CSJ - SL1659-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1659-2024 Radicación n.° 100290 Acta 18 Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró ÓSCAR FERNANDO MELO MURILLO a la recurrente y a la JUNTA REGIONAL

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER y a la

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

Reconoce personería al abogado Jorge Luis Quintero Gómez, con CC. 91.155.595 y tarjeta profesional n. ° 141227 del C. S. de la Judicatura, para que actúe nombre en representación de Óscar Fernando Melo Murillo, conforme el poder conferido.

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Radicación n.° 100290

I. ANTECEDENTES Óscar Fernando Melo Murillo llamó a juicio a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y a Colpensiones, para que se declarara la nulidad de los Dictámenes n.° 5672011 del 31 de mayo de 2011 y n.° 91281350 del 28 de marzo de 2012, únicamente en lo que concierne con la fecha de estructuración de la pérdida de

capacidad laboral. Pidió, en consecuencia, que se ordenara a Colpensiones reconocerle la pensión de invalidez de origen común, a partir del 31 de agosto de 2010, junto con el retroactivo, las mesadas adicionales, los reajustes legales, la indexación, lo que se probare y las costas. Narró que padece distrofia muscular tipo Becker (DTB); que el 29 de marzo de 2010 sufrió un accidente de trabajo que le produjo fractura de la epífisis inferior del fémur; que el 28 de octubre siguiente, el ISS le calificó una pérdida de su capacidad laboral del 70.15 % de origen común, con fecha de estructuración el 15 de marzo de 1998. Contó que impugnó esa determinación, por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, profirió la Experticia n.° 5672011 del 31 de mayo de 2011, que fijó ese estado en un 72.25 %, configurado el 13 de enero de 2000; que presentó recurso de apelación; que a

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Radicación n.° 100290 través de la n.° 91281350 del 28 de marzo de 2012, la Homologa Nacional de Calificación de Invalidez confirmó la anterior experticia (f.° 4 a 5, cuaderno del juzgado, archivo «20230602002924706», expediente digital). La Regional de Santander, se opuso a las pretensiones, aceptó el dictamen que emitió. Aclaró que se sujetó al artículo 3° del Decreto 917 de 1999 e igual norma del

Decreto 1507 de 2014, sin que existiera soporte fáctico o jurídico que le permitiera establecer como fecha de estructuración de la invalidez el 31 de agosto de 2010. Aseveró que los demás hechos no le constaban. No formuló excepciones de fondo (f.° 133 a 139, ibídem). La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se atuvo a las pretensiones. Admitió los hechos, precisando que profirió la calificación objeto de demanda, sujetándose a las reglas técnicas de los Decretos 917 de 1999 y 2463 de 2001, sin que pudiese establecer la fecha de estructuración de la invalidez a partir de criterios subjetivos o en consideración a los aportes efectuados por el asegurado, como se reclama en el introductor. Planteó como excepciones de fondo las que denominó: «legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez», «improcedencia del petitum: inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen – carga de la prueba a cargo del contradictor», «la calificación de la fecha de estructuración de la invalidez debe

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Radicación n.° 100290 fundamentarse en criterios médicos – técnicos – científicos», «improcedencia de pretensiones […] competencia del juez laboral», buena fe e innominada o genérica (f.° 260 a 279, ib). Colpensiones se resistió a las peticiones de la demanda. Asintió los fundamentos fácticos, puntualizando que los dictámenes demandados se sujetaron a la ley.

Manifestó que la enfermedad de Becker era progresiva, por lo que, en acogimiento a la jurisprudencia constitucional, el asegurado tenía derecho al reconocimiento de la prestación reclamada, a partir de la última cotización ocurrida en abril de 2019. Propuso las excepciones de mérito que tituló: buena fe, prescripción, inexistencia de la obligación, falta de derecho para pedir y genérica (f.° 302 a 310, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 26 de mayo de 2020, resolvió: PRIMERO: DEJAR sin efectos los dictámenes emitidos por COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, en lo que respecta exclusivamente a la fecha de estructuración, por lo antes expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor ÓSCAR FERNANDO MELO MURILLO tiene derecho a la pensión de invalidez, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, según lo

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Radicación n.° 100290 anotado en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, conforme a las consideraciones que anteceden.

CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES, a que una vez en firme esta sentencia, proceda a pagar al señor ÓSCAR FERNANDO MELO MURILLO, la suma de $43.264.812, por

concepto de retroactivo pensional correspondiente a las mesadas ordinarias y adicionales dejadas de cancelar desde el mes de mayo de 2016 al mes de abril de 2020, suma esta que deberá ser indexada conforme a lo anteriormente explicado, junto con las que se sigan causando en lo sucesivo.

QUINTO: CONSULTAR esta sentencia, en lo que resulte desfavorable a COLPENSIONES.

SEXTO: CONDENAR en costas a todos los demandados, en partes iguales. […] (f.° 406 a 408, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por mayoría, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 14 de enero de 2022, al resolver la apelación de todas partes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, resolvió: PRIMERO. REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el proceso ordinario impetrado por ÓSCAR FERNANDO MELO MURILLO en contra

de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE

SANTANDER, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y la ADMNISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. En su lugar, declarar probado el exceptivo de ausencia de acreditación de defecto suficiente para aniquilar los dictámenes proferidos. SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la providencia de primer grado, el cual quedará del siguiente tenor: [...] DECLARAR que el señor ÓSCAR FERNANDO MELO

MURILLO tiene derecho a la pensión de invalidez, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, causada desde el 1° de enero de 2016, en cantidad de 13

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Radicación n.° 100290 mesadas anuales, a las cuales deberán aplicarse los reajustes anuales de ley, según lo anotado en la parte motiva de este proveído. TERCERO. ACTUALIZAR el numeral CUARTO de la decisión auscultada, para en su lugar señalar que la suma a pagar por concepto de retroactivo lo es la de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS ($58.074.033) liquidado desde el 1° de mayo de 2016, inclusive, hasta el 30 de noviembre de 2021, inclusive, sin perjuicio de la indexación en los términos descritos por el juez de primer grado. CUARTO. REVOCAR PARCIALMENTE el numeral SEXTO de la resolutiva apelada, únicamente con el propósito de excluir de la condena en costas a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER y a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, de modo tal, que solo se conservará el gravamen allí descrito, respecto de

COLPENSIONES.

QUINTO. En lo demás, CONFIRMAR la decisión. SEXTO. SIN COSTAS en esta instancia […]. Expuso, en lo que interesa a la casación, que estaba probado: i) que Óscar Fernando Melo Murillo padecía

distrofia muscular tipo Becker y sufrió una fractura de la epífisis inferior del fémur; ii) que mediante Dictamen n.° 6380 de 28 de octubre de 2010, fue calificado por el extinto ISS con un 70.15 % de pérdida de capacidad laboral (PCL), de origen común, compuesta el 15 de marzo de 1988. Así mismo, iii) que a través del homologo n.° 5672011 del 31 de mayo de 2011, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, le determinó una PCL del 72.25 % de origen común, «respecto de las patologías distrofia muscular tipo becker y fractura de la epífisis interior del fémur», fijando su estructuración el 13 de enero de 2000; iv)

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Radicación n.° 100290 que, por medio del n.° 91281350 del 28 de marzo de 2012, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, lo confirmó. Indicó que el primer juez erró al considerar que la preservación de la capacidad laboral residual permitía la modificación de la fecha de la invalidez, pues lo primero concernía con la posibilidad que tiene el afiliado de ejecutar «algunas cuantas y seleccionadas actividades laborales», incluso en aquel estado, mientras que lo último era un criterio técnico científico que evaluaba la pérdida de capacidad laboral en un 50 %. Dijo que en ejercicio de su fuerza laboral, en el 2008, el accionante se vinculó formalmente a un empleo en «COPETRÁN»; que, sin embargo, esa circunstancia no

desdibujaba la fijación de su invalidez el 13 de enero de 2000, por lo que carecía de vocación probatoria el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander para desvirtuar la fecha determinada en las experticias demandadas, pues fijó ese elemento de la calificación a partir de los hallazgos del examen ocupacional y no de la evolución médica del paciente, como se lo imponían los artículos 3° del Decreto 917 de 1999 y 3° del Decreto 917 de 1999. Expuso, que no obstante lo anterior, confirmaría parcialmente el primer fallo, pues de acuerdo con la sentencia CC SU588-2016, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1° de la Ley 860 de 2003, no podía aplicarse en forma exegética tratándose de afiliados que sufrieran enfermedades crónicas, congénitas o

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Radicación n.° 100290 degenerativas, pues en ese evento la valoración de la densidad debía hacerse a partir de los siguientes tres supuestos: […] i) la fecha de la calificación de la invalidez, ii) la de la última cotización efectuada (frente a la que se «presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo sustento económico» o inclusive, iii) la de la solicitud del reconocimiento pensional. Manifestó que esos criterios conformaron un «grupo de reglas, más de naturaleza auxiliar […]», que fijaban un nuevo hito en la valoración del presupuesto de densidad,

porque […] en el proveído SU588-2016, la Corte Constitucional, con el ánimo de velar por las garantías pensionales -y con ello las fundamentales de la dignidad y mínimo vitalde las personas con enfermedades CCD, se ocupó de diseñar dos (02) sets de reglas jurisprudenciales: un primer grupo de «reglas de reconocimiento» (RR1) dirigidas a establecer derroteros que permitieran identificar si el afiliado en cuestión se hallaba subsumido dentro del grupo poblacional que le merecía un resguardado especial consistente en inaplicar el supuesto fáctico de la fecha de estructuración como punto de partida para la contabilización de las semanas de densidad previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y un segundo grupo de reglas (RA2) dirigidas a conformar una herramienta que auxiliara al operador en la búsqueda de otro criterio o «punto de partida» para sustituir al inaplicado o desechado (por inconveniente) de la «fecha de estructuración». Resaltó que lo último fue acogido por el juez límite laboral en la sentencia CSJ SL3275-2019, quien refiriéndose a la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otorgó igual protección a los asegurados que estuvieran inmersos en ese supuesto.

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Radicación n.° 100290 Aseveró que, en consecuencia, por regla general, la pensión de invalidez debía regirse estrictamente por las

normas vigentes para el momento de su estructuración y, por excepción, tratándose de personas que padecen de enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas, se debía inaplicar esa exigencia, […] para en su lugar fijar un punto de partida distinto a ese momento, a efectos de contabilizar las semanas propias del requisito de densidad exigido por la Ley 860 de 2003, siempre que las cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de la invalidez que pretenden ser tenidas en cuenta se hayan efectuado en uso real y comprobado de la capacidad laboral residual y sin la intención de defraudar al sistema. Sostuvo que el accionante consolidó su invalidez el 13 de enero de 2000, sin cumplir con el presupuesto de densidad del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, ya que no contaba con 26 semanas de aportes en el año anterior; que, sin embargo, atendiendo la naturaleza crónica, congénita y degenerativa de su diagnóstico de distrofia muscular tipo becker, resultaba imperativo determinar cuándo cesó su capacidad laboral residual. Acotó que «no se acercaron medios de convicción dirigidos a evidenciar que los aportes efectuados bajo el estado “independiente” lo fueron por haber ejercido [su fuerza de trabajo]», lo cual tampoco podía inferir aplicando las reglas de la lógica; que, no obstante, dicha exigencia se encontraba satisfecha con «las cotizaciones [que] se efectuaron por conducto de una persona jurídica que

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ostentaba frente a él la condición de empleadora» (Copetrán), las cuales se extendieron hasta diciembre de 2015. Afirmó que frente a esos pagos no se demostró una intención defraudatoria del sistema por parte del asegurado, pues «buscó continuar vinculado al mercado laboral desde cuando tenía 26 años, acumulando un total para nada despreciable de 527.29 semanas de cotización, que […] relievan su buena fe». Refirió que, por tanto, «verificados estos tres requisitos, […] [era] viable fijar otro hito o instante a fin de contabilizar el requisito de densidad de semanas», el cual estaba justificado en «la última cotización efectuada en uso de la capacidad laboral residual», que fue el «1° de enero de 2016», teniendo en cuenta que el último aporte como dependiente fue el 31 de diciembre de 2015. Arguyó, que así estaba probada la densidad necesaria para acceder al derecho peticionado, puesto que el accionante cotizó 122.02 semanas entre el 1° de enero de 2013 e igual fecha de 2016, superando con creces las 50 exigidas en la norma. Razonó que «dado que la fecha de estructuración es por ley el momento determinante y único a partir del cual se causa y disfruta simultáneamente de la [prestación]», en el caso tendría como tal, la del estudio de la densidad, pues la teleología de la prestación «reivindica su causación y disfrute en un único momento y conservando ese postulado,

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Radicación n.° 100290 si para causarla se resguarda[ba] un determinable hito, es

ese mismo instante el que deb[ía] seguir su disfrute». Además, porque el legislador previó «la fecha de estructuración de la invalidez como punto de partida para la causación y disfrute, […] partiendo de presumir que dicho momento fijaba el instante en el que el afiliado debía ser amparado […] en su mínimo vital»; que, en consecuencia «la causación y el disfrute de las pensiones de invalidez concedidas bajo los parámetros trazados en la SU-588 de 2016 deb[ía] mantenerse inescindidos en un solo y único momento». Señaló que, en consecuencia, el convocante tenía derecho al reconocimiento y pago de la prestación de invalidez a partir del 1° de enero de 2016, inclusive, con base en trece mesadas al año, según el Acto Legislativo 01 de 2005. Añadió que prosperaría la excepción de prescripción únicamente sobre las mesadas anteriores a mayo de 2016, pues no hubo interrupción de ese instituto, por lo que su valoración debía efectuarse con base en la fecha de radicación de la demanda; que teniendo en cuenta que su valor era sobre el SMLMV, el retroactivo correspondía a $58.074.033, el cual liquidaba hasta el 30 de noviembre de 2021 (f.° 75 a 118, cuaderno de la Corte, archivo «20230604095544706», ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 100290 Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende, en forma principal, que se […] CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en lo que corresponde única y exclusivamente a los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto (quedando en firme el primero y el sexto), para que en sede de instancia REVOQUE los numerales segundo, tercero, cuarto y sexto del [primer] fallo […] y en su lugar, niegue las pretensiones de la demanda y absuelva a COLPENSIONES de las condenas incoadas en su contra. Reclama, en subsidio, que se […] CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en lo que corresponde única y exclusivamente a los numerales segundo y tercero que definieron la fecha del pago del retroactivo de la mesada desde el 1° de enero de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2019, para que, en sede de instancia, MODIFIQUE el numeral cuarto y ordene el pago desde el «junio» (sic) de 2018, fecha del reconocimiento de la última incapacidad temporal cancelada por COLPENSIONES. […] costas […], lo que en derecho corresponda (f.° 7, cuaderno de la Corte, archivo «0001Demanda», expediente digital). Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por el demandante, los cuales se examinarán así: independientemente el primero y conjuntamente los restantes, pues comparten finalidad.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 100290 Denuncia que el Tribunal vulneró por la vía directa, por interpretación errónea, el artículo 1° de la Ley 860 de

2003, con relación a los 3, 48 y 53 de la CP. Refiere que, atendida la senda seleccionada, no discute los siguientes supuestos fácticos que fundamentaron la segunda decisión:

1. Que Óscar Fernando Melo Murillo fue calificado por Colpensiones el 28 de octubre de 2010 con una pérdida de capacidad laboral del 70,15 % y fecha de estructuración del 15 de marzo de 1998, calificación que fue revisada por las Juntas Regional y Nacional, quienes determinaron una pérdida de capacidad laboral del 72,25 %, de origen común y fecha de estructuración del 13 de enero de 2000,

2. Que los anteriores dictámenes se encontraban ajustados a la ley y por consiguiente tenían plena validez […];

3. Que el demandante no se encontraba cotizando al 13 de enero de 2000, ni logró reunir 26 semanas de aportes en el año precedente a la estructuración de su invalidez, del 13 de enero de 1999 al 13 de enero del 2000;

4. Que su última cotización al sistema de seguridad social en pensiones se efectuó en marzo de 2019;

5. Que padece una enfermedad de naturaleza congénita o degenerativa;

6. Que no se probó que las cotizaciones efectuadas en los tres años previos a marzo de 2019 se hubieren efectuado producto de la capacidad laboral […]

7. Que no efectuó reclamación alguna a la administradora para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez […].

Expresa que su disenso es en torno a la lectura que el colegiado efectuó al artículo 1° de la Ley 860 de 2003, pues

desatendió los hitos temporales establecidos por la jurisprudencia para efectuar el conteo de las semanas tendientes al otorgamiento de la pensión de invalidez,

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Radicación n.° 100290 tratándose de afiliados que padecen enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas. Asegura que el juzgador erró al calificar como «criterio auxiliar», la jurisprudencia del órgano de cierre, lo cual condujo a que creara otro referente para la contabilización de la densidad, bajo el argumento de que los aportes realizados en los tres años anteriores a marzo de 2019, no se efectuaron en ejercicio de una probada capacidad laboral residual. Recuerda que en la sentencia CSJ SL3275-2019, con sujeción al precedente constitucional y a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Corte fijo el alcance de aquella normativa, señalando que, cuanto se trate de patologías con las características antes mencionadas, sus aportes han de ser validados para efectos prestacionales y, por tanto, la contabilización de la densidad deberá sujetarse a: «i) la fecha de la calificación de la invalidez, ii) la fecha de la última cotización efectuada o, iii) la fecha de solicitud del reconocimiento pensional». Manifiesta que, a pesar de la claridad de la jurisprudencia, la segunda instancia estableció una nueva data en la resolución del caso, pues evaluó el derecho a partir de «la […] fecha en la que el demandante realizó la

última cotización como trabajador dependiente». Enfatiza que conforme a la providencia CSJ SL1706SCLAJPT-10 V.00 14 Radicación n.° 100290 2023, las reglas para la valoración de ese presupuesto son específicas, sin que el aporte en calidad de independiente descarte que su origen fue una efectiva capacidad laboral residual, por lo que no habilita al juzgador evaluar los requisitos pensionales a partir del momento en que el asegurado fue trabajador dependiente. Explica que, conforme a lo señalado en los fallos SL346-2020 y CSJ SL2892-2023, «no se trata de computar los aportes realizados en cualquier periodo, sino de que el fallador verifique el momento real en que se estructura la pérdida de la fuerza laboral y corroboré si perduró capacidad laboral residual que los justifique». Aduce que el juez límite laboral, «al fijar el alcance de [la] norma, no [dejó] al arbitrio de los sentenciadores la [determinación] del ciclo sobre el cual se contarán las semanas, de ser así, habría cuantos hitos temporales como reclamantes existieren». Insiste que unánimemente se han establecido tres momentos admisibles, a los que debía sujetarse la segunda instancia, pues «indagar cualquier cotización efectuada en algún momento de la historia como trabajador dependiente y conforme a ella, contar hacía atrás las semanas para causar la pensión de invalidez», hace que se pierda por «completo sentido el alcance de la doctrina». Precisa que no discute que no era «dable contabilizar las semanas desde la fecha de la reclamación de la pensión»,

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Radicación n.° 100290 por no haberse presentado y «mucho menos a partir de la fecha de calificación de la pérdida de capacidad, la cual tampoco se controvierte (octubre de 2010), por cuanto, continuó efectuando aportes hasta marzo de 2019»; que, en consecuencia, el único supuesto aplicable sería el del último aporte efectuado al subsistema pensional (f.° 8 a 13, ibídem).

VII. RÉPLICA Aduce que los tres cargos son inestimables, pues los primeros dos entremezclan críticas fácticas ajenas al sendero seleccionado y el último atribuye al colegiado la estimación errónea de algunos medios de convicción, pero se sustenta sobre unos diferentes (archivo «0006Memorial», ib).

VIII. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la opositora en los cuestionamientos técnicos que hace al ataque, pues la crítica jurídica de la recurrente parte de la conformidad fáctica con la sentencia impugnada.

En consecuencia, está habilitada la Sala para examinar si el Tribunal incurrió en interpretación errónea del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, al considerar que, cuando el afiliado padece una enfermedad crónica, congénita o degenerativa, compete al juez laboral fijar la fecha de contabilización de la densidad pensional a partir

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Radicación n.° 100290 del último aporte que se haya efectuado con base en una probada capacidad laboral residual, lo cual le habilita para

tener por tal la calenda en la que el asegurado cesó en su afiliación como trabajador dependiente. Atendiendo la vía seleccionada, son indiscutibles las siguientes conclusiones fáctico – probatorias del fallo recurrido: i) que el señor Óscar Fernando Melo Murillo padece distrofia muscular tipo Becker y fractura de la epífisis inferior del fémur, siendo la primera una enfermedad congénita, crónica y degenerativa; ii) que mediante Dictamen n.° 6380 de 28 de octubre de 2010 fue calificado por el extinto ISS, con un 70.15 % de PCL, de origen común, con fecha de estructuración el 15 de marzo de 1988; iii) que posteriormente, a través del similar n.° 5672011 del 31 de mayo de 2011, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, determinó que tenía una PCL del 72.25 % de origen común, fijando su estructuración el 13 de enero de 2000; iv) que dicha experticia fue confirmada por la n.° 91281350 del 28 de marzo de 2012, emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez;

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Radicación n.° 100290 v) que, a pesar de que se aportó una nueva valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, con el fin de desvirtuar la fecha de estructuración establecida en las pericias precedentes, rste no contaba con suficiencia demostrativa, por cuanto valoró ese elemento de la calificación, a partir de los hallazgos de

un examen ocupacional del asegurado y no de su evolución médica. vi) que el señor Melo Murillo no se encontraba cotizando al 13 de enero de 2000, ni logró reunir 26 semanas de aportes entre el 13 de enero de 1999 e igual fecha de 2000; vii) que realizó aportes a pensión desde sus 26 años como trabajador dependiente hasta diciembre de 2015 y, a partir de esa fecha como independiente, alcanzando 527.29 semanas hasta marzo de 2019. viii) que los pagos como independiente no los efectuó como consecuencia de una probada capacidad laboral residual, pero los anteriores sí. ix) que nunca tuvo ánimo defraudatorio con el sistema. x) que acumuló 122.02 semanas entre el 1° de enero de 2013 e igual calenda de 2016. En tal escenario, debe recordarse que la Corte, a partir de la sentencia CSJ SL3275-2019, precisó que, por regla

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Radicación n.° 100290 general, la norma que regula la pensión de invalidez es la vigente al momento de la ocurrencia de esa contingencia, por lo que, en casos como el presente, conforme al artículo 1° de la Ley 860 de 2003, el afiliado debe acreditar 50 semanas de cotizaciones en los tres años anteriores a la estructuración de la misma. Sin embargo, en situaciones específicas de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, el operador judicial no puede pasar inadvertido la real aparición de las secuelas o efectos en la salud de estas, pues, por regla general, son progresivos y, por tanto, la

invalidez se produce en forma ulterior al diagnóstico, por lo que quienes las padecen, gozan temporalmente de una «capacidad laboral residual», que les permite válidamente realizar aportes al sistema, con el fin de cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Eventualidad en la que el juez social debe dar efectividad al derecho de «las personas con discapacidad relacionada con [tales] afecciones […] y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición», lo que sólo es posible para fines pensionales como el del caso, sí realiza el «conteo de las semanas legalmente exigidas», desde la fecha en la que, razonablemente, según los diferentes medios de prueba, existe certeza de la pérdida de capacidad laboral en el porcentaje necesario para acceder a la pensión de invalidez, lo que, precisó, no se traduce en «alterar la fecha de

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Radicación n.° 100290 estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes». Así las cosas, […] es necesario, en cada caso, ponderar varias aristas del asunto a dilucidar, tales como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, pues precisamente en razón a que el afiliado puede trabajar y, producto de ello, cotizar al sistema durante el tiempo que su condición se lo permita, es necesario corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes

de una actividad laboral efectivamente ejercida. Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social. Al tenor de lo dicho, la Corte determinó como juicio para establecer la calenda de estructuración de la invalidez y calcular la densidad requerida para acceder a la prestación, la fecha de calificación de la invalidez, la calenda de solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la última cotización efectuada, […] porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico, decisión que, en todo caso, debe fundamentarse en criterios razonables, previo análisis de la situación en particular y en garantía de los derechos del peticionario (subrayado y cursiva de la Sala). Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en las decisiones CSJ SL1002-2020, CSJ SL4346-2020, CSJ

SL5123-2020, CSJ SL5157-2020, CSJ SL5576-2021 y,

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 100290 recientemente, en la SL1172-2022. Importa precisar que en la providencia CSJ SL41782020, rememorada en la CSJ SL5576-2021, la Co