CSJ - SL870-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL870-2024 Radicación n.° 96036 Acta 12 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación presentado por JOSÉ OCTAVIO CAMBINDO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 11 de noviembre de 2021, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta el recurrente contra MANUELITA S. A. y la

CTA LOS ASES DEL CAMPO LTDA.

I. ANTECEDENTES José Octavio Cambindo promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que entre él y Manuelita S. A. existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de octubre de 2005 hasta el 16 de enero de 2012, pues fue enviado en misión por la CTA Los Ases del Campo a dicha sociedad para realizar labores de corte de caña.

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Radicación n.° 96036 Solicitó que, en virtud de lo anterior, se condene a la accionada Manuelita S. A. a reconocer a su favor el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, «primas», vacaciones, auxilio de transporte, los aportes al sistema general de pensiones para el mes de junio de 2010, el subsidio familiar, la indemnización por despido sin justa causa, y la indemnización moratoria del artículo 65 del CST «y por no pago de cotizaciones al sistema de seguridad social». Igualmente reclamó el pago de los perjuicios morales

y las costas del proceso. Adicionalmente, pidió que se declare la responsabilidad solidaria de la CTA Los Ases del Campo Ltda. frente a las acreencias laborales causadas a favor del demandante, por los servicios prestados a Manuelita S. A., en calidad de trabajador en misión. Para sustentar sus pretensiones, aseguró que laboró al servicio de Manuelita S. A. entre el 1 de octubre de 2005 y el 16 de enero de 2012, en calidad de asociado de la CTA Los Ases del Campo Ltda., quien lo envió en misión para trabajar como cortero de caña, servicio que fue prestado de manera personal en los predios de la sociedad demandada, y bajo su subordinación. Dijo que su jornada de labor era de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. de lunes a domingo, que percibía un salario equivalente a $1.407.000, que siempre recibió órdenes de los supervisores, cabos o monitores de corte de Manuelita S. A., quienes estaban encargados de vigilar el cumplimiento del horario, apuntar el rendimiento de cada

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Radicación n.° 96036 trabajador y reportarlo a la empresa y a la CTA. Además, estos supervisores tenían como función planificar las labores que debía realizar y lo despachaban a los diferentes frentes de trabajo. Señaló que Manuelita S. A. elaboraba las planillas semanales y los comprobantes a nombre de la CTA demandada, y que el pago semanal del salario se realizaba en las instalaciones de la empresa accionada, en una oficina denominada «Manuelita Coop», que era atendida por

personal dependiente de esta. Explicó que Manuelita S. A. condicionó la prestación del servicio a que el demandante se afiliara a la CTA Los Ases del Campo Ltda. y, por ende, laboró por intermedio de esta cooperativa. Indicó que por ello los trabajadores vinculados a cooperativas de trabajo asociado manifestaron su inconformidad ante Manuelita S. A., la CTA y Asocaña, y afirmó que pese a conocer las reglamentaciones legales del trabajo asociativo, las accionadas las transgredieron para defraudarlo y despojarlo de sus derechos laborales. Agregó que las demandadas lo acosaron permanentemente y ejercieron conductas tendientes a causarle un perjuicio laboral, desmotivarlo en su trabajo e inducir su renuncia. Tal comportamiento se evidenció en el no pago de prestaciones sociales, aportes a pensión y deducciones ilegales del valor devengado, entre otras. Insistió en que prestó sus servicios personales a Manuelita

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S. A. como cortero de caña y estuvo subordinado a los supervisores, mayordomos y cabos de esta empresa.

Precisó que la cooperativa no era propietaria de las herramientas de trabajo, ropa de dotación, medios de producción o de transporte de caña, ni de los vehículos que trasladaban a los trabajadores hasta las «suertes» de caña, pues todos estos elementos eran de Manuelita S. A. Conjuntamente, alegó que la CTA tampoco realizó labores autogestionarias y el precio por corte de caña fue

impuesto por la sociedad demandada; además, en los acuerdos firmados entre las accionadas el 12 de noviembre de 2008 y 27 de noviembre de 2009 se evidenciaba la intromisión, injerencia y manipulación de Manuelita S. A., dado que hacía donaciones para los fondos de solidaridad y pagaba incapacidades y parafiscales de los corteros, imponía que éstos realizaran labores diferentes según las necesidades de la empresa cuando había interrupciones en la actividad de corte, donaba dinero para viviendas y asumía el costo del transporte de ellos. Indicó que dejó de prestar sus servicios a Manuelita S.

A. el 16 de enero de 2012, cuando venía siendo acosado permanentemente por las accionadas y fue inducido a renunciar, dado que en el año 2008 había hecho parte de la huelga de corteros que protestaron por mejores condiciones de trabajo y reclamaron la eliminación de la intermediación laboral. Informó, además, que durante su vinculación solicitó el pago de las acreencias laborales causadas por sus

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Radicación n.° 96036 servicios y por el trato discriminatorio frente a los trabajadores directos del ingenio, quienes sí recibían prestaciones y tenían una convención colectiva de trabajo. Finalmente, resaltó que no le fue pagado el aporte pensional para junio de 2010, el auxilio de transporte ni el subsidio familiar. Al dar respuesta a la demanda, Manuelita S. A. se opuso a lo pretendido y manifestó que los hechos no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, explicó que el

actor no trabajó a su servicio como trabajador en misión, que él suscribió un acuerdo asociativo con la CTA accionada con la cual Manuelita S. A. firmó varias ofertas mercantiles para el desarrollo de la actividad de corte manual de caña. Además, señaló que la empresa no ejerció actos de subordinación frente al accionante, quien laboró como trabajador asociado de la CTA Los Ases del Campo y era ésta quien se encargaba de vincular al personal necesario. Aclaró que los pagos se realizaban en las instalaciones de Manuelita S. A. porque allí se desarrolló el proceso contratado con la CTA, pero la referida sociedad no intervino en ello. Finalmente, precisó que contrató a la empresa MMM Consultores SAS para conciliar cualquier litigio derivado de la modalidad de contratación a través de cooperativas, y en virtud de ello, el demandante se acogió a un esquema de readaptación laboral y productiva propiciado por el ingenio, renunció a la CTA y celebró un

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Radicación n.° 96036 acuerdo transaccional, mediante el cual declaró a paz y salvo a las demandadas. Propuso las excepciones previas que denominó cosa juzgada y prescripción, y las de mérito de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y compensación. En audiencia del 15 de mayo de 2017, el a quo declaró no probada la excepción previa de prescripción, y probada la de cosa juzgada; esta última decisión fue apelada por la parte actora y revocada por el Tribunal mediante auto del

18 de octubre del mismo año, por no encontrar acreditada la triple identidad exigida por el otrora artículo 332 del CPC; en consecuencia, ordenó continuar con el trámite procesal. (folios 715 y 727 cuaderno principal digital). La CTA Los Ases del Campo dio respuesta a la demanda con oposición a las pretensiones; en cuanto a los hechos, aceptó el relativo a la función ejercida por los supervisores, cabos y monitores, aclarando que estas personas eran trabajadores de la CTA; igualmente admitió el horario de labor entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m., pero precisó que lo era de lunes a viernes, y no dominicales ni festivos. De los demás afirmó que no eran ciertos. En su defensa explicó que el actor no fue trabajador en misión al servicio de Manuelita S. A., sino asociado de la CTA, la cual desarrollaba el proceso integral de corte de caña de azúcar para dicha empresa, razón por la cual, no se causaron las prestaciones sociales y demás acreencias

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Radicación n.° 96036 laborales reclamadas, y en todo caso, el accionante recibió el pago de compensaciones ordinarias y extraordinarias, sin que se adeude suma alguna. Adujo que desarrolló la actividad de corte de caña de manera autogestionaria, sin que existiera injerencia alguna de Manuelita S. A. Agregó que el demandante celebró un acuerdo de transacción, «elevado a conciliación», mediante el cual se dirimió cualquier diferencia que se pudiese haber

presentado en razón a la naturaleza de su vinculación con la CTA, así como por los servicios prestados a Manuelita S. A. Propuso las excepciones de fondo de compensación, cosa juzgada, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, enriquecimiento sin causa, principio de legalidad y estabilidad jurídica, pago y prescripción. (folio 597 y ss. cuaderno digital) II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, en decisión dictada proferida el 5 de febrero de 2021 absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas por el actor y se abstuvo de imponer condena en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga conoció el recurso de apelación presentado por el demandante, y

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Radicación n.° 96036 mediante sentencia dictada el 11 de noviembre de 2021, confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas al apelante. Estableció como problema jurídico, determinar si se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la sociedad Manuelita S. A. Aclaró que en el recurso de alzada la parte actora planteó un hecho nuevo, relativo a que ejecutó actividades de «varios de campo, limpieza de acequias, corte de árboles etc.», tareas que no fueron mencionadas en la demanda inicial, y por ende no hicieron parte del debate probatorio, ya que el accionante únicamente manifestó haber desarrollado labores de corte de caña. En esa medida, el

juzgador consideró que, en los términos del artículo 281 del CGP, no podía atender estos aspectos novedosos planteados en la apelación. Explicó que cuando se reclama la declaración de existencia de un contrato de trabajo, a la parte demandante le basta demostrar la prestación personal del servicio para que opere la presunción contenida en el artículo 24 del CST, la cual puede ser desvirtuada por el presunto empleador. Aclaró que, en este caso, el accionante alegaba la existencia de un vínculo laboral con Manuelita S. A. en virtud del principio de la primacía de la realidad y una relación aparente entre el actor y la CTA demandada; por tanto, debía acudirse a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del CST.

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Radicación n.° 96036 Adujo que, según la primera norma referida, para que proceda la solidaridad es necesario que la actividad del contratista cubra una necesidad propia del beneficiario y sea una función normal u ordinaria propia de su objeto económico, consideración que apoyó en lo expuesto en decisión CSJ SL 24 ag. 2011, rad. 40135. También señaló que, aunque las cooperativas de trabajo asociado podían contratar la ejecución de una labor a favor de terceras personas en los términos de la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, lo cierto era que no podían ser utilizadas para enmascarar una verdadera relación de trabajo, tal como se indicó en sentencias CSJ SL1430-2018 y CSJ SL44792020. Resaltó que según lo dispuesto en el artículo 61 del

CPTSS, en la valoración de la prueba puede acudirse a criterios propios de la sana crítica y «las máximas de la experiencia», y tener en cuenta la conducta de las partes en el trámite procesal. Partiendo de ello, abordó el análisis de las pruebas, en especial el certificado de existencia y representación de Manuelita S. A., del que derivó que su objeto correspondía, entre otras cosas, a la explotación de la industria del dulce y de los negocios relacionados con los sectores de la agroindustria, ganadero, piscícola, alimenticio, metalmecánico, químico, farmacéutico, veterinario, financiero, bancario, crediticio, turístico, minero, siderúrgico, de oleaginosas, floricultura, fruticultura,

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Radicación n.° 96036 horticultura, plásticos, combustibles y gas; y que para ello podía efectuar todos los actos, contratos o gestiones necesarios como por ejemplo, cultivar caña, entre otros. (folios 3 y 59) Ante ello, relevó que el corte de caña no se incluyó como parte del objeto social de Manuelita S. A., que era precisamente la labor que el actor aseguró que había desempeñado. Relacionó otras pruebas, como el certificado de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, en el que se registraba la vinculación del actor a través de la CTA Los Ases del Campo a partir del 1 de octubre de 2005 hasta el 31 de enero de 2012. También aludió al escrito dirigido a

Asocaña, mediante el cual un grupo de personas de la Asociación 14 de junio presentaron una petición de diálogo frente al cumplimiento de algunos acuerdos celebrados en 2008 con los ingenios Pichichi, Manuelita, Providencia Central, entre otros, y la regulación de la contratación con CTA (folios 22 y 23); de este documento precisó que no se refería al demandante ni a la CTA demandada, y que tan solo aludía vagamente al ingenio accionado, por lo que consideró que «carece de objeto en el proceso». Enlistó otros documentos como recortes de prensa sobre la decisión absolutoria en materia penal frente a varios trabajadores, entre ellos el actor, por hechos ocurridos en una huelga en el año 2008 y actas de acuerdo suscritas entre varias cooperativas y Manuelita S. A. entre

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Radicación n.° 96036 2008 y 2009 en las que se hicieron constar convenios sobre valores por corte de caña y beneficios a favor de los corteros y a cargo de la sociedad accionada (folios 25 a 35). Adujo que de las mencionadas pruebas no era posible derivar la calidad de empleador de Manuelita S. A. porque ninguno daba cuenta de ello, por el contrario, evidenciaban, «al menos formalmente», la calidad de trabajador cooperado del actor respecto de CTA Los Ases del Campo, pues fue ésta quien realizó los aportes como empleadora; además, lo pactado en los acuerdos corroboraba la autonomía de las CTA, porque fueron el resultado de la negociación de sus asociados para obtener mejores condiciones en la ejecución de los contratos de orden civil que se habían celebrado, y no

para buscar una contratación directa con la sociedad, pues esto último no se derivaba de las actas. Afirmó que los documentos visibles a folios 112 a 150 del expediente evidenciaban el paso del demandante por la CTA Los Ases del Campo, formatos de sanciones y descargos, hoja de vida, solicitud de vinculación a la cooperativa, afiliación a seguridad social, historia clínica, convenio de trabajo cooperativo, así como actas del Consejo de Administración, formatos de liquidación de aportes a cargo de la CTA demandada, régimen de compensaciones y de trabajo asociado, en el cual se contempla que el trabajo estaba a cargo de los propios asociados de manera autogestionaria, y copia de los estatutos cooperativos. También relacionó las constancias de pago o informes de liquidación de nómina obrantes a partir del folio 284,

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Radicación n.° 96036 mediante las cuales se cancelaban las compensaciones ordinarias y extraordinarias al actor por parte de la cooperativa. Indicó que en los folios 564 y siguientes obraban las ofertas mercantiles de compra del servicio de corte manual de caña y su aceptación, en las que se estableció la autonomía técnica y directiva de la cooperativa para ejecutar las actividades, con sus propios medios y con libertad y autogestión, asumiendo los riesgos inherentes a ello. Documentos de los que derivó que Manuelita S. A. contrató «el corte» con la CTA demandada e informó cuales eran sus requerimientos y la manera como necesitaba el servicio. Aclaró que las partes desistieron de la práctica de la

prueba testimonial e interrogatorio de parte, y concluyó que del análisis conjunto del material probatorio se acreditaba que el actor en verdad estuvo afiliado a la CTA y no subordinado a Manuelita S. A., y que el servicio prestado como cortero de caña que efectuó el demandante, «que quedó plenamente demostrado», no lo fue directamente para el ingenio, sino para la cooperativa demandada, a la que el mismo actor admitió haberse asociado, de lo cual obraba prueba; además, estableció que «esos servicios» fueron contratados con una CTA a través de contratos de orden civil que estaban revestidos de legalidad. Insistió en que las pruebas esclarecieron que José Octavio Cambindo hizo parte de un ente cooperado «que le

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Radicación n.° 96036 prestaba sus servicios a la accionada, en el cumplimiento de su objeto social en el proceso de corte de caña», que existían unas instrucciones o directrices que recibían «los asociados de Manuelita» que no eran órdenes sino lineamientos encaminados a cumplir el propósito contractual entre las demandadas, y que la CTA era quien cancelaba la remuneración, solamente estos hechos son los que se acreditan con los medios probatorios allegados, pese a las manifestaciones efectuadas por la parte apelante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia,

revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, condene al pago de todas las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formula cinco cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por Manuelita S. A. y la CTA Los Ases del Campo. Inicialmente se abordará el estudio conjunto de las acusaciones primera, tercera y quinta, por denunciar similares normas, perseguir el mismo fin y presentar una argumentación

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Radicación n.° 96036 complementaria. De ser necesario, posteriormente se estudiarán los cargos dos y cuatro.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión impugnada, por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la Constitución Política, 13, 15, 34, 35, 65, 142, 186, 189, 193, 249, 253, 259 y 306 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975.

Refiere que el juez de la alzada incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se advierte la calidad de empleador del Ingenio Manuelita S. A., pues en

realidad las pruebas no apuntan a ese horizonte.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la calidad de trabajador cooperado del actor respecto a la CTA Los Ases del Campo, se desprende de los aportes que como empleadora efectuó dicha cooperativa.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la autonomía con la que funcionaban las CTA en esos acuerdos, se confirma la independencia.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que, analizando la prueba documental en conjunto, lo que se logra acreditar, contrario a lo pretendido, es que el actor en verdad estuvo afiliado a la CTA y no subordinado a Manuelita S. A.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que emana para esa Sala con suficiente transparencia que el servicio prestado como cortero de caña que efectuó el demandante (que quedó

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Radicación n.° 96036 plenamente demostrado), no fue directamente para el ingenio demandado, sino para la CTA Los Ases del Campo a la que el mismo actor en el líbelo introductorio admitió haberse asociado.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el verdadero empleador del demandante fue el Ingenio Providencia S. A.

(sic), a pesar de que el Tribunal señaló que “la prueba practicada en este asunto dejó esclarecido que, el señor José Octavio Cambindo hizo parte de una cooperativa que le prestaba sus servicios a la accionada en el cumplimiento de su objeto social en el proceso de corte de caña”.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el verdadero

empleador del demandante fue el Ingenio Providencia S. A. (sic), a pesar de que el Tribunal señaló que “existían unas instrucciones o directrices que recibían los asociados de Manuelita, pero que estas no eran órdenes sino lineamientos que estaban encaminados al cumplimiento del propósito contractual entre las entidades, y la documental allegada da cuenta que también era la CTA quien cancelaba la remuneración, nada más dejan ver esas probanzas, a pesar de las manifestaciones que realice el inconforme. Precisa que estas equivocaciones se derivaron de la indebida valoración de las siguientes pruebas:

1. Certificado de existencia y representación del Ingenio Manuelita S. A. (folios 3 y 59), en cuanto el Tribunal afirmó que su objeto social comprende el cultivo de caña, pero que no estaba incluido el corte de caña.

2. Folios 11 y ss. Reporte de semanas cotizadas a favor del actor y expedido por Colpensiones. Da cuenta de una vinculación a la CTA, efectuándose pagos entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de enero de 2012.

3. Folios 25 a 35. Actas de acuerdo suscritas entre varias CTA y la demandada Manuelita S. A. para los años 2008 y 2009, en los que se pactan compromisos en cuanto a los valores del producto cortado y unos beneficios a favor de los corteros y a cargo de la sociedad accionada.

4. Folios 112 a 450. Documentos que dan cuenta del paso del demandante por la CTA demandada.

5. Folios 284 en adelante. Constancias de pagos e informes de liquidación de nómina, mediante los cuales se cancelan las

compensaciones ordinarias y extraordinarias por parte de la CTA Los Ases del Campo.

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6. Folios 564 y ss. Ofertas mercantiles de compra del servicio de corte manual de caña y sus aceptaciones.

Igualmente denunció la falta de apreciación de los siguientes medios de prueba:

1. Contestación de la demanda por parte de Manuelita S. A.

(folios 547 a 558)

2. Contestación de la demanda por parte de CTA Los Ases del Campo (folios 451 a 462) Aduce que el Tribunal se equivocó al valorar el certificado de existencia y representación legal de Manuelita

S. A., toda vez que, si allí se incluye el cultivo de caña como parte de su objeto social, es evidente que de esta actividad hace parte la cosecha, la cual requiere el corte de la caña; y fue frente a esta última labor que se realizó la intermediación con la CTA demandada.

Indica que el reporte de semanas cotizadas a favor del actor, expedido por Colpensiones, da cuenta del pago de aportes entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de enero de 2012 a través de la CTA demandada, esto es, durante todo el tiempo en que el demandante estuvo realizando la intermediación de la labor de corte de caña a través de la CTA Los Ases del Campo, «como lo indican las ofertas mercantiles que el Ingenio contrató con la CTA durante el extremo temporal del demandante». Dice que el colegiado no apreció correctamente las actas de acuerdo suscritas entre 2008 y 2009 por

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Radicación n.° 96036 Manuelita S. A. y varias cooperativas. Resalta que de estos documentos se evidencia que el mencionado ingenio adquirió, entre otros, los siguientes compromisos: i) pagar incapacidades de los asociados; ii) hacer donaciones para pagar la totalidad de la seguridad social a cargo de la CTA; iii) prestar apoyo para la reubicación de los corteros por razón de incapacidad y fijarles un salario del 70%; iv) donar $262.000.000 para el programa de vivienda de la CTA; v) pagar el transporte de los corteros (folios 26, 577, 612, 646, 534); vi) otorgar préstamos a la CTA por valor de $1.000.000 por cada uno de sus asociados; vii) gestionar la capacitación en cooperativismo y viii) suministrar las dotaciones de trabajo a los cooperados. Resalta que, en el acuerdo pactado en el año 2009, Manuelita S. A. se obligó a no tomar represalias contra los asociados que participaron en la huelga del 2008, aspectos todos que, a juicio del casacionista, evidencian que el ingenio obró como el verdadero empleador del actor, y no la CTA, quien tan solo fungió como intermediaria. Sin que sea dable derivar de estos documentos que el ente cooperado hubiese actuado de manera autónoma e independiente. Releva que en los acuerdos celebrados entre los corteros y el ingenio en noviembre de los años 2008 y 2009 se aprecia la injerencia, intromisión y manipulación de Manuelita S. A. frente a la CTA, no solo por los

compromisos antes referidos, sino igualmente porque allí se previó que las tarifas del corte de caña eran impuestas por el ingenio; que este hacía donaciones al fondo de

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Radicación n.° 96036 solidaridad de la cooperativa; que en caso de interrupción en la labor de corte de caña, los trabajadores afiliados a la CTA realizarían actividades relacionadas con el cultivo de caña, lo que muestra una clara orden propia de la subordinación laboral; que si en razón a una prescripción médica el cortero debía realizar otras tareas, el ingenio compensaría $500.000 mensuales y que Manuelita S. A. haría donaciones para el fondo de educación. Advierte que estas circunstancias dan cuenta que la cooperativa accionada no pudo desarrollar ninguna autogestión, ya que existía injerencia, directrices y aporte de capital de Manuelita S. A., quien desplegó una intermediación de una actividad propia, descrita en el certificado de existencia y representación legal, como tal. De hecho, los acuerdos denunciados evidencian una verdadera «simulación laboral», ya que la CTA no tenía autonomía administrativa ni financiera, y tampoco era propietaria de las dotaciones y herramientas de trabajo, pues estos elementos fueron suministrados por el ingenio (folios 29 a 42). Insiste en que prestó un servicio personal para Manuelita S. A., en una actividad misional que la empresa pretendió tercerizar de manera simulada, aspecto que no fue advertido por el colegiado. Indica que los documentos de folios 169, 567, 576 y 645 acreditan que Manuelita S. A. se

obligó a definir la longitud de los tajos para l corte de caña individual, lo que permite inferir la existencia de una orden

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Radicación n.° 96036 para organizar el trabajo y, además, reiteró compromisos frente a donaciones para el fondo de educación. Agrega que los folios 26, 32, 39, 567, 568, 578 y 612 muestran que el ingenio era el encargado de suministrar las dotaciones de labor y las herramientas a los afiliados de la CTA, lo que resta autonomía a la actividad cooperativa. Y concluye que las pruebas denunciadas permiten inferir las particularidades que se presentaron en la realidad de la prestación del servicio por parte del demandante y que han debido fundar la decisión del colegiado, y así declarar la existencia de una verdadera relación de trabajo con Manuelita S. A.

VII. RÉPLICA La demandada Manuelita S. A. presenta oposición conjunta a los cargos. Asegura que el recurso presenta graves e insuperables deficiencias de orden técnico, dado que se acusa al Tribunal de haber derivado la calidad de trabajador cooperado de la cotización parafiscal realizada por la CTA, lo cual no es cierto y corresponde a un alegato fáctico propio de las instancias, que no puede discutirse en casación sin fundamento en una prueba calificada.

Además, agrega que no se discute ni desvirtúa el verdadero e íntegro sustento de hecho de la decisión impugnada y se incurre en contradicciones lógicas al denunciar la indebida apreciación y falta de valoración de los mismos medios de

prueba.

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Radicación n.° 96036 Resalta que el juez tiene la facultad de apreciar las pruebas de manera racional y bajo las reglas de la sana crítica, por lo que sus conclusiones probatorias solo pueden ser desvirtuadas cuando incurran en una grave y ostensible equivocación que contraríe la lógica, y lo cierto es que el recurrente pretende cuestionar la sentencia únicamente a través de pretendidos indicios de laboralidad del nexo, que tan solo constituyen conjeturas subjetivas y juicios de valor personales. Afirma que los cargos dirigidos por la senda jurídica no parten de las conclusiones fácticas establecidas por el juez de la alzada, sino que pretenden formular discusiones frente a elementos probatorios, lo que resulta improcedente. Asegura que no existió la subordinación jurídica laboral alegada, el demandante nunca fue empleado dependiente del ingenio accionado y lo único que se presentó fue una coordinación contractual entre las demandadas. Por tanto, al no tener lugar el elemento determinante de la relación de trabajo, esto es, la subordinación, no es posible considerar la existencia de dicho tipo de relación laboral. Además, afirma que el actor celebró dos transacciones, razón por la cual no puede revivir un conflicto resuelto mediante un acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada. La CTA Los Ases del Campo también presenta oposición conjunta a los cargos. Aduce las mismas falencias de orden técnico advertidas por la demandada Manuelita S.

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A. y señala que el colegiado no incurrió en error, toda vez que el actor nunca fue empleado del ingenio, y que la cooperativa obró legalmente, sin incurrir en alguna situación de intermediación laboral ni comportarse como empresa de servicios temporales.

Agrega que el accionante celebró dos transacciones que extinguieron cualquier obligación, pues hicieron tránsito a cosa juzgada, por lo que este litigio no ha debido continuar, sino declarar la excepción previa de cosa juzgada.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la decisión impugnada, por ser violatoria de la