CSJ - Sentencia 00830(25-10-23)1

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala EfallCial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente Radicado N°00830 CUI 11001600010220180025901 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Se pronuncia la Sala sobre el reconocimiento de la Contraloría General de la República como víctima dentro de esta actuación, de acuerdo con el poder especial otorgado por Yezid Lozano Puentes, Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo al abogado Gilberto Rondón González. HECHOS »aumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojaa,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Balido Barreta Arcillé :echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF5137687C30733BA6F633ED4919C0324CBE7D0A27FB19E8DD6 Primera Instancia 00830

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701

Conforme obra en el escrito de acusación], la Fiscalía atribuye al exgobernador CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros (Art 397 del Código Penal); cohecho propio (Art 405 ibidem); contrato sin cumplimiento de requisitos legales (Art 410 ibidem) y

peculado culposo (Art 400 ibidem), en calidad de autor a título de dolo con la circunstancia de mayor punibilidad previstas en los numerales 1° y 9° del artículo 58 del C. P, por recaer las referidas conductas punibles sobre bienes o recursos destinados a suministrar alimentos a estudiantes indígenas y por la posición distinguida que el acusado ocupa en la sociedad, respectivamente. Tales comportamientos punibles están referidos a la suscripción del (i) convenio 001 de 2017 con la Asociación Indígena -AZCAITAy (ii) al contrato 0454 de ese mismo ario con la Fundación ISLA KOREA, los cuales tenían como objeto el "suministro de ración servida de acuerdo al Plan de Alimentación EscolarPAEpara alumnos registrados ene el SIMAT de las instituciones educativas priorizadas por la secretaría de educación departamental y debidamente focalizados por el comité de alimentación escolar (CAE)", dado que en la celebración y liquidación de dichos negocios jurídicos habrían desconocido las exigencias previstas en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución N°16432 de 2015, sumado al hallazgo de «Diferencias entre lo pagado y efectivamente suministrado en la ración de alimentos" por ' Escrito de acusación radicado 14 de febrero de 2023, obrante a folio 1 a 184 del cuaderno original N°1 de la Corte. Página 2 de 8

)ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega SanchezJorge Emilio Caldas Vera,Blance Nelida Barreto Ardua 'echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF567687C30733BA6F633ED4919C0324CBE7D0A27F1319E8D06 Primera Instancia 00830 CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701 parte de las contratistas», generándole al departamento del Amazonas un detrimento patrimonial estimado en cuantías que ascienden a $69.840.121 y $27.499.200, respectivamente. SOLICITUD DEL APODERADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA El apoderado de la Contraloría General de la República en ejercicio del control fiscal solicitó se le reconociera como víctima en orden de la transparencia de la pretensión, para lo cual citó las normas aplicables de la Constitución Política y la ley procesal vigente. INTERVENCIÓN DE PARTES E INTERVINIENTES Frente a la solicitud de la contraloría no se presentó oposición por parte de ninguno de los intervinientes. CONSIDERACIONES El artículo 137 del estatuto procesal penal del ario 2000, estipula que en todos los casos en que se proceda por delitos contra la administración pública, como aquí sucede, es imperiosa la constitución de parte civil dentro del proceso penal, debiendo promoverla la persona jurídica de derecho público perjudicada con la conducta. Si su representante legal es el procesado, la Contraloría General

de la República o las contralorías territoriales, según el caso, deberán hacerlo. De cualquier manera, cuando los Página 3 de 8 »cumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres RoJas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Noticia Barreto Ardili :echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FE0BFEBF567687C30733BA8F833E134919C0324CBE7D0A27Ff319E8DD6 Primera Instancia 00830 CESAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701 organismos de control fiscal lo estimen necesario "en orden a la transparencia de la pretensión» podrán constituirse en parte civil. En suma, la norma citada, en casos de procesos penales por delitos contra la administración pública consagra tres hipótesis que posibilitan la intervención como parte civil de los órganos de control fiscal nacional o territoriales, a saber: i) directamente cuando son víctimas; ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el sindicado; y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa; en la tercera discrecional, con el único propósito de velar por la "transparencia de la pretensión". Entendida la naturaleza de la función constitucional que ejercen las contralorías en los términos del artículo 267 de la Carta2, surge claro que su intervención está ligada necesariamente al resguardo del erario o de los bienes de la

Nación. En consecuencia, cuando intervienen como parte civil dentro del proceso penal en procura de "la transparencia de la pretensión", dicha intervención debe entenderse desde la perspectiva funcional que le otorga la Carta, es decir, estrechamente relacionada con el interés de orden puramente patrimonial del Estado, pues adicionalmente la entidad de derecho público directamente perjudicada sí podría estar interesada, además, en buscar la verdad y la 2 "Art. 267.- El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación." (Se subraya) Página 4 de 8 »comento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres RoJas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barrito Ardilf :echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF567687C30733BA6F633E134919C0324CBE7D0A27F1319E8D06 Primera Instancia 00830

CESAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701 justicia.

La Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, otorgó poder especial al abogado Gilberto Rondón González para que represente los intereses de la entidad y en su nombre se constituya como víctima dentro de este proceso. Sobre la posibilidad de que las entidades de control fiscal nacional o territoriales concurran al proceso penal en

representación de las entidades de derecho público perjudicadas por la comisión de delitos contra la administración pública en pro de la salvaguarda de los intereses patrimoniales del Estado, la Corte Constitucional en la sentencia C-228 de 2002, al estudiar la exequibilidad del artículo 137 ibidem fijó su alcance al señalar: El inciso 2 del artículo 137 CPP establece que en los delitos contra la administración pública, la parte civil la constituye en principio la persona jurídica de derecho público perjudicada, a través de su representante legal. Sin embargo, cuando el sindicado es el mismo representante de dicha entidad, la Contraloría desplaza a la persona jurídica como parte civil cuando lo estime necesario en aras de la transparencia de la pretensión. Encuentra la Corte que desplazar o excluir a la parte civil del proceso penal en los delitos contra la administración pública, afecta gravemente su derecho de acceso a la justicia, como quiera que la presencia de la Contraloría General de la República o de las contralorías territoriales dentro del proceso penal, no garantiza sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En efecto, el artículo 267 de la Carta establece que la finalidad constitucional de la Contraloría es la de realizar el control de la gestión _fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, para lo cual puede incluso Página 5 de 8 »numerito firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Molida Barreto Ardila :echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF5437687C30733BA6F633ED4919C0324CBE7D0A27FB19E8DD6

Primera Instancia 00830 CESAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701 promover procesos penales (artículo 268, numeral 8, CP). Sin embargo, si bien la Contraloría tiene un interés en la recuperación del patrimonio público, ese interés no es excluuente ni exclusivo, sino principal, g puede concurrir con el interés que tiene la entidad perjudicada en la recuperación del patrimonio perdido, habida cuenta de que las entidades son las responsables directas de la gestión fiscal y, por ende, también tienen interés en la reparación pecuniaria. Adicionalmente, la entidad perjudicada puede estar interesada no sólo en la recuperación del patrimonio público, sino, por ejemplo, también tener interés en esclarecer con detalle los hechos para, luego, examinar los factores internos, de diverso orden, que contribuyeron a la realización del hecho punible. Por ello, encuentra la Corte que el desplazamiento o exclusión por la Contraloría, de la entidad pública perjudicada, vulnera sus derechos a acceder a la justicia (artículo 229, CP) y le impide el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica. Por lo tanto, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión 'en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas', contenida en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 600 de 2000. Entonces, tanto la Contraloría como la entidad pública perjudicada pueden concurrir como parte civil en el proceso penal (Se subraya) En ese orden de ideas, es claro que la Corte

Constitucional reconoce que, por su función constitucional, a la contraloría en el proceso penal le asiste interés en la recuperación del patrimonio público, pero a su vez asume también que dicho "interés no es excluyente ni exclusivo, sino principal" y por tanto «puede concurrir" con el que tienen las entidades de derecho púbico perjudicadas en la recuperación del patrimonio despojado, como directas responsables de la gestión fiscal. Pues bien, conforme a los términos del artículo 137 ibídem, aplicable por integración a este proceso que se sigue Página 6 de 8 >ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca ~da Barreto Ardile 'echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF567687C30733BA6F633ED4919C0324CBE7D0A27FB19E8DD6 Primera Instancia 00830 CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES CU! 11001600010220170007701 por la Ley 906 de 2004, en consonancia con los artículos 267 de la Carta y 65 de la Ley 610 de 2000, los organismos de control fiscal pueden intervenir simultáneamente como parte civil en procesos por delitos contra la administración pública que afecten otras personas jurídicas de derecho público únicamente en tres hipótesis, a saber: i) cuando es la perjudicada directamente, ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público sea el mismo procesado; y, iii) cuando lo estimen pertinente "en orden a la

transparencia de la pretensión". En consecuencia, acorde al poder debidamente otorgado, la Sala reconocerá a la Contraloría General de la República a través de su apoderado Gilberto Rondón González como víctima dentro de esta actuación en orden a la transparencia de la pretensión, atendiendo que se atribuyen al acusado delitos contra la administración pública, con arreglo a lo normado por el artículo 137 de la Ley 600 de 2000. Por lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO. RECONOCER a la Contraloría General de la República como víctima dentro de esta actuación en orden a la transparencia de la pretensión, y al abogado Gilberto Rondón González como su apoderado en los términos del poder conferido. Página 7 de 8 >ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojaa,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorg• Emilio Caldas Vera,Blance Nelida Barrito Ardds ,echs: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF567687C30733BA6F633ED49111C0324CBE7D0A27FB19E80De Primera Instancia 00830

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES CUI 11001600010220170007701

SEGUNDO. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. Notifíquese y cúmplase.

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado

BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Magistrada

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado RODRIGO ERNESTO ORTEGA SÁNCHEZ Secretario Página 8 de 8 kicumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez,Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardile :echa: 27-10-2023 Código de verificación: 959A0F74FEOBFEBF567687C30733EtA6F633ED4919C0324CBE7D0A27FB19E8006 S e re c. e o7• et v, //(o/2_ o z 3 3 o ?