CSJ - SL3070-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL3070-2023 Radicación n.° 91860 Acta 30 Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI –COMFANDIinterpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 31 de mayo de 2021, en el proceso ordinario que CLAUDIA MARÍA MESA GUTIÉRREZ promueve contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES La accionante solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo con la demandada del 1.º de febrero de 2010 al 3 de junio de 2016, con un salario promedio base en el último año de $19.356.436. En consecuencia, requirió que se condene al pago de cesantías, sus intereses y las «primas»; las indemnizaciones por despido sin justa causa y las

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Radicación n.° 91860 moratorias por falta de pago de las prestaciones sociales, de intereses a la cesantía y por no consignación de las cesantías a un fondo. Asimismo, pidió la devolución de los descuentos por retención en la fuente y aportes en salud, pensión y ARL. En subsidio de las indemnizaciones, pretendió la indexación. Como fundamento de sus pretensiones, relató que laboró en los extremos pretendidos, así: por medio del

contrato 051-02-2010 de 29 de enero de 2010, ejerció servicios de radiología en las IPS Torres de Comfandi y Torres de San Nicolás desde el 1.º de febrero siguiente; otrosí de 1.º de abril de 2013, por el que laboró como coordinadora médica de imagenología en la Clínica Amiga; y el contrato n.º 38108-2015A de 1.º de agosto de 2015, que regía hasta el 1.º de agosto de 2016, a través del cual fungió como médica especialista en radiología y médica intervencionista. Explicó que en este caso existió un contrato de trabajo, toda vez que: (i) cumplía un horario fijado y en turnos programados por Comfandi o la Clínica Amiga, a tiempo completo, entre 8 y 18 horas seguidas, pues debía cubrirse todo el servicio, y en el último contrato pactó disponibilidades nocturnas; (ii) ejercía labores propias del objeto social de la entidad, bajo las órdenes de sus jefas inmediatas Gloria Inés Ardila y Claudia Zapata, y ello incluía la capacitación continuada al personal a cargo y profesionales de distintas áreas, programación de los turnos de estos, calcular el promedio de la productividad de cada médico y autorizar o

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Radicación n.° 91860 negarles permisos, interconsultas provenientes de otros servicios, cumplir indicadores institucionales, protocolos de manejo vigentes, la ley de riesgos profesionales y todas las normas de bioseguridad, y garantizar la rentabilidad

financiera y social del servicio; (iii) su prestación de servicio era personal pues se prohibía la subcontratación; (iv) utilizaba los instrumentos y «ambientes propios» de la accionada, no podía usar botas ni batas médicas de otras instituciones, y para su ingreso usaba tarjeta inteligente y carné de Comfandi; y (v) asistía a capacitaciones de obligatorio cumplimiento y puntual asistencia. Afirmó que el 22 de febrero de 2016 pidió un permiso por un mes, y si bien se le concedió de forma verbal, el 3 de mayo siguiente le terminaron unilateralmente y sin justa causa el contrato, pese a que no tuvo llamado de atención ni sanción disciplinaria (f.º 504 a 532). Al contestar la demanda, COMFANDI se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó los contratos civiles, la terminación unilateral del vínculo y que los servicios se prestaron en sus instalaciones y con sus instrumentos, dado que es condición necesaria para la habilitación y la calidad del servicio de salud. Respecto a los demás, manifestó que no eran ciertos o que no eran hechos. Argumentó que la actora actuó con plena autonomía profesional, pues determinaba en qué forma realizaba la atención, definía y coordinaba voluntariamente los turnos de ella y de los demás radiólogos, sin interferencia alguna o

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Radicación n.° 91860 vigilancia, ni sometida a directrices u órdenes, sino a la coordinación del servicio contratado, pues no tenía jefe directo ni requería de permisos, y que las disponibilidades nocturnas eran para circunstancias imprevistas o

extraordinarias. Explicó que el cargo ejercido por la actora no era esencial ni permanente, ni hacía parte de su estructura organizacional y podía subcontratarlo. Asimismo, indicó que la accionante simultáneamente suscribió contrato de trabajo con Dinámica IPS y aclaró que no impartía capacitaciones, sino que diseñaba programas de educación continuada y capacitación en atención a las normas de calidad. Mencionó en apoyo de sus argumentos, las sentencias CC C-154-1997,

CSJ SL543-2013 y CSJ SL6621-2017.

En su defensa, presentó las excepciones de fondo de prescripción, compensación, cobro de lo no debido y varias otras declarables de oficio (f.º 315 a 365, 491 a 502).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 24 de febrero de 2020, la Jueza Doce Laboral del Circuito de Cali dispuso (cuaderno Juzgado 2, CD): PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada COMFANDI, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta diligencia respecto de los derechos laborales que se reclaman.

SEGUNDO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por COMFANDI respecto de todos los derechos laborales que se hayan hecho exigibles con anterioridad

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Radicación n.° 91860 al 11 de enero del año 2016, salvo las cesantías que no se vean afectadas por ese fenómeno extintivo.

TERCERO: DECLARAR que existió un contrato de trabajo entre

la señora CLAUDIA MARÍA MESA GUTIÉRREZ como trabajadora y la empresa COMFANDI como empleadora desde el 1.º de febrero del año 2010 y hasta el 3 de junio del año 2016, el cual terminó sin justa causa por parte del empleador.

CUARTO: CONDENAR a (...) COMFANDI a reconocer y pagar en favor de la señora CLAUDIA MARÍA MESA GUTIÉRREZ las siguientes cantidades y conceptos, los cuales se deben pagarse debidamente indexados desde la fecha de causación y hasta la fecha de pago.

CONCEPTO VALOR

Cesantías $92.040.762 Intereses a las cesantías $2.728.291 Prima de servicios $9.631.610 Indemnización por despido injusto $76.102.389 Devolución de aportes $15.293.500

QUINTO: COSTAS a cargo de la parte vencida en el proceso.

Tásense por la Secretaría del Juzgado incluyendo como agencias en derecho a favor de la accionante y a cargo de la demandada la suma de $9.000.000.

SEXTO: ABSOLVER a COMFANDI de las demás pretensiones que en su contra formuló la señora CLAUDIA MARÍA MESA

GUTIÉRREZ.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, a través de sentencia de 31 de mayo de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dispuso (f.º 20 a 31, cuaderno Tribunal): PRIMERO: MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia apelada (...) en el sentido de absolver a COMFANDI del pago de la indexación sobre el auxilio de cesantías, los intereses a la

cesantía y la prima de servicios, y en su lugar, las condenas quedaran de conformidad con los numerales siguientes. En lo demás se confirma el numeral.

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SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEXTO de la sentencia apelada, y en su lugar: CONDENAR a COMFANDI a pagar a CLAUDIA MARÍA MESA GUTIÉRREZ la suma de $69.285.617, 00, por concepto de sanción moratoria por no consignación del auxilio de cesantía del año 2015 en un fondo de cesantías, la cual va desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 3 de enero (sic) de 2016 cuando finalizó el contrato de trabajo. También se condena a pagar por sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T., los intereses moratorios a partir del día siguiente a la terminación del contrato de trabajo, esto es, 4 de junio de 2016, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera hasta cuando se verifique el pago de las obligaciones laborales a la suma (sic) de $2.728.291,oo, por concepto de indemnización por el no pago oportuno de los intereses a la cesantía y al valor de $4.370.257, oo, por vacaciones, esta última acreencia indexada al momento del pago.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás.

CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de COMFANDI y a favor de CLAUDIA MARÍA MESA GUTIÉRREZ, se ordena incluir en la liquidación la suma de dos salarios mínimos legales

vigentes como agencias en derecho. El ad quem advirtió que no se discutía la prestación personal del servicio de la actora a Comfandi desde el 1.º de febrero de 2010 al 3 de junio de 2016. Así, en lo que estrictamente interesa al recurso de casación, el juez plural consideró que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar: (i) si entre las partes existió un contrato de trabajo en los extremos pretendidos; (ii) de ser así, si fue con «unidad contractual»; y (iii) si procedían las indemnizaciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 1.º de la Ley 52 de 1975. En relación con el primer punto, estimó que conforme a los testigos y a los documentos recaudados, no se desvirtuaba en este caso la presunción establecida en el

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Radicación n.° 91860 artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues Diego Fernando Soto Lenis, auxiliar de enfermería en el área de imágenes diagnósticas y compañero de la demandante desde el 2012 al 2016, reconoció a esta como coordinadora de esa área en la Clínica Amiga entre el 2013 y el 2015, y señaló que cumplía un horario permanente de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con turno de disponibilidad en las noches y los fines de semana, lo cual era requerido por la demandada y al respecto existía control y tarjetas de ingreso y salida; que ella hacía los cuadros de turnos y se los pasaba a la

enfermera jefe, y resolvía los inconvenientes con los radiólogos; que no se ausentaba sin permisos y estos se informaban a «la jefe Verónica», quien con la enfermera jefe y Gloria Inés Ardila, jefa de servicios complementarios, verificaban sus labores y le llamaban la atención por llegar tarde o por incumplimiento del trabajo. Por su parte, advirtió que María Sthefanía Rengifo Correa, también médica radióloga, declaró que la conoció desde el 2016, ratificó el horario que ejercía y agregó que coordinaba a los médicos radiólogos y asignaba las jornadas para cubrir los servicios y turnos, los cuales no podían escogerse libremente sino conforme a las necesidades del servicio; que llegaban a acuerdos para salir a vacaciones y el servicio lo cubrían otros médicos; que debían seguir los protocolos de Comfandi y que no vio órdenes o llamados de atención a la actora. Asimismo, expuso que Juan Carlos Martínez Salazar manifestó que laboró desde el 2013 a 2017 como tecnólogo

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Radicación n.° 91860 en radiología y confirmó el horario de la accionante y su labor de coordinación, los permisos que solicitaba, el control de las jefas inmediatas y que no vio directamente órdenes, pero que sí hacían reuniones, exigían metas a la demandante y se verificaba la productividad; y añadió que esta hacía capacitaciones en actualización de protocolos y rendía informes al director médico. De lo anterior, el Tribunal concluyó que «los médicos

radiólogos debían cumplir con la programación que se les entregaba, la cual era realizada por la actora como coordinadora y de no hacerlo tenían llamados de atención, también debían cumplir con los protocolos establecidos por la entidad demandada; que la disponibilidad de tiempo para la programación de turnos era para cubrir el horario de noche y los fines de semana, la cual debía ser cumplida so pena de ser sancionados o tener llamados de atención». Agregó que si bien Yuli Andrea Acosta indicó que la demandante era autónoma y que no se le impartían órdenes o directrices, les dio mayor valor a aquellos testigos, pues la situación les constaba directamente, no fueron tachados de falsedad y sus declaraciones se corroboraban con los documentos allegados. En efecto, el ad quem advirtió que los folios 114 a 126 daban cuenta que la actora ejerció como coordinadora del área de imágenes y los demás médicos le informaban los permisos que solicitaban; la carta de mayo de 2015 suscrita por el Director General de la Clínica Amiga y Tequendama,

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Radicación n.° 91860 demostraba que se convocó a la actora a una reunión para que presentara un informe de actividades realizadas por mes en el 2013, así como los planes académicos para la especialidad (f.º 111); el correo electrónico enviado a la demandante por parte de Eliana Carabalí el 10 de abril de 2014 desde la dirección seguridaddelpaciente@comfandi.com.co evidenciaba que se le solicitó poner en conocimiento al grupo de radiología sobre

una acción de mejora; y los documentos obrantes a folios 120 a 162 acreditaban los turnos y la productividad. Agregó que, como lo indicó la testigo Martha Ramos, si bien la Resolución 203 de 2014 señala que el servicio de salud no exige la permanencia del radiólogo debido a la forma de contratación de prestación del servicio, ello no desvirtúa el contrato de trabajo, pues debe dársele prevalencia a lo ocurrido en el mundo real y no a las formalidades; y que el hecho de que la actora laborara para otra institución, según lo aceptó en el interrogatorio de parte, tampoco desvirtuaba que «cuando cumplía con su jornada laboral para la demandada no estuviese subordinada». En cuanto a la existencia de una relación laboral, consideró que si bien existió cambio de sedes de prestación de servicios y remuneración, la actora laboró en actividades de médica radióloga de forma continua para la accionada, sin solución de continuidad, que esta no discutió, pues solo indicó que se trataba de diferentes contrataciones.

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Radicación n.° 91860 Respecto a las indemnizaciones moratorias, consideró que estaba acreditada la mala fe de la demandada, pues quedó demostrado que disfrazó de manera flagrante una relación laboral durante casi 6 años mediante contratos de prestación de servicios profesionales, sin que ante esa evidencia bastara argüir la celebración de estos acuerdos y que actuó con la convicción de la existencia de una relación civil. En apoyo, transcribió apartes de las sentencias CSJ

SL21162-2017 y CSJ SL609-2021.

En consecuencia, precisó los montos a condenar y, en cuanto a la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, indicó que como la demanda se presentó 24 meses después de la terminación del contrato de trabajo, solo había lugar a los intereses moratorios a partir del día siguiente a la finalización de dicho acuerdo, 4 de junio de 2016, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superfinanciera, hasta cuando se verifique el pago de las obligaciones laborales. En respaldo, mencionó las sentencias CSJ SL3274-2018 y CSJ SL4385-2020.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandada, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende la «casación total» de la sentencia

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Radicación n.° 91860 impugnada para que, en sede de instancia, revoque la de la a quo y la absuelva de las pretensiones incoadas. En subsidio, solicitó que «en caso de proferirse alguna condena en la sentencia de instancia (...) por concepto de salarios o prestaciones sociales, se absuelva de las sanciones moratorias del artículo 65 del CST y el artículo 99 de la ley 50 de 1990 o que en caso de mantenerse tales condenas se liquiden de conformidad con lo establecido por la ley». Con tal propósito, por la causal primera de casación

formula un cargo principal y otro subsidiario, que no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 23, 24, 26, 65 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo, y 99 de la Ley 50 de 1990.

Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que la demandante pactó de manera libre y voluntaria las condiciones de prestación de sus servicios.

2. No dar por demostrado estándolo que los servicios contratados podían ser ejecutados por terceros.

3. No dar por demostrado estándolo que la demandante ejecutaba las actividades contratadas de manera autónoma e independiente.

4. Dar por demostrado sin estarlo que al demandante se le imponían horarios para la ejecución de sus actividades.

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5. Dar por demostrado sin estarlo que mi representada actuó con la intención de ocultar la existencia de una relación laboral.

6. Considerar sin fundamento probatorio que no existían razones atendibles para que mi representada actuara bajo el convencimiento de encontrarse ejecutando un contrato de prestación de servicios.

Indica como pruebas mal apreciadas los contratos de prestación de servicios médicos profesionales, los otrosíes a estos, las programaciones de turnos, la comunicación de mayo de 2015 (f.º 111), el correo electrónico de 1.º de abril de 2014, los cuadros de productividad y los testimonios de Diego Soto Lenis, María Stefanía Rengifo Correa, Juan Carlos Martínez y Yuli Acosta; y como no valoradas las confesiones

de la actora en su demanda e interrogatorio de parte. En la demostración del cargo, destaca que las cláusulas 14 y 23 de los contratos de prestación de servicios n.º 05102-2010 (f.º 16 a 19) y 381-08-2015A consagraron la cesión del contrato en la medida en que lo autorizara COMFANDI, hecho que confesó la actora en el interrogatorio de parte al señalar que: (i) ella y otros médicos «se sustituían entre ellos en la prestación del servicio contratado», y para tal fin se reorganizaban a fin de que «el servicio rindiera igual», circunstancias que, afirma la censura, eran de su conocimiento y aquiescencia y «aún así recibía el pago de los honorarios pactados»; (ii) prestaba servicios a terceros en horarios diferentes a los que programaba en Comfandi (minuto 40), y (iii) ayudó a implementar los protocolos de atención de pacientes (minutos 36 y 45). Asimismo, que en el

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Radicación n.° 91860 hecho 16 de la demanda reconoció que nunca ejerció turnos de disponibilidad. En igual dirección, aduce que en el parágrafo 1.º del contrato de prestación de servicios (f.º 23), que transcribe, se convino la autonomía en la programación de los horarios de ejecución de actividades de una manera en que no interfiriera con los servicios que ejecutara con terceros, así como la posibilidad de que la actora labore en otras instituciones. Aduce que no debe desconocerse el contenido de los

contratos debido a las condiciones profesionales y de experiencia de la actora, lo que por sí solo desvirtúa la presunción del artículo 24 del Estatuto Sustantivo. Indica que María Sthefanía Rengifo Correa puntualizó que «si no podía ir a un turno, la actora lo cubría con otro radiólogo (...) que se llegó a un acuerdo para salir a vacaciones y “ellos” lo cubrían, “las pagaron”»; y Juan Carlos Martínez indicó que «si alguien no iba ella lo solucionaba»; mientras que Yuli Andrea Acosta manifestó la autonomía e independencia de la actora, incluyendo su posibilidad de ausentarse y ser sustituida por otros profesionales, lo cual ratifican los documentos de folios 112 a 126, que dan cuenta de que esta situación era habitual en los médicos contratistas. Expone que, a su juicio, lo anterior supone que los servicios podían ser ejecutados por terceros, lo que desvirtuaba la actividad personal y por esta razón no podía activarse la presunción prevista en el Código Sustantivo del

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Radicación n.° 91860 Trabajo. Además, acreditaba la autonomía de la actora, pues ante su ausencia o la de otros radiólogos se encargaba de que el servicio no sufriera alteraciones. Adicionalmente, señala que la demandante también confesó (minuto 50) que no existía subordinación sino simple supervisión de una enfermera que era su jefa, lo que califica de «poco creíble» siendo ella una médica especialista; además que no indicó que le impartían órdenes o instrucciones; y que los testigos Diego Soto Lenis, María Sthefanía Rengifo Correa

y Juan Carlos Martínez Salazar corroboraron que las enfermeras jefes verificaban el cumplimiento de obligaciones y el horario, pues solo ponían el recibo en comunicaciones dirigidas a Comfandi, que la actora era quien elaboraba los cuadros de turnos y asignaba las jornadas para cubrir los servicios contratados, lo que desvirtuaba que impusiera un horario; y que Yuli Acosta afirmó la autonomía del servicio. Considera que, contrario a lo que advirtió el Tribunal, la comunicación de mayo de 2015 (f.º 111), la cual transcribe y subraya alguna de sus expresiones, no evidencia algún tipo de orden o instrucción de su parte, sino un grado mayor de autonomía de la actora, puesto que se le brindó la posibilidad de diseñar con flexibilidad y autonomía planes técnicos y académicos que simplemente le informaba, a través de los cuales buscaba soportarse en otros profesionales que considerase para ese efecto, y además le indicaron que, si así lo deseaba, podía utilizar las instalaciones de Comfandi para atender a sus propios pacientes particulares.

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Radicación n.° 91860 Así, argumenta que la supervisión o la solicitud de información sobre el adecuado cumplimiento de lo contratado no supone subordinación, dado que ello es un elemento mínimo de diligencia negocial; y que conforme al artículo 250 del Código General del Proceso, el documento es indivisible y debe apreciarse de forma integral y no descontextualizada como lo hizo el ad quem en este caso. También critica la apreciación descontextualizada de la comunicación de 10 de abril de 2014 (f.º 163), en el cual se

requiere un informe a la señora Carabalí sobre un plan de mejora para evitar que se presente un nuevo evento adverso. Al respecto, aduce que el Tribunal no advirtió que los correos electrónicos de folios 165 a 167 reportaban la situación médica de un paciente y su traslado entre varias clínicas de Cali y Palmira. Asimismo, que el correo de 15 de abril de 2014 (f.º 165) no se remitió a la demandante, por lo que son comunicaciones entre terceros que coordinan y discuten aspectos puramente técnicos y profesionales propios de la actividad médica sobre el manejo de un paciente y la posibilidad de realizar mejoras hacia futuro, pero no una orden o instrucción a la demandante; y que en el de 8 de abril de igual año (f.º 164) Verónica Salazar le pidió a la demandante que asignara una cita para revisar el proceso de mejoras en la seguridad de un paciente, por lo que solo fue una coordinación para impedir situaciones de riesgo.

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Radicación n.° 91860 En cuanto a los documentos de folios 120 a 162, indica que el cálculo de factores de productividad por sí solo no configura subordinación laboral, pues es dable establecer mecanismos de cálculo de calidad y cantidad de servicios para su adecuada evaluación y determinar el pago a realizar. Además, destaca que los documentos de folios 142 a 144, 146 a 151, 154 a 162 solo muestran el mes, y si bien los de folios 142, 152 y 153 sí tienen fecha, de ellos tampoco se desprende la existencia de algún tipo de orden o instrucción;

el obrante a folio 127 relaciona los horarios de funcionamiento del servicio de imágenes diagnósticas, sin referir a la demandante; el de folio 128 acredita un cuadro de contactos y números telefónicos, y expresa que la modalidad de vinculación era de prestación de servicios; el de 129, sin fecha, da cuenta que la actora laboraba miércoles, jueves y viernes; el de folio 136 tampoco relaciona a la demandante en los servicios del 30 y 31 de diciembre, y 1.º de enero; el de folio 138 prueba que de los 31 días de enero de 2016, la actora solo aparece el 6 y el 18 de enero, en febrero solo 3 días (f.º 139), marzo 15 días (f.º 140) y 2 días en diciembre (f.º 141). Por último, señala que lo explicado genera la improcedencia de la imposición de las sanciones moratorias previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, dado que sí existían razones atendibles que le permitían considerar que la demandante era una verdadera contratista independiente y que no existía subordinación.

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VII. CONSIDERACIONES Pese a la vía escogida, en casación no se discute que la accionante prestó sus servicios personales de médica radióloga a la accionada del 1.º de febrero de 2010 al 3 de junio de 2016, sin solución de continuidad.

La Sala debe resolver si el Tribunal incurrió en los desatinos fácticos endilgados por la censura, al considerar

que: (i) entre las partes existió un contrato de trabajo, y (ii) eran procedentes las indemnizaciones moratorias consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990. Sea lo primero destacar que el error de hecho en casación se configura cuando este es manifiesto o evidente, lo que se advierte cuando el Tribunal establece de la prueba un supuesto que no indica o ignora apreciar un elemento de convicción que era a todas luces relevante para la definición fáctica del litigio, con plena incidencia en la aplicación indebida de la norma sustancial que regula el asunto en concreto. Además, dichos desafueros probatorios deben provenir de medios de convicción calificados, estos son, el documento, la confesión judicial e inspección judicial -artículo 7.º de la Ley 16 de 1969-, y solo si se acredita un error fáctico en estos, es viable abordar los que no tienen ese carácter, como los testimonios.

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Radicación n.° 91860 Claro lo anterior, procede la Sala a abordar las problemáticas propuestas. (i) De la existencia del contrato de trabajo La Sala advierte de entrada que es infructuoso que la recurrente enfatice que el Tribunal desconoció el contenido integral de los contratos de prestación de servicios, bajo el argumento que en ellos se pactó: (i) su cesión a terceros con autorización de Comfandi y, (ii) la autonomía en la implementación de protocolos de atención a pacientes y en la coordinación de los horarios o turnos de actividades de una

manera en que no interfiriera con los servicios que prestaba a terceros, y por esta vía señalar que permitían desvirtuar la presunción legal de subordinación prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, toda vez que el Tribunal se apartó de lo formalmente contratado y explicó lo que realmente ocurrió en el desarrollo de la relación laboral, análisis que lo llevó a darle mayor crédito a otros elementos de convicción que le mostraron que el vínculo era subordinado. Esta actuación está en la esfera de su autonomía judicial y libre formación de su convencimiento (artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, CSJ SL4514-2017) y configura una correcta aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, que es cardinal en el análisis de este tipo de casos. Ahora, en lo que toca a la posibilidad de ceder a terceros

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Radicación n.° 91860 la función acordada en el contrato civil celebrado, no debe olvidarse que la a quo consideró que el representante legal de la accionada confesó clara y enfáticamente que la demandante no podía delegar sus funciones de coordinación que estaba desplegando (record 2:46:55 a 2:47:19), aspecto que la demandada no cuestionó en su alzada. Así, al quedar incólume dicha premisa en atención al principio de consonancia -artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-, el Tribunal descartó en su análisis que la posibilidad de ceder el contrato fuese una condición que

rompiera el elemento intuito personae. Por otra parte, en relación con los documentos de folios 112 a 126, estos no dicen nada distinto a lo que advirtió el juez plural, esto es, que la actora solicitaba permisos para ausentarse del servicio y otros médicos se los requerían a ella directamente con copia para su conocimiento. Asimismo, no puede afirmarse que el Tribunal valoró de forma descontextualizada el correo de 10 de abril de 2014 (f.º 163) solo porque en otros mensajes electrónicos, particularmente los obrantes a folios 164 a 167 y de 15 de abril de 2014 no estuviera mencionada o involucrada la demandante. Nótese que, aun siendo esto cierto, el contenido de la prueba apreciada en el fallo evidencia que a la accionante efectivamente le encomendaron «poner en conocimiento al grupo de radiología la acción de mejora producto del análisis del evento adverso (...)», por lo que es razonable que el ad quem hubiese concluido que ello era congruente con las declaraciones de Diego Fernando Soto

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Radicación n.° 91860 Lenis, María Sthefanía Rengifo Correa y Juan Carlos Martínez Salazar, de las cuales, recuérdese, extrajo que la actora en su función de coordinación estaba obligada a acatar los protocolos establecidos por la demandada. Por su parte, los documentos de folios 127 a 162 tampoco se advierten mal valorados, pues en efecto refieren la programación de turnos y horarios del servicio, a fin de garantizar la productividad en su ejecución. Ahora, si bien algunos de los cuadros no refieren a la demandante o quién

los elaboró, esto en modo alguno configura un desatino de apreciación, pues no debe olvidarse que el Tribunal los valoró en conjunto con evidencias como los referidos documentos de folios 112 a 126 y en especial los testimonios recaudados, de los cuales infirió que aquella efectivamente realizaba dicha programación e incluso los demás radiólogos le solicitaban permisos para apartarse de tal programación. Y si bien la censura parece sugerir que dichas pruebas acreditan un trabajo discontinuo de la actora, la Sala no puede pronunciarse al respecto, pues recuérdese que la a quo consideró que el servicio se presentó d