CSJ - Sentencia 00807(07-12-23)1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente Radicación No. 00807

CUI: 110016000000202202419-01

CESAR ANTONIO LUGO MORALES

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) ASUNTO Derrotada la ponencia inicial, se pronuncia la Sala mayoritaria sobre la solicitud de reconocimiento de la calidad procesal de presunta víctima reclamada por la Contraloría General de la República, en el trámite que se sigue en contra del exgobernador del Departamento del Amazonas, CESAR ANTONIO LUGO MORALES, imputado por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, respecto del contrato 0011411 suscrito el 2 de noviembre de 2017. 1 Se atribuyó a LUGO MORALES y otros dos exgobernadores del Amazonas, violar los principios de economía, transparencia, selección objetiva y otros, en el trámite y celebración del Convenio Marco No 1 suscrito con la fundación FAPDES el 15 de febrero de 2016 y con base en el cual la Gobernación suscribió el 25 de febrero de 2016 el Convenio derivado 0004 de 2016 con la misma fundación cuyo objeto era la “elaboración de los diseños arquitectónicos, cuadros de cantidades y presupuestos necesarios para la formulación y ejecución del proyecto “construcción de la nueva institución educativa sagrado corazón sedes A y B del municipio de Leticia”.

Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807

CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

El doctor Yesid Lozano Puentes, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.422.573 expedida en Bogotá, en su condición de Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, otorgó poder especial, amplio y suficiente a la doctora Tania Camila Córdoba Cardozo identificada con cédula de ciudadanía N° 1.010.232.121 expedida en Bogotá, para que represente los intereses como víctima que pueda tener la entidad mencionada. SOLICITUD La Contraloría General de la República, representada por la abogada Tania Camila Córdoba Cardozo, indicó que su legitimación para constituirse como víctima por delitos contra la administración pública deriva de la misma Constitución Política, agregando que el artículo 137 de la ley 600 se aplica por integración a los procesos seguidos por la ley 906, disposición en la que establece los eventos en los cuales la Contraloría puede hacerse parte de los procesos penales, considerando que su intervención obedece a la hipótesis que permite hacerse parte del proceso como presunta víctima en

aras de la trasparencia de la pretensión. Advierte que la Sentencia C-228 del año 2002 señala que el órgano de control puede intervenir de manera concurrente, cuando se proceda por delitos contra la administración pública Luego de lo anterior procedió a adelantar el proceso de licitación pública de obra No 61 de 2017 para la contratación de la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO

CORAZÓN SEDES A Y B DEL MUNICIPIO DE LETICIA”.

Como resultado, celebró el contrato 1411 DE 2017 con el grupo empresarial LIBANO S.A.S. presuntamente violando principios de la contratación estatal. Página 2 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 y en este caso se busca establecer posibles perjuicios causados a los intereses patrimoniales del Estado. Indica que la Controlaría adelanta un proceso de responsabilidad que inicio el 9 de mayo de 2019 por los mismos hechos relacionados con este contrato el cual se encuentra en fase probatoria y que el plantel educativo que se proyectó construir por $31.797`000.00 aproximadamente, actualmente no está en funcionamiento. INTERVENCIONES Corrido el correspondiente traslado de la pretensión las

demás partes e intervinientes manifestaron estar de acuerdo con el pedido elevado por la representante de la Contraloría. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 137 de la Ley 600 de 2000, aplicable por integración a los asuntos tramitados bajo la Ley 906 de 20042 dispone que en todo proceso por delitos cometidos contra la administración pública será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público presuntamente perjudicada. 2 Así lo dispone el artículo 25 de la Ley 906 de 2004. Además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión AP2650, 22 jun 2022, rad. 60656, reiteró que: “resulta pertinente acudir a las Leyes 190 de 1995 y 600 de 2000 -artículo 137-en los aspectos que no hayan sido regulados en la Ley 906 de 2004, comoquiera que las normas en comento se orientan a la defensa del patrimonio público y, en general, de los bienes jurídicos afectados con los delitos contra la administración pública, independientemente del sistema de enjuiciamiento criminal aplicable.” Página 3 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807

CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

A su vez establece que la intervención de los órganos de control fiscal surge a partir de la configuración de los siguientes presupuestos: i) directamente cuando son víctimas; ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el sindicado y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la «transparencia de la pretensión». En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa y en la tercera es facultativa.3 Es indiscutible que en el presente caso no se configuran las dos primeras hipótesis de intervención de los órganos de control fiscal previstas en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000; empero, sí se cumplen a cabalidad los supuestos de la tercera, contrario al criterio expuesto por la ponencia inicial, esto es, la referida a la facultad discrecional4 que ostenta la Contraloría para constituirse como parte civil en procesos penales que se adelantan por delitos cometidos contra la administración pública, «en orden a la transparencia de la pretensión». Lo anterior, atendiendo a que en el presente caso (i) la Contraloría no es la directamente perjudicada pues lo es el Departamento del Amazonas, y (ii) el procesado CESAR ANTONIO LUGO MORALES no es el actual representante del ente territorial, a quien se le acusa de haber incurrido en «el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales», previsto en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000. Con este delito el legislador protege la administración pública, más específicamente la transparencia, la integridad, la

3 CSJ AEP035-2020, entre otras. 4 CSJ AEP035-2020, entre otras. Página 4 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 idoneidad y la rectitud u honradez que debe tenerse frente a la actividad de la contratación administrativa, tanto por los servidores públicos como por los particulares que atienden la invitación del Estado a contratar con él.5 Desde su origen, este punible está relacionado estrechamente con la conducta de «contratar sin los formulismos fiscales propios de toda contratación con el Estado»6, por esta razón se habilita a la Contraloría para que intervenga en el proceso penal como víctima y ejerzan la función constitucional (Arts. 267 y 268) de velar por la transparencia de la pretensión resarcitoria o reparadora, de la entidad territorial perjudicada con la conducta punible atentatoria o lesiva del bien jurídico de la administración pública, cumpliendo las atribuciones que le otorga la Ley 906 de 2004 como interviniente en procura de que en el proceso, en particular en el incidente de reparación7, se determine si con el delito se causaron perjuicios al patrimonio público y en caso

de ser así, se cuantifiquen y condene al responsable penal al pago de los daños ocasionados a la entidad pública directamente afectada. Esta facultad de control y vigilancia fiscal está contemplada en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, al disponer que la función natural de la Contraloría 5 CSJ, AP 11 Mar 1997, Rad. 12590. CORREDOR BELTRÁN DIEGO, en “Celebración indebida de contratos”, Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Universidad Externado de Colombia, pág. 308. 6 BERNAL PINZÓN, J. “Delitos contra la administración pública”, Bogotá. Editorial Temis, 1965. 7 Cfr. C-409/2009. “Cuando el Legislador, producto de la transformación del sistema penal contemplada en la reforma constitucional del año 2002, decidió excluir del proceso penal en cuanto tal, la discusión sobre la reparación civil y la transfirió al incidente último de reparación integral, una vez definida la responsabilidad penal correspondiente, obró en el marco de su poder de configuración legislativa”. Página 5 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807

CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

General de la República es ejercer control fiscal de todos

aquellos sujetos, independiente de su naturaleza pública o privada, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, que manejen fondos o bienes de la Nación. En específico, la Corte Constitucional mediante sentencia C-038 de 1996, señaló: …en la Constitución no se encuentra norma alguna que impida al legislador regular libremente la constitución de parte civil por delitos cometidos contra la administración pública. De otro lado, parece razonable que se amplíe la competencia de las personas jurídicas de derecho público a la defensa de los intereses patrimoniales del Estado que a cada una le corresponde cuidar y vigilar, y que son los que resultan inmediatamente afectados con las conductas ilícitas. La razón de ser de la Contraloría es la vigilancia de la gestión fiscal. Ese seguimiento de los recursos públicos tiene un carácter teleológico, de ahí que por mandato constitucional especialmente consagrados en el artículo 268, las facultades del Contralor de la República no se limitan a establecer las responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, sino que debe armonizar el Sistema Nacional de Control Fiscal para la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal. Por ello la Corte Constitucional en C-1176 de 2004 señaló: …además de los órganos que integran las Ramas del Poder Público, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Órganos, que si bien tienen funciones separadas, colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Como órganos autónomos e independientes, determinó el artículo 117

Superior los denominados “de control”, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ésta última que tiene a su cargo la vigilancia de la Página 6 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 gestión fiscal y el control de resultados de la administración. (C.P. art.119). Esta lógica de separación, independencia y autonomía otorgada a la Contraloría General de la República, anuncia por sí misma, la concepción que se consagra en la nueva Constitución del control fiscal8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución, le corresponde a la Contraloría General de la República ejercer la función pública de control fiscal, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. (…) En cuanto a los sujetos sobre los cuales se ejerce la vigilancia fiscal, cabe mencionar, que independiente de la naturaleza pública o privada, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, quedan sujetos al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, por supuesto circunscrito a la gestión fiscal realizada9. Por lo que es claro, que el artículo 267 de la

Constitución, al disponer que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, sin excepción alguna, consagra una cláusula general de competencia para esta entidad, a la cual se le encomendó, de manera exclusiva y excluyente, la función pública de control fiscal. Cabe recordar, que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas; la de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que al respecto determine la ley, según así lo prevé el artículo 272 Superior. (…) [E]l artículo 267 de la Constitución, consagra que el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación. Consagró de tal manera el constituyente, sin excepción alguna, una cláusula general de competencia para la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, que radico en cabeza de la Contraloría General de la República, a fin de que ningún órgano de la administración o particular que maneje fondos o bienes de la Nación pudiere quedar exento de control fiscal. Así lo ha considerado esta Corporación, al decir que, “…es función pública exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación”10. Al respecto ha considerado también, que ningún

ente, por soberano que sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga que ver directa o indirectamente con los ingresos 8CC, sentencia C-167 de 1995. 9 CC, sentencia 374 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 10 CC, sentencia C-167 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz. Página 7 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 públicos o bienes de la comunidad; en consecuencia, la Constitución vigente crea los organismos de control independientes para todos los que manejen fondos públicos y recursos del Estado, incluyendo a los particulares11. En ejercicio de esa función de vigilancia y control es que la Contraloría General de la República (Arts. 267 y 268 de la Constitución y 64J Ley 260 de 2000), puede intervenir como víctima o parte civil en procesos penales adelantados por delitos12 que atenten contra la administración pública, cualquiera que ellos sean, para que contando con una serie de prerrogativas y garantías que le otorga la ley como interviniente acceda a la administración de justicia en búsqueda de establecer la responsabilidad penal del procesado y en firme la condena, en el incidente de reparación determinar si con el

delito se causó desmedro al patrimonio público, de ser así cuantificarlo y lograr que se condene a su reparación integral y al pago de perjuicios13. Esta es la razón por la cual la inexistencia de riesgo o detrimento del patrimonio público, como lo sostenía la ponencia inicial carece de relevancia para su reconocimiento como víctima, por cuanto la atribución de control fiscal de la contraloría persiste en razón a que cualquier punible contra la administración pública puede causar daño al patrimonio público, lo que debe verificarse en el proceso específicamente 11 CC, sentencia C-167 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz. 12 Artículo 64J del Decreto Ley 267 de 2000 13 Cfr. SP 8463-2017 de 14 jun. 2017, rad. 47446. “El procedimiento incidental que prevé la Ley 906 de 2004 a partir de su artículo 102 debe tener como propósito definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria, más no su fuente, por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandado en el incidente, puesto que la propia ley sustancial impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar”. En el mismo sentido AP 2865-2016 de 10 may. 2016, rad. 36784. “(…) el debate en el incidente de reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el delito”. Página 8 de 19

Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 en el incidente de reparación y si no se produjo igual el control ha de realizarse por la contraloría. Esta atribución armoniza con los artículos 249 y el numeral 6º del 250 de la Constitución Política, que obligan al funcionario judicial instructor a hacer efectivas las «medidas judiciales necesarias para [brindar] asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito». Facultades que el Código de Procedimiento Penal reglamentó específicamente con el propósito de garantizar que las víctimas puedan acceder a la administración de justicia y obtener la reparación integral, es decir, la verdad, la justicia y la reparación. En efecto, el artículo 114 de la Ley 906 de 2004 dispone: La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: (…)

6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar. 8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso

penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. (…) 12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto. Como es obvio, uno de los fines del proceso penal en la Ley 906 de 2004 es el de lograr la reparación integral de los daños causados con el injusto en el incidente de reparación; objetivo que, se reitera, legítima a la Contraloría para que en los delitos contra la administración pública en ejercicio de la vigilancia y control fiscal se constituya en parte civil o víctima Página 9 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 aun cuando no sea la directa perjudicada, para que vele porque se demuestre la responsabilidad del procesado y tras ejecutoriada la sentencia condenatoria se verifique si con el delito se causaron perjuicios al patrimonio público, de ser así se liquide y se condene a su reparación integral al declarado penalmente responsable. Finalidad que encuentra simetría con el artículo 2341 del Código Civil que califica al delito como fuente de obligaciones,

por lo que el proceso penal se constituye en el escenario propicio para que se investigue si el delito causó perjuicios para que sean reparados integralmente14: El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Por su parte, los artículos 94 y 95 del Código Penal colombiano preceptúan que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquélla por los penalmente responsables en forma solidaria, y por quienes de acuerdo a la ley sustancial estén obligados a responder. En suma, como el delito entraña la obligación de reparar integralmente los daños causados con él, se erige como uno de los propósitos del proceso penal averiguar si su ejecución causó perjuicios y en aquellos casos en que se atenta contra la administración pública, cualquiera que sea el punible, es deber de la entidad pública constituirse en víctima o parte civil para 14 Ley 84 de 1873. Página 10 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 que en ejercicio de sus atribuciones contribuya a determinar la responsabilidad penal del acusado, y en el incidente de

reparación a que se determine si con el punible se causó un daño público para ser reparado integralmente por el condenado penalmente. Con ese mismo objetivo autoriza a la Contraloría para que también lo haga en procura de velar porque los daños causados al Estado sean reparados integralmente, sin que ello esté condicionado a que el delito encierre en su descripción la afectación del erario público, y menos que por anticipado se contenga en la acusación la existencia del riesgo o lesión del patrimonio público, lo puede hacer por cualquier injusto penal en aras de que en la actuación se averigüe si se causó daño al erario público y de ello comprobarse sea reparado. Lo anterior, en razón a que el sistema acusatorio en la investigación y en el juicio no se investiga si con el delito se cometieron perjuicios ya que en el fallo no se debe condenar en concreto a su pago, como si lo contemplaba la Ley 600 de 2000, ello porque es el incidente de reparación el escenario para establecer si el punible causo perjuicio, de ser así identificarlos y cuantificarlos para condenar al pago al declarado responsable penalmente15. De otro lado, es sabido que la responsabilidad fiscal es autónoma y por lo mismo independiente de la penal, de suerte 15 Cfr. C-425/2006. “En el nuevo sistema, se suprimió la demanda civil, el fallo emitido en el sentido de declarar la responsabilidad penal no contiene condena alguna pecuniaria, motivo por el cual se creó el incidente de reparación integral para determinar y precisar los aspectos civiles de la responsabilidad del acusado y de los terceros. Por consiguiente,

ni durante las etapas de investigación y el juicio oral se debaten realmente aspectos relacionados con la determinación de la responsabilidad civil por el ilícito (…)”. Página 11 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 que si desde el punto de vista fiscal no hay daño, ello no implica indefectiblemente que tampoco lo haya desde la perspectiva penal. Consecuentemente, la Ley 190 de 1995, «Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa», en el artículo 36 dispuso, sin hacer distinción alguna: «en todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada» y, a reglón seguido impone al funcionario comunicar la apertura de instrucción al representante legal de la entidad afectada. En ese mismo sentido, el artículo 65 de la Ley 610 de 2000 dispone: …constitución en parte civil. Los contralores, por sí mismos o por intermedio de sus apoderados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra

intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995. Y, el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 estipula: «con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal.» Respecto Página 12 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67 Primera Instancia Rad. N°00807 CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004 de los procesos por delitos contra la administración pública estableció, en su segundo inciso: En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de

parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas. Ahora bien, la interpretación constitucional hecha por la Sala fundada en el control fiscal de la Contraloría de estas disposiciones llevan a concluir que su intervención con base en el aludido artículo 137 de la Ley 600 de 2000 se circunscribe a tres eventos: cuando resulte directamente afectada con el delito, en caso de que el procesado sea el mismo representante legal de la entidad perjudicada directamente, y en orden a la transparencia de la pretensión, en las dos primeras la constitución de parte civil es obligatoria y en la tercera discrecional16. Así entonces, cuando se reconoce como víctima a la Contraloría en reemplazo de la entidad territorial porque el procesado es el representante legal de ésta, actuará en esa misma condición mientras persista la concurrencia de calidad de víctima y representante legal, y al perder el cargo definitivamente el acusado la entidad perjudicada puede constituirse en víctima y la Contraloría continuar con esa calidad, pero en orden a la transparencia de la pretensión. 16 CSJ, AEP035-2020, entre otras Página 13 de 19 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila Fecha: 07-12-2023 Código de verificación: 87668EDAE5BB0A196E6CBD7A51FCC025DC08857713EBAE665C4922610C7FFC67

Primera Instancia Rad. N°00807

CESAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

En plena concordancia con esta regulación y entendimiento y en total contravía con la ponencia inicial que sostenía que con base en la participación de la contraloría cuando lo hace por la transparencia de la pretensión es subsidiaria, en los eventos que la entidad pública perjudicada no lo haga, la Corte Constitucional en sentencia C-228 de 2002 al ejercer control sobre el artículo 137 en mención concluyó que, por contraste, si es posible la concurrencia de la entidad directamente perjudicada y la contraloría solo cuando esta interviene por la transparencia de la pretensión, así dijo: El inciso 2 del artículo 137 CPP establece que, en los delitos contra la administración pública, la parte civil la constituye en principio la persona jurídica de derecho público perjudicada, a través de su representante legal. (…) En efecto, el artículo 267 de la Carta establece que la finalidad constitucional de la Contraloría es la de realizar el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, para lo cual puede incluso promover procesos penales (artículo 268, numeral 8, CP). Sin embargo, si bien la Contraloría tiene un interés en la recuperación del patrimonio público, ese interés no es excluyente ni exclusivo, s