CSJ - SP1343-2022(52330)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP1343-2022 Radicación n° 52330 Acta 89. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022). VISTOS Examina la Corte, en sede de casación, el fallo de segunda instancia emitido el 12 de diciembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, modificatorio de la sentencia condenatoria que por el delito de violencia intrafamiliar profirió el Juzgado Sexto Penal Municipal de esa misma ciudad en contra de HUGO ALEXANDER GÓMEZ, para, en su lugar, sentenciarlo como autor del ilícito de lesiones personales. 1 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ HECHOS En la mañana del 28 de enero de 2015, en vía pública de la ciudad de Popayán, HUGO ALEXANDER GÓMEZ emprendió una agresión verbal y física en contra de su ex compañera permanente Claudia Milena Campo Meléndez, a quien le propinó varios puños y golpes con un casco para motocicleta en diferentes partes de su cuerpo, golpiza que, incluso, continuó en la vivienda de la agredida, lugar al que ella acudió para refugiarse. El ataque produjo incapacidad provisional de 12 días, en virtud de las lesiones «tipo contusión en cara, cuello, tórax, miembros superiores e inferiores.», aunado a la inmovilización de la mano izquierda.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 19 de mayo de 20151, ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, la Fiscalía le imputó a HUGO ALEXANDER GÓMEZ, la presunta comisión, en condición de autor, del delito de violencia intrafamiliar (Art. 229, inc. 2º, del Código Penal), cargos a los que manifestó allanarse. 1 Fol. 10, carpeta nº 1.

2 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401

HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ

2. El 13 de agosto de esa misma anualidad2, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por los mismos cargos aceptados por el imputado, por lo que la audiencia de

«CONTROL DE LEGALIZACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CARGOS, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y LECTURA DE SENTENCIA», se llevó a cabo 22 de febrero de 20163 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popayán, oportunidad en la que la juzgadora declaró la legalidad del allanamiento y, por consiguiente, señaló que el sentido del fallo era de carácter condenatorio. 2.1. Dispuesto el traslado del artículo 447 del C. de P.P., la defensa solicitó la suspensión de esa diligencia con el propósito de allegar elementos probatorios que soportarían la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena. 2.2. Mediante sentencia de 2 de junio de 20174, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Popayán decidió: (i)

condenar a HUGO ALEXANDER GÓMEZ, a la pena de 36 meses de prisión, como autor responsable del delito de violencia intrafamiliar; (ii) le impuso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena restrictiva de la libertad, y (iii) le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa constitución de garantía prendaria. 2 Fol. 12, ibídem. 3 Fol. 50, ibídem. 4 Fol. 76, Ibídem. 3 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401

HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ

3. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Delegado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante proveído de 12 de diciembre de 20175, revocó la sentencia proferida por el A quo y, en su lugar, condenó a HUGO ALEXANDER GÓMEZ por la comisión del delito de lesiones personales (Arts. 111 y 112, inc. 1º, del Código Penal) a la pena principal de ocho (8) meses de prisión, a la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como pena accesoria, y le concedió la medida sustitutiva de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

4. En contra del fallo de segundo grado, la delegada de la Procuraduría General de la Nación6 interpuso recurso extraordinario de casación.

5. Mediante auto de 17 de agosto de 20187, superando

los defectos de la demanda casacional, la Sala dispuso su admisión. 5.1. En consecuencia, la audiencia pública de sustentación del líbelo casacional tuvo ocurrencia el 18 de septiembre de esa misma anualidad.8 5 Fol. 117, ibídem. 6 Fols. 142 y s.s. 7 Fol. 7 del cuaderno de la Corte. 8 Fol. 32, ibídem. 4 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ 5.2. Cumplido lo anterior, el expediente ingresó al Despacho para los fines pertinentes. LA DEMANDA Primer cargo – Nulidad por afectación al debido proceso El yerro lo concreta la casacionista en la transgresión del principio de limitación que gobierna la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal, pues, sin que le ameritaran pronunciamiento alguno los motivos de apelación esbozados por la Fiscalía, abordó, como principal, la pretensión de la defensa, quien fungió a título de no recurrente de la alzada. Lo anterior, por cuanto, la inconformidad planteada por la Fiscalía, como apelante único, en la sustentación del recurso, la fincó en su insatisfacción por la concesión que el juez singular hizo al implicado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, al tiempo que la defensa, en condición de no recurrente, elevó como pretensiones que el Tribunal estudiara la viabilidad de aplicar a su prohijado, por favorabilidad, el criterio jurisprudencial diseñado por la Sala de Casación Penal en la sentencia con radicado interno

n° 48.047, en virtud de la cual el ilícito de violencia intrafamiliar se acoplaba frente a parejas que convivieran bajo un mismo techo, pues, de lo contrario la ilicitud que se 5 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ configura es la de lesiones personales; adicionalmente, como petición subsidiaria, la defensa requirió la confirmación del fallo de primer grado. Empero, como se anotó en precedencia, el Ad quem, al desatar el recurso vertical, fijó su atención de manera prioritaria en la primera pretensión defensiva, la cual atendió favorablemente, entre otros aspectos, por considerar que se trataba de un tema sustancial y por la supremacía del principio de justicia material frente a la aplicación formal de la Ley, proceder respecto del cual la casacionista se muestra inconforme, pues, se trata de una irregularidad que se aparta del debido proceso y los principios rectores consagrados en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 906 de 2004, así como las garantías debidas a la Fiscalía y la víctima. En concreto, precisa la libelista, el Tribunal se equivocó por cuanto: (i) Desatendió las formas propias del procedimiento acusatorio abreviado, así como sus funciones en sede de segunda instancia. (ii) Desconoció el principio de limitación, en virtud del cual, debió desatar el planteamiento esbozado por la parte recurrente y no fijar su atención en un tema que no está ligado a lo que fue motivo de inconformidad, vulnerando con

6 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ ello el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, aplicable por remisión. (iii) No se trató de la corrección de un acto irregular, pues, ni siquiera ello fue fundamento de la decisión de segundo grado. (iv) No se garantizó la controversia de la Fiscalía ni de la víctima, quienes no tuvieron la posibilidad de contradecir, al interior del proceso, la tesis defensiva. (v) La trascendencia del yerro reside en que, para la aplicación del principio de justicia material, no se avizora tensión entre el derecho debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial, pues, el juez de primer grado, bajo los presupuestos legales y normativos, dictó fallo conforme a la aceptación de cargos que el implicado realizó, por la comisión del delito de violencia intrafamiliar que le fue endilgado por el órgano persecutor. (vi) También se lesionó el principio de imparcialidad, pues, el juzgador de segundo grado perdió objetividad al desbordar sus funciones con desconocimiento de las garantías fundamentales de la Fiscalía y de la víctima, quien tiene derecho a la verdad, justicia y reparación, máxime cuando la sentencia emitida en contra del implicado lo fue por un delito que no representa el rigor que ameritaba. 7 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401

HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ

(vii) En virtud de la postura jurisprudencial expuesta

por la Sala de Casación Penal en el radicado 47360 del 14 de junio de 2017, aplicable por analogía al presente asunto, ha de contemplarse que el principio de congruencia debe abordarse de manera diferente, bien si se trata del procedimiento ordinario, ora del abreviado, pues, en el primero la variación de la calificación jurídica resulta más flexible, al paso que el segundo solo deviene procedente «si el comportamiento atribuido al acusado objetivamente carecía de toda aptitud para encontrar adecuación típica o estuviera en imposibilidad de vulnerar efectivamente bienes jurídicos.», lo que de ninguna manera acaeció en esta actuación. Aunado a las precedentes consideraciones, puntualiza la casacionista que al Ministerio Público, en virtud de lo consagrado en el artículo 109 de la Ley 906 de 2004, le asiste interés jurídico para la presentación de esta demanda casacional, pese a no haber estado presente en el trámite de toda la actuación, pues, solo pudo actuar en la lectura del fallo de segundo grado y no interpuso recurso de apelación. Así las cosas, la libelista solicita a la Sala casar la sentencia impugnada, decretando la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la sentencia emitida en sede de segunda instancia, para que el Ad quem rehaga la actuación resolviendo el recurso de apelación presentado por el delegado del ente persecutor. 8 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ En subsidio, depreca la casacionista que, de no prosperar la nulidad, en atención al principio de residualidad

proceda la Corte a emitir el fallo de reemplazo en el que refrende la validez de la sentencia de primer grado. Segundo cargo – Nulidad Considera la libelista que el Tribunal desconoció el debido proceso, por afectación sustancial de su estructura o de la garantía a cualquiera de las partes, toda vez que, por razones de índole procedimental, tras el allanamiento a cargos realizado por el implicado, respecto de la comisión del delito de violencia intrafamiliar, no podía el juez colegiado aplicar un control material a la imputación jurídica atribuida por el ente persecutor con el propósito de dictar fallo por un punible diferente, criterio decantado, incluso, en la jurisprudencia de esta Corporación como acontece con el radicado SP8666-2017, Jun. 14 de 2017, Rad. 47.630, respecto del que trae a colación una densa transliteración. Luego de realizar la semblanza de lo acaecido en el decurso de la presente actuación, insiste la libelista que el Tribunal, transgrediendo las invocadas garantías fundamentales, por su propia cuenta realizó un nuevo juicio de adecuación típica, «sin tener en cuenta que tal aspecto no fue cuestionado por ninguna de las partes», procediendo solo bajo el insular argumento de emitir un fallo ajustado a criterios de justicia material, argumento con el que modificó 9 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ la calificación jurídica de la conducta que por el delito de

violencia intrafamiliar fuera atribuido por la Fiscalía. Enfatiza la libelista que el juez colegiado, contrarió el criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Penal, en punto a que, por regla general, al juez de conocimiento no le es permitido hacer control material de la acusación o de los acuerdos en procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, restricción que en su sentir también se extiende a los casos de allanamiento a cargos. Bajo los lineamientos precedentes, solicita la recurrente casar el fallo del Tribunal para que, en su lugar, cobre vigencia el emitido por el juez de conocimiento. Tercer cargo – Violación directa de la Ley sustancial La casacionista invoca la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, respecto de la concesión irregular al procesado, en ambas instancias, del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Explica que el Ad quem incurrió en falta de aplicación del artículo 229 del C.P., modificado por el artículo 33 de la ley 1142 de 2007, el cual regula el tipo penal de violencia intrafamiliar, pues, al variar la calificación jurídica, tras considerar que el implicado incurrió en el ilícito de lesiones personales, procedió a concederle el aludido subrogado. 10 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ De otra parte, precisa que el A quo decayó en falta de aplicación del artículo 63 del C.P., modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, así como en aplicación indebida

del artículo 4 el C.P., al «sistematizar el artículo 63 del estatuto punitivo, que establece los requisitos de procedencia de tal mecanismo sustitutivo de la prisión, con el art. 68 A ídem, modificado por el art. 32 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, por medio de la cual se excluye la concesión de aquel beneficio a la persona que resulte condenada por ciertos delitos, entre estos, violencia intrafamiliar.» Así las cosas, solicita la libelista se case los fallos impugnados, ello con el propósito de revocar la decisión de concederle al acusado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y, en su lugar, se ordene su captura para el cumplimiento efectivo de la pena. LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO Las intervenciones de la casacionista y demás sujetos procesales, participantes en la vista pública, se surtieron de la siguiente manera: Demandante Reiteró los argumentos y pretensiones esbozadas en el libelo casacional. 11 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ Delegado de la Fiscalía General de la Nación Consideró que ninguno de los tres cargos formulados por la casacionista está llamado a prosperar. En efecto, en relación con el primer reproche de nulidad, señaló que para el Tribunal era imperioso analizar lo planteado por el no recurrente, toda vez que se trataba de un tema inescindiblemente ligado a la apelación y con incidencia en la naturaleza de la conducta juzgada, pues, se

trataba de dilucidar si estaba o no excluida del subrogado penal que, según el apelante, fue indebidamente concedido; por ende, en ese ejercicio de control constitucional y legal, el Tribunal aplicó el criterio jurisprudencial plasmado por el no recurrente para determinar, en el caso de estudio, que la conducta aceptada por el implicado era atípica de violencia intrafamiliar, pero a su turno constitutiva del ilícito de lesiones personales, calificación jurídica que se asume con todas sus consecuencias, siendo lo adecuado, como única critica al proceder del juez colegiado que procediera a modificar el fallo de primer grado y no a revocarlo. Contrario a lo indicado por el libelista, el Tribunal sí se ocupó del único tópico propuesto por el Fiscal apelante, pues, con fundamento en la variación de la calificación jurídica, consideró que el procesado tenía derecho a la condena de 12 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ ejecución condicional, por cumplirse los requisitos previstos en el art. 63 del C.P. Para el Fiscal Delegado, en ninguna irregularidad trascedente se incurrió en el fallo confutado, dado que es la misma casacionista quien reconoce que el aspecto fáctico investigado en este asunto encuadra en los supuestos de hecho decantados en el criterio jurisprudencial finalmente acogido. En relación con el segundo reparo, referente al equivocado control material realizado por el juez colegiado, contrario a lo sustentado por la casacionista, no existe un

criterio jurisprudencial consolidado de esta Corte que proscriba realizar dicho control en procesos que culminan por la vía abreviada; por el contrario, lo que ha pretendido la Corte es que la sentencia se emita por el delito realmente cometido, salvaguardando los derechos fundamentales de las partes. Insiste el Fiscal, que es la propia casacionista quien admite que los supuestos de hecho de este proceso se acoplan a la orientación doctrinaria citada en torno al tipo penal de violencia intrafamiliar, solo que no sustentó por qué en este caso el criterio jurisprudencial adoptado por el Tribunal no era aplicable o es equivocado y merece ser recogido. 13 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ A lo anterior se suma, precisa, que la calificación jurídica por lesiones personales no vulneró las garantías fundamentales de la víctima o del procesado, toda vez que no se alteró el marco fáctico de la acusación y el delito realmente cometido trasluce el mismo comportamiento que fuere investigado y materia de la admisión de responsabilidad. Y, en relación con el tercer cargo, se remite el Fiscal a los argumentos expuestos en la censura precedente para puntualizar que el Tribunal no se equivocó al variar la calificación jurídica de violencia intrafamiliar a lesiones personales dolosas, porque ello lo hizo con apoyo en el criterio jurisprudencial para ese entonces vigente. Por lo anterior, itera el Fiscal la solicitud de desestimar los cargos formulados en la demanda. Defensa Inicialmente se refirió a los dos primeros cargos

enunciados por la libelista, por cuanto, contemplan similar sustentación, para precisar que coincide con lo expuesto por el Tribunal en la aplicación del principio de justicia material, pues, los jueces deben dar prioridad al derecho sustancial como una expresión máxima en la aplicación del debido proceso. 14 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ Puntualizó que la aplicación del principio de interpretación favorable en este asunto, a partir de un pronunciamiento emanado la Sala de Casación Penal, tiene directa relación con los derechos fundamentales a la libertad personal de quien ha sido condenado por un delito de violencia intrafamiliar, por ende, en aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, el Tribunal puede hacer la adecuación correspondiente. Considera que, si bien, el derecho a la doble instancia hace parte del debido proceso, no es menos cierto que los jueces en sus decisiones están obligados a hacer efectiva la justicia material, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional en la sentencia SU768/14; por ello, no resultaría procedente para la judicatura, en aplicación del principio de limitación, dejar incólume una sentencia que se asume injusta, al emitir condena por una conducta que no reviste la descripción típica que se ha invocado por la Fiscalía. Precisa que el Tribunal no actuó de manera oficiosa, sino a solicitud de la defensa, quien deprecó hacer los ajustes con fundamento en los principios de tipicidad y legalidad, con fundamento en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que estableció los elementos estructurales del

delito de violencia intrafamiliar. 15 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ En ese sentido, solicitó no se case la sentencia del Tribunal. Por último, en relación con el tercer cargo, menciona que, si a pesar de una prohibición legal se otorga un beneficio para este tipo de delitos, las decisiones de las instancias serían cuestionables; empero, enfatiza, esta situación fue conjurada por el Tribunal por el ejercicio de la justicia material. CONSIDERACIONES Sin desconocer que son evidentes las falencias argumentativas del libelo casacional, lo cierto es que se superaron por la Sala desde momento en que fue admitido, tal como se anotó en el auto respectivo. Empero, ello no se traduce en que alguno de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público esté llamado a prosperar; todo lo contrario, la auscultación detallada de lo acaecido en el rito procesal abreviado, por el que cursó la presente actuación para, finalmente, condenar al implicado por la comisión del ilícito contra la integridad personal, permite avizorar que en ninguna incorrección incurrió el juez colegiado en su pronunciamiento definitivo, razón por la que, anticipa la Sala, no se casará el fallo impugnado. 16 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ Para el desarrollo de las razones por las cuales la Sala arriba a tal grado de asentimiento, los cargos primero y segundo, que la casacionista sustentó bajo la fórmula de la

nulidad, serán abordados de manera conjunta, pues, acorde con el resumen que de su exposición se realizó en el acápite precedente, se tiene que en esos reproches persigue la invalidación de la actuación a partir del mismo estadio procesal y se encuentran gobernados por una similitud argumentativa, en cuanto, el problema jurídico que plantea reside en determinar si el Tribunal, en la auscultación de la alzada contra la sentencia de primer grado, superando el principio de limitación, tenía la facultad para darle prelación a la tesis defensiva, plasmada como no recurrente en el trámite del recurso interpuesto solo por la contraparte (fiscalía) y, por esa vía, aduciendo como fundamento la aplicación de la justicia material, justificar la variación de la calificación jurídica aceptada por el implicado en la audiencia de formulación de imputación e imponiendo, en consecuencia, condena por una conducta delictiva sancionada con menor drasticidad. Para despejar, entonces, las inquietudes formuladas por la representante del Ministerio Público, es necesario comenzar por recapitular lo ocurrido en la presente actuación: Por la golpiza que HUGO ALEXANDER GÓMEZ propinó, el 28 de enero de 2015, a Claudia Milena Campos Meléndez, 17 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ con quien procreó un hijo, pero para ese momento no hacían vida en común, en audiencia de formulación de imputación, celebrada el 19 de mayo de esa anualidad, la Fiscalía le

endilgó la comisión del delito de violencia intrafamiliar (Art. 229, inc. 2º, del Código Penal), misma conducta por la que, el 2 de junio de 2017, la Juez Sexta Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Popayán emitió sentencia condenatoria en su contra, tras constatar el respeto de los derechos y garantías fundamentales con ocasión de la manifestación de allanamiento a cargos expuesta por el implicado en la primera vista pública enunciada. El fallo fue recurrido únicamente por la Fiscalía, que mostró su desacuerdo solo porque el A quo concedió al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pese a la prohibición expresa dispuesta por el legislador respecto de esa específica conducta delictiva. A su turno, en condición de no recurrente, la defensa solicitó al juez de segundo nivel, como pretensión principal, se aplicara, para ese momento, la nueva postura jurisprudencial emanada de la Sala de Casación Penal, sentencia SP8064-2017, junio 7 de 2017, Rad. 48047, en relación con la ausencia de tipicidad del delito de violencia intrafamiliar cuando los sujetos activo y pasivo no hacían parte del mismo núcleo familiar o unidad doméstica, como acontecía en este asunto, caso en el cual la condena debía emitirse por la comisión del delito de lesiones personales. 18 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ Adicionalmente, de manera subsidiaria, el profesional del derecho deprecó se mantuviera incólume el fallo de primer

grado. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en sentencia de 12 de diciembre de 2017, al desatar el recurso vertical impulsado por el delegado de la Fiscalía, de forma mayoritaria otorgó prevalencia a la tesis principal planteada por el sujeto procesal no recurrente y, en virtud de ello, accedió a su pedimento, razón por la que “revocó” el fallo de primer grado y, en su lugar, sentenció al procesado como autor del delito de lesiones personales, bajo la siguiente fundamentación relevante: Aunque en el presente asunto, figura como apelante único el Ente Acusador, centrando su inconformidad en lo concerniente a que al procesado se le concedió el subrogado penal, razón por la que en principio, ese sería el tema a debatir por esta Sala, no puede pasarse por alto, que la defensa, en calidad de no recurrente, elevó una solicitud principal, encaminada a que en aplicación al principio de favorabilidad, se atienda lo conceptuado por la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, a través de la providencia de fecha 7 de junio de 2017, en la que la Alta Corporación, señaló que al no existir unidad familiar entre la víctima y el agresor, no se estructura el delito de violencia intrafamiliar, sino el de lesiones personales. Se entiende que la pretensión de la defensa, se relaciona con un aspecto sustancial, ya que en su criterio, el señor HUGO ALEXANDER GÓMEZ fue condenado por un delito que no se estructura, según la nueva jurisprudencia en cita, por lo que al margen de los aspectos formales, considera

esta Sala que debe avocarse el estudio de dicho tópico, ya que la mencionada jurisprudencia en la que se funda el pedimento de la defensa, fue expedida con posterioridad, exactamente cinco días después de efectuarse la lectura del fallo condenatorio, circunstancia ante la cual es entendible 19 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ que como no recurrente, amparada en la tesis de la Alta Corporación en cita, centre su inconformidad con la decisión de primera instancia, y de prosperar la misma, la Sala quedaría relevada a avocar el tema objeto de la apelación. Ahora, no puede desconocer que la justicia material, es un principio de que hace que las formalidades no imposibiliten el desarrollo de los objetivos del derecho sustancial. El aspecto formal, se enfoca en llegar a la búsqueda de las garantías del derecho sustancial, teniendo en cuenta la prevalencia que en la administración de justicia debe tener el derecho sustancial, como hace referencia el artículo 228 de la Constitución Política, que establece: “en todas las actuaciones judiciales prevalecerá el Derecho Sustancial” y ello obedece a que no es posible concebir un Estado de Derecho sin garantía efectiva de los derechos de las personas, a lo cual nuestra Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales y cual transgresión conduciría a la negación de los mismos. El principio de Justicia material, se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la resolución de una determinada situación jurídica, por tanto, su interés comprende no solo las consecuencias que conllevan

determinadas decisiones, sino las personas que afecta la misma, en otras palabras, el principio de justicia material, implica una efectiva corrección de los principios, valores y derechos constitucionales. De ahí que los fallos de la judicatura están inspirados en dicho principio. (…) En esos términos, acorde con la contextualización del criterio de Justicia Material, la Sala considera pertinente avocar el estudio de la solicitud deprecada por la defensa, en calidad de no recurrente, encaminada a que se tenga en cuenta el lineamiento de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA PENAL, expuesto en reciente providencia del 7 de junio de 2017… Partiendo de lo expuesto, para que se estructura el delito DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, conducta imputada al señor GÓMEZ, por haber maltratado físicamente a la madre de su hijo, es necesario que tanto el agresor como la víctima, para la fecha en que se desarrolló la misma, pertenezcan al mismo núcleo familiar, aspecto que no concurre en este evento, ya que según la situación fáctica presentada en la audiencia de formulación de imputación, aquellos no convivían como pareja, es decir, no existía ninguna relación 20 Casación acusatorio N° 52330 C.U.I. 19001600072320150004401 HUGO ALEXÁNDER GÓMEZ entre ellos en tal sentido, debido a que se habían separado, por lo que es claro que no se conservaba una unidad familiar entre el señor HUGO ALEXANDER GÓMEZ y la señora CLAUDIA MILENA CAMPO MELÉNDEZ, cuando esta

fue agredida por aquél, lo que significa que la conducta desarrollada por el implicado en la respectiva audiencia de formulación de imputación, es típica de LESIONES PERSONALES, pero no DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, delito este último por el cual resultó condenado, en virtud del allanamiento a cargos efectuado. (…) Bajo tal planteamiento, al efectuarse la variación de la calificación del delito de la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, el cual aceptó haber cometido el señor GÓMEZ en contra de la señora CLAUDIA MILENA CAMPO, a la conducta punible DE LAS LESIONES PERSONALES, no se transgrede la garantía fundamental del debido proceso, toda vez que tal proceder no altera el marco fáctico de la acusación, ya que como se expuso anteriormente, en el transcurso del proceso se le endilgó ese mismo comportamiento, el cual se tuvo en cuenta en el fallo de instancia, para irrogar una sentencia de condena. La variación en comento, resulta más benéfica para el señor HUGO ALEXANDER GÓMEZ, habida cuenta que el delito De Las Lesiones Personales, es de menor entidad que el De la Violencia Intrafamiliar, ya que para la primera conducta, si tenemos en cuenta que el dictamen médico legal referido por la Fiscalía en la audiencia de Formulación de Imputación, el cual otorgó una incapacidad médico legal provisional menor a 30 días, la pena oscila entre 12 meses y 24 meses de prisión (art. 111 y 112, inciso 1° del C.P.), mientras que para la segunda, el rango punitivo

es de 48 a 96 meses de prisión, además, proceder en tal sentido, no afecta los intereses de las partes o intervinientes. De cara a la inconformidad esbozada por la casacionista y con apego a la precedente radiografía de la actuación, surge el siguiente interrogante: ¿Transgredió el Tribunal el principio de limitación