CSJ - SL1640-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1640-2023 Radicación n.° 93818 Acta 24 Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JUAN ELADIO FONSECA CANTILLO contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el recurrente contra el EDIFICIO LA FLOR DE JACI, de manera conjunta y solidariamente contra los copropietarios

JOSÉ AGUSTIN RODRÍGUEZ CONTRERAS, RAFAEL

SANTANDER IGUARÁN EPIAYÚ, BICELIS BRITO

ROSADO, NEVIA BEATRIZ SEGUNDA ARISMENDY

ESTUPIÑAN, DUNIA DEL CARMEN HERRERA VANEGAS,

MIKETH Y EZEQUIEL BILBAO PÉREZ, ELSA MARÍA NOVA

AGUILAR, MARÍA ANTONIA QUINTERO NOVAS, CARMEN

JOSEFA GARCÍA BRITO, ISABEL CRISTINA ROJAS

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Radicación n.° 93818

VILLA, RUBY ESTELA MAESTRE PÉREZ, ALBERTO DE

JESÚS GÓMEZ GALUE y HARLEM POVEA DE RUÍZ.

I. ANTECEDENTES Juan Eladio Fonseca Cantillo llamó a juicio al Edificio La Flor De Jaci a fin de que se declare la existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido que inició el

15 de agosto de 2003 y finalizó el 6 de julio de 2010; igualmente se declare que José Agustin Rodríguez Contreras, Rafael Santander Iguarán Epiayú, Bicelis Brito Rosado, Nevia Beatriz Segunda Arismendy Estupiñan, Dunia Del Carmen Herrera Vanegas, Miketh y Ezequiel Bilbao Pérez, Elsa María Nova Aguilar, María Antonia Quintero Novas, Carmen Josefa García Brito, Isabel Cristina Rojas Villa, Ruby Estela Maestre Pérez, Alberto de Jesús Gómez Galue y Harlem Povea de Ruíz, en calidad de copropietarios del citado edificio, son solidariamente responsables del pago de las condenas que se impongan dentro del presente proceso a favor del actor. Como consecuencia de tales declaraciones, solicitó que los accionados fueran condenados al pago de los salarios insolutos causados desde el 1 de enero hasta el 6 de julio de 2010, que corresponden a la suma de $112.220; junto con el auxilio de transporte por cada año laborado, el trabajo suplementario u horas extras y en días festivos, la compensación de las vacaciones anuales remuneradas por fracción de año, las primas de servicios, el auxilio de cesantías anual y sus intereses, las indemnizaciones por concepto de perjuicios por la falta de suministro de

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Radicación n.° 93818 dotaciones, por la ausencia de la consignación anual de cesantías y el pago inoportuno de los intereses de cesantías, el «reembolso» de lo cancelado por él por aportes ante la no afiliación al Sistema de Seguridad Social, así como la

indemnización moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones sociales desde el 7 de julio de 2010, la indexación y las costas del proceso. En sustento de tales peticiones, en síntesis, narró que laboró para el Edificio La Flor De Jaci a partir del 15 de agosto de 2003 y hasta el 6 de julio de 2010, desempeñando el cargo de portero; que las funciones ejercidas correspondían a la apertura y cierre de la puerta de acceso común y parqueadero, atención a las personas que comparecían al edificio, el recibo de correspondencia o facturas y la vigilancia del inmueble; que el horario de trabajo era de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; que devengaba el SMLMV de cada anualidad y que siempre estuvo bajo la subordinación del administrador o persona encargada del edificio. Puso de presente que durante el año 2010 los demandados omitieron pagarle la suma de $18.000 mensuales para completar el salario mínimo legal mensual vigente, lo que arrojaba un total de salarios insolutos de $112.220. Relata que la administración y representación legal del edificio ha sido ejercida por la señora María Jacinta Bermúdez Brito, pero que han existido otros administradores, tales como Sandra Flórez, Roaiza Olivella Pérez y Luis Roberto Alguero; y que obraba certificación

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Radicación n.° 93818 emanada de la anterior administradora que daba cuenta de la cantidad adeudada por los accionados. Explicó que la propiedad horizontal convocada al proceso y durante todo el periodo de existencia del vínculo

laboral, omitió reconocerle y liquidar las vacaciones anuales remuneradas y las proporcionales, así como también calcular y pagar a su favor el trabajo en días festivos y las horas extras. Refirió que su empleador omitió afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, exceptuando los meses comprendidos entre marzo y septiembre 2007 en los que lo aseguró; que no le fue suministrada la dotación; y que no se le canceló el auxilio de transporte. Agregó que el 11 de diciembre de 2010 radicó solicitud ante el señor Luis Roberto Alguero, administrador de facto del edificio, por medio de la cual se reclamó el pago de la deuda por concepto de prestaciones sociales. No obstante, adujo, a la fecha de presentación de la demanda inaugural, que no ha recibido pronunciamiento alguno sobre la reclamación en cuestión. Los codemandados José Agustín Rodríguez Contreras y Rafael Santander Iguarán Epiayú, al dar respuesta a la demanda por medio de la misma apoderada, pero en diferente escrito, se opusieron a todas las pretensiones de la demanda. Sobre los hechos expresaron que no eran ciertos o que no les constaban.

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Radicación n.° 93818 En su defensa, indicaron que en ningún momento se había dado autorización por parte de los miembros de la junta de copropietarios o asamblea de propietarios para que se contratara al demandante como trabajador, a fin de que ejerciera el cargo de portero o vigilante. Además, Rafael Santander Iguarán Epiayú argumentó:

El demandante pretende probar su relación laboral con las certificaciones expedidas extemporáneamente por la señora ROAIZA OLIVELLA PÉREZ, quien supuestamente en algún momento fungió como administradora del EDIFICIO LA FLOR DE JACI sin haber sido previamente elegida por la Asamblea de Copropietarios. No basta la simple certificación o el testimonio para el cual fue citada, para ratificar las mismas certificaciones, para aportarlas como pruebas, dado que se trata de una persona que no ostentó legalmente la calidad de administradora del edificio. Junto con las certificaciones expedidas y firmadas por la señora ROIAZA OLIVELLA debió aportarse la copia del acta de la Asamblea de propietarios indicando la fecha de su escogencia como administradora, lo mismo que el documento de acto de posesión firmado por el posesionado, el Presidente de la Asamblea de Copropietarios y el Secretario de la misma que son los documentos que la acreditarían para actuar, negociar, litigar y en general para el ejercicio de sus atribuciones como administradora (literal e artículo 37 del Reglamento de Copropiedad del Edificio la Flor de Jaci), sin estos documentos lo que se está es en presencia de una posible usurpación de funciones y de unos documentos falsos investidos de ilegitimad. Formularon las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción de los derechos laborales y la que denominó: «improcedencia de la pretensión relacionada con liquidación de trabajo suplementario o de horas extras y trabajo en días festivos, así como vacaciones anuales remuneradas y proporcionalmente por fracción de año y prima de servicios».

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Radicación n.° 93818 El demandado Alberto de Jesús Gómez Galue, al dar respuesta a la demanda igualmente se opuso a las pretensiones. Respecto de los hechos, dijo que era cierto que el demandante se desempeñaba como portero del Edificio, pero no como vigilante. Sobre los demás manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Añadió que no recordaba la fecha de prestación del servicio aludido, ni las condiciones en que se desarrolló el nexo. En todo caso, aseveró que el derecho de propiedad que ostenta en el edifico es posterior a los años presuntamente trabajados por el aquí demandante. Impetró las excepciones de cobro de lo no debido y pago de las obligaciones. La accionada María Jacinta Bermúdez Brito, también se opuso a las pretensiones del actor. En relación a los supuestos fácticos no los admitió y expresó que nunca ha existido un administrador de la propiedad horizontal. En su defensa, manifestó que en caso de que se hubiese configurado una subordinación o dependencia laboral, el mismo demandante debía mencionar en el libelo inicial el nombre del administrador o de la persona debidamente autorizada que lo contrató para ejercer las funciones alegadas, lo que omitió. Frente a las certificaciones expedidas por la señora Roaiza Olivella Pérez, quien en algún momento fungió como administradora del edificio, sin haber sido previamente elegida por la asamblea de copropietarios, adujo

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Radicación n.° 93818 que no bastaba la simple certificación o el testimonio para ratificar las mismas, dado que se trataba de una persona que

actuó sin ostentar legalmente la calidad de administradora. Cuestionó lo relacionado con el trabajo suplementario o de horas extras, trabajo en días festivos, vacaciones anuales remuneradas por fracción de año, prima de servicios, indemnización de perjuicios por falta de suministro de calzado y vestido de labor, aduciendo que no tenía derecho el demandante a estos conceptos. Propuso las excepciones de prescripción de los derechos laborales y la de inexistencia de la obligación. A su turno, la codemandada Ruby Estela Maestre Pérez, en la respuesta a la demanda, no se opuso a las súplicas y sostuvo que se atiene a lo que se pruebe en el proceso, toda vez que no era copropietaria en el ente demandado durante el lapso que se sostiene el demandante trabajó en el edificio como portero.

Respecto de los hechos dijo: A Ruby Maestre no le consta si el demandante trabajó o no para el Edificio demandado (que dicen llamar "La Flor de Jaci"), ni le consta desde y hasta qué fecha, ni le consta si lo hizo como portero u otro cargo, ni le consta si le fue pagada o no el valor de las cesantías proporcionales de su último año de servicio, ya que cuando ella se hizo copropietaria el hoy demandante no era portero del edificio. Sin embargo, a la fecha de contestación de esta demanda tiene conocimiento de serios elementos que permitirían deducir que el demandante sí habría laborado como portero o celador para el edificio demandado (que dicen llamar "La Flor de Jaci"). Ruby Maestre se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso.

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Enlistó las excepciones de inexistencia del demandado principal, falta de legitimación en la causa por pasiva por inexistencia de responsabilidad solidaria, inexistencia de trabajo suplementario y/o horas extras, inexistencia de trabajo en días festivos, improcedencia de pago o reembolso al trabajador de suma de dinero alguna por concepto de cotizaciones dejadas de efectuar al sistema de seguridad social, improcedencia de la declaratoria judicial de indemnización por ausencia de pago salarios caídos por buena fe del edificio demandado, falta de legitimación en la causa por pasiva por no tener la calidad de copropietario durante el vínculo laboral que habría existido entre demandante y el edificio demandado. La accionada Bicelis Brito Rosado, se opuso a las pretensiones de la demanda; respecto a los hechos no admitió ninguno de ellos, arguyó que no eran ciertos o que eran falsos o no le constaban. Invocó la excepción denominada pago total de la obligación. Los codemandados Carmen Josefa García Brito, María Antonia Quintero Novas, Elsa María Nova Aguilar y Harlem Povea de Ruiz, al contestar la demanda por intermedio del mismo apoderado judicial se opusieron a todas las pretensiones de la demanda; en cuanto a los supuestos fácticos manifestaron que unos eran ciertos, que otros son falsos o que no les constaba. Formularon la excepción denominada pago total de la obligación con fundamento en que conforme a las pruebas que se alleguen, debe constar el

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Radicación n.° 93818 pago correspondiente en el evento de que hubiera prestado algún servicio.

Los convocados al proceso Miketh Bilbao Pérez y Ezequiel Bilbao Pérez, al dar respuesta a través de la misma mandataria, manifestaron su oposición a las pretensiones de la demanda y negaron la totalidad de los hechos e impetraron la excepción de pago total de la obligación. Los demandados Nevia Beatriz Segunda Arismendy Estupiñan, Dunia del Carmen Herrera Vanegas e Isabel Cristina Rojas Villa, fueron representadas por curador ad litem, quien expresaron atenerse a lo probado al interior del proceso, no admitieron ni negaron los hechos. No presentaron excepciones. Finalmente, el Edificio La Flor De Jaci, representado por curador ad litem, no admitió ni se opuso a las súplicas incoadas y dijo atenerse a lo probado en el proceso; arguyó no constarle ninguno de los supuestos fácticos, aclarando que solo en caso de que resultara demostrado lo relatado por el promotor del litigio se debía despachar en lo que corresponda las pretensiones. No propuso excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, a través del fallo proferido el 28 de noviembre de 2019, absolvió a la copropiedad demandada y a los propietarios

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Radicación n.° 93818 convocados en solidaridad, de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra y no impuso costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del actor, conoció la Sala Civil Familia

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Riohacha, quien, mediante sentencia del 25 de agosto de 2021, confirmó la decisión de primer grado e impuso costas al impugnante. Para desatar la alzada, el juez plural comenzó por recordar que de conformidad con lo previsto por el artículo 24 del CST, en armonía con lo previsto por el artículo 167 del CGP, le corresponde a la parte que alega el derecho demostrar la prestación personal del servicio a favor de los accionados, dado que una vez efectuado ello se presumía la existencia del contrato de trabajo y a la parte demandada le asistía el deber de desvirtuar que esa relación era autónoma e independiente y, en ese orden, dejar sin efecto dicha presunción. No obstante, recalcó que la jurisprudencia también ha indicado que al demandante se le exigen otras cargas probatorias, tales como: acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, por ejemplo: los extremos temporales de la relación, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega y el hecho del despido

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Radicación n.° 93818 cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. Refirió a las pruebas documentales, de las que el actor pretendía derivar la prestación personal del servicio, como era el caso de la certificación de una «ex administradora» del edificio demandado, prueba documental que «si bien podría ser un principio de prueba» acompañada por ejemplo de la declaración de quien suscribió dicho documento, por sí sola no constituía un medio de convicción sólido en el litigio.

En efecto, dijo que la certificación laboral era un documento de «gran importancia», pues a través de ésta el representante legal de una entidad o de una propiedad horizontal, como en este caso, daba fe de la vinculación de una persona en alguna entidad privada, pero el documento traído no correspondía como tal a una certificación de esta naturaleza, toda vez que no emana del «representante activo» del edificio demandado, por lo que el mismo no resultaba conducente y menos al no ser ratificado en el proceso por la persona que lo suscribió. Esgrimió que, si bien era cierto que al interior de la propiedad horizontal no se ha legalizado su representación, lo cierto era que se tenía noticias de que había existido una persona cumpliendo funciones propias de administrador, de ahí que al actor le correspondía «haber traído rendida prueba que acreditara qué persona o personas realizaban para dicha fecha de los extremos laborales, tales funciones», pero no pretender imponer a los documentos traídos, la connotación

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Radicación n.° 93818 de plena prueba, puesto que dista de ello, toda vez que las certificaciones vistas a folios 18 a 25 del cuaderno principal tenían la particularidad de acreditar diferentes periodos de vinculación. Resaltó, además, que todas estas documentales fueron expedidas en la misma fecha «10 de julio de 2010» sin probarse que la ex administradora que las suscribió en realidad ostentó tal calidad; y tampoco sin demostrarse que lo fue Roaiza Olivella Pérez y en qué periodos ostentó tal cargo. Destacó que, ante esa falta de certeza probatoria conducía a confirmar la sentencia absolutoria del a quo,

máxime cuando el mismo apelante reconoció que desde el otorgamiento de la Escritura pública 375 del 12 de abril de 2002, por lo menos, hasta el momento de la interposición del presente recurso de apelación, era la señora María Jacinta Bermúdez Brito, quien ostentaba la calidad de administradora provisional. Aseveró que el demandante acude a la documental vista a folios 27 y 28 del expediente, en la que se observaba que éste cotizó a seguridad social en salud en algunos ciclos de los años 2007 y 2008; sin embargo, tales documentos no permitían tener acreditada la existencia de la vinculación laboral con los demandados y menos los extremos de la relación invocada con el edificio convocado al proceso.

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Radicación n.° 93818 Puntualizó que en el plenario obraban otros documentos traídos por los demandados Bicelis Brito Rosado y Carmen Josefa García Brito y la administradora en colaboración del edificio demandado, Katia Daza, igualmente sin prueba de su calidad, que mencionan asuntos tales como: «anticipo Juan», «salario a Juan por deudas», «Juan debe ...», los cuales son en principio de prueba de que al aquí demandante se le canceló un dinero en contraprestación por sus servicios, con los cuales se dejaban a salvo dos elementos del contrato de trabajo a saber, la labor y el salario; pero, tales circunstancias no permitían declarar la existencia del nexo de trabajo, dado que no se tenía certeza del contexto en el que tales dineros eran entregados al demandante, pues según lo afirma «era el mismo actor, quien cobraba la

administración y se pagaba de forma escalonada». Añadió que el testigo Claudio Manuel Atencio, manifestó que conocía al aquí accionante ya que laboró en el edificio desde el 2008, no obstante, se le interrogó por el extremo temporal del presunto vínculo con los demandados, y manifestó que fue el mismo demandante quien le indicó que empezó a trabajar en el año 2003, de ahí que el conocimiento que tenía de tal situación era de oídas, narrando que el mismo era portero y hacía servicios varios. Expresó que, cuando se le cuestionó si conocía el salario que devengaba el accionante, señaló que era el mínimo; manifestaciones que no correspondían a hechos que fueran de su conocimiento directo, sino de lo que el promotor del proceso le había comentado.

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Radicación n.° 93818 Explicó que el testigo Otilio de Jesús Sarmiento Tejedor, narra que era el gerente de Salud Colombia, que quedaba en el mismo edificio y manifestó que conocía al actor, desde mediados del año 2003, cuando llegó a trabajar en el edificio. Sin embargo, no sabía cuánto ganaba, ni quién lo contrató y refirió que el demandante recibía órdenes del administrador, pero no indicó específicamente quien era la persona que le daba tales directrices. Coligió que el señor Franklin Pérez Escudero, quien residió en uno de los apartamentos del demandado, indicó que el demandante tenía establecido horario de trabajo, refirió tener conocimiento que se le daban $60.000 para que éste cancelara lo relacionado con su seguridad social y que el accionante abandonó su cargo en 2010, cuando obtuvo un

mejor trabajo. Especificó que «el mismo demandante se pagaba lo que consideraba debérsele, pues era el encargado de cobrar la administración en todos los apartamentos». Frente a la prueba testimonial recaudada concluyó que: […] de la primera declaración, lo único que se extrae con meridiana claridad es que su testimonio es de oídas. La segunda declaración, el testigo desconoce aspectos tales como salario y contratación. El tercer testigo sostiene que al demandante se le cancelaban $60.000,oo para efectos de seguridad social, aseveración que el mismo demandante en su interrogatorio indicó que no corresponde a la verdad. Los testigos en comento desconocen asuntos tales como la subordinación y el salario percibido por éste. Por lo que, sin lugar a dudas, le asiste razón al a quo, en el sentido que no se aportaron medios de convicción al plenario que permitan llegar a la conclusión que efectivamente entre las partes existió un contrato de trabajo pues no se logran configurar todos los elementos que lo gobiernan.

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Radicación n.° 93818 Estimó que si en gracia de discusión se pudiera inferir que el demandante logró demostrar la prestación del servicio, y, por ende, debía presumirse el contrato de trabajo conforme al «alivio probatorio» que contiene el artículo 24 del CST, tampoco ello conduciría a tener acreditada una relación laboral subordinada, pues, para las resultas del presente asunto; al solicitar la declaración y pago de acreencias laborales surge un nuevo elemento sin el cual, no quedaría demostrado el contrato de trabajo, esto es, los extremos temporales del mismo, pues desde ese punto es que pueden

establecerse con exactitud los derechos que pueden ser concedidos o cuales no, ante los mecanismos de defensa que ejercitó la parte pasiva de la acción mediante los medios exceptivos. En otras palabras, consideró que las declaraciones practicadas en el proceso no permitían establecer los extremos temporales en que el actor prestó, presuntamente, sus servicios al edificio demandado, dado que los testigos no aportaron elementos de juicio que demostraran cuándo inició y finalizó la relación laboral, por cuanto si bien es cierto que se apoya el demandante en la prueba documental para dicho fin, es decir, la denominada «certificación expedida por la ex administradora del edificio», la misma no lograba tenerse como plena prueba, de ahí que no podía considerarse como ciertas las fechas de ingreso o retiro. Sobre este último aspecto agregó que no podía inferirse una fecha cierta, dado que, por ejemplo, en los recibos de pago de administración, frente a los cuales el actor sostuvo

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Radicación n.° 93818 que era el encargado de su cobro, solo aparecía prueba de manera intermitente, en algunos meses de 2007, 2008, 2009 y 2010. De igual forma, indicó el actor que laboró en el edificio demandado hasta el mes de julio de 2010, refiriendo que abandonó dicho trabajo para laborar en otra empresa «Confaguajira». Con las anteriores consideraciones, el juez de alzada dijo que se tornaba inane profundizar en el reparo del apelante, frente al tema de la solidaridad de los copropietarios, por lo que debía confirmase el fallo de primera

instancia, quedando resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado, en su lugar acceda a todas las pretensiones contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al proceso.

Con tal propósito, formula un cargo que no fue replicado y el que la Sala procede a estudiar.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: […] 22, 23, 24, 37, 38, 47, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 127, 132, 133, 145, 186, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 51, 55, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Artículos 164, 165, 166, 167, 173, 176, 191, 193, 196, 208, 211, 213, 243, 244, 245, 250, 253, 260, 262, 263, 269, 270 y 272 del código General del Proceso Afirma que tal violación se produjo como consecuencia de haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de

hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la señora MARÍA JACINTA BERMUDEZ BRITO, a partir del otorgamiento de la escritura pública número 373 del 11 de abril de 2002 y hasta nueva elección, ejercerá la administración del EDIFICIO LA FLOR DE JACI. No dar por demostrado, estándolo, que el representante legal del EDIFICIO LA FLOR DE JACI y sus copropietarios, omitieron el deber legal que le impone el artículo 8º de la Ley 675 de 2001 de inscribir la propiedad horizontal ante la Alcaldía Municipal de Riohacha, La Guajira. No dar por demostrado, estándolo, que los copropietarios del EDIFICIO LA FLOR DE JACI violaron su Reglamento de Copropiedad y Administración, contenido en la escritura pública número 373 del 11 de abril de 2002, al no elegir anualmente al administrador de la propiedad horizontal. No dar por demostrado, estándolo, que en el periodo comprendido entre el año 2004 y 2010 la administración del EDIFICIO LA FLOR DE JACI estuvo a cargo de ROAIZA OLIVELLA PÉREZ, LUÍS ROBERTO ALGUERO y KATIA DAZA, quienes a ciencia y paciencia de los copropietarios se abrogaron la condición de administradores de hecho y/o administradores en colaboración. No dar por demostrado, estándolo, que el actor entre el día 15 de agosto de 2003 y el 6 de julio de 2010 ejerció funciones y/o

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Radicación n.° 93818 desempeñó actividades personales como PORTERO a favor del

EDIFICIO LA FLOR DE JACI y de sus copropietarios. No dar por demostrado, estándolo, que el actor llevó a cabo las actividades de apertura y cierre de la puerta de acceso común y parqueadero, atención a las personas que entraban y salían del inmueble y/o que solicitaban información sobre los ocupantes; recibo de correspondencia y facturas de servicios públicos de los ocupantes de la copropiedad. No dar por demostrado, estándolo, que el horario del actor estuvo comprendido entre las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., de lunes a sábado. No dar por demostrado, estándolo, que los demandados no desvirtuaron la presunción derivada de la prestación personal del servicio. No dar por demostrado, estándolo, que el actor durante todo el periodo de vigencia de la prestación de sus servicios personales fue dependiente o subordinado del EDIFICIO LA FLOR DE JACI y de sus copropietarios. No dar por demostrado, estándolo, que el actor durante todo el periodo de vigencia de la prestación de sus servicios personales obtuvo como retribución de sus servicios una remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en la anualidad respectiva. No dar por demostrado, estándolo, que, de no haberse acreditado que el actor durante todo el periodo de vigencia de la prestación de sus servicios personales obtuvo como retribución de sus servicios una remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en la anualidad respectiva, se presume que su salario no podría ser inferior al mínimo mensual vigente en cada una de las anualidades en que laboró.

No dar por demostrado, estándolo, que, de no haberse acreditado que el actor laboró entre el día 15 de agosto de 2003 y el 6 de julio de 2010, como extremos temporales precisos, existen elementos probatorios que permiten configurar los extremos aproximados de esa relación laboral, de modo que, en el período que se logre establecer, se hubiesen satisfecho los derechos del trabajador. No dar por demostrado, estándolo, que, en último caso la relación laboral del actor tiene como extremos temporales aproximados el 1 de enero de 2006, fecha exteriorizada en el recibo No. 204 (folio 691), y el día 9 de junio de 2010 (folio 710), fecha contenida en el último recibo, vale o comprobante de pago; sendos documentos firmados por el actor con su puño y letra y número de cédula de

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Radicación n.° 93818 ciudadanía número 17.902.345, cuyo concepto es el de recaudo de cuotas de administración del Edificio. No dar por demostrado, estándolo, que entre el actor y los copropietarios CARMEN JOSEFA GARCÍA BRITO, HARLEM POVEA DE RUÍZ, JOSÉ A RODRIGUEZ CONTRERAS y BICELIS BRITO ROSADO se celebraron contratos de transacción a través de los cuales se le reconocieron salarios y prestaciones sociales derivados del vínculo laboral con el EDIFICIO LA FLOR DE JACI. Dar por demostrado, sin estarlo, que la declaración de CLAUDIO MANUEL ATENCIO es un testimonio de oídas.

Menciona que tales desaciertos, en su decir se generaron a causa de no haber apreciado las siguientes pruebas: i) la demanda inicial y la contestación de la misma de los copropietarios Alberto de Jesús Gómez Galue, María Jacinta Bermúdez Brito, Harlem Povea de Ruiz, Carmen Josefa García Brito, Elsa Maria Nova Aguilar, Bicelis Brito Rosado, Ruby Estela Maeste Pérez, Miketh Leonor Bilbao Pérez y Ezequiel Bilbao Pérez y ii) los contratos de transacción celebrados por el actor con los copropietarios Carmen Josefa García Brito, Harlem Povea de Ruíz, José Agustín Rodríguez Contreras y Bicelis Brito Rosado y los recibos de pago aportados por los propietarios Miketh Bilbao Pérez y Ezequiel Bilbao Pérez. Y por no haber apreciado correctamente las siguientes pruebas: i) escritura pública no. 373 del 11 de abril de 2002, otorgada ante la Notaría Primera de Riohacha; ii) la certificación fechada el 10 de julio de 2010, que fue expedidas por la ex administradora del edificio; iii) el estado de cuentas del edificio demandado aportado por las demandadas; y iii) la confesión de los copropietarios Alberto de Jesús Gómez Galue, Carmen Josefa García Brito, Harlem

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Radicación n.° 93818 Povea de Ruíz, José Agustín Rodríguez Contreras, Bicelis Brito Rosado, Miketh Bilbao Pérez y Ezequiel Bilbao Pé