CSJ - SP096-2024(60207)

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente CUI 85001310700120180055001 SP096-2024 Radicación No. 60207 (Acta No.008) Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Luis Armando Rincón, parte civil reconocida en el trámite, contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Yopal dentro del proceso que se les adelantó a los procesados Yaroslav Verjan Gómez y Riquelme Castro Plata, por los delitos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, extorsión agravada, consumada y tentada, y concierto para delinquir agravado. HECHOS Y ACTAUCIÓN PROCESAL RELEVANTE 1.- El ciudadano Luis Armando Rincón denunció ante la Fiscalía, que miembros de las autodefensas comandadas por Vicente Castaño, lo desplazaron de su finca denominada la Argentina, ubicada en la vereda Pozo Petrolero, del municipio de Trinidad en el departamento de Casanare. Según se estableció, fue víctima constante de extorsión y se vio forzado a pagar cerca de 180 millones de pesos para que no atentaran contra su vida, la de sus familiares y de los trabajadores del predio, dinero que canceló hasta mediados del año 2000. Para atender las ilegales exigencias tuvo la víctima incluso que enajenar el fundo denominado La Arabia, viendo

cada vez más disminuido su patrimonio. Por esa época arreciaron las amenazas de muerte de parte de los paramilitares, tanto que en una oportunidad llegaron a la finca varios hombres preguntando por él, los trabajadores indicaron que se hallaba en Yopal y los ilegales procedieron a destruirlo todo, prendieron fuego a los muebles, enseres y todo objeto personal del señor Luis Armando Rincón, arrojaron también una granada dentro de la casa, con lo que se generó daño y destrucción en el predio y zozobra en el grupo de trabajadores. El afectado ya no tuvo cómo cumplir las ilícitas exigencias de manera que tampoco pudo regresar a su finca. Ante esta situación, un grupo de 50 paramilitares al mando de “Alcides” y “Mateo”, aduciendo incumplimiento en los pagos extorsivos, tomaron posesión de la finca, corrieron a los trabajadores, dieron plazo a los terceros que alimentaban allí su ganado para que lo retiraran, y pasaron a ocupar la finca La Argentina. 2 Comenzando el año siguiente1 las autodefensas le exigieron a la víctima la venta del predio e incluso le indicaron el nombre de las personas a quienes debía enajenarles: Óscar de Jesús Cadavid2 y Benedicto Romero, con quienes se suscribió la escritura respectiva el 6 de junio de 2001. Con ocasión de su forzado desplazamiento y la incesante persecución de los paramilitares, el señor Rincón y su familia se vieron obligados a residir en distintos lugares del país y, finalmente, abandonarlo para refugiarse en Bolivia.

2.- Los hechos descritos dieron lugar a diversos procesos penales en los cuales se investigó el comportamiento de algunos integrantes del grupo delincuencial. La presente actuación se dirigió a estudiar específicamente el comportamiento de Riquelme Castro Plata y de Nelson Verjan Gómez , quien ante el (también se hacía llamar Sergio Alberto Gómez Ortiz) notario 69 de Bogotá, mediante escritura pública 2973 del 28 de septiembre de 2015, cambió su nombre por el de Yaroslav Verjan Gómez. 3.- Los mencionados implicados fueron vinculados a la actuación como personas ausentes mediante resolución del 31 de mayo de 2013, proferida por el Fiscal 3º de la unidad de delitos contra la desaparición y desplazamiento forzado, 1 2001 2 Con ocasión de esos hechos el señor López Cadavid fue condenado por la Corte a 90 meses de prisión por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, mediante sentencia del 19 de enero de 2011 Rad. 33260. 3 funcionario que les resolvió situación jurídica el 24 de julio de 2014, con medida de aseguramiento de detención preventiva3. 4.- Mediante proveído del 15 de abril de 2016 el funcionario instructor formuló acusación en contra de Nelson Verjan Gómez, hoy Yaroslav Verjan Gómez, por los delitos de extorsión agravada consumada, en concurso con extorsión agravada en grado de tentativa, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, y concierto para delinquir agravado; contra Riquelme Castro Plata por los delitos de

extorsión agravada consumada y concierto para delinquir agravado4. El proveído calificatorio cobró firmeza el 7 de febrero de 2018, luego de subsanarse la irregular notificación advertida en su momento por el juez de la causa, quien, por esa razón, dispuso repetir el trámite mediante auto del 15 de noviembre de 2017. 5.- Por los delitos imputados a cada acusado el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, mediante sentencia del 24 de julio de 2020, condenó a Castro Plata a 300 meses de prisión, multa de 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y al pago de perjuicio morales equivalentes a 70 salarios; y a Yaroslav Verjan Gómez a 420 meses de prisión, multa de 4500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y al pago de 100 salarios como reparación de los perjuicios morales ocasionados a la víctima. De igual modo, 3 Expediente digital C.C. No. 6 páginas 72 s.s. 4 Ib. Páginas 161 s.s. 4 les impuso 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 6.- El Tribunal Superior de Yopal con fallo del 16 de abril de 2021 que resolvió la apelación de los defensores, declaró prescrita la acción penal en relación con los delitos atribuidos Riquelme Castro Plata, por lo que ordenó la cesación de procedimiento en su favor; de la misma manera, por similar razón, dispuso la extinción de la acción por el delito de concierto para delinquir atribuido a Yaroslav Verjan Gómez,

razón por la cual modificó las penas impuestas en primera instancia, las cuales fijó en 360 meses de prisión y multa de 1750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de extorsión agravada, consumada y tentada, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado. 7.- La sentencia de segundo grado fue recurrida en forma extraordinaria por el defensor de Yaroslav Verjan Gómez y el apoderado de la parte civil, quienes allegaron en término los escritos de sustentación respectivos. 8.- Luego de subsanar una irregularidad acontecida en esta sede, mediante proveído del 28 de septiembre de 2022, la Corte resolvió admitir para estudio de fondo la demanda presentada por el apoderado de la parte civil e inadmitir la formulada en nombre del acusado Verjan Gómez. 5 DEMANDA DE CASACIÓN Formula dos cargos con base en el apartado inicial del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/00). Primer cargo. Violación directa por aplicación indebida del artículo 80 del Decreto 100 de 1980, lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, artículo 332 de la Ley 600 de 2000, la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma La decisión del Tribunal de decretar la prescripción de la acción penal aplicando la norma referida del anterior Código Penal, resulta desacertada al no tener en cuenta que el

concierto para delinquir en este caso, relacionado con un grupo armado ilegal que ejecutaba diversas delitos considerados crímenes de lesa humanidad, es de naturaleza imprescriptible, al menos hasta que los agentes del ilícito sean individualizados y vinculados formalmente a la actuación, mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente. Los procesados en este asunto, prosigue el demandante, luego de su plena individualización, fueron vinculados como personas ausentes, mediante proveído del 31 de mayo de 2013, fecha desde la cual debió contabilizar el Tribunal el término prescriptivo. Esto hacía improcedente decretar la extinción de la acción por ese motivo, toda vez que no había 6 transcurrido el término máximo de la sanción cuando se produjo la firmeza de la resolución de acusación. Segundo cargo. Interpretación errónea del artículo 186 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4° de la Ley 589 de 2000, y falta de aplicación del artículo 332 de la Ley 600 de 2000, 93, 214 de la Constitución Política y los tratados internacionales enunciados en la censura inicial. Corolario de lo anterior también se aplicó de manera indebida el artículo 80 del anterior Código Penal. El actor entiende correctamente seleccionado en la resolución del asunto el artículo 186 del Código Penal de 1980. Sin embargo, el sentenciador de segundo grado menguó su contenido y alcance, pues de la lectura que hizo de la norma consideró que el término máximo de la sanción es de 15 años y sobre ese lapso decretó la prescripción de la acción penal por haberse superado antes de que cobrara firmeza la acusación,

la cual, aunque se basó en la modalidad agravada del delito, el sentenciador de segundo grado no la consideró. En su criterio, debió atenderse la agravante relacionada con la posición de mando de los acusados, por lo que la pena máxima de la infracción sería de 20 años, según lo previsto en el artículo 4-3 y 4 de la Ley 589 de 2000. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Lo rinde de manera unificada frente a los dos cargos expuestos en la demanda y dice que el actor, en esencia, 7 plantea que el Tribunal erró al declarar la prescripción de la acción penal por el delito de concierto para delinquir y cesar procedimiento por ese motivo, sin considerar “la agravante relacionada con la posición de mando de los encartados y soslayar que las conductas desplegadas por estos son consideradas crímenes de lesa humanidad, de carácter imprescriptible.” El Procurador Delegado le confiere razón al actor dado que la acción penal por el concierto para delinquir agravado previsto en el inciso tercero del artículo 186 del Decreto Ley 100 de 1980 (hoy 340 del Código Penal) por el que fueron acusados los procesados Verjan Gómez y Castro Plata, aún no está prescrita, conforme se verificó con la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, de conformidad con la legislación nacional y normas supranacionales sobre dicho tópico, según las cuales, se trata de un delito imprescriptible, como bien lo ha precisado la Corte en diferentes pronunciamientos. Alude a los crímenes de lesa humanidad, concepto,

génesis y progresión histórica; cita jurisprudencia sobre el tema y la normativa pertinente, el Estatuto de Roma, el Código Penal Título II, de los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, la Ley 1719 de 2014, artículos 15 y 15. En ese contexto, refiere que la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que la modalidad paramilitar del delito de concierto para delinquir descrito en el inciso segundo del 8 artículo 340 del Código Penal, debe ser catalogado como una infracción de lesa humanidad. El Tribual, continúa el Procurador Delegado, aunque verificó que la organización delincuencial de la que participaban los acusados cometía toda clase de crímenes en su zona de influencia, declaró prescrito para ambos procesados el delito de concierto para delinquir agravado y estimó que, al concurrir la conducta de deportación, expulsión y desplazamiento forzado de la población civil, era inane analizar si correspondía a la categoría de lesa humanidad. Por tanto, en su criterio, resulta acertado sostener que el sentenciador de segundo grado erró el concepto de crimen de lesa humanidad, pues lo debidamente acreditado en la actuación, es que el encartado Verjan Gómez, así como Castro Plata, hacían parte de una agrupación criminal del Bloque Centauros de las Autodefensas, sometido al señorío y dominio de la cúpula de las Autodefensa Unidas de Colombia, en su momento en cabeza de los hermanos Vicente y Carlos Castaño

Gil, quienes por varios años cometieron en su zona de influencia toda suerte de crímenes que conforme a las normas del Ius Cogens, han sido catalogados de lesa humanidad por su sistematicidad y generalidad, como así lo ha definido la Corte; por ello le asiste razón a la censura y debe acogerse el cargo propuesto. En forma adicional, el Procurador Delegado alude la imprescriptibilidad de la acción de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, medida que, recuerda, 9 busca asegurar diversos fines constitucionales: i) protección efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; ii) erradicar la impunidad respecto de esos delitos, lo cual constituye un interés general de carácter prevalente en los términos del artículo 1° Superior; iii) contribuir a solucionar las dificultades en su investigación y juzgamiento; y iv) dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. De igual modo, manifestó que la declaración como delito de lesa humanidad de carácter imprescriptible de un comportamiento, corresponde a la autoridad judicial “La Corte de casación, en sentencia con radicación No. 51773, destacó que, en el delito de concierto para delinquir, es suficiente acreditar que la persona perteneció o formó parte de la empresa criminal, sin interesar si su incorporación se produjo al ser creada la organización o adhirió a sus propósitos posteriormente, y tampoco interesa las labores que adelantó el concertado.” En este asunto se comprobó de manera fehaciente la

pertenencia de los procesados al Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en el departamento del Casanare y zonas aledañas. Adicionalmente, que los cometidos delincuenciales acordados consistieron en diferentes actividades ilegales ejecutadas durante el tiempo que permanecieron como miembros activos de dicho grupo criminal, por varios años, con características de generalizadas y sistemáticas, entre ellos, extorsiones a ganaderos, desplazamiento forzado y apoderamiento ilegal de tierras, utilizando la intimidación y amenazas contra la vida a 10 través de armas de fuego. Dentro de la agrupación los procesados eran conocidos, Verjan Gómez como Mateo y Castro Plata como Iván, quien fungía como comandante de finanzas de las autodefensas. El planteamiento del actor de habérsele dado un alcance equivocado al concepto de lesa humanidad y al fenómeno prescriptivo, es plausible, pues, cabalmente las actividades desplegadas por el grupo criminal al que pertenecían los encartados corresponden a esa categoría al compendiar características de generalidad y sistematicidad. El Procurador insiste en que la modalidad paramilitar del concierto para delinquir agravado por el que se acusó a los procesados debe catalogarse como infracción de lesa humanidad, imprescriptible en los términos fijados en la jurisprudencia, para que se investigue en cualquier tiempo. Sin embargo, ante la necesidad de ponderar las finalidades de la imprescriptibilidad y los derechos del procesado, cuando la justicia ha individualizado y vinculado formalmente a la actuación mediante indagatoria o con declaratoria de persona ausente a los partícipes o intervinientes en los hechos, deben

atenderse las normas que regulan la prescripción, pues quien ya está sometido al imperio de la justicia, no puede permanecer sub iudice indefinidamente. Los procesados Verjan Gómez y Castro Plata fueron vinculados a la actuación como personas ausentes, el 31 de mayo de 2013, y la acusación dispuesta en su contra quedó ejecutoriada el 7 de febrero de 2018, por lo que resulta 11 palmario que la prescripción no se consolidó en la instrucción ni en el juzgamiento ya que no ha transcurrido desde ese hito (ejecutoria de la resolución de acusación), el término de 6 años, el cual corresponde a la mitad del máximo de pena que para el punible establece el artículo 340-2 del Código Penal. En criterio del Procurador, el Tribunal erró en forma adicional al declarar la prescripción sin tener en cuenta el agravante relacionado con la posición de mando de los acusados. La Ley 589 de 2000, artículo 4-4, prevé esa mayor sanción para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir, pues debe tenerse en cuenta que los procesados eran jefes de finanzas del Bloque Centauros de las Autodefensas. En ese orden de ideas, solicita casar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto declaró prescrita la acción penal por el delito de concierto para delinquir agravado y, en su lugar, mantener la decisión de primera instancia que los condenó por esa conducta punible.

CONSIDERACIONES

1.- En esta sede extraordinaria cuando la Corte admite una demanda, le corresponde examinar de fondo los problemas jurídicos planteados por el actor, sin reparar los defectos que la afectan, pues éstos se entienden superados en orden a verificar la legalidad de la decisión judicial y hacer efectivos los fines del recurso. 12 2.- Los cargos de la demanda afirman que el Tribual transgredió en forma directa la ley sustancial, al declarar la prescripción de la acción penal por el punible de concierto para delinquir agravado, sin reparar que por estar relacionado con un grupo armado ilegal que ejecutaba diversos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, aquél es de similar naturaleza, por tanto, imprescriptible, al menos hasta que los agentes del ilícito sean individualizados y vinculados formalmente a la actuación, mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente5. En su criterio, el juez colegiado debió atender de igual manera la agravante relacionada con la posición de mando de los acusados, por virtud de la cual, la pena máxima de la infracción ascendería a 20 años, con base en lo previsto en el artículo 4-3 y 4 de la Ley 589 de 2000. 3.- Ante ese panorama, para resolver el recurso la Corte examinará si procede conferirle la condición reclamada por el recurrente al concierto para delinquir por el que fueron acusados los procesados, y la vigencia de la acción frente a ese delito de conformidad con las disposiciones sustanciales aplicables al caso. 4.- Sobre el concierto para delinquir como crimen de lesa humanidad, la Corte en casos que refieren el accionar

ilícito de los diversos grupos de autodefensa que se establecieron en el País, ha señalado que, las conductas que 5 Régimen de Ley 600 de 2000 13 constituye “infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana” (CSJ SP 21 Sep. 2009 Rad. 32.022, SP 15 Jul 2015 Rad. 45795), son crímenes de lesa humanidad, los cuales, en principio, corresponden a los enunciados en el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que los define como: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con

cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” 5.- No obstante, precisa igualmente la jurisprudencia de la Corte, existen delitos que sin figurar enlistados en un texto normativo como crímenes de lesa (ley, convención, tratado) humanidad, cuando están íntimamente relacionados con comportamientos punibles que revisten esa connotación, adquieren el mismo carácter y siguen idénticas 14 consecuencias, como la universalidad de la jurisdicción y la imprescriptibilidad de la acción que faculta en cualquier tiempo perseguirlos. “Así ocurre con el delito de concierto para delinquir, que abarca la actividad de estructuras paramilitares y/o autodefensas, cualquiera sea su objetivo o denominación, cuando las transgresiones cometidas comprenden ataques contra algún sector de la población civil y se reúnen los elementos de generalidad y sistematicidad. Tal observación resulta necesaria, como quiera que la investigación se adelanta por multiplicidad de conductas punibles ejecutadas por grupos armados organizados ilegales, que atentaron de manera generalizada, indiscriminada y permanente contra la población civil, entre otros lugares del país, en las poblaciones de […] donde al desarrollar el ideario criminal concertado, avanzaron inclusive hasta la comisión de masacres y cometieron otros homicidios selectivos, como el de

JMV, en Medellín, precisamente por denunciar reiteradamente tales conductas, dada su condición de defensor de los derechos humanos. Dado que el incentivo, creación, promoción o utilización de grupos armados ilegales se adecúa típicamente en concierto para delinquir, esta conducta punible compagina con los criterios de lesa humanidad, cuando los crímenes cometidos con participación de esas organizaciones se catalogan de la misma manera. La Corte Suprema de Justicia dejó en claro que: los delitos de lesa humanidad son el género, con por lo menos dos especies, una de ellas es aquella que está contenida en la 15 descripción de tratados internacionales esto es, la tipificación precisa de conductas; y otra está conformada por el horizonte amplio de la universalidad de los delitos, de suerte que cualquier delito, así no esté incluido en dichos consensos internacionales, puede pertenecer a tal dimensión, según lo dispuesto en el inicio de la citada figura. Por tanto, resulta ser contrario a la jurisprudencia en cita, suponer que los únicos delitos que atentan contra la conciencia de la humanidad son los que están contenidos en los Tratados. (…) Este argumento sirvió precisamente para concluir que el delito de concierto para delinquir agravado, que no está incluido en nuestra legislación, en los instrumentos internacionales como de lesa humanidad, en tanto comparte las características de esta categoría delictiva, sería considerado como tal (…) En conclusión, el concierto para delinquir, cuando guarda conexidad con delitos de lesa humanidad, alcanza el mismo

paradigma para todos los efectos jurídicos. Ello, porque la pluralidad de punibles en que incurren organizaciones armadas ilegales, como las autodefensas, sus facciones o afines, o grupos paramilitares, cuando alcanzan sistematicidad y las otras características, pueden erigirse en delitos de lesa humanidad.6” 6.- En orden a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad, la jurisprudencia de la Sala establece que deben concurrir los siguientes elementos: 6 CSJ AP 30 May 2018 Rad. 45110 16 “(i) Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad; (ii) Que sus integrantes sean voluntarios; y (iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser conscientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización.7” 6.1. El primer elemento se verifica en el proceso y es, por demás, de conocimiento general que los grupos paramilitares desarrollaron a lo largo del territorio nacional plurales crímenes que afectan la consciencia de la humanidad. 6.1.1.- En esa orientación obra en el proceso el informe DNCTI-DI-SAC 537548, alusivo a la orden de batalla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Centauros, que delinquía en la zona de los llanos orientales para el año 2002. El punto de partida de la estructuración de esa organización fue la unificación de las que existían en la zona. “ (…) En los años 80’s las Farc y los narcotraficantes – como Gonzalo Rodríguez

Gacha – sostuvieron acuerdos de convivencia. Los narcos pagaban a la guerrilla para que protegiera los cultivos, laboratorios y las rutas para sacar la droga y entrar los insumos (…) Para entonces ya existían varios grupos paramilitares en esos departamentos. Los carranceros y el grupo de Martín Llanos. En 1997 la casa Castaño ordena articular todas las organizaciones existentes y quitarles a las Farc el negocio de la coca. El sello que imprimieron para anunciar su llegada fue la realización de dos 7 CSJ SP, 10 Abr. 2008, Rad. 29472. 8 C. No. 4 Fols. 79 y ss 17 masacres, la de Mapiripán y la de Puerto Alvira, así como la comisión de múltiples asesinatos selectivos. La masacre de Mapiripán ocurrió a mediados de julio de 1997.9” 6.1.2.- Junto a las masacres, otra suerte de delitos internacionales incluía el accionar de esos paramilitares constituidos ya como Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), con presencia en los llanos orientales. El caso de la finca la Argentina devela que el desplazamiento forzado verificado en este asunto, afectó no solo a su legítimo propietario, Luis Armando Rincón, sino al grupo de personas que desarrollaban en ese predio proyectos de vida que frustraron los paramilitares cuando abruptamente les ordenaron, a los trabajadores de la finca, dejar de trabajar y desocuparla, y a los ganaderos que tenían con el denunciante acuerdos comerciales, desalojar los semovientes que allí tenían produciendo; a lo que debe sumarse que La Argentina

no fue el único caso de desplazamiento forzado y de despojo de tierras que realizaron los ilegales, en tanto empleaban sistemáticos mecanismos de presión sobre los ganaderos y agricultores con el fin de despojarlos de sus tierras en perspectiva de desarrollar la expansión territorial trazada como política de la organización liderada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Así lo relató Jesús Emiro Pereira (a. Alfonso, el ciego y/o Huevoepisca), paramilitar encargado de despojar a Luis Armando Rincón del fundo aludido, quien en indagatoria informó que el desplazamiento correspondía a una estrategia expansionista de las autodefensas. “Tengo 9 La de Puerto Alvira el 4 de mayo de 1998. 18 conocimiento que la venta que estoy relatando es una parte de la finca La Argentina, pero existieron otras ventas de predios por las mismas circunstancias de la presión ejercida por la organización, de abandonar sus predios”; estrategia que corroboró otro desmovilizado de esa organización, Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, quien relató: “Después del 2004 que muere Miguel Arroyave al 2006 que me desmovilicé hice entrega de la mayoría de las fincas, unas las hice de manera verbal, otras a través de medios jurídicos porque él les hizo firmar escrituras.10” 6.1.3.- Sobre el desplazamiento, los despojos de tierra y otros bienes de la población civil, el testigo Gonzalo Vargas Becerra manifestó que, cuando llegaron los paramilitares, comenzaron a presionar a las personas, una de ellas Luis

Armando Rincón, “él fue una víctima de ellos, extorsionando, cobrando vacunas, y él le tocó abandonar la finca, digamos en una época llegaron los paramilitares y cogieron esa casa, la de don Luis y la cogieron a plomo y una nevera grandota y la casa no sé si con una granada, tumbaron un poco de teja, eso lo sé porque yo miré después, vi los desastres que habían hecho (…) después, como ellos pedían tanta plata y tanta vaina, entonces ya el hombre no aguantó las vacunas y entonces ya ellos se posesionaron de esa finca, yo en ese entonces tenía un ganado en la finca de don Luis Armando Rincón, y ellos, a toda la gente que teníamos ganado en esa finca, nos pusieron un ultimátum de tres (3) días para que sacáramos el ganado, y ya don Armando lo había abandonado por temor de que lo iban a matar, y fue el encargado que se llamaba Álvaro, fue y nos avisó que teníamos que sacar el ganado y todos los que teníamos el ganado lo sacamos, y ya dijeron los paramilitares que esa finca era de ellos y ese día llegaron como a las 10 de la maña aproximadamente 50 hombres y se quedaron en la finca, se posesionaron de la finca la Argentina y dijeron que todo lo que era de 10 Declaraciones relacionadas en la resolución del 9 de noviembre de 2009 mediante la cual la Fiscalía General de la Nación acusó a Óscar de Jesús López Cadavid, en condición de autor del delito de concierto para delinquir agravado. 19 don Armando era de ellos, bestias, ganado y todo lo que les quedó dentro

de la finca era de ellos.” De igual modo, manifestó que si alguno de los habitantes de la región era requerido por los comandantes del grupo (Alcides o Mateo, por ejemplo), “tocaba cumplirle a la hora que dijeran, las vacunas eran plata, y si uno no obedecía lo amenazaban que le quitaban la finca, la plata tocaba entregarla en efectivo, no era secreto para nadie, todo el mundo sabía, a todas las personas pagábamos por la tierra, por hectárea de tierra y por cabezas de ganado (…) si uno no pagaba completo le quitaban las cosas y hubo gente a la que le quitaron las reses o la finca.” En forma adicional el testigo informó que otros propietarios de fincas, como Alfonso González y Justo Balaguera, fueron despojados de sus fundos o del ganado, “y como ellos presionaban para que todos nosotros les tuviéramos miedo, o si no le quitaban todas las cosas a uno; la situación fue muy jodida, no podíamos hablar, ellos decían que manejaban toda la justicia entonces uno pobre, campesino, y con esa vaina que mataban al que fuera y nadie decía nada, todo el mundo teníamos que obedecer o si no téngase y con el cuento era que el que