CSJ - SL5262-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 1 MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL5262-2018 Radicación n.” 59474 Acta 43 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por IGNACIA ESPINOSA BALLESTAS y FARIDES IVÓN PÁEZ SOSA contra la sentencia proterida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, el 15 de marzo de 2012, cuya lectura se efectuó el 30 de julio del mismo año por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauraron las recurrentes contra el

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN.

Il ANTECEDENTES Las citadas accionantes convocaron a juicio al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, con el fin de que fuera

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Radicación n. 59474 condenado al reconocimiento y pago de las «diferencias de prestaciones legales y convencionales dejadas de pagar», tales como las primas de vacaciones, de servicio legal y extralegal, las vacaciones, la dotación y «demás prestaciones convencionales y legales dejadas de pagar», entre el 1% de enero de 2001 y el 26 de junio de 2003. Así mismo, solicitaron el pago de la indemnización moratoria consagrada por el «Art. 1 del Dec 797 de 1.949» hasta tanto no se

cancelaran los conceptos adeudados; lo que resultare probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como sustento de Sue pretensiones, las demandantes, Ignacia Espinosa Ballestas y Farides Ivón Páez Sosa manifestaron que fueron trabajadoras oficiales del Instituto de Seguros Sociales en la Unidad Hospitalaria Enrique de la Vega de Bolivar y que desempeñaron los cargos de «Enfermera Grado 27», desde el 30 de junio de 1992 hasta el 25 de junio de 2003, y de «Técnico de Servicios Asistenciales grado 16», desde el 5 de septiembre de 1991 hasta el 25 de junio de 2003, respectivamente. Expusieron que para la fecha de escisión del ISS, 26 de junio de 2003, éste les adeudaba el pago de salarios, horas extras, dominicales, festivos, compensatorios y las diferencias dejadas de pagar en las prestaciones sociales legales y extralegales, por lo que le solicitaron la cancelación de tales conceptos, a través de peticiones interpuestas el 23 de mayo de 2004; y que esa entidad dio respuesta a sus pedimentos de la siguiente manera: SCLAJPT-10 V.00 ue Radicación n. 59474 Frente a Ignacia Espinosa Ballestas, mediante la Resolución 6203 del 29 de noviembre de 2005, el ISS «le canceló por dichos conceptos» la suma de $4.413.024 y negó el derecho a los reajustes salariales y el pago de las demás prestaciones. Sin embargo, en el numeral 9 de ese acto administrativo consagró que: «SE DECLARA LA EXISTENCIA

DE UNA DEUDA DE ($5.260.163.00) POR CONCEPTO DE

REAJUSTES PRESTACIONALES, QUE NO SE ORDENA CANCELAR», suma que, asegura, fue finalmente sufragada para la fecha de presentación de la demanda inaugural, ni lo aquí reclamado.. Respecto de Farides Ivón Páez Sosa, el ISS, a través de la Resolución 4662 del 19 de septiembre de 2005, únicamente le canceló el valor de $1.442.650 y negó el pago de los demás devengos. Igualmente, en ese acto administrativo se determinó que: «SE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA DE ($1.288.300.00) POR CONCEPTO DE REAJUSTES PRESTACIONALES, QUE NO SE ORDENA CANCELAR»; la que, en su decir, tampoco se había sufragado para el momento de incoar el libelo demandatorio. Relataron que, a través de las resoluciones 2362 y 3184 de 2003, y 2412 de 2005, el ISS determinó que sería la Vicepresidencia Administrativa de esa entidad la encargada del reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales, festivos, compensatorios, entre otros, causados con anterioridad al 26 de junio de 2003; que, con tal propósito, se estableció que las nuevas empresas sociales del Estado debían certificar individualmente los conceptos adeudados a

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Radicación n. 59474 cada trabajador que con ocasión de la escisión del ISS pasaron a laborar a otra ESE; que, a pesar de lo anterior y de la comunicación del 25 de septiembre de 2003, en la cual el ISS estableció el procedimiento para reconocer dichas prestaciones «en el numeral 8 de la Resolución No. 6203 de

septiembre del 2005» éste procedió a prescribir los derechos de las demandantes de «recibir el valor de $396.114.00, por dominicales y festivos, del año 2000». Al dar contestación a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales se opuso a la totalidad de las pretensiones frente a ambos demandantes. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la mayoría de los relatados por las actoras y únicamente negó los referentes a que esa entidad les adeudaba salarios, horas extras, dominicales, festivos, compensatorios y las diferencias prestacionales legales o extralegales dejadas de pagar. En su defensa, precisó que a las accionantes se les había cancelado todas y cada una de las acreencias laborales de acuerdo a las certificaciones expedidas al respecto, excepto las que se encontraban prescritas; y que en el presente asunto se podía observar, conforme al acervo probatorio, que las acreencias solicitadas estaban cobijadas por dicho fenómeno extintivo, por lo que no había lugar a reconocer esas «cargas laborales». Propuso como excepciones de fondo las que denominó prescripción de la acción y carencia del derecho.

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Radicación n. 59474 IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, profirió fallo el 28 de enero de 2011, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito de Prescripción de la Acción y Carencia del Derecho, propuestas por

el demandado.

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar a la señora IGNACIA ESPINOSA BALLESTAS, identificada con la CC No. 37.821.931, por concepto de reajustes prestacionales para los años 2001, la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SECENTA (SIC) MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS MCTE. ($5.260.163), la cual deberá indexarse desde que se hizo exigible tal obligación hasta cuando se haga efectiva. su cancelación. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a. cancelar a la señora FARIDES IVON PAEZ SOSSA identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.459.106, por concepto de reajustes prestacionales para los años 2001 y 2002, la suma. de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE. ($1.288.300), la cual deberá indexarse desde que se hizo exigible tal obligación hasta cuando se haga efectiva su cancelación. Lo anterior de conformidad con. lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar al señor la señora IGNACIA ESPINOSA BALLESTAS, identificada con la CC No, 37.821.931, por concepto de indemnización moratoria, un día de salario por cada día de mora, contados desde el día 27 de septiembre de 2003, hasta que se verifique el pago total de las acreencias adeudadas y motivo de

condena en el presente fallo, teniendo como base el último salario devengado por el demandante que para junio de 2003, lo era en la suma de $ 1.670.438 mcte. Previas las consideraciones de este proveído.

QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar a la señora FARIDES IVON PAEZ SOSSA identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.459, 106, por concepto de indemnización moratoria, un día de salario por cada día de mora, contados desde el día 27 de septiembre de 2003, hasta que se verifique el pago total de las acreencias adeudadas v motivo de SCLAIPT-10 V.00 E Radicación n. 59474 condena en el presente fallo, teniendo como base el último salario devengado por el demandante que para junio de 2003, lo era en la suma de $ 1.096.899 mcte. Previas las consideraciones de este proveído.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio.

Liquídense por secretaría.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud del recurso de apelación interpuesto por el ISS, la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta, mediante sentencia dictada el 15 de marzo de 2012, cuya lectura se efectuó el 30 de julio de la misma anualidad, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, absolvió al ISS de todas las súplicas incoadas en su contra, impuso costas de primera instancia a

cargo de las demandantes y dijo que no se causaban en la alzada. De manera preliminar, el juez plural estableció que el problema jurídico a resolver, de conformidad con lo desarrollado en el recurso de apelación, se circunscribía a determinar si las acreencias reclamadas por las actoras se encontraban afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción y, en caso que ello no ocurriera, decidir si la condena impuesta por el juez de conocimiento procedía por la suma solicitada o si correspondía una cuantía menor. En ese sentido, argumentó que, conforme a las resoluciones 6203 y 4662 de 2005, el ISS «en ninguno de sus

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7 Radicación n. 59474 puntos resolutivos dispuso el reconocimiento expreso de las obligaciones aquí demandadas, por lo que erró el a quo al establecer su reconocimiento en la sentencia». Dijo entonces el juzgador de alzada que, como las actoras afirmaron conjuntamente que su vinculación con el Instituto de Seguros Sociales finalizó el 25 de junio de 2003, se debía examinar si las acreencias laborales reclamadas causadas en los años 2001 y 2002 estaban prescritas o si, por el contrario, las reclamaciones presentadas por Ignacia Espinosa Ballestas y Farides Ivón Páez Sosa interrumpieron el fenómeno extintivo. Destacó que, si bien en el plenario se encontró que «el 29 de abril (sic) de 2004» se radicó un escrito dirigido al presidente del ISS, esa documental no reunía los requisitos

para tenerse como una reclamación administrativa al tenor del artículo 6% del CPTSS, pues se trataba de una «solicitud de información» que no se podía considerar para efectos de interrumpir la prescripción. Igualmente, precisó que, según el considerando 8 de la Resolución 6203 del 29 de noviembre de 2005, la demandante Ignacia Espinosa Ballestas no presentó reclamación administrativa, en tanto que el acto administrativo 4662 del 19 de septiembre de 2005, nada decía respecto a si la señora Farides Ivón Páez Sosa había agotado o no la vía gubernativa, es decir, que el pronunciamiento del ISS fue oficioso respecto de los derechos adeudados.

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Radicación n. 59474 Explicó que af olios 10 y 11 del plenario, se encontraban unas reclamaciones administrativas que sí fueron presentadas por las demandantes, con constancia de recibido del ISS del 12 de agosto de 2008 (£. 20) y 28 de agosto de 2008 (f. 21), documentales en las que se peticionaron las acreencias que se persiguen a través de la presente acción judicial. En ese orden, aseveró que, como las acreencias laborales aquí solicitadas datan de los años 2000 y 2001, era evidente que tales pretensiones se encontraban prescritas, toda vez que hasta el año 2008, cuando se presentaron las reclamaciones, ya habían transcurrido más de tres años y que, inclusive, para la fecha de expedición de las resoluciones citadas, «el derecho se encontraba prescrito», sin olvidar que allí se habían reconocido derechos distintos de

los solicitados en la demanda inicial. Argumentos que apoyó citando apartes de la sentencia CSJ SL, 5 abr. 2011, rad. 377607. En esa medida, el Tribunal coligió que no era viable que, posteriormente, el 12 y el 28 de agosto de 2008, respectivamente, se presentaran reclamaciones administrativas respecto de las pretensiones de la demanda, con miras a interrumpir la prescripción, cuando, como quedó visto, ésta ya había operado. Finalmente, explicó que como la pretensión principal prescribió, la indemnización moratoria, reclamada como pretensión subsidiaria, corría con la misma suerte.

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16 Radicación n. 59474 Bajo esos razonamientos, revocó integramente la decisión condenatoria del juez de conocimiento y, en su lugar, absolvió al ISS de todas las pretensiones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden las recurrentes que la Corte case totalmente la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar, Montería y Santa Marta el 15 de marzo de 2012 para que, una vez constituido como tribunal de instancia, confirme la decisión condenatoria del juez de primer grado, dictada el 28 de enero de 2011 y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito, por la causal primera de casación

laboral, formula dos cargos, que fueron replicados en la oportunidad legal y que a continuación se estudiarán conjuntamente, toda vez que, si bien están encauzados por distintas vías de violación, lo cierto es que acusan similar elenco normativo, persiguen idéntico fin y sus argumentos se complementan entre sí.

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VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia impugnada de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los siguientes artículos: 8 de la Ley 6 de 1945, modificado por el artículo 2 de la Ley 64 de 1946; 43 del Decreto 2127 de 1945; 5 del Decreto 3135 de 1968; 3 y 4 del Decreto 1045 de 1978; 467, 468 y 470 del CST; y 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945.

Así mismo, denuncian la violación medio de los artículos 488 y 489 del CST; 6 y 151 del CPTSS y 41 del Decreto 3135 de 1968, normas adjetivas que regulan la prescripción y la reclamación administrativa en materia laboral, así como también, el artículo 2539 del Código Civil. Sostienen que los referidos quebrantos normativos se produjeron como consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos en que incurrió el Tribunal:

1. Dar por demostrado, de forma equivocada, que la acción

ejercida por IGNACIA ESPINOZA BALLESTAS y FARIDES IVON

PAEZ SOSA se encontraba prescrita.

2. Dar por demostrado, de forma equivocada, que en ninguno de los puntos de las Resoluciones 6203 y 4662 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales dispuso el reconocimiento expreso de las obligaciones demandadas. 3 No dar por demostrado, estándolo, que en los puntos números 9 de las Resoluciones 6203 y 4662 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales reconoció de forma expresa la existencia de las obligaciones demandadas.

4. No dar por demostrado, estándolo, que con la expedición de las Resoluciones 6203 y 4662 de 2005 del Instituto de Seguros Sociales, se interrumpió naturalmente el término de prescripción

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Le Radicación n. 59474 de la acción de IGNACIA ESPINOZA BALLESTAS y FARIDES IVON

PAEZ SOSA.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el tiempo de prescripción se debe contabilizar a partir de las fechas de expedición de las Resoluciones 6203 y 4662 de 2005 del Instituto

de Seguros Sociales.

6. Dar por demostrado, de forma equivocada, que la reclamación general de trabajadores presentada el 29 de abril de 2004, contiene una solicitud de información, y no un reclamo.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el Istituto de Seguros Sociales, con la expedición de las Resoluciones 6203 y 4662 de 2005, dio lugar a una nueva situación fáctica, por el reconocimiento de unos derechos, los cuales requerían para su exigibilidad judicial, el agotamiento de la reclamación

administrativa.

8. Dar por demostrado, de forma equivocada, que las sendas reclamaciones administrativas presentadas por las demandantes el 12 y el 28 de agosto de 2008, ante el Instituto de Seguros Sociales, no interrumpieron ni suspendieron el término de prescripción de la acción instaurada.

9. No dar por demostrado, estándolo, que las sendas reclamaciones administrativas presentadas por las demandantes el 12 y el 28 de agosto de 2008, ante el Instituto de Seguros Sociales, era un requisito de procedibilidad para poder presentar la demanda, y que, por mandato legal, suspende el término de prescripción de la acción instaurada.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a las sendas reclamaciones administrativas presentadas por las demandantes el 12 y el 28 de agosto de 2008.

Afirman que el Tribunal cometió los citados yerros fácticos, como consecuencia de la apreciación equivocada de la comunicación general de los trabajadores de fecha 23 de mayo de 2004, (f.? 33 a 39); Resolución 6203 del 29 de noviembre de 2005 (f.13 a 17);Resolución 4662 del 19 de septiembre de 2005 (f.? 25 a 29); reclamaciones administrativas de fechas 5 y 27 de agosto de 2008, (f.> 10a 11y21a22).

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Radicación n. 59474 Las recurrentes comienzan por denunciar que el fallador de segundo grado se equivocó al valorar las resoluciones 6203 y 4662 de 2005, limitando su apreciación,

exclusivamente, a los «puntos resolutivos», sin siquiera preocuparse en explicar por qué razón consideraba que «sólo un reconocimiento de la deuda realizado en dicho aparte de los actos administrativos mencionados, permitiría establecer su reconocimiento en la sentencia». Indican que era obligación del fallador de alzada apreciar en su «integridad» las mencionadas resoluciones 6203 y 4662 de 2005, pues si así lo hubiese hecho, fácilmente se hubiera percatado de que en los mumerales 9 de los considerandos de ambas resoluciones», el Instituto de Seguros Sociales acepta la existencia de la deuda de una suma de dinero a favor de Ign cia Espinosa Ballestas y Farides lvón Páez Sosa, por concepto de reajustes prestacionales del año 2001». Después de transcribir algunas consideraciones de las resoluciones 6203 y 4662 de 2005, expedidas por el ISS, aseveran que el «reconocimiento expreso del deudor» efectuado en las resoluciones mencionadas tiene el efecto de interrumpir naturalmente la prescripción de la acción para reclamar los emolumentos que fueron dejados de pagar, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2539 del Código Civil, de manera que el término piescriptivo de la acción para reclamar las obligaciones reconocidas expresamente por el ISS en dichos actos administrativos, de acuerdo con los SCLAIPT-10 v.00 0 Radicación n. 59474 certificados de acreencias laborales que en ellos se mencionan, comenzó a correr nuevamente a partir del 29 de noviembre y del 19 de septiembre de 2005, fechas en los que

aquellos fueron expedidos respectivamente. En ese orden, la censura explica que como la demanda que dio origen al presente proceso se presentó el 5 de noviembre de 2008, respecto de la demandante Ignacia Espinosa Ballestas, a quien corresponde la Resolución 6203 del 29 de noviembre de 2005, resulta claro que no se encontraban prescritos sus derechos laborales, sin que sea relevante estudiar si la reclamación administrativa presentada por ésta el 12 de agosto de 2008, podía interrumpir válidamente la prescripción de la acción, puesto que, en todo caso, ya se había interrumpido el fenómeno prescriptivo antes del vencimiento de dicho término, «contado desde el momento del reconocimiento de la deuda por parte de su empleador». De otro lado, argumentó la censura que, frente a la situación de la accionante Farides Ivón Páez Sosa, el Tribunal desconoció que con la expedición de la Resolución 4662 de 2005, el ISS dio lugar a una nueva situación fáctica, caracterizada por el reconocimiento de la deuda por concepto de «reajuste prestacionales de los años 2001 y 2002»; que, además, la entidad demandada infringió los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima, puesto que se comprometió expresamente a reconocer un pago que luego se sustrajo de realizar, situación que motivó a que se presentaran las reclamaciones administrativas obrantes a

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Radicación n. 59474 folios 10 a 11, y 21 a 22 del plenario, las cuales fueron apreciadas equivocadamente en la lazada.

Arguyen que, si bien el término de prescripción de la acción para reclamar las obligaciones reconocidas expresamente por el ¡SS en la Resolución 4662 de 2005 comenzó a correr a partir del 19 de septiembre de la citada anualidad, - fecha de su expedición - con la reclamación que obra a folios 21 a 22, la cual se presentó el 28 de agosto de 2008, esto es, dentro de los tres años siguientes a que se profiriera el citado acto administrativo, se suspendió el fenómeno extintivo de la prescripción, al tenor del artículo 6 del CPTSS. Insisten las recurrentes en que el juez colegiado erró al concluir que «dicha reclamación no era viable legalmente hacerla, con el propósito de interrumpir la prescripción», desconociendo que el fin de la misma no era suspender dicho fenómeno, sino, por el contrario, buscaba cumplir con un «requisito de procedibilidad establecido por la Ley para poder demandar al Estado» (sentencias CC C-792 de 2006 y CSJ SL, 7 feb. 2012, rad. 37251). Aseveran que es evidente que el Tribunal se equivocó al declarar prescrita la acción de las demandantes, pues las reclamaciones administrativas anteriormente referenciadas suspendieron el término trienal de prescripción contado a partir de la expedición de cada uno de estos actos administrativos y, como quiera qu:: el ISS no agotó el trámite de dicha reclamación, dando una respuesta oportuna a la

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Ol Radicación n. 59474 misma, el término de prescripción continuó suspendido hasta el momento de presentación de la demanda ordinaria

que dio origen al presente proceso, que lo fue el 5 de noviembre de 2008. De otro lado, exponen que el fallador de alzada también desacertó al considerar que la comunicación general de trabajadores obrante a folios 33 a 37 no cumplía con los requisitos consagrados en el artículo 6 del CPTSS para considerarla como una reclamación con miras a interrumpir la prescripción, pues en el decir de las recurrentes, el colegiado se equivocó al aseverar que esa probanza «contiene una solicitud de información y no siquiera un simple reclamo»; que el juzgador de alzada no advirtió que en esas documentales, que fueron catalogadas como de simple información, se precisaron y relacionaron en forma específica los derechos reclamados, los cuales fueron reconocidos posteriormente en las resoluciones 6203 y 4662 de 2005 expedidas por el ISS.

VII. LA RÉPLICA El Instituto de Seguros Sociales se opone a la prosperidad de esta primera acusación, toda vez que asegura que el fallador de alzada en momento alguno apreció indebidamente las pruebas obrantes en el proceso, por el contrario, realizó una «consolidada exégesis» de las disposiciones normativas denunciadas con fundamento, además, en la jurisprudencia de la Corte y en el examen concienzudo de las fechas en que las reclamaciones

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Radicación n. 59474 administrativas fueron realizadas, lo cual lo llevó a determinar que la excepción de prescripción, en efecto, estaba llamada a prosperar.

Sostiene que, de conformidad con los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, se debe recordar que la reclamación administrativa interrumpe el término de prescripción por una sola vez y por un lapso igual; por tanto, al examinar el caso concreto, es claro que ésta se agotó por primera y única vez el 23 de mayo de 2004, pero al obtener las actoras respuesta por parte del ISS hasta el 19 de septiembre y 29 noviembre del 2005, respectivamente, se entiende que es a partir de esta última fecha que empieza a contabilizarse nuevamente el término de prescripción, venciéndose éste el 19 de septiembre de 2008, de conformidad con el periodo trienal que predican las normas en comento. En otras palabras, estima que el 19 de septiembre de 2008 se cumplían los tres años para el surgimiento del fenómeno prescriptivo; término que no se podía interrumpir así el trabajador realizara nuevos requerimientos, como ocurrió en el sub judice, es decir, que si bien las accionantes radicaron derechos de petición el 12 y 28 de agosto de 2008, respectivamente, se entiende que estos reclamos son inocuos para efectos de la prescripción, por cuanto, primero, recaen sobre las mismas pretensiones de la reclamación que data del 23 de mayo de 2004 y, segundo, este nuevo derecho de petición no interrumpe o suspende nuevamente la prescripción porque ésta opera sólo ante la primera reclamación.

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BL Radicación n. 59474

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada, por la vía directa y en la

modalidad de infracción directa, de violar los siguientes artículos: 8 de la Ley 6 de 1945, modificado por el artículo 2 de la Ley 64 de 1946; 43 del Decreto 2127 de 1945; 5 del Decreto 3135 de 1968; 3 y 4 del Decreto 1045 de 1978; 467, 468 y 470 del CST y 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945. También denuncian la violación medio de los artículos 488 y 489 del CST; 6 y 151 del CPTSS y 41 del Decreto 3135 de 1968 y 2539 del CC. En la demostración del cargo, las accionantes afirman que el Tribunal incurrió en un error jurídico, al traer como fundamento de su decisión, «de forma indebida y antitécnica», la sentencia CSJ SL 5 abr. 2001, rad 37767, en la que se analiza el tema de la renuncia de la prescripción por parte del deudor y la consecuencia de ello frente a otras acreencias o pretensiones laborales, en particular, la indemnización moratoria, sin examinar siquiera los planteamientos en los que dicha providencia se funda, los cuales consisten en la renuncia de la prescripción por parte del Instituto de Seguros Sociales respecto de las acreencias laborales reconocidas, pero no frente a la sanción moratoria, así como también, la improcedencia de la vía ordinaria para reclamar el derecho reconocido mediante resolución, toda vez que la procedente era la vía ejecutiva.

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Indican que, en el sub examine, el Tribunal no sostiene que haya debido iniciarse un proceso ejecutivo, ni que el Instituto de Seguros Sociales hubiese renunciado a la prescripción, pues, por el contrario, de la argumentación del ad quem se puede colegir que dicha renuncia nunca ocurrió, por cuanto en las resoluciones 6203 y 4662 de 2005, por lo menos, en sus puntos resolutivos, no se hizo reconocimiento expreso de las deudas a favor de las demandantes. Lo anterior significa que, el criterio contenido en la sentencia impugnada no resulta aplicable al presente caso, por la sencilla razón de que en esta oportunidad no se puede hablar de renuncia de la prescripción sino de interrupción natural de la misma, toda vez que, como se demostró en el cargo anterior, al momento de reconocimiento de las obligaciones por parte del Instituto de Seguros Sociales, a través de las resoluciones 6203 y 4662 de 2005, las acreencias reclamadas no se encontraban prescritas. El censor enseguida hace cita textual del artículo 2539 del Código Civil, que consagra la interrupción natural de la prescripción extintiva, para decir que, si bien en relación con el tema de la interrupción de la prescripción, los preceptos especiales contenidos en las normas laborales deben entenderse como un beneficio o protección adicional del derecho al trabajo, en desarrollo de su principio tuitivo, que se ha establecido a favor de los trabajadores, como acreedores de los derechos laborales, lo cierto es que, ello no significa que haya lugar a la inoperancia o inaplicabilidad de las reglas ordinarias en materia de interrupción de la

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o Radicación n. 59474 prescripción, particularmente la llamada interrupción natural, que tiene lugar cuando el deudor reconoce la existencia de la deuda. Es decir, que aunque las normas laborales dan al trabajador la posibilidad de interrumpir por una vez el fenómeno prescriptivo, mediante la presentación de la reclamación, «no significa que se excluya en materia laboral la interrupción natural de la prescripción consagrada en el Código Civib, toda vez que lo que en verdad sucede es que las normas del trabajo le dan un alcance mucho más amplio y favorable a esta figura, llevándola hasta concederles sus efectos cuando el que reclama es el trabajador. Pero, se repite, ello no significa que la declaración hecha directamente por el deudor reconociendo la obligación, esto es, por el empleador, carezca de consecuencias jurídicas en materia laboral. Por todo lo anterior, asevera que en el presente caso, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2539 del Código Civil, se debe necesariamente colegir que el reconocimiento expreso que hizo la demandada, mediante las respectivas resoluciones de la existencia de la deuda a favor de las demandantes, interrumpió la prescripción de la acción de las recurrentes.

IX. LA RÉPLICA El replicante sostiene que el cargo formulado por la senda jurídica no está llamado a prosperar, puesto que el

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Radicación n. 59474 fallador de segundo grado no cometió ninguna transgresión normativa y, por el contrario, le dio el verdadero alcance y la interpretación adecuada a las normas denunciadas en el

presente asunto. Sostiene que, al margen de las circunstancias de hecho ocurridas en el sub lite, el T ibunal de manera exhaustiva hizo un análisis profundo de la excepción de prescripción propuesta, lo que significa que su estudio en la alzada no vulneró en forma alguna las normas enlistadas en la proposición jurídica del ataque jurídico propuesto en el estadio de casación.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal decidió revocar la sentencia condenatoria de primera instancia, toda vez que consideró que las acreencias reclamadas por las actoras estaban afectadas por el fenómeno de la prescripción, al haber transcurrido entre la fecha en que se hicieron exigibles (2001 y 2002) y aquella en que se presentaron las respectivas reclamaciones administrativas (2008), más de tres años, conforme al artículo 151 del