CSJ - SP719-2022(54725)

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente SP719-2022 Radicación n° 54725 Aprobado acta nº 54 Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022) VISTOS Resuelve la Sala el recurso extraordinario de casación presentado por la defensora de JHON MARIO ROJAS POSSO en contra del fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 29 de noviembre de 2018, mediante la cual confirmó la sentencia que emitió el Juzgado Penal Especializado con funciones de conocimiento de esa ciudad, el 25 de octubre de 2016, condenando al mencionado procesado como autor del Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 delito de Concierto para delinquir agravado, y la revocó en relación con la absolución proferida por el delito de Homicidio agravado, condenándolo en calidad de cómplice del mismo. H E C H O S Según los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida, en el norte del departamento del Valle, con influencia, entre otros, en el departamento del Quindío, desde el año 2009 se conformó una banda delincuencial conocida como Los rastrojos, liderada por Óscar Eduardo Castro Rivera, alias Ballena, dedicada al control del microtráfico de estupefacientes, extorsión a comerciantes y a la comisión de homicidios selectivos sobre personas vinculadas a aquella actividad. Entre las conductas atribuidas a dicha organización criminal se cuenta el homicidio perpetrado sobre Carlos

Junior Núñez Salazar el 20 de septiembre de 2013. Su cuerpo fue desmembrado y las partes arrojadas en diversos sitios de la ciudad de Armenia. El acusado JHON MARIO ROJAS POSSO hizo parte de esa organización criminal prestando su concurso como transportador en el vehículo taxi de placas VKH 339, que conducía por aquel entonces, interviniendo en el citado homicidio mediante seguimientos a la víctima y transportando a dos mujeres que tenía como misión interceptarla y llevarla hasta el lugar donde la habrían de ejecutar; igualmente, realizado el homicidio, el acusado 2 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 dispuso de las partes del cuerpo de la víctima que había sido desmembrado. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Presentado el escrito de acusación el 14 de mayo de 2014 por parte de la Fiscalía, le correspondió al Juzgado Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Armenia adelantar la etapa de juzgamiento, celebrándose la audiencia de acusación los días 6 y 24 de junio de 2014 y la preparatoria los días 24 de octubre y 14 y 28 de noviembre de ese año, y 8 de mayo de 2015, respectivamente. La audiencia de juicio oral y público se llevó a cabo en sesiones de los días 1°, 2 y 3 de septiembre, 12 y 13 de noviembre y 1° de diciembre de 2015, y 16 y 18 de febrero de 2016, anunciándose en esta última fecha el sentido del fallo absolutorio frente al delito de Homicidio agravado y hallando

culpable al acusado por el delito de Concierto para delinquir agravado. El 25 de octubre de 2016, el mismo despacho judicial emitió el fallo condenatorio, declarando responsable a JHON MARIO ROJAS POSSO en calidad de autor del delito de Concierto para delinquir agravado (artículo 340, inciso segundo, del Código Penal), imponiendo en su contra la pena principal de ocho (8) años de prisión y multa de 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 3 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 públicas por el mismo tiempo. No le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Lo absolvió por el delito de Homicidio agravado, por el que había sido objeto de acusación. Apelado el fallo por el apoderado del acusado y por el delegado de la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, mediante providencia del 29 de noviembre de 2018, lo revocó para en su lugar condenar al acusado por el delito de Homicidio agravado (artículo 104, numeral 7, del Código Penal), en calidad de cómplice, y lo confirmó en relación con la conducta de Concierto para delinquir agravado (artículo 340, inciso segundo, ibídem). Le impuso la pena principal de doscientos cuarenta y ocho (248) meses de prisión y multa de 1.242 salarios mínimos legales mensuales vigentes,

además, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte (20) años. Oportunamente la defensora del acusado interpuso el recurso extraordinario de casación, cuya demanda fue estudiada en su aspecto formal y admitida por esta Corporación. Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país no pudo llevarse a cabo la audiencia de sustentación programada dentro de esta actuación, razón por la cual a fin de impulsar la emisión de sentencias en asuntos prioritarios durante la vigencia de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, dispuestas por el Gobierno Nacional, se dispuso dar aplicación al trámite extraordinario previsto en el 4 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Acuerdo 20 de 2020 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, adelantándose el trámite de sustentación del recurso de casación. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Dos cargos presenta la apoderada del sindicado JHON MARIO ROJAS POSSO, que desarrolla de la siguiente manera: Cargo primero: falso raciocinio Con base en la causal prevista en el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, presenta un cargo contra la sentencia, por violación indirecta de la ley sustancial, debido a errores de raciocinio en la apreciación de las pruebas. En desarrollo de la censura, señala la demandante que los jueces de instancia fundamentaron el juicio de responsabilidad del acusado en los testimonios de oídas de José Albeiro Patiño Morales, Óscar Eduardo Castro Rivera,

Robinson Andrés Utima Ospina y José Lisbel Orozco Quintero. Argumenta que en sus declaraciones rendidas en el juicio los investigadores Patiño Morales y Utima Ospina expresaron que en los interrogatorios que recibieron a Orozco Quintero les manifestó que no conoció de la supuesta pertenencia del procesado a la organización 5 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 criminal de Los rastrojos sino por comentarios y rumores, pero que nada le constaba al respecto. Además, puntualiza, en su declaración en el juicio oral el testigo José Lisbel Orozco Quintero reconoció que nunca percibió que el acusado cometiera delitos o que prestara alguna clase de colaboración para la ejecución de los mismos, sabiendo de ello solo por los comentarios que se hacían dentro de la organización. Entre otras cosas, señala, dicho testigo no percibió que el acusado haya recibido dinero por las tareas que ejecutaba para la organización criminal, lo que además fue desvirtuado con el hallazgo a un integrante de la organización de una libreta de pagos en la que no aparecía relacionado ROJAS POSSO; además, aquel declarante tampoco percibió que el procesado transportara armas o drogas en su vehículo, ni integrantes de la banda criminal. En ese sentido, asegura, los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en falso raciocinio al dar total credibilidad al testigo Orozco Quintero, quien no tuvo conocimiento directo y personal de las conductas atribuidas al procesado ROJAS POSSO. Dicho testigo, agrega, no

ofreció datos concretos sobre las conductas que se le endilgan al acusado como perteneciente a la organización criminal. De esa manera, puntualiza, los falladores quebrantaron el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, que impone al testigo declarar solo sobre aspectos que le consten de manera directa y personal, transgrediéndose las 6 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 reglas de la sana crítica, el debido proceso y la presunción de inocencia. Afirma, además, que en los fallos de instancia se fundamentó la responsabilidad del acusado en la información entregada en un interrogatorio a indiciado por Óscar Eduardo Castro Rivera, alias Ballena, quien no fue presentado en juicio, ni sus declaraciones anteriores se incorporaron como pruebas de referencia a la actuación. Con lo anterior, concluye, la materialidad de la conducta de Concierto para delinquir agravado se fundamentó en testimonios de oídas, pasándose por alto en las decisiones judiciales de primera y segunda instancia el tratamiento jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia ha dado a esa clase de testigos. Por eso, al no existir ningún elemento de prueba que comprometa al acusado en dicho delito, reclama casar la sentencia recurrida y, en su lugar, emitir sentencia absolutoria.

Cargo segundo: falso juicio de identidad Con fundamento en el numeral 3 del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, acusa la sentencia de segundo grado por falso juicio de identidad, por cercenamiento, distorsión y adición en los testimonios valorados.

Sostiene que el fallador cercenó del testimonio del

investigador José Albeiro Patiño Morales aspectos que resultaban trascendentales para su valoración: que en una 7 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 de las capturas encontró un libro de apuntes o cuentas que llevaba la organización y allí no aparecía relacionado el acusado ROJAS POSSO; que no tuvo conocimiento que prestara alguna colaboración a la banda criminal; que en su vehículo no se halló ningún elemento que lo comprometiera con la empresa criminal; que no estaba vinculado con los homicidios perpetrados por esa organización; y, en general, que no tenía relación alguna con el grupo delincuencial. Igualmente, aduce, se suprimieron aspectos importantes del testimonio del policial Robenson Andrés Utima Ospina, relativas a que, según sus tareas de verificación, el acusado no estuvo involucrado en el transporte de armas y drogas, no estuvo presente en las escenas de los delitos y, según declaró, no estaba vinculado a la organización. De igual manera, sostiene que se tergiversó en varios aspectos el testimonio de José Lisbel Orozco Quintero, en relación con el homicidio de Carlos Junior Núñez Salazar, alias Junior, pues no manifestó en su declaración que el acusado debía recoger dos mujeres a efectos de interceptarlo, para después darle muerte; tampoco vio ingresar al acusado a la vivienda donde se ejecutó el homicidio. Precisa que se desconoció por el fallador que la aparición del procesado fue circunstancial y que solo tuvo una «participación mínima» en el seguimiento de la víctima.

8 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Frente al homicidio, cuya participación se atribuye al acusado, aduce que el Tribunal se fundamentó en indicios meramente contingentes para inferir su responsabilidad, omitiendo aspectos relevantes de la declaración de Orozco Quintero, con los que habría llegado a la conclusión de que no tuvo ninguna intervención en esa conducta. Asegura que ninguno de los testigos presentados en el juicio señaló a ROJAS POSSO como partícipe de aquel delito; tampoco en el vehículo que conducía el procesado se encontraron fluidos corporales que pudieran indicar que sirvió para trasladar el cadáver. Igual, sostiene que el Tribunal suprimió aspectos importantes de los testimonios recibidos, especialmente de la declaración de José Lisbel Orozco Quintero, quien nunca mencionó al acusado como partícipe en el homicidio. Así mismo, aduce que se cercenaron los testimonios de los investigadores Álvarez López, Patiño Morales y Utima Ospina, desconociéndose con ello que en el vehículo del acusado no se encontró ningún vestigio de material orgánico que hiciera inferir que se transportaron las partes del cadáver desmembrado. Advierte que solo se valoró «el testimonio de José Lisbel Orozco Quintero, dejando por fuera la valoración de los investigadores, quienes en sus labores de verificación y constatación fueron contundentes en afirmar que en esas labores no se encontró vínculo de mi defendido con la organización». 9 Casación 54725

Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Asegura que solo José Lisbel Orozco Quintero tenía conocimiento de ejecutar el homicidio de Carlos Junior Núñez Salazar. De ello, precisa, no conocía el acusado, quien apareció transportando a dos mujeres -La Biris y La Monaque participarían de ese delito, pero sin que estuviera al tanto de lo acontecido. Además, si bien es cierto que el testigo vio al acusado al frente de la casa donde tenían a la víctima, éste desconocía lo que estaba sucediendo en su interior. Critica, además, al testigo Orozco Quintero por sus contradicciones y su renuencia a responder las preguntas de la defensa en el curso del contrainterrogatorio vertido en el juicio. Sostiene que, contrario a lo referido por el fallador, dicho declarante asumió un mal comportamiento ante las preguntas de la defensa del acusado, mostrando animadversión y respondió de manera sesgada y sin objetividad. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN En la audiencia de sustentación de la demanda ante esta Corporación, los sujetos procesales efectuaron las siguientes intervenciones: La demandante reiteró los reproches consignados en su demanda. El delegado de la Fiscalía General de la Nación reclamó no casar la sentencia toda vez que, en su sentir, 10 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 «ninguno de los reproches que postula la demandante tiene sustento en la realidad fáctica, jurídica y procesal».

Resaltó que los testigos que apoyaron la teoría del caso de la Fiscalía comparecieron a rendir su declaración en el juicio, por lo que tales testimonios son las verdaderas pruebas en las que se cimentó el fallo de condena y sobre su valoración debieron versar los reproches de la demandante, y no sobre las declaraciones recibidas fuera del escenario del juicio oral. Por eso, subrayó, es inadmisible que la recurrente acuda a declaraciones anteriores para cuestionar el contenido de los testimonios rendidos en juicio, aduciendo contradicciones e inconsistencia fuera de la oportunidad de emplearlas para impugnar la credibilidad de los testigos. De esa manera, sostuvo, el testigo José Lisbel Osorio Quintero narró de manera coherente que el acusado Rojas Posso se integró a la organización criminal cumpliendo tareas de transportador para la ejecución de las conductas punibles, entre ellas la del homicidio de Carlos Junior Núñez Salazar. Ese hecho en particular, refirió, fue corroborado a través de prueba directa y de corroboración periférica con los testimonios de los investigadores que conocieron el caso y con los miembros de la organización criminal presentados en el juicio. Ningún yerro, aseguró, se advierte en la valoración de la prueba, en tanto se comprobó que Óscar Eduardo Castro Rivera, a. Ballena, lideró una banda delincuencia dedicada al narcotráfico y otras actividades, para lo cual reclutó a 11 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 varios taxistas dedicados a ser transportadores de personas y material empleado en los delitos. Una de esas tareas se concretó el 20 de septiembre de 2013 cuando Carlos Junior

Núñez Salazar, también taxista de la organización y quien había sido sentenciado a muerte, fue seguido por los taxis conducidos por José Lisbel Osorio Quintero y por el acusado ROJAS POSSO, hasta lograr llevarlo hasta un lugar donde fue drogado, asesinado y luego descuartizado. Resaltó que, en todo el itinerario criminal relativo al homicidio perpetrado por miembros de la organización criminal, participó de manera activa el procesado, realizando tareas de seguimiento de la víctima y de disposición de las partes desmembradas del cadáver. Siendo así las cosas, concluyó, de ningún error alusivo a falso raciocinio adolece el fallo recurrido y la simple mención al desconocimiento de la sana crítica por parte de la demandante, sin acreditar el principio de la lógica, la regla de la experiencia o el postulado de las ciencias que fueron transgredidos, es insuficiente para pretender la remoción de la condena derivada al procesado. Tampoco se advierte un falso juicio de identidad, el que además viene mal planteado cuando la labor de la libelista se concretó en la mera selección de palabras o frases aisladas, olvidando el carácter de valoración integral de la prueba. La representante del Ministerio Público estimó, en relación con el primer cargo, que debió ser planteado como una violación directa de la ley sustancial y no como falso 12 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 raciocinio. Sin embargo, sostuvo, es un asunto debidamente probado la existencia de una agrupación criminal de la que

hacía parte el acusado ROJAS POSSO, siendo ello acreditado con el testimonio de José Lisbel Orozco Quintero, quien dio cuenta de situaciones sucedidas al interior de la organización referidas a su condición de miembro permanente de la misma. Dicha situación, advirtió, fue demostrada a través de pruebas directas, no de oídas, como lo señaló la demandante. Se entregaron datos concretos sobre las actividades desplegadas por el procesado en la ejecución del homicidio de Carlos Junior Núñez Salazar, quedando comprometida su responsabilidad en los dos delitos que le fueron endilgados. Frente al segundo cargo, relativo al falso juicio de identidad, aseguró que carece de sustento el reproche sobre el fallo de condena proferido, consistente en que se erigió bajo un supuesto de cercenamiento, adición o distorsión de la prueba recibida, puesto que la recurrente presenta meras especulaciones sobre la valoración de los testimonios, haciendo interpretaciones que no consultan la realidad de lo probado. Concluyó que la claridad en el testimonio de José Lisbel Orozco Quintero impide sostener que en la valoración de los jueces de instancia se hayan tergiversado afirmaciones claras y precisas que señalan al acusado como partícipe de 13 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 las conductas delictivas. Solicita no casar la sentencia. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Toda vez que la demanda presentada se declaró ajustada conforme con los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizará de fondo los problemas

jurídicos allí propuestos, además de guiarse por las funciones del recurso de casación en materia penal, dirigidas a la búsqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia, según lo establecido en el artículo 180 ibídem, garantizándose así a plenitud el derecho a la doble conformidad, toda vez que en lo que atañe al delito de Homicidio agravado el Tribunal Superior de Armenia condenó, por primera vez en segunda instancia, a JHON MARIO ROJAS POSSO. Por la vía de denunciar la presencia de vicios en la valoración de la prueba, concretados en falso raciocinio y falso juicio de identidad, la recurrente plantea en su demanda la ausencia de responsabilidad del acusado JHON MARIO ROJAS POSSO en los delitos de Concierto para delinquir agravado y Homicidio agravado, ejecutado este último contra la vida de Carlos Junior Núñez Salazar. 14 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 En consecuencia, la Sala se ocupará de los problemas jurídicos atinentes a los dos delitos en cuestión, a fin de determinar si en efecto, como lo reclama la demandante, el proceso de valoración de la prueba adolece de los vicios atribuidos en la demanda y, en consecuencia, no se alcanza el estado de conocimiento requerido para la condena del acusado ROJAS POSSO (artículo 232, inciso 1°, de la Ley 906 de 2004). Antes de ello se hará una breve reseña sobre el uso

de las declaraciones anteriores rendidas por los testigos presentados en el juicio, porque se advierte confusión en la demandante sobre este aspecto al darles tratamiento de medios de prueba.

1. Precisiones iniciales: 1.1. El uso de declaraciones anteriores rendidas por los testigos presentados en el juicio oral por la Fiscalía: En primer término, se puede advertir en el extenso texto de la demanda presentada por la apoderada del acusado, su recurrente invocación a declaraciones anteriores al juicio como si se tratara de pruebas que emplea en su disertación para compararlas con lo declarado por los testigos en el juicio y, a su manera, evidenciar contradicciones a fin de restarle mérito suasorio a estos auténticos medios de prueba. Con ello, censura las conclusiones valorativas insertas en los fallos de los jueces de instancia, aduciendo la incursión en yerros de raciocinio y de tergiversación probatoria en la estimación de los testimonios.

15 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Desconoce en ese propósito que, como de manera reiterada lo ha señalado esta Sala, en el sistema procesal regulado en la Ley 906 de 2004, las declaraciones anteriores al juicio oral no son prueba y que sólo de manera excepcional podrán ser incorporadas en esa calidad en el juicio oral, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.

Así se ha precisado: Las entrevistas y declaraciones juradas que obtienen las partes son actos preparatorios del debate. Para esos efectos, el artículo 347 faculta al fiscal para tomar declaraciones juradas si ello

“resultare conveniente para la preparación del juicio”, y los artículos 271 y 272 le otorgan una posibilidad equivalente al defensor. En esa misma línea, el artículo 16 (norma rectora) establece que “en el juico únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación1 y contradicción…”. La misma orientación tiene el artículo 402, en cuanto establece que el testigo “únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir”, y el artículo 403, que regula los temas sobre los que puede versar la impugnación de la credibilidad de los testigos y las herramientas jurídicas que pueden utilizarse para tales efectos. Ello en consonancia con lo establecido en los artículos 392 1 Según se indicará más adelante, el derecho a la confrontación puede verse total o parcialmente afectado cuando la presencia del testigo en el juicio oral es reemplazada por las declaraciones rendidas por fuera de ese escenario. 16 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 y siguientes sobre el interrogatorio cruzado de testigos, especialmente en lo que atañe al contrainterrogatorio, como elemento estructural de derecho a la confrontación.2 Por eso, sin que se trate de medios de prueba, el ordenamiento procesal penal consagra la posibilidad de utilizar las declaraciones anteriores al juicio oral, para refrescar la memoria del testigo o para impugnar su credibilidad. De hecho, según puede advertirse en los registros de la audiencia de juicio oral y público, la defensora del acusado

empleó las declaraciones recibidas fuera del juicio a los testigos de la defensa para impugnar su credibilidad en desarrollo del contrainterrogatorio que tuvo la oportunidad de adelantar, ejerciendo de esa manera el derecho de confrontación, conforme a los lineamientos de los artículos 393,403 y 347 de la Ley 906 de 20043. Es necesario, entonces, demarcar la diferencia entre la utilización de declaraciones anteriores para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos -en este caso empleadas para la impugnación de la credibilidad de los testigos-, de los usos de esas declaraciones como medio de prueba -prueba de referencia y declaraciones anteriores inconsistentes con lo declarado en juicioque no fueron desplegados en esta actuación. 2 CSJ SP-606-2017, 25 ene. 2017, rad. 44950. 3 CSJ SP-12229-2016, 31 ago. 2016, rad. 43916. 17 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Por lo tanto, en el presente proceso, debe dejarse por sentado que es en el contexto de la impugnación de la credibilidad de los testigos presentados por la fiscalía que podía valorarse la existencia de contradicciones o de omisiones frente a aspectos trascendentes del relato, con incidencia en la verosimilitud del mismo y/o en la credibilidad de los testigos, y no dándole tratamiento de medios de prueba a las declaraciones anteriores, como lo hace la demandante en la sustentación del recurso de casación para fundamentar supuestas contradicciones entre los relatos ofrecidos por los testigos dentro y fuera del juicio

oral. Hecha la anterior aclaración, pasará la Sala a examinar, en su orden, los delitos que fueron objeto de reproche penal para el acusado ROJAS POSSO.

2. Concierto para delinquir agravado: En decisión ratificada al desatar el recurso de apelación por el Tribunal Superior de Armenia, el juez a quo declaró responsable al acusado ROJAS POSSO del delito lesivo contra la Seguridad Pública, al encontrar demostrado que hacía parte de la organización criminal denominada Los Rastrojos, dedicada al narcotráfico y diversas actividades delictivas asociadas al mismo, asentada en el Valle del Cauca y extendiendo sus dominios a otros departamentos, entre ellos al Quindío, siendo liderada por Óscar Eduardo Castro

Rivera, alias Ballena. 18 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Debe acotarse, en primer lugar, que resultan vacuos los cuestionamientos que se hacen en la demanda a la inicial actuación de la policía judicial relativos a que los investigadores no fueron testigos de los acontecimientos relacionados con las actuaciones de los individuos integrantes de la organización criminal y que sus testimonios no resultan idóneos para dar cuenta de esa estructura delincuencial y de su pertenencia a ella del procesado JHON

MARIO ROJAS POSSO.

Obviamente, lo que los investigadores relataron en el juicio oral no fue la percepción que tuvieron sobre la integración del acusado ROJAS POSSO a la empresa criminal o sobre su intervención en alguna conducta punible en particular, sino que a partir de los informes recibidos y la

información recaudada sobre la posible comisión de los delitos, generaron las primera hipótesis factuales que, a su vez, dieron lugar, a la práctica de las actividades prevista en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004. Al respecto, la Sala ha precisado que: Para desarrollar este sistema de enjuiciamiento criminal, la Ley 906 de 2004 estableció un modelo epistémico, del que cabe resaltar lo siguiente: (i) la Policía Judicial está facultada para generar las primeras hipótesis factuales y, a partir de las mismas, debe realizar los actos urgentes necesarios para asegurar las evidencias (físicas o testimoniales) que pueden resultar útiles para su posterior demostración4; (ii) una vez recibido el respectivo informe ejecutivo, el Fiscal, en asocio con los investigadores, tiene 4 Art. 205. 19 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 a cargo el diseño del programa metodológico, en el que se deben determinar “los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva”5; (iii) frente a las evidencias físicas, el modelo gira en torno al oportuno aseguramiento de las mismas y la utilización de los recursos técnico científicos orientados a establecer sus aspectos más relevantes6; (iv) como no tiene aplicación el sistema de permanencia de la prueba, el legislador hizo énfasis en la adopción de las medidas necesarias para que en el juicio oral las evidencias físicas puedan ser debidamente autenticadas7; (v) por regla general, las declaraciones rendidas por los testigos por fuera del juicio oral son útiles para la estructuración de la hipótesis mas no para su demostración,

porque estos deben concurrir a dicho escenario a efectos de transmitirle su conocimiento al Juez, salvo los casos de admisión excepcional de prueba de referencia e incorporación de declaraciones cuando el testigo se retracta o cambia su versión en el juicio.8 Precisamente, las entrevistas recibidas, los interrogatorios a indiciados y demás actos de investigaciónreconocimientos fotográficos, reconstrucción de los hechos, consultas a los testigos sobre los antecedentes que permitieron la conformación de la organización criminal, análisis de las diversas estructuras criminales que operaban en la región, entre muchas otraspracticados por los investigadores permitieron encausar el programa metodológico de la fiscalía a fin de asegurar la comparecencia de los testigos al juicio oral, siendo de esa manera que se recibió el testimonio de José Lisbel Orozco 5 Art. 207. 6 Arts. 250.3 de la Constitución Política y 204, 210 y 278 de la Ley 906 de 2004. 7 205, 210, 277, entre otros. 8 CSJ SP-19617-2017, 23 nov. 2017, rad. 45899. 20 Casación 54725 Jhon Mario Rojas Posso CUI 11001600000020150039301 Quintero, quien resultó fundamental en ese escenario judicial no solamente para obtener el conocimiento de la existencia de la organización criminal a la que se vinculó sino también de la pertenencia a ella del acusado JHON MARIO ROJAS POSSO, alias Mario. La existencia de la organización criminal en cuestión se develó a partir de los diversos actos de investigación

adelantados por los investigadores José Albeiro Patiño Morales9 y Robenson Andrés Utima Ospina10, quienes en sus declaraciones vertidas en el juicio oral narraron como, a partir de las iniciales informaciones obtenidas de fuentes no formales, establecieron la existencia de la banda delincuencial que ejercía control territorial a partir de actividades asociadas al narcotráfico -extorsión, venta de estupefacientes, tráfico de armas, homicidios, entre otros-. Manifestaron que desde el año 2011, con base en informaciones recibidas de fuentes no formales, la policía ya tenía conocimiento fragmentario sobre la existencia de una organización criminal que disputaba el monopolio del microtráfico de estupefacientes a otras estructuras delincuenciales ya asentadas en la región. Esa información inicial se fue co