente, es decir, al período de noviembre de 2014 a diciembre de ese año, el de diciembre a enero de 2015 y así, sucesivamente, de modo que los aportes de septiembre de 2015, realizados el 4 de agosto de

esa anualidad, quedaron aplicados a octubre, por tanto, como el afiliado falleció el 14 de septiembre de ese año, ya no los tuvo en cuenta. Asevera que en la Resolución n.° GNR40527 del 4 de febrero de 2017 aparece que de las 52,14 semanas de cotización del año anterior a su fallecimiento el afiliado solamente dejó de cotizar 16 días, es decir, dos semanas y dos días, vale decir, que de las 52,14 semanas, el afiliado fallecido cotizó durante 49,85 semanas, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia de esta Corte, se debía hacer la aproximación a 50 semanas.

VII. RÉPLICA La parte opositora, en síntesis, respalda la decisión del Tribunal al considerar que el afiliado no cotizó 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a su deceso.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 89797

VIII. CONSIDERACIONES La Corte ha señalado en forma reiterada y de tiempo atrás que la demanda de casación debe ajustarse a los requisitos de técnica establecidos en las normas procesales que la regulan a efectos de que la Sala pueda abordar su estudio de fondo.

Lo anteriormente expresado se torna trascendente mencionar en el caso de marras, pues, al examinar el escrito que sustenta el recurso extraordinario interpuesto, a pesar de enlistar un cúmulo de preceptivas, atribuye al Tribunal su violación indirecta por “falta de aplicación”, cuando es sabido que la falta de aplicación de una norma

en casación del trabajo debe ser técnicamente denunciada como infracción directa, pero ella no tiene cabida cuando lo que propone el impugnante es un juicio fáctico contra la decisión definitiva de instancia, sin embargo, para este caso no hay que hacer mayor esfuerzo para comprender que lo que verdaderamente reprocha la censura es que el ad quem haya aplicado en forma indebida las disposiciones normativas relacionadas en la proposición jurídica. Superado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó al concluir que el causante, cónyuge de la demandante, sólo cotizó 45.04 semanas en sus últimos 3 años de vida y, por ende, menos

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 89797 de las 50 semanas de cotización exigidas para el acceso a la pensión por parte de sus sobrevivientes. Debe anotarse, preliminarmente, que la cotización, entendida como uno de los elementos financieros más importante del sistema de pensiones, que garantiza la acción protectora de la seguridad social a través del reconocimiento de las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, tiene que efectuarse de forma obligatoria durante la vigencia de la relación laboral, del contrato de prestación de servicios, de la actividad desarrollada como trabajador independiente o durante el período que sea elegido para ser beneficiario de los subsidios del fondo de solidaridad pensional, en los términos de los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, respectivamente. Así las cosas, se puede constatar que el ordenamiento

jurídico ata el nacimiento y la duración de la obligación de cotizar a la realidad de la prestación del servicio o del tiempo de afiliación al sistema, bien como trabajador dependiente, independiente, beneficiario del subsidio o aún, voluntario. Por eso, la obligación de cotizar se extingue por el fallecimiento del sujeto obligado a cotizar o beneficiario del subsidio, cuando se activa la protección para los beneficiarios supervivientes, si el causante deja acreditados los requisitos para acceder a las prestaciones.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 89797 Así mismo, la legislación permite a los beneficiarios de los subsidios del fondo de solidaridad pensional pagar las cotizaciones de manera anticipada, sin embargo, si la afiliación se extingue por el fallecimiento del asegurado, igual consecuencia aplica para la obligación de cotizar, tal y como se desprende del literal d) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer que “La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley”; luego, entonces, al no existir afiliación surge la imposibilidad jurídica de cotizar y, con ello, la prohibición de validar los pagos efectuados de forma anticipada, si éstos corresponden a períodos posteriores al fallecimiento del afiliado. Por ello, las cotizaciones que el beneficiario del subsidio paga anticipadamente, correspondientes a períodos posteriores a la muerte no surten efectos, ya que, tras la defunción, no hay riesgo objeto de cobertura ni sujeto destinatario de protección y, por tanto, una vez se

actualiza el riesgo –contingencia, siniestro o infortunio–, lo que opera son las prestaciones a las que tienen derecho los sobrevivientes, previo cumplimiento de los requisitos conforme a la normativa vigente al momento de la muerte. Importa destacar que, aun cuando el cargo se enderezó por la vía indirecta, en el proceso no fue materia de discusión que José Libardo Campos Hernández realizó aportes al Sistema General de Pensiones como beneficiario

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 89797 de los subsidios del Estado por lo que, en consecuencia, como bien lo comprendió el fallador de la alzada, el afiliado debía pagar sus cotizaciones de manera anticipada (CSJ SL6031-2017, SL2050-2017). Al respecto, en el mismo sentido la sentencia CSJ SL12019-2016 explicó: Las distintas disposiciones que han reglamentado el régimen subsidiado en pensiones, han avalado la posibilidad de que sus beneficiarios realicen sus aportes anticipadamente y en un solo pago. En efecto, inicialmente el art. 6º del D. 1858/1995 indicó que las cotizaciones de los afiliados debían realizarse de manera anticipada y no prohibió el pago simultaneo de varios periodos; luego, los decretos 2681/2003 y D. 569/2004, en su art. 7º, despejaron las dudas en torno a esta posibilidad, al señalar que «los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional podrán pagar hasta 6 meses de aportes anticipados en un solo pago» y, ulteriormente, el art. 20 del D. 3171/2007, en similar sentido,

prescribió que «los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional podrán pagar hasta seis (6) meses de aportes anticipados en un solo pago». Al compás con estas disposiciones normativas, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL5081-2015, en la cual se reiteró lo dicho en la CSJ SL552-2013, expresó que los beneficiarios del subsidio del Fondo de Solidaridad estaban habilitados para pagar sus aportes «de uno o varios ciclos de manera adelantada y en una misma fecha de recaudo». Ahora bien, el colegiado de instancia, en la operación de contabilizar las semanas válidas para determinar si el afiliado fallecido dejó causada o no la pensión de sobrevivientes reclamada, tuvo en cuenta la información que extrajo de la relación de aportes y de las planillas de autoliquidación, la que plasmó en el cuadro que se muestra a continuación:

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 89797

PERIOD PAGO PERÍODO DÍAS DÍAS TOTAL,

O AL QUE COTIZADOS PARA SEMANAS

SE APLICA TENER

EL PAGO EN CUENTA 201410 02/10/2014 201411 30 30 201411 04/11/2014 201412 30 30 201412 01/12/2014 201501 30 30 201501 30/12/2014 201502 30 30 201502 04/02/2015 201503 30 30 201503 04/02/2015 201504 30 30 201504 02/03/2015 201505 30 30 201505 01/04/2015 201506 30 30

201506 05/05/2015 201507 30 30 201507 02/06/2015 201508 30 30 201508 02/07/2015 201509 30 14 Fallece el 14 de septiembre 201509 04/08/2015 201510 30 0 314 45.04 Sin embargo, contrario a lo que observó el Tribunal, es evidente que los pagos de octubre, noviembre y diciembre de 2014 no se hicieron mes vencido, sino, cosa bien distinta, en forma anticipada, por cuanto el afiliado el 2 de octubre, el 4 de noviembre y el 1° de diciembre realizó los pagos de la cotización completa en cada período, es decir, por los 30 días de cada mes. Ante este entendido, a juicio de la Sala, el Tribunal erró al efectuar el cálculo de las semanas cotizadas en los últimos 3 años de vida del causante, debido a que, para la

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 89797 contabilización de las semanas cotizadas, los pagos de octubre, noviembre y diciembre de 2014 no se hicieron mes vencido, sino en forma anticipada. De esa suerte, incurrió en los tres primeros errores de hecho atribuidos en el cargo, al dar probado que el causante tan sólo había cotizado 45.05 semanas durante el trienio anterior a su deceso, particularmente, porque no cotizó desde la mensualidad de octubre de 2014 hasta su muerte, cuando quiera que los medios de prueba apreciados con error acreditaban que desde esa mensualidad sí aparecían efectuadas las cotizaciones como lo ordena la ley.

En consecuencia, sin necesidad de consideraciones adicionales, el cargo prospera. Sin costas en el recurso extraordinario de casación. IX SENTENCIA DE INSTANCIA Para resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta surtido a su favor, se reitera lo expuesto en sede casacional en cuanto a que los pagos de octubre, noviembre y diciembre de 2014 se efectuaron en forma anticipada y no mes vencido, por cuanto el afiliado el 2 de octubre, el 4 de

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 89797 noviembre y el 1° de diciembre realizó los pagos de la cotización completa en cada período, es decir, por los 30 días de cada mes. Igualmente, ya se dejó claro que las cotizaciones que el beneficiario del subsidio de este asunto pagó de manera anticipada, que correspondían a períodos posteriores a su fallecimiento no surten ningún efecto, puesto que a partir de la defunción no existe riesgo objeto de cobertura ni sujeto destinatario de protección; de consiguiente, no le asistió razón al fallador de primer grado al considerar válidos los 30 días cotizados en el mes de septiembre de 2015, para contabilizar 51. 42 semanas (CD Audiencia de fallo de primera instancia, minutos: 17:56 al 19:15), por el hecho de haber sido pagada la cotización de dicho ciclo de manera anticipada, muy a pesar de que el causante hubiera fallecido el 14 de ese mismo mes y año. Así mismo, la Sala resalta que cuando el número de semanas es inferior a 50 dentro de los tres últimos años

inmediatamente anteriores al fallecimiento, la aproximación al número entero siguiente únicamente procede para los eventos en que la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, esto es, cuando sea superior a la mitad de la unidad inmediatamente anterior a la exigencia mínima legal, lo que no acontece en este caso (CSJ SL3722-2019); pese a ello, de forma equivocada, el a quo también optó por aproximar las 49.14 --que contabilizó en dicho período-- a 50 semanas que son las exigidas para acceder al derecho (CD Audiencia de fallo de primera instancia, minuto 49:14).

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 89797 No empece el aludido desacierto, el cálculo del número de semanas que el a quo plasmó en su decisión resultaría desde esa perspectiva como correcto, como se observa en el siguiente cuadro:

PERIODO PAGO PERIODO AL DÍAS DÍAS PARA TOTAL

QUE SE COTIZADOS TENER EN SEMANAS

APLICA EL CUENTA PAGO 201410 02/10/2014 201410 30 30 201411 04/11/2014 201411 30 30 201412 01/12/2014 201412 30 30 201501 30/12/2014 201501 30 30 201502 04/02/2015 201502 30 30 201503 04/02/2015 201503 30 30 201504 02/03/2015 201504 30 30 201505 01/04/2015 201505 30 30 201506 05/05/2015 201506 30 30 201507 02/06/2015 201507 30 30

201508 02/07/2015 201508 30 30 201509 04/08/2015 201509 30 14 Total 344 49,14 Así las cosas, en principio, le asistiría razón a Colpensiones al manifestar en el recurso de alzada que el causante no cotizó 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, dado que el número de semanas cotizadas en ese lapso correspondería a 49.14, el cual, de todas formas, continuaría siendo un número inferior a las 50 semanas

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 89797 requeridas, además de que, se itera, la aproximación al número entero siguiente únicamente procede para eventos en los que la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, esto es, cuando fuere superior a la mitad de la unidad inmediatamente anterior a la exigencia mínima legal, es decir, para el caso, tal criterio no aplicaría ante 49.14 semanas de cotización. Sin embargo, aun cuando el debate giró en torno a la aproximación de la fracción de semanas al número entero siguiente; y no a la a la equivalencia de los tiempos cotizados que se transforman en semanas y años, se torna inescindible para la Corte en esta ocasión reflexionar respecto de la densidad de semanas que se encuentran debidamente acreditadas para acceder a la métrica mínima de la pensión de sobrevivientes, para lo cual viene al caso recordar el criterio jurisprudencial mayoritario, hasta ahora pacífico, que ha indicado que «una semana equivale a 7

días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días y, por ende, ese cálculo no se mide por los días calendario». En sentencia CSJ SL3130-2022, la Corte reiteró lo plasmado en sentencia CSJ SL3585-2020, en donde explicó lo siguiente: [E]n lo concerniente al cómputo de semanas que alega la actora debe realizarse sobre 365 días al año, la Corte recuerda que la correcta contabilización de los términos para la afiliación o cotización se toman así: una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 89797 corresponde a 360 días y, por ende, ese cálculo no se mide por los días calendario. Así lo dijo en sentencias CSJ SL3794-2015, rad. 56639 y CSJ SL7995-2015, rad. 53082, reiteradas en providencias CSJ SL2050-2017, rad. 46017 y SL529-2018, rad. 64588. En la sentencia hito CSJ SL7995-2015, del 25 mar. 2015, rad. 53082, esta Sala sostuvo al respecto: Aun cuando desde la demanda inicial la actora planteó la necesidad de calcular la anualidad de aportes como equivalente a 365 o 366 días y no a 360, la mensualidad a los propios de cada una de ellas, o sea, 28, 29, 30 o 31 y no a 30; y la semana a 7, que es lo que indica en este último caso la ley, con lo cual

alcanzaría el número de semanas de cotización que asigna a las 20 anualidades de aportes exigidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 (1.029 para ser exactos), la razón no le asiste en manera alguna, pues es indiscutible que los plazos previstos en la ley repudian la contabilización de términos sobre el único concepto de ‘día’, dado que los hay de otros órdenes, como son los de semanas, meses y años, con la incidencia de que en tanto los de ‘días’ y de ‘semanas’ son por esencia uniformes -- hablando de que los primeros siempre se cuentan en una unidad inferior de tiempo de 24 horas y las segundas de 7 días--, los meses y los años no lo son, dado que los meses lo pueden ser de 28, 29, 30 o 31 días y los años de 365 o 366 días. Tal divergencia se ha superado teniendo el término del mes como equivalente a 30 días, y por ende, el del año a 360 días (12 x 30). De esa manera es que ha resultado dable al legislador facilitar el uso de distintos plazos a los particulares en el desenvolvimiento de sus diversas relaciones jurídicas, y a estos, adquirir seguridad para saber cómo se computan los plazos o términos acordados --en los actos jurídicos de esa naturaleza-- o los impuestos por éste mismo, para de esa forma tener certeza sobre el nacimiento o extinción de sus obligaciones o derechos. Ello explica que en el mundo del trabajo el salario, las prestaciones sociales de cualquier naturaleza y demás conceptos de orden laboral se paguen regularmente por

quincenas, mensualidades o anualidades sin distinción al número de días calendario al cual corresponda el respectivo período laborado. También, que para efectos fiscales se tomen en cuenta similares guarismos, y que salvo disposición legal en contrario, las cotizaciones se sufraguen en idénticos términos. Tal tipo de convención en manera alguna contradice el sentido común de las cosas, más bien se respalda en él, como en disposiciones como las consignadas en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993, 134 del Código Sustantivo del Trabajo, 67 del Código Civil, 59 de la Ley 4ª de 1913, entre otras, que, en suma, predican una uniformidad de medida de los tiempos en que se

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 89797 cumplen los plazos y los términos de la ley. En suma, como lo ha dejado dicho la jurisprudencia, los términos de afiliación o cotización a los entes administradores de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral no se miden por los días calendario, sino por términos uniformes de 7, 30 y 360 días, respectivamente, es decir, semanas, meses y anualidades. Y en la sentencia CSJ SL3794-2015, rad. 56639, se dijo: Ahora, debe recordarse que para acceder a las pensiones del Sistema de Prima Media con Prestación Definida, el tiempo exigido no es el que transcurre entre una fecha y otra, sino el correspondiente a semanas de cotización, para cuyo cálculo el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece que «se entiende por semana cotizada el período de

siete (7) días calendario» y que «la facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período». Y de otro lado, el artículo 18 de dicha ley prescribe con meridiana claridad que la base de las cotizaciones para los trabajadores dependientes de los sectores público y privado, será el salario mensual. Y cuando se alude al salario mensual, el período que se remunera es el de 30 días y no otro diferente, sin tener en cuenta el número efectivo de días que comprende un mes calendario. Es decir que generalmente se remuneran 30 días sin importar que un mes tenga 28, 29 o 31 días como sucede en algunos, y sobre esa remuneración es que se realizan los aportes a la Seguridad Social Integral. Es cierto que a partir de las sentencias CSJ SL37942015 y CSJ SL7995-2015 se sostuvo la tesis, según la cual, para acceder a las prestaciones del sistema general de pensiones debe tenerse en cuenta, para la contabilización de las semanas, que «una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días»; tesis que, a su vez, tuvo su origen en la sentencia CSJ SL, 22, jul. 2009, rad.35402, en la que se expresó: Ciertamente, la controversia de si los años deben tomarse de 360 o de 365 días puede tener importancia para asuntos ajenos

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 89797 al sub-lite, en el que sólo se examina el tiempo cotizado al I.S.S., esto es, todo día cotizado se suma para ser transformado en

semanas mediante la división por siete, arrojando así el número de cotizaciones a tener en cuenta. Dicho en otras palabras, el tiempo de permanencia en el Instituto de Seguros Sociales no se mide por el tiempo calendario que haya estado afiliado o haya cotizado el interesado. Pues bien, aunque del anterior texto se pueda comprender que para efectos de la contabilización de las semanas cotizadas el mes debe considerarse como de 30 días y, por ende, el año de 360, dado que allí se estableció una fórmula concreta que consiste en que «todo día cotizado se suma para ser transformado en semanas mediante la división por siete», lo cierto es que, de acuerdo con Ley 100 de 1993, la semana cotizada no corresponde a períodos de siete (7) días cotizados, sino, cuestión bien diferente, a siete días «calendario», como lo señala sin equívoco alguno el parágrafo 2° del artículo 33 ibidem, lo que pone de manifiesto la dicotomía entre la semana cotizada, que se contabiliza en días calendarios y la cotización, que se calcula con el salario mensual, el cual se paga generalmente por períodos de 30 días. En ese marco, es oportuno memorar lo señalado por la Corte en sentencia CSJ SL, 14, sep. 2010, rad. 36471, en la cual precisó que para la contabilización de las semanas debía tenerse en cuenta el tiempo efectivo laborado, pese a lo que allí señalara la recurrente conforme al concepto del Ministerio de la Protección Social, en el cual se aludió a una sentencia del Consejo de Estado que consideró que el año

que debía tenerse en cuenta para la pensión de jubilación

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 89797 es de 360 días. Al respecto se indicó lo siguiente: Ahora bien, en ese concepto, que en verdad no obra en el proceso, se dice que para efectos fiscales el mes laboral sólo se estima de