CSJ - SC31-05-1949 - [040]

Sentencia C – SC – 040 de 1949

ACCIÓN REIVINDICATORIA. — NECESIDAD DE QUE LA COSA

REIVINDICADA SE HALLE DETERMINADA O INDIVIDUALIZADA

COMO CUERPO CIERTO EN EL JUICIO PARA QUE PUEDA PROSPERAR LA ACCIÓN EJERCIDA. 1.—En la completa ausencia de explicación sobre el mecanismo de la violación legal que se imputa a la sentencia, en el sentido de expresar si es de modo directo, y dentro de éste, si es por errada interpretación, aplicación indebida o falta de aplicación, o si el quebranto de la ley es el efecto de errores en la estimación probatoria, con puntualización y demostración del error de este caso, halla la Corte la pretermisión de condiciones sustanciales que impone la preceptiva legal del recurso para poder entrar al examen de la legalidad de la sentencia acusada. 2. —Entre las condiciones indispensables para la procedencia de la acción reivindicatoria, contenidas en su definición legal está la de que se trate de una cosa singular, esto es, determinada o individualizada como cuerpo cierto. Este requisito tratándose de inmuebles y especialmente de predios rurales, no puede satisfacerse sino con la descripción de sus límites, esto es, con el señalamiento del término o línea que los separe de las demás heredades, y que a la vez que lo diferencia de los otros fundos sirve para precisar objetivamente, demarcando su perímetro sobre la tierra, la extensión del derecho real de dominio, como es necesario para que pueda hacerse efectivo con el uso de las acciones legales que lo tutelan porque sólo así será posible que el dueño sepa qué es lo que puede hacer respetar y qué es lo que los demás

deben respetar. Esta la razón esencial de la exigencia de la singularización de las cosas cuya restitución se busca con la acción de dominio, hecha sin ninguna ambigüedad en la demanda, cosa que no puede lograrse, tratándose de fundos, como se dijo, sino con la fijación de sus límites, según la norma general de la ley, como se ve, entre otros, de los artículos 222 del Código de Procedimiento Civil que condiciona en general las demandas sobre cosa raíz con la especificación de los linderos, y los artículos 2594 y 2663 del

C. C. y 15 de la Ley 40 de 1932, que imponen la delimitación como la manera legal de singularizar los bienes inmuebles. 3. —Como ya lo dijo la Corte: "La determinación de la finca raíz que se reivindica no puede hacerse sino por el señalamiento de sus linderos; y cuando ella hace parte de un globo mayor de tierra cuyos linderos se expresan no basta decir que la primera está comprendida dentro de los límites de la segunda, sino que es preciso determinarla señalándole delimitación especial" (G. J., Tomo XXX, página 114. Tomo XXXI, pág. 54).

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2073 y

2074

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Félix Antonio Otero

MAGISTRADO PONENTE:

HERNÁN SALAMANCA

Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. Bogotá, mayo treinta y uno de mil novecientos cuarenta y

nueve. Por medio de la escritura pública número 71, otorgada en la Notaría de Fusagasuga el 22 de enero de 1926, Honorio Vásquez vendió a Félix Antonio Otero un lote de terreno situado en el páramo de El Pilar, Corregimiento de Nazaret del Municipio de Bogotá, que se deslinda así: "De la entrada de la quebrada de La Potranca, juntamente con un derecho de tierra y comunidad vinculados en los terrenos dichos de El Pilar que colinda con la hacienda de Sumapaz". Por escritura pública número 736, otorgada en la misma Notaría de Fusagasugá el 8 de octubre de 1928, Víctor Prieto vendió a Félix Antonio Otero los derechos y acciones que por muerte de Fidel Rodríguez se vinculan en la mitad proindiviso de un globo de tierra ubicado en el punto de El Pilar, jurisdicción municipal de San Bernardo, antes de Usme, comprendido dicho terreno dentro de los siguientes linderos: ...". Afirma el comprador Félix Antonio Otero que desde cuando adquirió, en la forma dicha, el dominio del inmueble, entro en posesión tranquila, pero que desde comienzos del año 1935, varias personas entre ellas José Eusebio Palacios, han ocupado gran extensión de la finca pretendiendo desconocer su propiedad a titulo de colonos. Con apoyo en estos hechos, ante el Juzgado Civil del Circuito de Fusagasugá, en libelo de fecha 22 de junio de 1942, Félix Antonio Otero demandó en juicio ordinario de reivindicación a José Eusebio Palacios para que se hagan las siguientes declaraciones y

condenas: "1ª—Que soy dueño de un globo de tierra denominado El Placer, ubicado en el Municipio de San Bernardo y comprendido dentro de estos linderos: ... De esta extensión comprendida en los linderos relacionados se excluye una porción de tierra que vendí a Fidel Murillo". "2ª—Que el demandado José Eusebio Palacios debe restituirme dentro del término de la ejecutoria del fallo que ponga fin al presente juicio, la extensión de tierra que éste me retiene indebidamente y que tiene una extensión de tierra de cuarenta fanegadas, con una casita de habitación, globo de tierra que se halla limitado por todas sus partes con el resto de mi tierra denominada El Placer en donde se halla enclavada". Pide, además, que la restitución se ordene con los frutos correspondientes a la posesión de mala fe, y que se condene al demandado al pago de la suma de $ 2.000.00 por concepto de perjuicios causados con la ocupación indebida, y el valor de las costas del juicio. Se opuso el demandado a las pretensiones reivindicatorias, negando todos los hechos fundamentales de la demanda y expresando que en el lote que él posee y trabaja, ubicado en jurisdicción municipal de Bogotá y limitado de modo distinto de los términos de la demanda, no ha tenido nunca el actor derecho ni explotación ningunos y lo ha obtenido por ocupación de terrenos incultos, reputados generalmente como baldíos a través de más de diez años de posesión pacífica y explotación económica, cuya adjudicación como baldío, pedida junto con otros ocupantes, está

tramitándose actualmente en el Ministerio de la Economía Nacional. Alegó, entre otras, las excepciones de inepta demanda y prescripción al tenor del artículo 12 de la Ley 200 de 1936. Sobre estas bases se desarrolló la controversia que fue decidida en primera instancia en sentencia del 2 de mayo de 1946 en que se negaron las súplicas de la demanda y se absolvió totalmente. Sin costas. Sentencia acusada. Con sentencia definitiva de 27 de agosto de 1947 cerró el Tribunal Superior de este Distrito Judicial el segundo grado a que dio lugar la apelación del actor contra el fallo del Juzgado del Circuito, totalmente confirmado. Sin costas. Las razones de esta solución confirmatoria, coincidentes en su mayor parte con las del fallo del Juzgado, consisten sencillamente en que el demandante de la reivindicación no probó su calidad de dueño sobre el bien que pretende le sea restituido, y porque su demanda adolece de una ineptitud sustantiva consistente en la falta completa de singularización del inmueble que apenas enclava indeterminadamente dentro del de mayor extensión que delimita como de su propiedad. Perdido el pleito en los dos grados, el demandante lo ha traído a la Corte en el recurso de casación que oportunamente interpuso contra la sentencia definitiva de segunda instancia que hoy se decide por estar legalmente preparado. Con apoyo en la primera de las causales del artículo 520 del

C. J. acusa el recurrente la sentencia porque "el Tribunal quebrantó lo dispuesto en los artículos 946, 947, 948, 950, 952, 1768, 1759 y

2594 del C. C. y 222 del C. J.", por haber concluido que no se determinó y singularizó suficientemente la parcela que se reivindica a pesar de que en el curso del juicio se estableció con la diligencia de inspección ocular, que la finca de El Placer correspondía a la alinderación que de ella se dio en la demanda y que el globo materia de la acción de dominio estaba comprendido dentro de los límites generales de esa finca, como se afirma en la demanda. "No creo que pueda aceptarse — razona el recurrente — que el dueño de una cosa a quien se le ha usurpado una parte de ella está obligado para obtener la restitución en juicio a que previamente siga un deslinde con el usurpador, para que así se pudiera expresar en la demanda en forma absolutamente obligatoria para el demandado, cuáles son los linderos de la parcela que debe restituir". Considera la Sala: En la completa ausencia de explicación sobre el mecanismo de la violación legal que se imputa a la sentencia, en el sentido de expresar si es de modo directo, y dentro de éste, si es por errada interpretación, aplicación indebida o falta de aplicación, o si el quebranto de la ley es el efecto de errores en la estimación probatoria, con puntualización y demostración del error de este caso, halla la Corte la pretermisión de condiciones sustanciales que impone la preceptiva legal del recurso para poder entrar al examen de la legalidad de la sentencia acusada. Con todo, no se utiliza esta falla en el manejo técnico del recurso, como razón para el rechazo del cargo. Entre las condiciones indispensables para la procedencia de

la acción reivindicatoria, contenidas en su definición legal está la de que se trate de una cosa singular, esto es, determinada o individualizada como cuerpo cierto. Este requisito, tratándose de inmuebles y especialmente de predios rurales, no puede satisfacerse sino con la descripción de sus límites, esto es, con el señalamiento del término o línea que los separe de las demás heredades, y que a la vez que los diferencia de los otros fundos sirve para precisar objetivamente, demarcando su perímetro sobre la tierra, la extensión del derecho real de dominio, como es necesario para que pueda hacerse efectivo con el uso de las acciones legales que lo tutelan porque sólo as! será posible que el dueño sepa qué es lo que puede hacer respetar y qué es lo que los demás deben respetar. Esta la razón esencial de la exigencia de la singularización de las cosas cuya restitución se busca con la acción de dominio, hecha sin ninguna ambigüedad en la demanda, cosa que no puede lograrse, tratándose de fundos, como se dijo, sino con la fijación de sus límites, según la norma general de la ley, como se ve, entre otros, de los artículos 222 del Código de Procedimiento Civil que condiciona en general las demandas sobre cosa raíz con la especificación de los linderos, y los artículos 2594 y 2663 del C. C. y 15 de la Ley 40 de 1932, que imponen la delimitación como la manera legal de singularizar los bienes inmuebles. Y como lo tiene también establecido en doctrina uniforme y reiterada esta Sala de Casación Civil, que en caso análogo al de hoy dijo: "La determinación de la finca raíz que se

reivindica no puede hacerse sino por el señalamiento de sus linderos; y cuando ella hace parte de un globo mayor de tierra cuyos linderos se expresan no basta decir que la primera está comprendida dentro de los límites de la segunda, sino que es preciso determinarla señalándole delimitación especial". (G. J. Tomos XXX, página 114, XXXI, página 54). El único dato que ofrece la demanda del reivindicante Félix Antonio Otero en punto a singularización de la parcela en que pretende tener dominio y que dice estar poseída por su demandado Palacios es el de que está enclavada en la finca de El Placer y que, por tanto, limita por todos sus lados con tierras del demandante, lo cual no basta en manera alguna para su singularización, pues nada se sabe de su ubicación particular dentro de la hacienda ni siquiera en relación con los puntos cardinales, ni de su extensión superficiaria, ni de su forma, ni de nada especial que sirviera para distinguirla dentro del todo homogéneo. En estas condiciones resulta totalmente inválido el ataque qué el recurrente dirige contra la conclusión de la sentencia en punto a falta de singularización de la cosa que se quiere reivindicar, y si la ausencia de este elemento estructural de la acción la condena irremisiblemente al fracaso no hay para qué examinar los demás aspectos que propone la demanda de casación, relacionados con la prueba del dominio, porque ninguno de ellos puede tener incidencia en la resolución del recurso. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de agosto de 1947, materia de este recurso. Costas a cargo del recurrente. Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Manuel José Vargas. — Pedro Castillo Pineda. — Ricardo Hinestrosa Daza. — Álvaro Leal Morales. — Hernán Salamanca. — Arturo Silva Rebolledo. — Pedro León Rincón, Secretario.