CSJ - SL501-2024

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL501-2024 Radicación n.° 97159 Acta 5 Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José de Cúcuta profirió el 26 de mayo de 2021, en el proceso que GLADYS CACIQUE SÁNCHEZ y JAIRO ENRIQUE BERMÚDEZ PABÓN instauraron en su contra.

I. ANTECEDENTES Gladys Cacique Sánchez y Jairo Enrique Bermúdez Pabón demandaron a Protección S.A., con el fin de que les reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes y los intereses moratorios, a partir del 1. ° de noviembre de 2016, fecha en la que falleció su hijo.

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Radicación n.° 97159 Relataron que Diego Armando Bermúdez Cacique fue tecnólogo en procesamiento de alimentos y ejerció como tal en la empresa Supermercado Los Montes Plus en Cúcuta desde el 15 de marzo de 2015 hasta el 14 de septiembre de

2016. Así mismo, señalaron que vivió con ellos hasta que falleció a causa de un accidente de tránsito.

Indicaron que cotizó en Protección S.A. 52,28 semanas en los tres años anteriores a su muerte y que, de forma

parcial, dependieron económicamente de los aportes que aquel entregaba para el sostenimiento de la familia, en tanto la mesada pensional que percibe el señor Bermúdez Pabón por un salario mínimo legal no resultaba suficiente. Advirtieron que, en oficios emitidos el 7 de febrero y 11 de junio de 2019, Protección S.A les negó el reconocimiento pensional con el argumento de que no dependían financieramente del afiliado. Al dar respuesta a la demanda, el fondo pensional se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que Diego Armando Bermúdez Cacique era hijo de los demandantes, las semanas cotizadas por este, la fecha de su deceso y el trámite administrativo; negó la dependencia económica hacia el causante; y aseguró que no le constaban los supuestos relacionados con las circunstancias personales del afiliado.

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Radicación n.° 97159 En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, improcedencia de la pensión de sobrevivientes, buena fe y prescripción (f.os 80 a 84 del c. del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de San José de Cúcuta, mediante fallo del 16 de febrero de 2021, (f.° 110 del c. del Juzgado) resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las entidad demandada [sic].

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., a reconocer a los

demandantes GLADYS CACIQUE SÁNCHEZ y JAIRO ENRIQUE

BERMÚDEZ PABÓN, la pensión de sobreviviente en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo los reajustes de Ley y trece mensuales anuales de conformidad con lo establecido en el acto legislativo 01 del 2005, a partir del 01 de noviembre de 2016.

TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A a pagar a los demandantes GLADYS CACIQUE SÁNCHEZ y JAIRO ENRIQUE BERMÚDEZ PABÓN, el retroactivo pensional causado desde el 01 de noviembre de 2016 hasta la fecha en que se hayan incluidos [sic] los demandantes nuevamente en nómina autorizando que de este se descuenten los respectivos aportes de salud.

CUARTO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A al reconocimiento de los intereses de mora contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, una vez se venció el término para resolver la pensión de sobrevivientes es decir después de los dos meses de radicada dicha solicitud y hasta cuando se verifique el pago y la inclusión en nómina de la prestación.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada

Protección S.A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 97159 Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José de Cúcuta, mediante fallo del 26 de mayo de 2021, (f.os 6 a 18 del c. del Tribunal) confirmó el proferido en primera instancia. Señaló que no estaba en discusión que los

demandantes fueron los padres de Diego Armando Bermúdez Cacique, quien estuvo afiliado en Protección S.A. y cotizó 52,28 semanas durante sus últimos tres años de vida. Además, definió que la norma que regulaba el asunto era el literal d), inciso único del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dado que el causante falleció «el 3 de octubre de 2015». Estableció que debía determinar «[…] si está probado o no, que los padres del afiliado dependían económicamente de él, a efectos de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. De salir avante lo anterior, se verificará si hay lugar o no al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993». Acto seguido, mencionó que las partes allegaron al expediente: el formato de dependencia económica y de entrevistas elaborado por la empresa Valuative (f.os 15 a 26, c. de Juzgado), las respuestas emitidas por Protección S.A. (f.os. 14, 15, 36 a 37, c. del Juzgado); así como los interrogatorios de las partes y los testimonios rendidos por Nohora Parra Acevedo, Yolanda Carrillo Laguado y Dolly Xiomara Bermúdez Cacique.

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Radicación n.° 97159 Con base en lo anterior, estimó que el juez de primera instancia acertó al señalar que la dependencia económica fue cierta y las contribuciones del causante fueron regulares, periódicas y significativas respecto de los ingresos de los beneficiarios, por lo que era procedente el

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada. En ese sentido, explicó: En efecto, nótese en primera medida como, si bien las declaraciones de Nohora Parra y Yolanda Carrillo, no dan certeza de la dependencia económica de los demandantes respecto de su hijo fallecido, pues todo lo que dicen conocer en cuanto a este tópico lo saben por comentarios que esta familia les hacía y no por presenciar directamente las circunstancias que relataron, como el que era Diego Bermúdez quien hacía el mercado y ayudaba a sus padres con sus gastos, lo cierto es que de ello sí pudo dar cuenta la testigo Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, hija de los demandantes y quien señaló que, pese a sus ingresos propios como la pensión de vejez de su padre así como el producto de la venta de comidas rápidas que realizaban los fines de semana, lo que también se consignó en la investigación administrativa efectuada por Protección S.A. a través de la empresa Valuative, era su hermano el que, luego de cubrir sus gastos propios (pago de motocicleta y estudio) asumía por completo la alimentación de aquellos, en tanto que periódicamentecada quince días o las veces que fuese necesariohacía el mercado del hogar. Componente de alimentación que dificultosamente tuvo que asumir esta deponente luego del fallecimiento de su hermano, en tanto ello le obligó a trasladar su residencia a la casa de sus padres -hecho este último que corroboraron las demás testigosporque no podía asumir sus propios gastos de habitación (arriendo) y la alimentación de aquellos cual [sic], se repite,

subvencionaba el obitado. Este evento deja en evidencia la dependencia económica, no absoluta, sí parcial de los incoantes frente a Diego Bermúdez Cacique. Importa señalar que el hecho de que Xiomara Bermúdez luego de la muerte de su hermano, empezare a asumir los gastos de sus padres en la proporción que éste lo hacía, específicamente supliendo sus necesidades alimentarias, no desdice la dependencia que encontró acreditada el a-quo respecto del causante, por el contrario, lo que ello denota es que Gladys Cacique Sánchez y Jairo Enrique Bermúdez Pabón no son

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Radicación n.° 97159 autosuficientes financieramente, al punto que la pensión de vejez que este último devenga correspondiente a un salario mínimo, la venta de comidas que efectuaban los fines de semana y las ayudas económicas que previo al insuceso les otorgaba su hijo, les alcanzaba para subvenir todas sus necesidades mínimas; de ahí que la calidad de vida de los accionantes sí se viera afectada con el deceso del asegurado. Así, la circunstancia de que existan ingresos adicionales a las del hijo fallecido, no hace autosuficientes a los demandantes, sino que, a lo sumo, los convierte en coaportantes del sostenimiento de su hogar, pues, es claro que los gastos correspondientes al componente de alimentación relevante en cuanto a la congrua subsistenciay el que, se precisa, a hoy no pueden subvencionar de manera independiente, eran cubiertos por el causante, lo cual lo hace un verdadero sustento económico.

Por otro lado, señaló que Protección S.A. pretendía fundar la improcedencia de los intereses moratorios con base en la discusión sobre la dependencia económica, no obstante, consideró que ello no configuraba ninguna de las excepciones que la jurisprudencia laboral previó para exonerar de la condena de ese rubro. Así las cosas, determinó que no era posible excluir los efectos de la mora, la cual se generó de manera objetiva por la ausencia de pago de la prestación solicitada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Protección S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que la Corte case la sentencia cuestionada, para que revoque la de primer grado

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Radicación n.° 97159 en sede de instancia y, en su lugar, la absuelva de todo lo pretendido en su contra. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no son replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, artículo 48 de la Constitución Política, y el artículo 167 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho.

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el afiliado fallecido atendía completamente los gastos de alimentación de su grupo

familiar, conforme al testimonio de Xiomara Bermúdez Cacique.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la hermana del afiliado fallecido, Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, trasladó su residencia al domicilio de sus padres, luego de la muerte de su hermano, para atender los gastos de alimentación de sus padres, conforme al testimonio rendido por ella.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el afiliado fallecido asumía completamente los gastos de alimentación de sus padres, conforme al testimonio de su hermana Dolly Xiomara

Bermúdez Cacique.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la hermana del afiliado fallecido, Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, convivía con los demandantes con antelación a la muerte de su hermano y aportaba la suma de $200.000 para los gastos del hogar, como emerge del formulario único de dependencia económica.

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5. Dar por demostrado, sin estarlo, el monto del aporte del afiliado fallecido a sus padres conforme al cual estos dependían económicamente de ello para su congrua subsistencia.

Acusa la indebida apreciación del formato único de dependencia económica suscrito por la madre del afiliado (f.os 23 a 36, c. del Juzgado) y el testimonio de Dolly Xiomara Bermúdez Cacique. Aduce que el Tribunal incurrió en los errores de hecho mencionados como quiera que «[…] de la prueba documental no se puede establecer el monto del aporte con certeza», en

tanto la demandante señaló que era la suma de $500.000, mientras que el salario de afiliado correspondía a $689.454, y sus gastos propios la suma de $400.000, por lo cual «[…] resulta evidente y por sana lógica que el aporte, de haber existido, nunca podría ascender a la suma de $500.000». También indica que en el documento los demandantes no consignaron que el fallecido se encargaba de manera exclusiva de los gastos de alimentación, pero sí manifestaron que Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, la hermana del afiliado, vivía en el hogar para la fecha del fallecimiento y que aportaba la suma de $200.000 mensuales. Expone que el Tribunal valoró el testimonio de Dolly Xiomara Bermúdez Cacique en el sentido de que extrajo de allí la prueba sobre la existencia del aporte de su hermano, quien alegó que pagaba la alimentación cada quince días, luego de atender sus propios gastos. Al respecto, destaca

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Radicación n.° 97159 que la juez de primera instancia en su parte motiva, explicó que ella incurrió en contradicciones en cuanto a si vivía o no con antelación al fallecimiento de su hermano y que no tenía certeza del monto del aporte. Expresa que, de forma acertada, el Tribunal igualmente evidenció que los demás testimonios recaudados, corresponden a testigos de oídas, a lo que se le aúna la reticencia de contestar las preguntas formuladas. Manifiesta que a la parte demandante le correspondía acreditar la existencia del aporte, su periodicidad y por qué

sin el mismo no podrían atender su congrua subsistencia, para así demostrar la dependencia económica que alega. Tras lo expuesto, sostiene que no existe prueba que demuestre efectivamente la entrega de la contribución del causante y aunque fuera cierta, su monto tampoco fue acreditado y los dichos de los reclamantes, en cuanto a su estimación deben descartarse, puesto que no pueden construir su propia prueba. Agrega que tampoco existen medios de convicción que constaten que el hijo atendía de manera exclusiva el mercado de sus padres. Resalta que en el formato acusado los padres confesaron que su hija sí colaboraba con los gastos del hogar con antelación a la fecha de fallecimiento de su hijo, hecho que considera debió ser valorado por el Tribunal sobre la veracidad de los dichos de la testigo.

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Radicación n.° 97159 Finalmente, concluye que, en todo caso, si existió el aporte del fallecido se dio por ser un «[…] buen hijo de familia», debido a que el padre percibe su mesada pensional, el producto de su actividad comercial, junto con la contribución de su otra hija incluso con antelación a la muerte, y no demostraron la desmejora en la calidad de vida luego del deceso.

VII. CONSIDERACIONES Pese a la vía de ataque escogida por la recurrente, no son objeto de discusión los siguientes hechos: (i) Diego Armando Bermúdez Cacique falleció el 1. ° de noviembre de 2016 y reunió el número de semanas requeridas por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; (ii) los demandantes

reclaman el derecho pensional como padres del fallecido, quien no tuvo hijos ni pareja supérstite; (iii) Protección S.A. les negó la prestación a los reclamantes con el argumento de que no dependían económicamente del causante. El problema jurídico que se le plantea a la Corte consiste en establecer si el Tribunal se equivocó al determinar que los demandantes acreditaron la dependencia económica hacia su hijo fallecido y, como consecuencia, otorgarles la pensión de sobrevivientes causada por este. Con el fin del resolver el asunto, la Sala recuerda que la disposición que regula la pensión de sobrevivientes es la vigente para el momento de la muerte del afiliado. En este

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Radicación n.° 97159 caso, la disposición aplicable es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que dispone: «Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este; […]». La dependencia económica, como el presupuesto que se exige para obtener el derecho pensional, no implica una sujeción total o absoluta de los padres reclamantes hacia la contribución financiera del causante. Sin embargo, no es cualquier ayuda o colaboración que se les otorgue la que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquella

que es relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia. Lo anterior, tiene como sustento que la finalidad prevista por el legislador, para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien, realmente, les colaboraba para mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017). Por su parte, el juzgador tiene la obligación de analizar las circunstancias particulares del caso, con el fin de determinar la relevancia de los aportes del fallecido en los gastos del hogar y la afectación de la economía común en la

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Radicación n.° 97159 ausencia de aquel (CSJ SL964-2023). Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala procederá con el estudio del formato único de dependencia económica del 23 de julio de 2018, dado que fue suscrito por la demandante Gladys Cacique Sánchez y, por tanto, resulta procedente su revisión en sede de casación (f.os 23 a 36 del c. del Juzgado). Allí la demandante consignó las circunstancias de la muerte de su hijo ocurrida el 1. ° de noviembre de 2016, la vinculación laboral con Supermercado Los Montes, que el aporte al hogar era de $500.000 y su salario de $689.454; mientras que sus gastos ascendían a $400.000 mil pesos mensuales. De igual manera, señaló que su propia contribución era de $80.000, el de su hija Xiomara $200.000 y el de su cónyuge, la totalidad de la mesada

pensional que recibe. Al respecto, la censura cuestiona que el juzgador de alzada desconoció que del formato único de dependencia no « se puede establecer el monto del aporte con certeza, […] tampoco podría llegar a la conclusión de la apreciación del mismo documento, en cuanto a que el afiliado fallecido se encargaba de manera exclusiva de los gastos de alimentación de sus padres ». Sobre este documento, el Tribunal solo tuvo en cuenta que allí la demandante registró las demás fuentes de ingresos del núcleo familiar provenientes de la pensión de

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Radicación n.° 97159 vejez, el aporte de la hermana del causante y las ganancias ocasionales que les generaba la venta de comidas rápidas « » durante los fines de semana. A renglón seguido, concluyó conforme lo atestiguó Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, que era su hermano el que, luego de cubrir sus gastos « propios (pago de motocicleta y estudio) asumía por completo la alimentación de aquellos, en tanto que periódicamentecada quince días o las veces que fuese necesariohacía el mercado del hogar . » Contrario a lo que aduce la censura, el Tribunal no erró ostensiblemente en la valoración de la mencionada prueba. Un razonamiento opuesto de su parte habría contravenido lo que esta Corporación tiene definido frente a que los aportes económicos son generales y no específicos, en tanto la estimación sobre los gastos familiares solo es un aproximado subjetivo, que no representa una afirmación

pormenorizada o rigurosa de las cargas reales que imponen el sostenimiento de un hogar (CSJ SL2022-2021). Además, de que el examen de la subordinación monetaria, debe realizarse al momento en que ocurrió el fallecimiento. De igual manera, tampoco era necesario que los reclamantes definieran o acreditaran el monto de los ingresos aportados y devengados por su hijo, esa exigencia realizada por la sociedad recurrente no está prevista en la ley, por lo tanto, no se les puede requerir el cumplimiento de cargas adicionales o ajenas a las contempladas en la legislación (CSJ SL6502-2015, CSJ SL15515-2017 y CSJ SL102272017).

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Radicación n.° 97159 Con todo, se recuerda que la conclusión probatoria del fallador de alzada se encuentra amparada en la facultad que tienen los juzgadores de formar libremente su convencimiento según el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes». Aunque el artículo 60 ibidem les impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, están facultados para darle mayor valor a cualquiera, sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus», lo cual no « ocurre en este asunto en el que existe libertad probatoria en

la comprobación del requisito de la dependencia económica. Así las cosas, la Corte no puede adentrarse al estudio del testimonio rendido por Dolly Xiomara Bermúdez Cacique, que fue acusado por la censura, pues sólo resultaría procedente cuando se ha demostrado el error con pruebas calificadas, lo cual no sucedió en el presente caso. Por lo tanto, la entidad no logró sustentar sólidamente los errores que le atribuía al Tribunal, siendo insuficiente su argumentación para contrariar la apreciación probatoria efectuada que le permitió concluir que Gladys Cacique Sánchez y Jairo Enrique Bermúdez Pabón dependían económicamente de su hijo fallecido y, en consecuencia, les

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Radicación n.° 97159 asistía el derecho pensional pretendido. En consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia recurrida de infringir directamente la ley sustancial por la interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Estima que la procedencia de los intereses moratorios no es automática en todos los casos, como así lo consideró el Tribunal al imponer la condena bajo el supuesto de haberse superado el término legal previsto de dos meses para conceder la pensión de sobrevivientes. Aduce que ese razonamiento parte de la premisa de que los fondos pensionales actúan por descuido, incuria o mala fe, desconociéndose con ello la presunción de buena fe, así como el derecho al debido proceso y a la defensa. Asimismo, sostiene que actuó conforme el caudal probatorio que le permitía determinar de buena fe que no existía la

dependencia económica alegada en este caso. Insiste en que no puede prescindirse tajantemente del análisis de la buena o mala fe sobre la actuación de la administradora de pensiones, pues tal postura castigaría la presunción de buena fe en sus actuaciones, como quiera

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Radicación n.° 97159 que existían elementos de juicio que le permitían tomar de buena fe la decisión de negar el derecho pretendido. Con base en lo anterior, asegura que no pueden imponérsele los intereses de mora, a quien actuó con fundamento al rechazar el reconocimiento de la pensión, y menos aún, sin realizarse un análisis sobre la buena o mala fe de su conducta y los elementos probatorios que orientaron su decisión.

IX. CONSIDERACIONES El problema jurídico que le corresponde definir a la Corte consiste en determinar si el Tribunal erró al imponerle a Protección S.A. el pago de intereses moratorios, pese a que, según la recurrente, tomó la decisión de negar el reconocimiento pensional actuando con buena fe.

Sobre este tema, esta Corporación tiene asentada una regla general en virtud de la cual los intereses moratorios no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio. De modo que no es pertinente analizar la conducta de la entidad deudora, en aras de indagar si actuó o no de buena fe, ni atender «[…] las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas», sino que se impone por el simple retraso en el pago de mesadas pensionales a los afiliados y sus beneficiarios (CSJ SL 2546-2020 y CSJ SL2652-2020, CSJ SL3312023).

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Radicación n.° 97159 De allí que, una vez verificada la mora en el reconocimiento de la respectiva pensión, la entidad encargada debe asumir los intereses moratorios, independientemente de las razones que tuviera para abstenerse del pago. A pesar de lo anterior, también se han planteado excepciones en las que se ha admitido que la condena por intereses moratorios puede resultar desproporcionada. Por ejemplo, cuando la entidad de seguridad social niega el reconocimiento de una pensión por una precisión o cambio de línea jurisprudencial, como en la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema o el principio de la condición más beneficiosa. Así también, cuando en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuando la actuación de la AFP estuvo amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación (CSJ SL4002013). No obstante, ninguno de los supuestos mencionados encuadra en la justificación que ofrece la AFP para exonerarse del pago del rubro, en tanto la imposición de los intereses moratorios no depende de la buena o mala fe del deudor, debido a, se reitera, su naturaleza resarcitoria y no sancionatoria. Así las cosas, el Tribunal no cometió error jurídico al imponer los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 97159 En los anteriores términos, la acusación es infundada.

Sin costas por cuanto no hubo réplica. X.DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de mayo de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José de Cúcuta, en el proceso que ordinario laboral seguido por GLADYS CACIQUE SÁNCHEZ y JAIRO

ENRIQUE BERMÚDEZ contra la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN

S.A. Sin costas. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

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Radicación n.° 97159 MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente ACLARACIÓN DE VOTO Radicación n.º 97159 Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. vs. Gladys Cacique Sánchez y Jairo Enrique Bermúdez Pabón. Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto me permito aclarar el voto, en tanto si bien no discuto el resultado de la sentencia, no comparto el argumento que se expone en lo atinente a que las administradoras de pensiones pueden exonerarse del pago de los intereses moratorios, bien porque existan razones de peso para negar el derecho pensional, por aplicación de reglas jurisprudenciales vigentes, por existir controversia entre posibles

beneficiarios, entre otras. El art. 141 de la Ley 100 de 1993, constituyó un avance legal del mandato contenido en el art. 53 de la Constitución Política, en virtud del cual el Estado garantizó el derecho al pago oportuno de las pensiones y a su reajuste periódico. Aquella normativa dispuso que desde el 1 de enero de 1994, se debía reconocer y cancelar al pensionado con respecto del cual se haya incurrido en mora en el pago de su prestación, además del valor debido, la tasa máxima de interés moratorio vigente hasta el momento en que se le

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Radicación n.° 97159 diera cumplimiento a tal obligación, pues con ello se zanjaron muchas discusiones, entre otras, la relativa a la remisión del artículo 1617 del Código Civil, para establecer el interés ante la deuda por pensiones insatisfechas, cuya demanda de inexequibilidad estudió la Corte Constitucional en sentencia CC C-367-1995. Tal cual lo expresé en la sesión en la que se discutió el proyecto del fallo, aunque comparto el sentido de la decisión, discrepo de la consideración plasmada al indicar que: A pesar de lo anterior, también se han planteado excepciones en las que se ha admitido que la condena por intereses moratorios puede resultar desproporcionada. Por ejemplo, cuando la entidad de seguridad social niega el reconocimiento de una pensión por una precisión o cambio de línea jurisprudencial, como en la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema o el principio de la condición más beneficiosa. Así también, cuando en sede administrativa hay controversia

legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes cuando la actuación de la AFP estuvo amparada por el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación (CSJ SL400-2013). Y es que, como lo he dicho en varias oportunidades, y lo reitero, no basta afirmar que es posible exonerar del pago de intereses moratorios cuando el reconocimiento de una prestación obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que la entidad no podía prever, pues es necesario auscultar si el comportamiento de la entidad implica desconocimiento a la jurisprudencia de esta Sala.

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Radicación n.° 97159 La misma suerte corre el argumento de cuando la administradora niega la pensión por existir disputa entre sus posibles beneficiarios, pues resulta imprescindible evaluar el comportamiento de la entidad y la verdadera existencia de la controversia entre posibles beneficiarios, pues de lo contrario le bastaría a la entidad alegar la presunta configuración del referido conflicto para exonerarse del pago de los tales réditos, lo que conduciría de manera inexorable a que dicho derecho se volviera inane

(CSJ SL2414-2020).

A la luz de lo expuesto, consigno mi aclaración de voto. Fecha ut supra,

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Radicación n.° 97159

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Magistrada Ponente SALVAMENTO DE VOTO Radicación n°97159

REFERENCIA: GLADYS CACIQUE SÁNCHEZ Y OTRO

vs. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, en estricto rigor, sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante, por lo siguiente:

1. Objeto y cobertura de la seguridad social integral.

En la Sentencia CSJ SL3312-2020, se expuso que a través de la seguridad social integral se pretende la cobertura de toda la población colombiana, tal como lo indica expresamente el preámbulo de la Ley 100 de 1993 al definir la seguridad social como ese conjunto de, […] normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para goza