CSJ - SC22-06-1950

REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Como lo dijo la Corte en sentencia de casación de 10 de octubre de 1944, la que está publicada en el Tomo LVIIÍ. número 2016 de la GACETA JUDICIAL, "Es bien sabido siguiendo este orden de ideas, que para que pueda estudiarse un ataque en casación, es necesario dentro de la técnica de este recurso, que se señalen o individualicen, determinándolos, cada uno de los textos legales que se consideren infringidos (artículo 531 del C. J.), y que "si se trata de errores manifiestos de hecho o errores de derecho en la apreciación de la prueba, a través de los cuales se ha producido el agravio a la ley sustantiva, también es de rigor, para que prospere el cargo, que se señalen tales errores con toda precisión y las normas de la ley desconocidas o vulneradas". Sobra insistir en que las normas que el recurrente señala como violadas deben serlo con la precisa indicación del número que les corresponde en la ley o en el código, y 110 de manera vaga como en el presente caso se ha hecho respecto de las que podrían interesar al recurso. Contrario a la rigurosa técnica de la casación sería el aceptar que, por ejemplo, se indicara como violado el artículo 1895 del C. C. cuando en la demanda se dicen infringidos "los artículos 1849 y siguientes". Ello equivaldría a aceptar que la Corte debe estudiar la sentencia acusada a la luz de todos y cada uno de los artículos posteriores al expresamente citado, hasta agotar el resto del articulado del código, lo que relajaría la naturaleza de este recurso de carácter extraordinario.

Sobra, igualmente, repetir en esta oportunidad la doctrina constante y uniforme de la Sala, indiscutiblemente basada en la ley, conforme a la cual no debe limitarse el recurrente a la cita de los textos legales que considere infringidos, sin explicar la manera como lo hayan sido; y que si se trata de quebrantamiento de la ley sustantiva como consecuencia de errada apreciación o de falta de apreciación de una prueba, es de rigor que el demandante señale, además, y de manera clara y precisa, dicha prueba, e indique en qué consiste el error y cuál es su naturaleza. Todo esto porque la ley así lo exige en razón del carácter especialísimo de este recurso, dentro del cual la Corte no debe ni puede actuar oficiosamente al comparar el fallo acusado con el texto legal que reputa violado el actor. Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. — Bogotá,- junio veintidós de mil novecientos cincuenta. (Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo) Se decide el recurso de casación interpuesto por Jorge Gacharná Palacios contra la sentencia dictada por el Tribunal de Bogotá el 9 de marzo de 1946, que puso término a. la segunda instancia del juicio ordinario que adelantó aquél contra María Alfonso Gacharná Palacios, con el fin de que fuera ésta condenada al pago en su favor de los cánones de arrendamiento correspondientes a la cuota de dominio que tiene en la casa número 17-37 de la carrera 12 de esta ciudad, perteneciente a demandante y demandada en proporción de una y tres cuartas partes y que es objeto del juicio de división

material que tramitan en el Juzgado Octavo Civil de este Circuito. La demanda se funda en que María Alfonso es arrendataria del inmueble a virtud de adjudicación que a ese titulo se le hizo en el juicio divisorio, y en que la inquilina no ha cancelado al actor la cuarta parte de los cánones que a éste corresponden como a condueño. El fallo de primera instancia El Juez Primero Civil de Bogotá conoció del negocio en primer grado y condenó a la demandada, como a arrendataria, al pago de los cánones reclamados y a las costas del juicio. La sentencia de segunda instancia En virtud de apelación interpuesta por María Alfonso, el Tribunal de Cundinamarca, después de tramitar la instancia, revocó en su decisión el fallo del Juzgado, reconociendo las excepciones de "petición antes de tiempo y de modo indebido. Sin costas". Conceptuó el Superior que estando pendiente y sin decidir aún el juicio divisorio del inmueble, la demandada tenía el doble carácter de arrendataria y de administradora de él; y que los cánones, como frutos de la propiedad, debían distribuirse sólo al efectuare la partición, sin que por ahora el comunero demandante tuviera otra acción que la de rendición de cuentas contra su condueña la administradora. El recurso El actor interpuso el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal, que hoy se decide una vez agotada la tramitación legal. El recurrente sin orden ni técnica critica desfavorablemente el fallo del Superior, considerando que violó "disposiciones de derecho sustantivo y de procedimiento civil" al reputar a la inquilina de la casa como administradora de

ella, sin serlo; o al juzgar que podía ser al propio tiempo lo uno y lo otro, no obstante la natural incompatibilidad de estas distintas condiciones que emanan de fuentes diferentes; y que, como consecuencia de su error, confundió las obligaciones del inquilino con las que tiene el administrador. Se expresa así el demandante al tratar de concretar sus cargos: "Ha habido por parte del H. Tribunal... aplicación indebida e interpretación errónea de las disposiciones sustantivas referentes al mandato, puesto que la administración de bienes es un mandato, y por tanto se han aplicado mal al caso del pleito los artículos 2142 y siguientes del C. C, en vez de aplicar debidamente, legalmente, de acuerdo con la sana hermenéutica y la Jurisprudencia constante de la H. Corte como de los Tribunales, las disposiciones sustantivas referentes al contrato de arrendamiento de cosas, y en lo especial a lo que estatuyen los artículos 1996 y siguientes del C. C., 2008 y siguientes de la misma obra". Consideraciones de la Sala El actor no indica en forma clara y precisa los fundamentos del recurso, como lo ordena el artículo 531 del código judicial; y aunque basa su demanda, según parece, en la violación de la ley, proveniente de errónea apreciación o de falta de apreciación de determinada prueba, no alega precisamente sobre este punto en orden a demostrar la equivocación del Superior en materia de derecho o en materia de hecho, como categóricamente lo exige el inciso del ordinal 1° del artículo 520 ibídem. Por lo demás no invoca expresamente textos legales que puedan haber sido

infringidos directa o indirectamente y que incidan o puedan incidir en el recurso. El artículo 2142 del C. C. que cita, define el mandato y los artículos que inmediatamente le siguen, el 2143 y 2144 determinan que "puede ser gratuito o remunerado..." y que "los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios... se sujetan a las reglas del mandato". Como a simple vista se observa, estas disposiciones no son de aquellas cuya transgresión interesa dentro del presente recurso, comoquiera que de ellas no se deriva directamente ningún derecho susceptible de ser vulnerado. El artículo 1996 del C. Civil, que igualmente considera quebrantado, reglamenta la manera como el arrendatario debe usar de la cosa arrendada, y los artículos 1997 y 1998 que inmediatamente le siguen, el modo de conservarlas y lo referente a reparaciones locativas, respectivamente. Ni directa ni indirectamente pudo transgredir el Tribunal estas normas, totalmente ajenas a la litis en que sólo se debatía si debía o no pagar la opositora al actor una suma de dinero por concepto de cánones de arrendamiento, e intereses sobre dicha suma. Lo propio puede decirse de los artículos 2008 y siguientes, ibídem, que tratan "de la expiración del arrendamiento de cosas". La disposición que pudo infringir el Tribunal, pero que el recurrente no cita como violada, es la contenida en el artículo 2000 del citado código, según la cual "el arrendatario es obligado al pago del precio o renta" (inciso 1°), como consecuencia de la falta de apreciación del acta judicial de arrendamiento de la mencionada casa, conforme a la cual tiene María Alfonso el carácter de inquilina de ella con la natural obligación