CSJ - SL1959-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1959-2024 Radicación n.° 98314 Acta 22 Bogotá, D. C., ocho (08) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLEVER ENRIQUE ROMERO DÍAZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) en el proceso que le instauró a CBI COLOMBIANA S. A. EN LIQUIDACIÓN y a REFINERÍA DE CARTAGENA S. A, trámite al que se vinculó como llamadas en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS

S. A. – CONFIANZA S. A. y a LIBERTY SEGUROS S. A.

I. ANTECEDENTES Clever Enrique Romero Díaz llamó a juicio a CBI Colombiana S. A. en liquidación y a Refinería de Cartagena

S. A. – Reficar S. A., para que se declarara que existió un contrato laboral del 1° de septiembre de 2011 al 20 de

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Radicación n.° 98314 octubre de 2014 con la primera; que el despido fue ineficaz por no contar con el permiso del Ministerio del Trabajo, ya que estaba amparado por fuero circunstancial; que la «bonificación de asistencia» y auxilios «convencionales» eran salariales; que el incentivo hora adicional extralegal correspondía a las horas extras efectivamente laboradas;

que padecía una «enfermedad de origen laboral» que ocurrió por culpa del empleador. En consecuencia, se les condenara solidariamente al reintegro y al pago de: i) los salarios, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, bonificaciones legales, así como extralegales y demás derechos laborales; ii) la sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, porque tenía estabilidad laboral al momento de la desvinculación; iii) la reliquidación de acreencias, aportes a seguridad social, vacaciones disfrutadas y compensadas; iv) la indemnización moratoria por no cancelación debida de los conceptos remunerativos del servicio y, v) los perjuicios como consecuencia de la «enfermedad laboral». En subsidio deprecó la ineficacia del «cambio contractual» del 1° de abril de 2013; que el despido fue injusto; que la «bonificación de asistencia y auxilios convencionales eran salariales»; que el «incentivo hora adicional convencional» eran las horas extras. Por consiguiente, se ordenara solidariamente a la indemnización por despido injusto y a la reliquidación de los salarios, primas, cesantías, intereses, aportes a

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Radicación n.° 98314 seguridad social, vacaciones compensadas y disfrutadas, así como la moratoria. Como pretensiones conjuntas formuló la responsabilidad de Refinería de Cartagena S. A., la indexación de todas las condenas, lo que se demostrara ultra y extra petita, más las costas. Fundamentó lo preliminar en que el 1° de septiembre

de 2011 suscribió «contrato de obra o labor» con CBI Colombiana S. A. en liquidación para ejercer el cargo de aprendiz de andamios, aunque el que en realidad ejecutó fue el de «andamiero a»; que fue modificado unilateralmente por la entidad para desmejorar las condiciones, pues se cambió a un nexo a término fijo; que el 1° de abril de 2013 se alteró para establecer que tenía un lazo inferior a un año por 142 días; que el 20 de octubre de 2014 el empleador culminó el lazo de forma unilateral y sin justa causa; que para dicho momento no había terminado la obra en la que se desempeñaba; que CBI Colombiana S. A. en liquidación contrató con la empresa Andamios Anderson de Colombia

S. A., entidad que vinculó de nuevo a todos los trabajadores que antes proporcionaban sus funciones directamente a la primera.

Informó que en ejercicio de sus tareas comenzó a presentar dolores lumbares e inició tratamiento en mayo de 2014; que la IPS Sonia Valencia Rehabilitación Integral lo remitió a diez sesiones de fisioterapia; que tuvo que asistir a medicina especializada de ortopedia; que sufre de cálculos

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Radicación n.° 98314 en riñón y trastornos vasculares de los órganos genitales masculinos; que estuvo incapacitado en varias ocasiones; que el empleador le concedió permisos para acudir a citas médicas y terapias; que CBI Colombiana S. A. en liquidación mediante Acta de Reincorporación del 18 de julio de 2014 constató las siguientes restricciones para

laborar: Puntualizó que tales recomendaciones tenían una vigencia de 30 días; que pese a ello el empleador culminó el lazo de trabajo el 20 de octubre de 2014; que presentaba una enfermedad de «posible» origen laboral; que su remuneración tenía un componente denominado salario básico ($1.947.100) y otro también fijo llamado «bonificación de asistencia» ($876.195); que tales rubros se pagaban de forma habitual, por sus servicios y, que también recibió «incentivos HSE convencional, de progreso convencional y la prima técnica convencional». Memoró que el 27 de septiembre de 2014 se creó el sindicato Unión Sindical de Andamieros de Colombia; que el 29 siguiente el Ministerio del Trabajo expidió constancia de depósito, mismo día que se le notificó a la empresa su constitución; que se afilió a dicha organización; que el 17 de octubre del mismo año presentó pliego de peticiones, pero el

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Radicación n.° 98314 empleador se negó a iniciar las conversaciones, razón por la cual fue sancionada por Resolución n.° 575 de 2014 y, que CBI Colombiana S. A en liquidación era contratista independiente de Refinería de Cartagena S. A. (f.° 4 a 17 y 185 a 187 del cuaderno 1° digital del juzgado). Las accionadas se opusieron a las pretensiones principales y subsidiarias. En cuanto a los hechos: Reficar S. A. admitió que la codemandada fue su contratista independiente y de los demás sostuvo que no le

constaban o no eran verídicos. En su defensa, planteó como excepciones de mérito las de fondo las de inexistencia de las obligaciones, prescripción y la genérica (f.° 213 a 225, ibidem). Llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. – Confianza S. A. y a Liberty Seguros S. A. (f.° 248 a 251, ibidem), los que se admitieron por auto del 23 de febrero de 2017 (f.° 415 y 416, ibidem). CBI Colombiana S. A. en liquidación consintió las fechas de inicio y finalización del lazo, la ocupación ejercida, la naturaleza del nexo primario y que cambió a uno a término fijo inferior a un año, la comunicación del finiquito contractual, las recomendaciones médicas y su vigencia, los componentes de la remuneración del operario y la relación comercial con Reficar S. A. En cuanto a los demás, soportó que no eran ciertos, ni de su conocimiento.

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Radicación n.° 98314 Presentó como medios de defensa perentorios los de buena fe, prescripción y la innominada (f.° 282 a 308, ibidem). La Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza

S. A. rechazó las súplicas del líbelo y de los supuestos fácticos adujo que no eran de su certeza o no eran tales, mientras que del llamamiento tuvo como verídicos la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento n.° 01 EX00898 suscrita

con CBI Colombiana S. A. en liquidación; que ella se refiere solo al cumplimiento de contrato, pago de salarios y prestación; que el amparo fue conjunto con Liberty Seguros

S. A., así como la vigencia del seguro para el 27 de marzo del 2013 (f.° 440 a 457, ibidem).

Liberty Seguros S. A. refutó los pedimentos del escrito inicial y adujo que los hechos no le constaban, salvo la relación contractual entre CBI Colombiana S. A. en liquidación y Refinería de Cartagena S. A., pero del llamamiento aceptó los relativos a la firma de la póliza, la cobertura porcentual con Confianza S. A. y el vigor de aquella. De los otros aseguró no eran supuestos. La primera mencionó como excepciones de fondo las de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de Reficar S. A., «improcedencia de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997», «ausencia de cobertura de cualquier otra indemnización diferente a la de despido sin justa causa», «ausencia de cobertura de

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Radicación n.° 98314 prestaciones laborales tipo extralegal», coaseguro y la genérica (f.°440 a 457, ibidem), mientras que la segunda las de: […] inexistencia de la solidaridad […], improcedencia de incluir en la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones […], el valor reconocido por bonificación asistencial[…], inexistencia del despido sin justa causa […], improcedencia de la sanción

contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[…], improcedencia de la sanción moratoria del artículo 65 del CST[…], coadyuvancia de la excepción de falta de competencia por razón de falta de agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad de la acción, prescripción […] y la genérica (f.° 468 a 495, ibidem). Por auto de 8 del junio de 2018 (f.° 71 a 74 del cuaderno digital 2 del juzgado), se ordenó la acumulación de este trámite identificado de radicado n.° 2015-298 con aquél n.° 2016-178, que se interpuso contra CBI Colombiana S. A. en liquidación, en el que se peticionó que se declarara que tenía una estabilidad laboral reforzada por un accidente de trabajo que le generó incapacidad «para laborar» y, en consecuencia, se ordenara el reintegro en un «cargo de reubicación recomendada por parte de los galenos tratantes», así como se condenara a cancelar la diferencia entre lo que recibió por sueldos y prestaciones sociales «en el momento del reintegro ordenado» y el que legalmente le correspondía, la indexación, las costas. Arguyó que laboró para CBI Colombia S. A. en liquidación desde el 1° de septiembre de 2011, como aprendiz de andamios; que ejecutó ello a cielo abierto y sobre terreno irregular, debiendo, además, instalar techos,

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Radicación n.° 98314 pisos, ejecutar funciones de carpintero, levantar objetos

pesados; que, por lo anterior, en abril de 2014 cuando iba a «iniciar su actividad laboral con el primer movimiento corporal comenzó a observar un crónico dolor en la región lumbar»; que tuvo «incapacidades por diferentes periodos», pero sin recuperación y se recomendó su reubicación laboral; que estuvo «incapacitado desde el mes de julio» sin indicar año hasta «la fecha»; que el 20 de octubre de 2014 se le notificó la no prórroga del contrato, por lo que se le entregó la liquidación y orden médica de retiro; que recibió recomendaciones laborales; que a partir de abril de dicho año se ha encontrado «incapacitado», que fue prorrogado cada 30 días (f.° 3 a 10 del cuaderno digital 3 del juzgado). La accionada se opuso a las pretensiones y aceptó los extremos de la relación, la liquidación final, así como la orden médica de retiro, mientras que los restantes los tuvo como no reales o no eran de su constancia. Expuso como medios exceptivos perentorios los de pleito pendiente, buena fe, prescripción y la genérica (f.° 138 a 147, ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, el 23 de agosto de 2018 (f.° 175 audio del cuaderno 2 digital del juzgado), resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo entre el demandante Clever Romero Díaz y la entidad

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Radicación n.° 98314 demandada CBI Colombiana S. A., con extremos temporales

comprendidos entre el 1° de septiembre del 2011y el 20 de octubre del 2014, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: ABSOLVER a la entidad demandada CBI Colombiana S.A. de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tanto de la principal como de la acumulada, conforme a lo expuesto.

TERCERO: COSTAS a cargo de la parte demandante […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al conocer el recurso de apelación del demandante, el 30 de marzo de 2022 (f.° 69 a 92 del cuaderno digital del colegiado), confirmó la decisión inicial y condenó en costas al petente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, fijó como problemas jurídicos determinar si fue correcto absolver a la accionada de la «reinstalación al sitio de trabajo al actor por fuero de salud» y si el bono por asistencia constituía salario, así como si era viable no darle esa naturaleza mediante un pacto de exclusión salarial.

1. Sobre el reintegro.

Dispuso que se encontraba fundamentado en los preceptos 13, 16, 47, 48, 53 de la Constitución Política, así como en el 26 de la Ley 361 de 1997 por los cuales se estipularon los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad.

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Radicación n.° 98314 Afirmó que la estabilidad laboral reforzada hacía ineficaz el despido cuando la razón de este era dicha condición, razón por la cual era indispensable verificar si el

accionante cumplía las características exigidas para ser titular. Recordó la posición que al respecto tiene esta Corporación, a través de las sentencias CSJ SL11411-2017, CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 32532, CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 35606, CSJ SL, 3 nov. 2010, 38992, CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 39207. Informó que en el sub lite se aportó «documento visible a folios 28 a 31», en el que se registró que fue diagnosticado con lumbago no especificado; que a folios 106 a 108 obraban incapacidades médicas expedidas por la EPS por un periodo «de 2 días a partir del 28 de agosto de 2014, 2 días a partir del 07 de febrero de 2014, 2 días a partir del 16 de julio de 2014, en las que no se registra la enfermedad». Aseguró que no existía en el plenario prueba que determinara el grado de PCL, por lo cual no cumplía los requisitos establecidos por esta Sala y no era viable que reclamara la estabilidad exigida. Acudió a la decisión CSJ SL1360-2018, en la que se redirigió el examen del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y se armonizó con aquella CC C531-2000, en tanto que no se prohibía el despido del trabajador discapacitado, sino que

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Radicación n.° 98314 se sancionaba que tal acto estuviera precedido de un criterio discriminatorio, por lo que:

[…] si eventualmente se aceptara la titularidad del derecho del actor, sus pretensiones no podrían concederse, por cuanto entendemos que la terminación del vínculo se fundó en la expiración del plazo pactado, ya que éste conocía desde el 03 de junio de 2014 que el contrato de trabajo no sería prorrogado más allá del 20 de octubre de 2014. Se advierte que el contrato de trabajo que inicialmente se pactó por obra o labor contratada, fue modificado mediante otrosí del 1° de abril de 2013, donde se modificó la duración y se pactó por una duración de 142 días (Fl277) que inició el mismo día 1 de abril de 2013 hasta el 20 de agosto de 2013, luego se prorrogó en forma automática por primera vez del 21 de agosto de 2013 hasta el 9 de enero de 2014, luego se prorrogó por segunda vez del 10 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2014, y se prorrogó una tercera y última vez desde el 1 de junio de 2014 hasta el 20 de octubre de 2014. A folio 286 aparece el preaviso de fecha 3 de junio de 2014 donde se le informa al demandante que su contrato no se prorrogaría y finalizaría el 20 de octubre de ese mismo año. Ello teniendo en cuenta los planteamientos de la CSJ en sentencia del 15 de octubre de 2015 reiterados en la SL 5215 de 2019 en las que se dijo que “la garantía reclamada procede exclusivamente para las personas que presenten afectaciones físicas psíquicas o sensoriales en los grados requeridos,

conforme a la regulación vigente para la época, y no para las que padezcan cualquier tipo de discapacidad, ni menos aún, para quienes simplemente se hallen en incapacidad o con algún diagnóstico por afecciones de salud, por lo tanto, al tratarse de una garantía excepcional a la estabilidad, no puede el juez extenderla de manera automática para eventos no contemplados en la mencionada norma” Indicó que la voluntad de no prórroga del contrato no podía atribuirse a la ejecución de actuaciones discriminatorias, en tanto que para la fecha en que se notificó el preaviso e incluso la misma finalización del nexo, el accionante no estaba incapacitado. Adicionó que, aunque en la apelación se acudió al documento de folio 105 del cuaderno digital del juzgado en el que reposa un Acta de

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Radicación n.° 98314 Reincorporación Laboral del 18 de julio de 2014 con unas restricciones médicas, ellas solo tenían una temporalidad de 30 días, sin prueba de que se hubiesen nuevamente formulado. También acudió a la postura de la Corte Constitucional, con apoyo en los proveídos CSJ SU0492017 y CSJ CC T284-2019, en cuanto al alcance, presupuestos de protección y sanciones de la estabilidad aludida, para las que se exige que este acreditado «que la situación de salud le impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares». Resaltó que no era cualquier afectación de salud la que daba titularidad al derecho, pues debía «impedir o

dificultar sustancialmente el desempeño de sus labores», por lo que, siguiendo el precepto 164 del CGP, el actor tenía la carga de probar ello, que no se cumplió ya que: […] no fueron verificadas dentro del proceso como una situación de salud que al actor le dificultara sustancialmente el desempeño de sus labores, como bien se analizó de los documentos allegados por el demandante, que conocía que su contrato no sería prorrogado desde el mes de junio de 2014, y que dejaría de laborar hasta el 20 de octubre de ese mismo año, y que si bien obra dentro del expediente unas recomendaciones laborales, pues se observan en el acta de reincorporación, las mismas fueron con ocasión a la remisión que hizo CBI a la EPS el día 16 de julio de 2014, tal y como se prueba a folio 63 del expediente, es decir, después de que CBI Colombiana S. A. le notificara el preaviso de terminación de su contrato de trabajo, y dicha recomendaciones fueron solo por 30 días, por lo cual a la fecha de la finalización del contrato el día 20 de octubre de 2014 no se encontraban vigentes, y tampoco se observan incapacidades desde el mes de agosto de 2014.

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Radicación n.° 98314 Concluyó que el demandante no probó al momento de su desvinculación un a PCL superior al 15 % o que «las afecciones le impidieran sustancialmente el desarrollo de sus actividades» y enfatizó que «solo cuando el empleador conoce del estado de salud y específicamente sobre cualquier limitación que le impida al trabajador prestar sus servicios

en condiciones normales, es que su conducta es reprochable, entonces, si ello no ocurre […] no puede reprochársele su conducta».

2. En cuanto a la bonificación de asistencia y el pacto de exclusión salarial

. Se refirió a la providencia con radicado 2014-247 del 22 de septiembre del 2020 que emitió tal colegiado, en el que se analizaron los artículos 127 y 128. Fundamentó que no se podía «desalarizar» lo que constituía contraprestación directa del servicio, pero que existían pagos que, pese a su naturaleza salarial y sin que pierdan tal carácter, se podían excluir para liquidar prestaciones e indemnizaciones. Se remitió a la decisión CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, de la que extractó que: […] son dos (2) los pagos que se pueden desalarizar. Unos que tienen naturaleza salarial pero que no pierden ese carácter por virtud del pacto de exclusión, y otros, los beneficios o auxilios, extralegales, retributivos de trabajo.

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1. Que el pacto de exclusión salarial no implica quitarle tal carácter a un pago que constituye contraprestación directa del servicio.

2. Que tal posibilidad no se puede ejercer de manera absoluta.

3. Que desalarizar no significa quitarle naturaleza salarial a un pago que por esencia lo es. No obstante, (i) nada impide al legislador disponer que una determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario, esto es que se excluyan determinados factores no

obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter; (ii) o para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del salario, no tenga incidencia en la liquidación de prestaciones sociales.

4. Que tal pacto no puede atentar contra la remuneración mínima, vital, móvil, aquella que resulta proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

5. Que tampoco puede desatender el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones de trabajo (CP, art. 53).

Recordó que el «derecho laboral» es irrenunciable y tiene un carácter de orden público porque las prerrogativas que concede son irrenunciables, salvo los casos de ley. Citó el artículo 132 del Estatuto Laboral y advirtió que la libertad de estipulación del salario permitía al trabajador renunciar a todo el elenco de prerrogativas laborales que allí se señalan, misma que posibilita la fijación de una remuneración ordinaria, fija o variable que debía ser respetada, así como garantizarse el SMLMV.

Indicó que: Esta “remuneración ordinaria, fija o variable”, es lo que el Código denomina salario ordinario.

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Radicación n.° 98314 Todo el salario ordinario, en un ciento por ciento, es contraprestación directa del servicio y no se puede desalarizar. Entonces, tanto vale no desalarizar el salario mínimo legal mensual, como el salario que libremente se estipule, como “remuneración ordinaria, fija o variable”.

Fíjese, y vamos avanzando en el esclarecimiento del tema, que lo que se establece como salario en especie dentro del total del salario mínimo legal (hasta el 30%), y dentro de la “remuneración ordinaria, fija, o variable”, no se puede desalarizar. Únicamente se podrá desalarizar el valor del salario en especie que esté por encima, o por fuera de los anteriores conceptos. En esta misma línea, no se puede desalarizar el valor correspondiente a horas extras diurnas, recargo por tiempo nocturno, horas extras nocturnas, dominicales y festivos, porque es trabajo dependiente que debe ser remunerado (CSTSS, art. 27), porque se trata de más tiempo trabajado, de un hacer adicional, de más horas de trabajo físicamente laboradas, que deben recibir “contraprestación directa.” Así tampoco los porcentajes sobre ventas o comisiones, cualquiera que sea su monto, por idénticas razones. Entonces, hilando como venimos, todo trabajo efectivamente prestado recibe como contraprestación directa, por libre estipulación de empleador y trabajador una “remuneración ordinaria, fija o variable”, que el Código denomina salario ordinario (CSTSS, arts. 173, 192). Y todo trabajo “efectivamente prestado” por fuera de la jornada máxima legal o convenida deberá recibir como contraprestación directa, porque es trabajo realizado en la práctica, sobrerremuneración por horas extras diurnas, recargos por tiempo nocturno, horas extras nocturnas, dominicales y festivos. Por ende, como el trabajo efectivamente prestado ya fue pagado, ya recibió su contraprestación directa con lo percibido por

salario ordinario, y por las sobrerremuneraciones derivadas de tiempo suplementario, trabajo nocturno, trabajo en dominicales y festivos, sólo es susceptible de ser desalarizado lo que se perciba el trabajador, le caiga, por encima de estos mínimos de la ley, como por ejemplo, alimentación, habitación, vestuario, primas extralegales, de vacaciones, de servicios, de navidad, y los pagos extralegales “habituales”, que benefician al trabajador, enriquecen su patrimonio, subvienen a sus necesidades. […] Corolario entonces de todo lo expuesto aquí en precedencia, conforme con la hermenéutica sistemática que hace la Sala a

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Radicación n.° 98314 los artículos 127, 128 y 132, en armonía con los artículos 1, 13, 14, 16, 18 y 27, todos del CSTSS, se pueden desalarizar:

1. Pagos que constituyen contraprestación directa pura del servicio, representados en alimentación, habitación y vestuario, por permitirlo expresamente el legislador laboral, al final del 128, y

2. Pagos que constituyen contraprestación indirecta del servicio, por cuanto el trabajo efectivamente prestado ya recibió su contraprestación directa, representada en el salario ordinario, y, se itera, por las sobrerremuneraciones derivadas de tiempo suplementario, trabajo nocturno, trabajo en domingos y festivos, en porcentajes por ventas y comisiones. Esta contraprestación indirecta siempre será extralegal, por encima de los “mínimos” de ley, y se insertan en la segunda parte del artículo 128 actual, que reza “(…) ni los beneficios o auxilios

habituales … otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario (…)”. Hemos resaltado. Los “beneficios o auxilios”, inclúyase bonificaciones, otorgados por el empleador, o convenidos por las partes, son siempre de nivel extralegal y adquieren connotación salarial cuando son “habituales”, permanentes. Son per se pasibles de ser desalarizados. Los ocasionales son el ejemplo típico de lo que no es salario (128) y es ininteligible porque el legislador los incluyó en la segunda parte de la misma disposición, salvo que sea para desalarizar, por descarte o por si acaso. Por supuesto que cabe incluir como pago susceptible de exclusión salarial, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios, de navidad, por cuanto por pacto o convención colectiva pueden obtener tal dimensión En cuanto al caso en concreto, aseguró que no existía controversia sobre que el bono de asistencia fue ofrecido al trabajador en la cláusula cuarta del lazo, se le explicaron las condiciones que fueron aceptadas de forma voluntaria, sin que se hubiera alegado un vicio del consentimiento. Expuso que a folio 14 a 22 del plenario reposaba el contrato laboral que fijó en el artículo cuarto una

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Radicación n.° 98314 remuneración mensual conformada por dos factores: «un salario ordinario que para la fecha de la liquidación del contrato ascendía a $1.947.100 y por el otro una bonificación de asistencia condicionada que para la misma fecha

equivalía a $878.195», pero había empezado en $1.376.910 y $619.620, respectivamente. Detalló que la bonificación dependía de «i) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y ii) el desempeño del empleado y de su equipo de trabajo en las disposiciones de Higiene, Salud y Medio Ambiente (HSE)». Puntualizó que en el mismo documento que no hacía parte de la remuneración ordinaria, por lo que no integraría la base de liquidación de las acreencias laborales. Afirmó que se trataba, entonces, de beneficios o auxilios que otorgaba el empleador o eran convenidos por las partes y que eran posibles de ser «desalarizados». Enfatizó que su pago no tenía la causa próxima en el trabajo, sino que estaba sometida a la ocurrencia de hechos enteramente inciertos y ajenos a la voluntad del operario, como eran ausencias de fatalidades o cuestiones como llegar a tiempo. Recabó que el empleador podía, respecto de un desembolso «desalarizable» en su totalidad, optar por excluirlo de forma parcelada y dicho pacto sería eficaz «ya que se trataba de un pago extralegal que está por encima y por fuera de la remuneración ordinaria, fija, o salario

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Radicación n.° 98314 ordinario, en términos constitucionales, remuneración mínima, vital y móvil y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo», que estribó en las sentencias CSJ SL, 17 jul. 2019, rad. 64255, CSJ STL11582-2020 y CSJ SL20182021. Añadió que en relación con el incentivo de progreso y demás bonificaciones pactadas en los anexos al contrato, convención colectiva y política salarial cabían las mismas razones expuestas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Clever Romero Díaz, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita que case la decisión del ad quem, «revoque de manera total la sentencia del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena» y proceda a condenar a las demandadas como pidió en el gestor, proveyendo lo que corresponda en cuanto a las costas (f.° 11 del documento de demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados, según constancia del Informe Secretarial del 22 de febrero de 2024 (f.° 1 de tal documento visible en el cuaderno digital de la Corte) y se estudian a continuación.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de violentar por la «vía directa» los artículos 45, 47, 61, 64 del CST y 26 de la Ley 361 de 1997.

Presenta como error notorio el de «no dar por demostrado que al momento de la terminación del contrato el empleador conocía que el trabajador tenía una afectación de salud que le impedía desempeñarse en el cargo para el cual fue contratado, ni en ningún otro de acuerdo con sus capacidades o habilidades». Enlista como pruebas valoradas de manera errónea la

historia clínica (f.° 56 a 108 del cuaderno digital del juzgado), la carta de terminación del contrato (f.° 35, ibidem) y el acta de reincorporación (f.° 105, ibidem). Manifiesta que el empleador tenía conocimiento de su condición de salud, ya que se observa acta de reincorporación con restricciones a lugar y aun así la empresa decidió dar por terminado el contrato. Señala que la causa objetiva no necesariamente coincide con las legales de terminación de los contratos de trabajo y en aquellos a un lapso fijo, si bien la expiración del plazo es un modo legal, no es objetivo, porque las partes lo pueden culminar o prorrogar, es decir dicha finalización esta permeada por la voluntad del superior o el operario.

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Indica que según la OIT:

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Radicación n.° 98314 […] más de la mitad de los 187 países consultados, acogieron la Recomendación núm. 166 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, para restringir o limitar el uso de los contratos de duración determinada a tareas temporales, lo que equivale a la prohibición de acudir a ellos para necesidades permanentes de la empresa. Y casi la mitad establecen una d