CSJ - SL1957-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1957-2023 Radicación n.° 83796 Acta 29 Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INGENIERÍA METALMECÁNICA S.A. -COMDISTRAL S.A. en liquidación contra la sentencia proferida el 19 de junio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Barranquilla, en el proceso ordinario laboral que promueve DANIEL EDUARDO CAICEDO VEGA contra la sociedad recurrente. Se reconoce personería adjetiva a la abogada Orianna Gentile Cervantes, con cédula de ciudadanía número 1.140.820.593 de Barranquilla y T.P. 228.560 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la Compañía Colombiana De Ingeniería Metalmecánica S.A. - Comdistral S.A., en los términos y para los efectos de la

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Radicación n.° 83796 sustitución de poder obrante a folios 59 a 61 del cuaderno de la Corte. Frente a la manifestación de la parte demandada, consistente en que se tenga como hecho sobreviniente que el accionante posiblemente falleció, la Sala se abstiene de pronunciarse al respecto, por cuanto no se allegó el correspondiente registro civil de defunción.

I. ANTECEDENTES El citado accionante convocó a juicio a la Compañía

Colombiana de Ingeniería Metalmecánica S.A. - Comdistral S.A., con el fin de que se declare que para el momento en que fue finalizado el contrato de trabajo, lo cual ocurrió de forma unilateral y sin justa causa el 31 de julio 2010, gozaba de fuero circunstancial. Como consecuencia de lo anterior, se condene a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía, junto con el pago de los salarios, vacaciones, prestaciones sociales, incrementos convencionales, y los aportes en salud y pensión que se causen hasta la data en que se produzca la reinstalación; y las costas del proceso. En subsidio, pidió que se le cancele «la suma de dinero que se pruebe en el proceso judicial» debidamente indexada. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que

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Radicación n.° 83796 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras y Transportadoras del Sector -Sintraime ostenta personería jurídica y está domiciliado en Cajicá, pero tiene una Seccional en la ciudad Barranquilla; y que se encuentra afiliado a esa organización. Relató que el 29 de noviembre de 2009 por asamblea general de Sintraime - Seccional Barranquilla, se aprobó el pliego de peticiones que debía presentarse a la empresa demandada, el cual se radicó el día siguiente; que el 20 de enero de 2010 se reunieron los representantes de la empleadora y del sindicato para iniciar la fase de arreglo

directo; que las partes pactaron una prórroga; y que esa etapa finalizó el 28 de febrero de ese año, sin alcanzar una solución parcial o total. Sostuvo que los trabajadores, en asamblea general realizada el 7 de marzo de 2010, optaron porque el conflicto se solucionara a través de un tribunal de arbitramento; que el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 00003482 de 8 de septiembre de 2010 en la que ordenó su constitución, el cual no se ha integrado a la fecha de radicación de la presente demanda. Adujo que el 31 de julio de 2010 en vigencia del conflicto colectivo, la demandada lo despidió, momento para el cual desempeñaba el cargo de «tornero» y percibía un salario mensual por la suma de $1.057.802; que no hubo justa causa para esa determinación, en tanto la decisión fue por

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Radicación n.° 83796 motivos antisindicales; y que las razones que dieron origen al nexo laboral que tenía con la empresa se mantienen, al punto que en el año 2011 la accionada solicitó un permiso para que sus empleados laboren horas extras por un periodo de tres años. El despacho de conocimiento, por extemporaneidad, tuvo por no contestada la demanda (f.o 49).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla profirió fallo el 16 de junio de 2017, en el que absolvió a la demandada de la totalidad de las súplicas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló el demandante y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 19 de junio de 2018, revocó la decisión del juez de primer grado y, en su lugar, condenó a la demandada a reintegrar al accionante al «cargo que desempeña o a otro de igual o superior categoría con el pago de los salarios, prestaciones, vacaciones y cotizaciones a pensión dejados de pagar desde la fecha del despido hasta cuando se haga efectivo el reintegro, con los reajustes legales a los que haya lugar». Impuso costas en ambas instancias a la sociedad vencida.

El ad quem manifestó que le correspondía definir si para

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Radicación n.° 83796 el momento del finiquito contractual el actor estaba amparado por fuero circunstancial, así mismo si el nexo de trabajo finalizó sin justa causa. Señaló que no era objeto de controversia que el demandante estuvo vinculado con la demandada a través de un acuerdo laboral a término indefinido, que se desarrolló del 10 de noviembre de 2008 al 31 de julio de 2010 en el cargo de tornero, y que el contrato de trabajo finalizó por haber desaparecido la causa que lo originó, tal como se colegía del documento de folio 174. El juez colegiado aludió a la decisión de primer grado, junto con los artículos 55 de la CP; 376, 432 y 433 del CST; y 25 del Decreto 2351 de 1965. Así mismo, a la sentencia

CSJ SL, 24 nov. 2006, rad. 29764, reiterada en las decisiones CSJ SL6732-2015 y CSJ SL14066-2016, y expresó que el fuero circunstancial tiene vigencia en las etapas del conflicto colectivo, con independencia de su duración, esto es, desde la presentación del pliego de peticiones hasta su culminación con la firma de la correspondiente convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, periodo en el cual los trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada. Arguyó que en el plenario estaba acreditado, con la prueba testimonial y el certificado obrante a folio 288, que el promotor del proceso se encontraba afiliado a la organización sindical Sintraime para el 31 de julio de 2010, cuando se dio ruptura al vínculo laboral.

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Radicación n.° 83796 Se remitió a la misiva de folio 174, correspondiente a la carta de despido, e infirió que allí se dijo que el nexo terminó bajo la existencia de una supuesta justa causa, consistente en que «las causas que dieron origen al contrato del trabajo de trabajo» habían desaparecido. Destacó que tal situación debía acreditarla el empleador, pues sobre él recaía la carga de la prueba, tal como se dijo en sentencia CSJ SL11325-2016, empero razonó que la accionada no la probó, por cuanto si bien en la misiva «de terminación del contrato de trabajo se establece que las razones del despido obedecieron a la desaparición de las causas que dieron origen a dicho contrato, no es menos cierto

que la demandada no allegó prueba alguna que demostrara dichas causales», aunado a que en el «hipotético caso de que las hubiera allegado tales pruebas no serían tenidas en cuenta por parte de la Sala, toda la vez que se tuvo por no contestada la demanda». Por otra parte, indicó que no era cierto, como lo infirió el a quo, que no estuviera acreditado que se surtieron actuaciones por parte de los involucrados en el conflicto colectivo a fin de agotar su curso normal, toda vez que a folio 183 constaba la «Resolución 3482 de 2010» expedida por el Ministerio de la Protección Social, hoy del Trabajo, en la cual ordenó la constitución del tribunal de arbitramento a fin de decidir el conflicto existente entre la sociedad demandada y el sindicato Sintraime. Añadió que para ese momento no había finalizado el

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Radicación n.° 83796 conflicto colectivo y tampoco el sindicato había dejado «vencer la oportunidad para continuar con el trámite pertinente», toda vez que le correspondía al ente ministerial convocar al aludido tribunal de arbitramento por el cual optaron los trabajadores, actuación que se surtió con posterioridad a la ruptura del contrato de trabajo, de allí que estaba en vigor dicho conflicto que daba lugar al fuero circunstancial. Por lo expuesto, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, accedió a las pretensiones principales de la demanda inicial.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, se confirme el fallo de primer grado, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito, formula dos cargos, que no son replicados, los cuales se resolverán de forma conjunta, pues si bien están dirigidos por vías diferentes, persiguen igual finalidad y se complementan entre sí.

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Radicación n.° 83796

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965; 47, 376, 377, 385, 386, 432, 433, 434 y 436 del CST.

Aduce, como errores evidentes de hecho, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que COMDISTRAL S.A.

(hoy COMDISTRAL S.A. EN LIQUIDACIÓN), fue fundado por los trabajadores del extinto DISTRAL S.A., en una búsqueda por generar empresa y consecuentemente una fuente de empleo.

2. No dar por probado, estándolo, que los afiliados a SINTRAIME eran también socios de COMDISTRAL S.A. (hoy COMDISTRAL SA. EN LIQUIDACIÓN) y, por lo tanto, el conflicto colectivo nunca nació.

3. No dar por probado, cuando lo estaba, que la fecha de finalización de la etapa de arreglo directo, a saber, el 28 de febrero de 2010, da cuenta de que se superaron los 20 días dispuestos para la etapa de arreglo directo, sin que haya prueba

de su prórroga. Esto, atendiendo a que la etapa de arreglo directo inició el 20 de enero de 2010.

4. No dar por demostrado, estándolo, que no se levantó acta final, de la terminación de la etapa de arreglo directo, entre SINTRAIME

y COMDISTRAL S.A. (hoy COMDISTRAL S.A. EN LIQUIDACIÓN).

5. No dar por probado, cuando lo estaba, que, al momento de la finalización del vínculo, el conflicto colectivo había terminado anormalmente, por pretermisión de sus pasos fundamentales.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor gozaba de fuero circunstancial al momento del despido.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo con el demandante, terminó por una causa legal, a saber, la desaparición de las causas que le dieron origen.

8. Dar por probado, sin estarlo, que el despido fue sin justa causa.

Relaciona como pieza procesal y pruebas erróneamente

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Radicación n.° 83796 apreciadas la demanda inicial, la carta de despido y la «Resolución 00003482 de 2010»; y como dejada de valorar el «Depósito de la terminación del arreglo directo, presentada por SINTRAIME al Ministerio de Protección Social el 1 de marzo de 2010, donde no se aporta el acta final de la etapa de arreglo directo, en tanto esta nunca se suscribió». En la demostración del ataque, comienza por aseverar que la sociedad demandada fue fundada por los trabajadores de la antigua Distral S.A., ello con la finalidad de crear

empresa y salvaguardar una fuente de empleo, de modo que de las pruebas denunciadas era dable colegir que «nunca nació un conflicto colectivo real, en tanto los afiliados a SINTRAIME tenían también calidad de socios». Expone que, en todo caso, de considerarse que sí hubo un conflicto, este finalizó de forma anormal y antes del despido, por cuanto la etapa de arreglo directo inició el 20 de enero de 2010 y concluyó el 28 de febrero de igual año, esto es, «28 días más del límite de ley», sin que obre prueba de que se hubiera prorrogado, aunado a que tampoco se suscribió el acta final que exige el artículo 436 del CST. Expresa que las anteriores dos situaciones muestran que el conflicto terminó de forma anormal, situación que ocurrió con tres meses de antelación a la ruptura del nexo laboral del actor, que lo fue el 31 de julio de 2010. Reproduce unos apartes de las sentencias CSJ SL, 7 oct. 2004, rad. 20766 y CSJ SL, 25 sep. 2018, rad. 61440

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Radicación n.° 83796 relativas a la terminación anormal de un conflicto colectivo; y expone que, adicional a lo anterior, el finiquito contractual ocurrió por la situación legal prevista en el artículo 47 del CST, que es la desaparición de la causa que dio origen al contrato de trabajo a término indefinido, lo cual se puso de presente en la carta de finalización del nexo, situación «verídica» que puede advertirse con el hecho sobreviniente

consistente en que la empresa se encuentra disuelta y en proceso de liquidación; y añade: Por tanto, solicitamos a la Corte, atender nuestros argumentos, que siguen la línea de la flexiseguridad laboral, originada en los países bajos y que propugna por contratos de trabajo razonables, cuya duración no exceda lo requerido realmente según las necesidades de producción y las condiciones de la compañía, pero que garanticen los derechos mínimos del trabajador, tal como ocurrió en este caso, donde se le cancelaron todas sus acreencias.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida de vulnerar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, el artículo 47 del CST, que conllevó la aplicación indebida de los artículos 62 ibidem y 25 del Decreto 2351 de 1965.

En la demostración del cargo, el censor manifiesta que el Tribunal se equivocó al analizar el motivo de la finalización del nexo de trabajo a la luz del artículo 62 del CST, dejando de lado el artículo 47 ibidem, que es la disposición que regula el asunto, en tanto el contrato laboral finalizó por una situación objetiva, como lo es la desaparición de las causas que dieron origen al convenio; y manifiesta:

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Radicación n.° 83796 Así, estando demostrado que desaparecieron las causas que le dieron origen al contrato, en tanto dejó de existir el cargo que desempeñaba el actor, por la situación del mercado, que llevó finalmente a la liquidación de la empresa, el juez colegiado ha debido aplicar el artículo 47 y reconocer que el vínculo finalizó

por una causa legal, haciendo esto improcedente el reintegro por fuero circunstancial, que solo procede ante el despido sin justa causa.

Hecho Sobreviniente: Disolución y Liquidación de la Sociedad Sumado a los cargos anteriores, debemos Indicar que, en todo caso, es imposible física y jurídicamente el reintegro en tanto la sociedad COMDISTRAL S.A. (hoy COMDISTRAL S.A. EN LIQUIDACIÓN), fue disuelta y está actualmente en proceso liquidatario, habiendo cesado la ejecución de su objeto social y desaparecido el establecimiento.

Como sustento de ello, en tanto fue un hecho sobreviniente, posterior a la presentación de la demanda, adjuntamos junto al presente recurso el Certificado de Existencia y Representación Legal, actualizado a 6 de diciembre de 2019, donde se observa que se encuentra disuelta y en proceso de liquidación. Sobre la imposibilidad física del reintegro, dijo la Sala Laboral, en decisión del 11 de septiembre de 2019, con radicado 64725: [...] para que sea factible la reinstalación de un empleado, es imprescindible que la entidad a la cual va a ser reincorporado exista físicamente, ya que raya contra las reglas de la lógica pretender la reubicación a una entidad que ha desaparecido. Ahora bien, tampoco procede la condena por indemnización alguna, en tanto la empresa canceló al actor todos sus salarios y prestaciones, e inclusive, aunque el vínculo finalizó por causa legal, le reconoció, por holgura, el valor de la indemnización por despido sin justa causa a título de bonificación, tal como

consideró acertadamente el a quo. (Subrayas propias del texto)

VIII. CONSIDERACIONES La Sala comienza por precisar que si bien uno de los cargos que es objeto de estudio se dirige por la vía indirecta, no es materia de discusión los siguientes hechos relevantes

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Radicación n.° 83796 del proceso que dio por establecidos el Tribunal: i) que entre las partes existió un contrato de trabajo del 10 de noviembre de 2008 al 31 de julio de 2010, el cual finalizó por decisión del empleador; ii) que para el momento de la ruptura del nexo el actor se encontraba afiliado a la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras y Transportadoras del Sector -Sintraime; iii) que dicho sindicato presentó un pliego de peticiones al empleador con antelación a la terminación del contrato de trabajo del accionante; iv) que el sindicato optó por el tribunal de arbitramento; y v) que el Ministerio de Protección Social, a través de «Resolución 3482 de 2010», ordenó la constitución del citado tribunal de arbitramiento, actuación que fue posterior al finiquito contractual. Teniendo en cuenta los anteriores supuestos fácticos, el juez plural concluyó que al demandante le asistía derecho al reintegro reclamado, en razón a que para el momento en que fue despedido de manera unilateral y sin justa causa, estaba afiliado a Sintraime, quien previamente había presentado un pliego de peticiones, generándose con ello el fuero

circunstancial. Tal determinación la adoptó con apoyo en lo previsto por los artículos 55 de la CP, 25 del Decreto 2351 de 1965 y 376, 435 y 433 del CST, reforzando su decisión con lo dicho en las sentencias CSJ SL, 13 jun. 2007, rad. 29452,

CSJ SL6732-2015, CSJ SL11325-2016 y CSJ SL140662016.

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Radicación n.° 83796 Por su parte, el impugnante considera que el Tribunal se equivocó al estimar que el demandante gozaba de fuero circunstancial, para ello esgrime lo siguiente: i) Que no existió conflicto colectivo, en tanto la empresa demandada fue constituida por los trabajadores de Distral S.A., en búsqueda de generar empresa y una fuente de empleo, de allí que los afiliados a Sintraime son también socios de la empresa. ii) Que el ad quem no tuvo en cuenta que el conflicto colectivo debe desarrollarse conforme a las etapas, plazos y procedimientos establecidos en la ley para su solución. En dicho sentido, arguye que el arreglo directo superó el tiempo previsto en la ley, así mismo que no se levantó el acta final de su culminación, situaciones que hicieron que ese conflicto colectivo finalizara anormalmente, «por pretermisión de sus pasos fundamentales». iii) Que tampoco hubo una finalización unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, que lo era a término indefinido, en la medida que la ruptura obedeció a la desaparición de las causas que dieron lugar a la

contratación, situación que tiene soporte en lo previsto en el artículo 47 del CST. Así las cosas, le corresponde a la Corte definir desde el punto de vista fáctico y jurídico, si el juez colegiado se equivocó al considerar que al interior de la empresa se desarrollaba un conflicto colectivo para el momento de la

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Radicación n.° 83796 ruptura del nexo de trabajo, y si el trabajador demandante fue despedido de manera unilateral y sin justa causa. A efectos de dar solución a lo planteado, la Sala comenzará por referirse al conflicto colectivo, particularmente en lo atinente al pliego de peticiones y a la etapa arreglo directo; luego se analizará el fuero circunstancial, toda vez que son temas que sirven de marco jurídico y conceptual para desatar el presente caso; finalmente, se estudiará el caso concreto. El conflicto colectivo de trabajo. Sobre el particular, la Constitución Política (artículo 55); los instrumentos internacionales (Convenio 154 OIT), y los artículos 432 a 436 CST, promueven la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores como un mecanismo para la concertación voluntaria y libre de las condiciones de trabajo y empleo, y la reivindicación de los derechos de los trabajadores. En esa perspectiva, al presuponer la esfera de la negociación colectiva una contraposición de intereses al interior de las relaciones del trabajo, nuestro ordenamiento jurídico se ha ocupado de regular de manera expresa, clara y detallada el trámite que deben cumplir los actores del conflicto laboral con el propósito de lograr su solución. En

efecto, como es sabido, el conflicto colectivo consta de varias etapas, las cuales se encuentran reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, así: la denuncia de la convenciónSCLAJPT-10 V.00 14 Radicación n.° 83796 cuando a ello hubiere lugar, pues en el evento en que no exista convenio colectivo alguno o anterior, tal actuación no se cumple (artículo 479); la adopción y presentación del pliego de peticiones (artículos 374 y 376); la etapa de arreglo directo (artículos 432 a 436); la suscripción de una convención colectiva (segunda parte, título III, capítulos I y II); la declaratoria y desarrollo de la huelga (artículos 444 a 449) o, en su defecto, la convocatoria de tribunal de arbitramento; y cuando el conflicto llega a la instancia arbitral, su solución acontece con la expedición del laudo que quede en firme, por no haberse interpuesto recurso alguno por las partes o cuando se profiera sentencia ejecutoriada que resuelva el recurso de anulación presentado contra la providencia arbitral (artículos 452 a 461). Y es que los referidos preceptos normativos permiten afirmar que el conflicto colectivo de trabajo nace con la presentación del pliego de peticiones, bien sea por parte de la organización sindical o por los trabajadores no sindicalizados, hecho que trae consigo una serie de obligaciones para los protagonistas de la relación laboral, específicamente, en cabeza del empleador, la de dar inicio a la etapa de arreglo directo y recibir a los representantes del

sindicato o grupo de trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego, sin que pueda diferirse por más de cinco días hábiles (artículo 433 CST). En esta etapa, los deberes de los trabajadores y el sindicato van más allá de la simple radicación del pliego de peticiones, pues al ser los titulares directos de la aspiración

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Radicación n.° 83796 de mejorar sus condiciones mínimas de trabajo y de empleo, es lógico y obvio que sean los primeros interesados en que sus solicitudes sean atendidas, escuchadas, discutidas y resueltas favorablemente por parte del empleador, lo que implica un rol activo del sindicato y no de simple espectador. Tampoco puede convertirse la organización sindical en un obstáculo y menos poner trabas irreconciliables para lograr la solución del conflicto colectivo de trabajo, pues hoy por hoy las relaciones laborales deben tener un solo horizonte, buscar el bienestar de todos los protagonistas (trabajadores y empleadores). Así se colige también de las funciones asignadas a las asociaciones sindicales en los numerales 2 y 3 del artículo 474 del CST, los cuales señalan que corresponde a los sindicatos, además de «presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo» la de «adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones», de suerte que, constituye una obligación de la organización de trabajadores realizar todas las gestiones administrativas y judiciales dispuestas a su alcance con el fin de promover el inicio de las conversaciones de arreglo directo cuando el empleador se niegue a negociar, a menos que se esté de acuerdo con tal

determinación. En ese orden de ideas, el derecho colectivo ha dotado a la organización sindical de herramientas con el propósito de forzar a los empleadores a iniciar las conversaciones del pliego de peticiones en la etapa de arreglo directo, como es el caso de la queja que puede interponer el sindicato en ejercicio

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Radicación n.° 83796 de sus funciones ante la autoridad administrativa del trabajo, con el fin de que se sancione al empleador en la forma dispuesta en numeral 2 del artículo 433 del CST. En ese contexto, la conducta asumida por las partes en el inicio de las conversaciones y durante el trascurso es un aspecto de suma trascendencia que debe valorarse a efectos de establecer la voluntad inequívoca de los interesados en continuar con el curso normal del trámite del diferendo, pues la posición asumida por cada uno de los actores del conflicto colectivo es la que marca la sobrevivencia o subsistencia, con todas las consecuencias que de ello deriva. De suerte que, en los eventos en que las empresas se nieguen a la negociación del pliego de peticiones dentro del término legal (artículo 433 CST) y frente a tal actuar la asociación sindical guarde silencio o no utilice los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para forzarlo a las conversaciones, resulta razonable entender, a partir de ese hecho, la declinación del pliego de peticiones y, naturalmente, el decaimiento del conflicto colectivo ante la falta de interés para desarrollarlo y culminarlo por parte de quienes lo promovieron (CSJ SL16788-2017); lo mismo

ocurre cuando el sindicato, valiéndose de diferentes estrategias o exigencias imposibles de satisfacer, dilata injustificadamente en el tiempo el conflicto colectivo iniciado con la presentación del respectivo pliego de peticiones. Lo contrario sería desconocer algunos de los objetivos de la negociación colectiva, como son que el conflicto

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Radicación n.° 83796 colectivo de trabajo alcance su cabal desarrollo a través de un diálogo sincero y verdadero entre las partes involucradas y una solución pacífica sin demoras injustificadas para mantener una convivencia armoniosa de los sujetos de las relaciones de trabajo. Una vez finalizada la etapa de arreglo directo, las partes pueden llegar a un acuerdo, caso en el cual firmarán la convención colectiva de trabajo. Si no hay consenso y como forma igualmente de solucionar el conflicto, le corresponde a la organización, dentro de los diez días hábiles siguientes, acudir a la declaratoria de la huelga o a la convocatoria de un tribunal de arbitramento, conforme lo establece el artículo 444 del CST. Al efecto, tal disposición señala: Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la

empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Debiéndose resaltar que, como lo ha señalado la Corte, entre otras en sentencia CSJ SL16887-2016, los sindicatos mayoritarios pueden decidir libre y autónomamente el ejercicio de la huelga, con el consenso de sus asociados y con reglas de democracia sindical interna, mientras que los sindicatos minoritarios deben contar con la decisión de la mayoría de los trabajadores de la empresa, ello con

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Radicación n.° 83796 mecanismos democráticos de participación y control. Luego, cuando se opta por un tribunal de arbitramento, el entonces Ministerio de Trabajo, previa verificación de los pasos para su convocatoria, emite el acto administrativo a través de la cual ordena su constitución (artículos 452 a 457 del CST), trámite que en la actualidad se encuentra regulado en el Decreto 1072 de 2015, titulo 2, capítulo 9 denominado «convocatoria e integración de tribunales de arbitramento para la solución de conflictos colectivos laborales». El fuero circunstancial. Por su parte, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el fuero circunstancial tiene su génesis con la presentación del correspondiente pliego de peticiones al empleador, bien sea por la organización sindical o por los trabajadores no sindicalizados. De esta forma, el derecho colectivo asegura la estabilidad de todos aquellos que participan en el conflicto, mediante la prohibición de

despedirlos sin justa causa comprobada, con la finalidad de evitar represalias contra los trabajadores involucrados y disuadir al empresario de adoptar medidas orientadas a debilitar al movimiento sindical. Al respecto, en sentencia CSJ SL, 28 ag. 2003, rad. 20155, reiterada en las decisiones CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23843, CSJ SL14066-2016 y CSJ SL16788-2017, la Corte expresó: La norma bajo estudio, tal como lo determinó esta Sala en sentencia de octubre 5 de 1998, contiene una verdadera prohibición para el empleador y es la relacionada con despedir

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Radicación n.° 83796 sin justa causa a partir del momento de serle presentado el pliego de peticiones, a cualquiera de los trabajadores que lo hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el que lo presenta o a los que figuren expresamente en la lista correspondiente cuando lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados. El objeto de tal prohibición, que por tal razón se extiende “durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”, es el de procurar la intangibilidad de estos trabajadores con el fin de que no resulten afectados por medidas que pueden tener contenido retaliativo, y así mismo, la de evitar que se afecten las proporciones entre trabajadores vinculados o no al conflicto, para impedir que de tal forma se generen cambios en las mayorías, que habrán de ser muy importantes al momento de tomar determinaciones sobre el objetivo del conflicto, como

puede suceder cuando haya que decidir entre la huelga y el arbitramento, o en el momento de solicitarse este último iniciada ya la suspensión de actividades, como también puede resultar importante