CSJ - SL911-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL911-2023 Radicación n.°92695 Acta 14 Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ GLORIA PAIPA LOAIZA contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, trámite al cual se vinculó a CECILIA AGUDELO DE GARCÍA como interviniente ad excludendum.

I. ANTECEDENTES Luz Gloria Paipa Loaiza convocó a juicio a la citada entidad con el propósito que se declare: que en su calidad de compañera permanente le asiste el derecho al reconocimiento y pago del 100% de la pensión de

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Radicación n.° 92695 sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Gabriel García Cañón; y que la señora Cecilia Agudelo de García no es beneficiaria del citado derecho pensional en su «calidad inexistente de cónyuge supérstite». Consecuente con lo anterior, pidió que la demandada fuera condenada al reconocimiento y pago de la prestación pensional a partir del 24 de septiembre de 2016, en la suma inicial de $3.247.058, junto con el retroactivo pensional, los incrementos anuales, el «pago del interés legal por el retraso

ocasionado», la indemnización por perjuicios generados ante la negativa de la entidad, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, manifestó que sostuvo una unión marital de hecho con Gabriel García Cañón desde el 1 de septiembre de 2009, la cual fue declarada ante la Notaria Segunda del Círculo de Fusagasugá el 8 de abril de 2015; que su compañero recibió pensión de jubilación por parte de la empresa accionada mediante la Resolución 0002 del 12 de enero de 1995 y que éste falleció el 24 de septiembre de 2016; que el 7 de octubre del mismo año solicitó ante la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada a través de la Resolución 1033 del 23 de diciembre de igual anualidad, bajo el argumento de que el derecho pensional también había sido reclamado por Cecilia Agudelo de García en calidad de cónyuge del pensionado.

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Radicación n.° 92695 Afirmó que quien era la esposa del causante, no tenía derecho alguno a la pensión, pues, aunque el 19 de julio de 1964 contrajo matrimonio católico, tiempo después con sentencia judicial proferida el 19 de mayo de 2011 por el Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá se declaró: «el divorcio del señor GABRIEL GARCÍA CAÑON y la señora CECILIA AGUDELO DE GARCÍA cesando entre ellos los efectos civiles del matrimonio católico y se declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal».

Finalmente, indicó que era a ella, como compañera permanente que le asistía el derecho discutido en un 100%, pues para la fecha del óbito estaba haciendo vida marital en forma permanente y singular con el pensionado. Al contestar la demanda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra. Frente a los supuestos fácticos, aceptó la calidad de pensionado del causante, la fecha en que falleció, el inicio de la unión marital de hecho con la demandante, su registro ante la Notaria Segunda del Círculo de Fusagasugá, la solicitud pensional instaurada, el matrimonio celebrado entre Gabriel García Cañón y Cecilia Agudelo de García, así como el fallo judicial que declaró el divorcio y cesó los efectos civiles del vínculo conyugal. Respecto de los demás hechos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Argumentó en su defensa que, para acceder a la sustitución pensional se deben acreditar los presupuestos

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Radicación n.° 92695 exigidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, inclusive en casos de convivencia simultánea o cuando se reclama la prestación por una cónyuge o compañera permanente, pues en el evento de presentarse la primera situación, la sustitución pensional se dividirá en proporción al tiempo de convivencia de cada una. Añadió que el conflicto de beneficiarias debía dirimirse por la jurisdicción ordinaria laboral. Formuló como excepciones de fondo las de buena fe,

inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. El juez de conocimiento, con auto del 3 de octubre de 2017 (f.° 87) ordenó vincular como interviniente ad excludendum a Cecilia Agudelo de García y en providencia del 30 de mayo de 2018 (f.°295) le tuvo por no contestada la demanda. La referida interviniente ad excludendum presentó demanda en contra de Luz Gloria Paipa Loaiza y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor en un 100% o en la proporción al tiempo que resultare probado, desde la fecha del deceso de su cónyuge el 24 de septiembre de 2016, junto con el retroactivo pensional, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, el reajuste o corrección monetaria sobre las mesadas adeudadas, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

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Radicación n.° 92695 Como presupuestos fácticos de sus pretensiones, relató que contrajo matrimonio con Gabriel García Cañón, por rito católico, el 19 de julio de 1964, que posteriormente fue registrado ante la Notaria Sexta del Círculo de Bogotá; que de dicho vínculo nacieron cuatro hijos, todos mayores de edad, y que luego de 50 años de convivencia decidieron «separarse, divorciarse, debido al maltrato físico, psicológico y violencia intrafamiliar que ejercía el señor GABRIEL GARCÍA

CAÑÓN».

Adujó que mediante sentencia proferida el 19 de mayo de 2011 el Juzgado Dieciséis de Familia del Circuito de Bogotá decretó el divorcio y la cesación de los efectos civiles del matrimonio y «dejó en estado de liquidación la sociedad conyugal», la cual en definitiva no fue liquidada. Mencionó que antes de la sentencia de divorcio a Gabriel García Cañón le fue impuesta, mediante sentencia del 21 de febrero de 2011, una cuota alimentaria a su favor, en proporción al 25% del valor total que recibía de su pensión de jubilación, pero con posterioridad al divorcio el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá lo exoneró de tal cuota; que no obstante el pensionado por voluntad propia siguió brindándole una ayuda monetaria, en la suma de $500.000, para atender sus gastos de subsistencia. Refirió que, a pesar de la separación de la pareja, el difunto siempre estuvo atento a sus necesidades, la socorría económicamente, la visitaba con frecuencia, al punto que

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Radicación n.° 92695 estaba pendiente de sus gastos y necesidades. Añadió que reclamó la sustitución ante la hoy demandada, sin éxito alguno por existir conflicto de beneficiarias con Luz Gloria Paipa Loaiza. Finalmente, indicó que si bien tuvo conocimiento que quien fuera su esposo convivía con Luz Gloria Paipa Loaiza, lo cierto era que la presunta unión marital de hecho no inició en el año 2009, sino que fue solamente desde el 2011, dado

que ello sucedió «días después de haberse dictado la sentencia de DIVORCIO». La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP al contestar la demanda de la interviniente ad excludendum, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó el referido a la solicitud pensional, frente a los demás, dijo que no le constaban o que correspondían a manifestaciones «que debe afirmar o negar». Como argumentos defensivos refirió que ante la reclamación del derecho pensional por más de una beneficiaria, lo único que podía resolver la entidad era abstenerse de reconocer el derecho hasta cuando la justicia ordinaria laboral decidiera a cuál de las reclamantes se le debía conceder este beneficio o definiera el porcentaje que le corresponde a cada una de ellas. Enlistó como excepción previa la que denominó falta de competencia al no haberse agotado la reclamación administrativa respecto de todas las pretensiones y, de fondo

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Radicación n.° 92695 las de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, compensación, prescripción, cobro de lo no debido, pago, buena fe y la genérica. La accionada Luz Gloria Paipa Loaiza al dar respuesta al libelo de la interviniente, se opuso a todas las pretensiones. Respecto de los supuestos fácticos, aceptó el matrimonio celebrado entre la actora y Gabriel García Cañón, los hijos procreados en dicho vínculo, la sentencia de divorcio y cesación de efectos civiles de esa unión, la solicitud pensional

elevada y la decisión negativa de la entidad; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, argumentó que la pretensión de la ex cónyuge carecía de fundamento jurídico, dado que desde el año 2011 tiene disuelto el vínculo matrimonial que conformó con el pensionado. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado, cosa juzgada, «temeridad y mala fe» y la genérica. El juzgado de conocimiento mediante auto del 3 de diciembre de 2018 (f.°296) declaró probada la excepción previa formulada por la empresa accionada frente a la demanda interpuesta por Cecilia Agudelo de García y dispuso «en consecuencia excluir las pretensiones que no fueron objeto de reclamación administrativa, con respecto a las pretensiones de mesadas adicionales de junio y diciembre,

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Radicación n.° 92695 intereses moratorios, pago indexado de las mesadas, condenas ultra y extra petita y las costas y agencias en derecho».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de septiembre de 2019, resolvió: PRIMERO: NEGAR la tacha formulada por el apoderado de la demandante, respecto del testimonio de JULIO EDGAR GARCÍA

AGUDELO.

SEGUNDO: RECONOCER a favor de LUZ GLORIA PAIPA LOAIZA,

la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho, en condición beneficiaria de GABRIEL GARCÍA CAÑÓN, a partir del 24 de septiembre de 2016, junto con las mesadas adicionales.

TERCERO: ORDENAR a la demandada incluir en nómina de

pensionados a LUZ GLORIA PAIPA LOAIZA.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas

por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTÁ ESP.

QUINTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP a pagar a favor de LUZ GLORIA PAIPA LOAIZA la suma de $145.048.219,81, correspondientes a las mesadas causadas y no pagadas entre el 24 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de

2019.

SEXTO: CONDENAR a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP a efectuar el pago de las sumas objeto de condena debidamente indexado hasta que se verifique su pago.

SÉPTIMO: AUTORIZAR a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP a descontar del valor del retroactivo reconocido, lo correspondiente a los aportes en salud y a efectuar en lo sucesivo las deducciones por tal concepto.

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OCTAVO: ABSOLVER a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP de las pretensiones incoadas por la interviniente ad excludendum

CECILIA AGUDELO DE GARCÍA.

NOVENO: CONDENAR a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP y a CECILIA AGUDELO DE GARCÍA a las costas del proceso.

Inclúyase en la liquidación de costas la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor en que se estiman las agencias en derecho.

DÉCIMO: En caso de no ser apelada, consúltese con el superior la presente sentencia a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apelaron la interviniente ad excludendum y la empresa demandada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia proferida el 31 de julio de 2020, decidió: PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y noveno de la sentencia recurrida, en cuanto condenó a la entidad demandada al reconocimiento de la prestación de sobrevivencia reclamada por la demandante; para en su lugar ABSOLVER a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas por la señora Luz Gloría Paipa Loaiza, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal octavo de la sentencia recurrida, para en su lugar, CONDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia causada con ocasión del fallecimiento del señor Gabriel García Cañón a favor de la señora

Cecilia Agudelo en un 100% de la cuantía que percibía el causante y desde la fecha de su deceso.

TERCERO: Sin COSTAS en esta instancia, las de primera instancia se encuentran a cargo de la demandante.

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Radicación n.° 92695 De acuerdo a los recursos de apelación interpuestos, indicó que el problema jurídico a resolver, consistía en determinar si la entidad accionada se encontraba obligada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en calidad de compañera y/o de la interviniente ad excludendum «y de ser así, determinar si el monto reconocido por el juez de primer grado a título de retroactivo fue acertado». Expuso que no eran objeto de discusión los siguientes hechos: que el 24 de septiembre de 2016 falleció Gabriel García Cañón, quien ostentaba la condición de pensionado de la accionada desde el 12 de enero de 1995. Puntualizó que teniendo en cuenta la fecha de la muerte, la norma llamada a dirimir la controversia era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que exige acreditar una convivencia mínima de cinco años inmediatamente anteriores al deceso. Respecto a la interviniente Cecilia Agudelo de García, indicó que no era motivo de discusión y se tenía acreditado, que el 19 de julio de 1964 había contraído matrimonio con el causante y que, mediante acuerdo del 19 de mayo de 2011

aprobado por autoridad judicial, tomaron la determinación de disolver dicho vínculo mediante la declaración de divorcio y cesación de los efectos civiles del matrimonio católico (f.°15 a 17 y 124 vto.), es decir, que para la data del óbito ya no ostentaba su condición de cónyuge.

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Radicación n.° 92695 Aseveró que la señora Cecilia Agudelo había referido que luego de la separación, la relación persistió hasta el momento del fallecimiento del causante, manteniéndole el apoyo económico por cuanto ella no tenía otro ingreso, aspecto que habían corroborado los testigos Rosalba Pirazan Nova, María Claudia Moreno, Gloria Cecilia y Julio Edgar García Agudelo; los dos primeros arrendatarios de la pareja García Agudelo y los dos últimos como hijos, quienes además señalaron que el pensionado siempre estuvo pendiente de quien fuera su esposa y afirmaron que «le dejaba dinero o se lo enviaba con el ahora abogado de la demandante». Explicó que, aunque se podía argumentar que tales desembolsos los realizó el pensionado en virtud de un proceso de alimentos en el que se condenó a pagar a la señora Cecilia Agudelo una suma equivalente al 25% de su pensión, «ello lejos de desvirtuar el apoyo económico, lo corrobora, más aún si se demostró que la obligación civil alimentaria cesó por orden judicial y a pesar de ello el causante persistió con su ayuda económica». Dijo que, por su parte, María Elvira García Cañón, hermana del difunto, informó que siempre tuvo una relación cercana con él y que desconocía ese apoyo; que también

había afirmado que dejó de comunicarse con su hermano por espacio de cinco años, pero cuando volvió a saber de él, estaba en el municipio de Silvania viviendo sólo, porque su relación conyugal se había deteriorado y que por los dichos del causante se enteró que «un día éste fue a Bogotá y habían

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Radicación n.° 92695 cambiado las llaves y nadie le quiso abrir; es decir, que nada le consta personalmente, pues todo lo sabe de oídas». Añadió que también se encontraba probado que en el acuerdo civil de divorcio y cesación de efectos del matrimonio católico el causante se comprometió a afiliar a quien había sido su esposa a la EPS, presupuesto que, en decir del ad quem, reafirmaba su deseo de velar por su subsistencia. Destacó entonces que, se encontraba establecida la calidad de ex cónyuge de Cecilia Agudelo, «condición que al tenor de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 le permitía acceder al reconocimiento del derecho pensional en cualquier tiempo; toda vez que quedaron establecidos los lazos de afecto propios de una familia con posterioridad a su separación». Aseveró que la pensión de sobrevivientes se ha definido como una prestación que se genera en favor de aquellas personas que dependen económicamente de otra que fallece, con el fin de impedir que deban soportar cargas materiales y espirituales causadas por esta pérdida. Luego de transcribir el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, indicó que

la cohabitación era requisito indispensable para otorgar el derecho a la pensión de sobrevivientes y que: […] 5 años de convivencia exigidos por la norma se pueden demostrar sin observación del vínculo formal, dado que, en el fondo, el querer del Legislador, fue el de brindar protección al vínculo más allá de un rótulo o escrito notarial, en virtud del principio de solidaridad que se da entre las partes que formaron una comunidad de vida.

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Radicación n.° 92695 Expresó que «no es adecuado ligar o reducir el requisito de convivencia a la calidad formal de cónyuge o compañero, o demás figuras propias del derecho de familia o, incluso a ciertas situaciones de hecho, que en principio darían a entender la extinción del vínculo formal», pero que en el fondo revelan la voluntad de las personas involucradas de continuar brindándose apoyo, auxilio o socorro. Arguyó que se debe examinar cada caso con sus particularidades, a fin de determinar la calidad de beneficiario de la prestación económica y no simplemente por el hecho de que exista un documento que diga que no hay matrimonio se excluya a la persona que reclama. Expresamente, así lo consideró: […] en el asunto, pese a que no se discute que existe una ex cónyuge, debido a la cesación de efectos civiles del matrimonio, lo que en principio se aleja de la condición prevista por la norma, dado que el derecho solo recae en quien todavía ostenta esa condición pero separado de hecho, lo cierto es que en el fondo se trata de una simple formalidad, que no puede sobreponerse sobre

requisitos fundamentales de solidaridad como el auxilio o socorro que se brindó la pareja pese a la demostración de la declaración formal, pues en el terreno fáctico, lo que se demuestra, es que el pensionado, pese a no vivir bajo el mismo techo con su ex cónyuge, continuó brindándole la ayuda indispensable para mantener su calidad de vida, por ejemplo, al mantenerla afiliada al sistema de seguridad social en salud, es decir, se dejaron de lado las consecuencias jurídicas de un rompimiento formal del vínculo familiar, para pasarlo al terreno de la solidaridad con la persona con la cual convivió una gran cantidad de años, que le sirvieron a la postre para construir la pensión, y que ahora, con su muerte, quien recibía la ayuda voluntaria, más la requiere. Reiteró que, en estos asuntos, los jueces del trabajo deben «avanzar más en la verificación de la construcción de la pensión y reconocer el esfuerzo de la persona que estuvo prodigando cuidados, esfuerzo y sacrificio, que se traduce en

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Radicación n.° 92695 haber construido una verdadera familia en algún momento», como se indicó en la sentencia CSJ SL5169-2019 al tratar el tema del «cónyuge separado de hecho». Coligió que en el sub examine se debía otorgar la prestación a la interviniente ad excludendum, pues pese a la demostración formal «de extinción del vínculo familiar», se trata de una persona que contribuyó en la conformación del derecho pensional del causante, lo cual es de suma importancia, porque construyó con aquél una familia, cuyo

esfuerzo debe ser recompensado, con mayor razón, si en los últimos días de vida del pensionado, todavía se mantenía ese apoyo espiritual y material, «independientemente de lo que la letra haya previsto en una escritura u otro documento». Precisó que el pensionado convivió con su esposa desde el 19 de julio de 1964, fecha en que contrajeron matrimonio, hasta su divorcio en el año 2011, esto es, por espacio de 47 años, no obstante, el apoyo y ayuda mutua perduraron hasta el año 2016, lo que significa que en total fueron «52 años de apoyo y solidaridad». De otro lado, la colegiatura argumentó que en relación con la solicitante Luz Gloria Paipa Loaiza, era del caso tener en cuenta que aunque en el año 2011 el pensionado, en declaración extrajuicio ante notario (f.°19) señaló que convivió con ella, realmente tal convivencia se solemnizó mediante escritura pública en la que se declaró la unión marital de hecho en el año 2015, lo que significa que «documentalmente hablando», solo existía prueba de dicha

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Radicación n.° 92695 convivencia a partir de esa escritura pública, esto es, desde el 8 de abril de 2015, toda vez que para tales efectos no era dable valorar la declaración extrajuicio del causante, en la medida que era «un documento privado que fue infirmado por la escritura pública aludida, máxime si tenemos en cuenta que fue aportado en fotocopia simple, sin que se justifique la razón de por qué no se anexó el original, circunstancia que le resta

valor probatorio a la fotocopia en mención», como lo prevé el artículo 245 del CGP. Explicó que la falta de convivencia con la compañera en los cinco años anteriores al fallecimiento estaba corroborada con el dicho de la deponente Blanca Stella Nilo, quien señaló que conoció tanto a Luz Gloria Paipa como a Cecilia Agudelo debido a su condición de pensionada de la empresa demandada y que además tuvo cercanía con la pareja que conformó aquel con la primera de las mencionadas, porque se fue a vivir al municipio de Fusagasugá, en donde éstos convivían y tuvo la oportunidad de compartir con ellos varios momentos, luego el propio García Cañón le había manifestado que «él se había separado de la señora Cecilia Agudelo y que le había dejado una casa». Del mismo modo, la testigo María Elvira García Cañón, hermana del causante, en punto a la relación con la compañera indicó que después de que aquél se separó de la señora Cecilia Agudelo se trasladó a vivir al municipio de Fusagasugá con la señora Luz Gloria Paipa y tuvo conocimiento de la convivencia entre estos hasta el momento del fallecimiento, pero que al mismo tiempo había afirmado

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Radicación n.° 92695 que se distanció de su hermano durante cinco años, «lo que refleja que gran parte de la historia la conoce de oídas». Puso de presente que la referida declarante también había afirmado que cuando el pensionado estuvo hospitalizado en el municipio de Fusagasugá y posteriormente en la Clínica Shaio en Bogotá, debido a un impacto de bala, quien siempre estuvo pendiente de él fue

Luz Gloria Paipa y sus hijos Carlos y Gloria. Finalmente, coligió que del material probatorio obrante en el proceso se pudo establecer que entre Luz Gloria Paipa Loaiza y García Cañón en realidad sí surgió «una relación de carácter afectivo de acompañamiento y ayuda mutua propios de una familia», condición que inclusive reconocieron los hijos del fallecido, sin embargo, no se reunieron los requisitos para que aquella pudiera acceder al derecho reclamado, ya que el tiempo de convivencia del que existe certeza se extendió del 8 de abril de 2015 hasta la fecha de la muerte de aquél, esto es, el 24 de septiembre de 2016, solamente equivale a 17 meses, densidad que resulta insuficiente para que la demandante en condición de compañera permanente acceda al reconocimiento de la prestación de sobrevivencia. En ese orden, el juez plural puntualizó que debía revocar la determinación del a quo en relación con el reconocimiento de la condición de beneficiaría de la actora Luz Gloria Paipa Loaiza respecto del causante y que declaró el juez de primer grado, para en su lugar, absolver a la accionada de tales pedimentos.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante Luz Gloria Paipa Loaiza, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que en sede de instancia confirme en su totalidad la decisión del a quo.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula dos cargos que obtienen réplica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, los cuales se estudiarán de manera conjunta porque, aunque se orientan por sendas diferentes, se valen de una argumentación que se complementa, denuncian similares normativas y persiguen el mismo cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: […] 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 -éste último que modificó el artículo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993-; Artículos 4, 5, 13, 42, 48 y 53 de la Constitución Política; Artículos 113, 152, 154, 160 y 176 del Código Civil; Artículos 1 y 4 de la Ley 54 de 1990; Artículo 2 de la ley 979 de 2005; Artículos 60 y 61 del Código

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Radicación n.° 92695 Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Artículos 244, 245 y 246 del Código General del Proceso; Sentencias de la Sala Laboral del órgano de cierre SL 5169 -radicación número 79539de noviembre 27 de 2019, SL 1399 -radicación número 45.779de abril 28 de 2018; Sentencias de Constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional números 533 de 2000 -reiterada en

sentencia C-700 de 2013-, 131 de noviembre 28 de 2018; y Sentencia de Unificación número 617 de agosto 28 de 2014, expedida por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Afirma que tal violación se produjo por la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho: 1.- No dar por demostrado estándolo, que la demandante Luz Gloria Paipa Loaiza, convivió con el causante Gabriel García Cañón, como compañeros permanentes de manera singular y continua desde el 1 de septiembre del 2009 hasta el día del fallecimiento de este último acaecido el 24 de septiembre de 2016 -de acuerdo a Escritura Pública número 1057 de abril 8 de 2015, otorgada por los compañeros permanentes García-Paipa-. 2.- No tener por demostrado estándolo, que la convivencia como compañeros permanentes entre la demandante Luz Gloria Paipa Loaiza y el causante Gabriel García Cañón, lo fue por un lapso superior a 5 años anteriores al fallecimiento de éste. 3.- No tener por probado estándolo que ante la cesación de efectos civiles del matrimonio católico de la pareja GarcíaAgudelo, declarado por decisión judicial, de una parte, se produjeron los efectos reglados en el Artículo 160 del Código Civil; y de otra, se extinguieron las obligaciones matrimoniales consagradas en el Artículo 176 ibidem. 4.- No tener por probado estándolo que ante la cesación de efectos civiles del matrimonio católico de la pareja GarcíaAgudelo, cada uno no solo recuperó su estado civil de soltero,

sino también, adquirió la condición de tercero ajeno al grupo familiar del otro. 5.- No tener por probado estándolo, que la interviniente ad excludendum Cecilia Agudelo, no acreditó ora haber convivido como compañera permanente por un interregno mínimo de 5 años vigente para el acaecimiento del hecho jurídico muerte del pensionado, ya haber contraído nuevamente matrimonio con su ex cónyuge, adicionado con la convivencia mínima de un lustro en cualquier tiempo, computable de manera ulterior a las segundas nupcias.

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Radicación n.° 92695 6.- No tener por probado estándolo, que por sentencia judicial del Juzgado 14 de Familia de Bogotá dictada el 18 de abril del 2013 y que militó en el proceso, el causante fue exonerado de seguir suministrando alimentos al tercero ex cónyuge Cecilia Agudelo. 7.- Dar por probado sin estarlo, que el término de convivencia de los compañeros permanentes García-Paipa, respondió tan solo a 17 meses, computados a partir de abril 8 de 2015, de manera concomitante a la solemnización de la misma por instrumento público número 1057 otorgado ante la Notaría Segunda del Círculo de Fusagasugá. 8.- Dar por probado sin estarlo, que la Escritura Pública número 1057 de 2015, infirmó la declaración extrajudicial rendida en noviembre 24 de 2011 ante la Notaría Primera del Círculo de Fusagasugá, por parte del compañero permanente Gabriel García Cañón. 9.- Dar por probado sin estarlo, que el ámbito temporal de

convivencia de los señores García-Agudelo respondió a 47 años, exteriorizado desde julio 19 de 1964 hasta mayo 19 de 2011. 10.- No dar por demostrado estándolo, que el apoyo y ayuda brindada por el señor García Cañón a la señora Cecilia Agudelo, a partir de la firmeza y ejecutoria tanto de la providencia judicial de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, como de la sentencia de exoneración de cuota alimentaria, fue un acto de mera liberalidad en beneficio de un tercero ajeno al núcleo familiar de aquel. Enlista como pruebas erróneamente apreciadas, las siguientes: a.- Copia auténtica de la Escritura Pública número 1057 de abril 8 de 2015 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Fusagasugá, contentiva de la manifestación de comunidad de vida permanente y singular y de unión marital de hecho desde septiembre 1 de 2009 por parte de los compañeros permanentes Gabriel García Cañón y Luz