CSJ - SL1147-2026
Detalles
- Título
- CSJ - SL1147-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-10 V.00
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente
SL1147-2026 Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 Acta 27
Nuquí, Chocó , veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).
La Sala decide el recurso de casación que F. F. F. F. 1 interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió el 27 de enero de 2023, en el proceso que instauró contra VITALIS
S. A. S. C. I.
I. ANTECEDENTES
El actor llamó a juicio a Vitalis S. A. S. C. I., con el fin de que se declarara que fue despedido sin justa causa , mientras se encontraba «enfermo» y «limitado físicamente». En consecuencia, pidió que se ordenara el reintegro al cargo que ocupaba al momento de la terminación, en las mismas
1 Se anonimiza el nombre de la persona, debido a que por solicitud expresa se exponen datos relacionados con su estado de salud, de conformidad con el literal g) del artículo 10 de la Ley 1751 de 2015.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 2 condiciones que desempeñaba , el pago de tod as las acreencias laborales, prestaciones sociales , aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir hasta la vinculación y la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debido a que fue despedido por motivo
acreencias laborales, prestaciones sociales , aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir hasta la vinculación y la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debido a que fue despedido por motivo de su condición médica , sin permiso del Ministerio de Trabajo. De no prosperar la anterior pretensión, solicitó el reintegro por la circunstancia de terminar el contrato de trabajo cuando restaban dos años para reclamar la pensión de vejez.
De manera subsidiaria, requirió que se declarara que por el hecho del finiquito laboral fue lesionado moral y materialmente, ya que su expectativa pensional se redujo por el impacto que tuvo la interrupción de las cotizaciones a seguridad social y, por ello, tenía derecho al pago de perjuicios adicionales materiales calculados en $50.000.000, cifra a la que ascendía la cotización de los aportes a pensión que efectuó para impedir el deterioro del monto pensional futuro, los perjuicios morales causados en 1000 salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes, y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones en que el 15 de enero de 2007 suscribió con la empresa Vitalis S. A. S. C. I. un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, «el cual a partir del 14 de abril de 2008 se tornó indefinido», en el cargo de «gerente regional occidente», y que el 25 de enero de 2016 fue culminado sin justa causa.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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de «gerente regional occidente», y que el 25 de enero de 2016 fue culminado sin justa causa.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Mencionó que tenía una « enfermedad catastrófica de epilepsia y síndrome epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones focales, parciales y con ataques, además de tensión arterial alta », que requerían control y vigilancia médica permanente.
Señaló que nació el 30 de septiembre de 1956, y cuando fue despedido contaba con 59 años, esto es, le faltaba un año para obtener la pensión de vejez, dado que era beneficiario del régimen de transición. Agregó que la terminación ocurrió porque el 25 de noviembre de 2015 presentó un episodio epiléptico «y adicional a este se le subió la tensión» en el sitio de trabajo.
Refirió que el 2 de diciembre de 2015, ocurrió nuevamente un episodio epiléptico, esta vez con convulsiones, y fue incapacitado durante dos días; que, a raíz de ello, su jefe inmediato le propuso firmar « un supuesto convenio para terminar la relación laboral por mutuo acuerdo», pero no accedió, comoquiera que debía estar protegido en el sistema de seguridad social para alcanzar la pensión de vejez.
Resaltó que el 29 de diciembre de 2015, la empresa Vitalis S. A. S. C. I. le realizó un examen médico de aptitud laboral, que arrojó como resultado « apto para trabajar con
Resaltó que el 29 de diciembre de 2015, la empresa Vitalis S. A. S. C. I. le realizó un examen médico de aptitud laboral, que arrojó como resultado « apto para trabajar con limitaciones en razón a su enfermedad». No obstante, pese a tales circunstancias fue despedido sin justa causa, « sin la posibilidad de conseguir trabajo, enfermo y sin seguridad social integral».Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Destacó que al momento de la culminación devengaba un salario básico equivalente a $2.268.000, más las comisiones de « recaudo» por la suma de $3.824.000, «plan 40-10» por valor de $652.499 , por « ventas» en cuantía de $556.000, por « ejecución integral » $540.122 , y una asignación promedio mensual de $7.840.621 (f.os 7 a 16 y 63 a 65 del c. del Juzgado).
Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la celebración del contrato de trabajo y aclaró que inicialmente fue suscrito a término fijo de tres meses. Posteriormente, el 14 de abril de 2008 entre las partes se acordó la modificación a término indefinido, hasta que el 25 de enero de 2016 finalizó. Admitió también el cargo y el examen de ingreso ocupacional, y de los demás, dijo que no eran ciertos y no le constaba el deterioro en su estado de salud.
Resaltó que a la data del finiquito contractual el
finalizó. Admitió también el cargo y el examen de ingreso ocupacional, y de los demás, dijo que no eran ciertos y no le constaba el deterioro en su estado de salud.
Resaltó que a la data del finiquito contractual el trabajador contaba con «1883» semanas, pero tenía derecho a la pensión a los 62 años, de manera que «al no tener la calidad de servidor público no podía considerarse prepensionado».
Con todo, acotó que la culminación ocurrió debido a un proceso de reorganización interna, motivo por el cual le propuso la finalización por mutuo acuerdo, pero ante su negativa decidió terminarlo sin justa causa con el pago de la indemnización legal que le correspondía.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Indicó que a esa data el trabajador no contaba con incapacidad médica, ni calificación de la pérdida de capacidad laboral, y el examen periódico ocupacional arrojó «apto con alteraciones que no afectan su desempeño laboral». En su defensa, propuso como excepciones perentorias: «inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción» (f.os 95 a 110 del c. del Juzgado).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante decisión de 17 de mayo de 2019 , el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Oralidad de Cali resolvió ( f.os 177 a 178 del c. del Juzgado):
PRIMERO: DECLARAR no demostrada la totalidad de las excepciones propuestas por el demandado.
Quince Laboral del Circuito de Oralidad de Cali resolvió ( f.os 177 a 178 del c. del Juzgado):
PRIMERO: DECLARAR no demostrada la totalidad de las excepciones propuestas por el demandado.
SEGUNDO: CONDENAR a la empresa VITALIS S.A. C.I. a reintegrar al señor F. F. F. F., al cargo que desempeñaba en el momento que se produjo su despido o a otro de igual o superior categoría y remuneración, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el 25 de enero de 2016 hasta la fecha que se produzca su reintegro.
TERCERO: Autorizar a VITALIS S.A. C.I. a descontar de los valores adeudados los pagos realizados por concepto de indemnización por despido y demás que resulten incompatibles con la acción de reintegro pagadas directamente a F. F. F. F.
CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a cargo del demandado, […].
QUINTO: ABSOLVER al demandado de las demás pretensiones de su contraparte.
SEXTO: ORDENAR al demandante a pagar los aportes a seguridad social durante el tiempo que estuvo no pensionado, ya después de pensionado el empleador ya no tiene la obligación de hacer estos aportes al sistema de seguridad social.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación que la accionada interpuso, el 27 de enero de 2023, la Sala Laboral de l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga quien asumió
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver el recurso de apelación que la accionada interpuso, el 27 de enero de 2023, la Sala Laboral de l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga quien asumió competencia debido a una medida de descongestión, revocó la decisión del juez de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas por el accionante a quien le impuso costas ( f.os 14 a 31 del c. del Tribunal).
Estableció como problema jurídico a resolver si a la fecha del despido el promotor del litigio estaba amparado por el fuero especial de estabilidad laboral reforzada contenido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En lo que interesa al recurso de casación, el fallador adujo que de acuerdo con la interpretación de dicha preceptiva ninguna persona con discapacidad podría ser despedida por esa razón, salvo que mediara autorización del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, quienes así lo hicieran tendrían derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones y sanciones a que hubiere lugar.
Agregó que el artículo 2.o de la Ley 1618 de 2013, señaló que por persona con discapacidad debe considerarse a aquella con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo, que al interactuar con barreras incluidas las actitudinales pueden impedir suRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 7 participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
barreras incluidas las actitudinales pueden impedir suRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 7 participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, definición que, además, no estableció un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral.
Recordó que en la providencia CSJ SL1360 -2018, esta sala precisó que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima, pero si en el juicio laboral el trabajador acredita que obedeció a su discapacidad este se presume discrim inatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz.
Por otra parte, adujo que en la sentencia CC SU -3802021, la Corte Constitucional explicó que esa protección aplica no solo a las personas con una pérdida de capacidad laboral calificada como moderada, severa o profunda, por una autoridad competente, sino que se extiende a toda «condición de salud» que impida o dificulte el normal ejercicio de sus funciones.
Señaló que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1618 de 2013 establecieron un nuevo modelo de aproximación a la discapacidad denominado « social» o de « barreras sociales » que refiere que las causas que dan origen a la discapacidad no son científicas, son preponderantemente sociales , tal como la Corte lo manifestó al aducir que « se desplaza de la persona a la comunidad, puesto que no depende únicamente
que refiere que las causas que dan origen a la discapacidad no son científicas, son preponderantemente sociales , tal como la Corte lo manifestó al aducir que « se desplaza de la persona a la comunidad, puesto que no depende únicamente de las características propias del individuo, sino también deRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 8 la manera como la sociedad vive organiza su entorno y lo acepta o rechaza».
Precisó que según el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social existe libertad probatoria para demostrar la situación de discapacidad. Por ello, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, en atención a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (CSJ SL18578-2016, reiterada en la SL1684-2021).
Resaltó que « la enfermedad por sí sola no es una discapacidad, y por lo tanto el sólo hecho de estar enfermo no está cobijado por la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997», y determinó que a la fecha del despido el demandante no estaba calificado, no tenía incapacidad médica y era «pensionado por invalidez desde noviembre de 2016 ahora por vejez». En ese sentido, analizó los elementos de convicción para determinar si para ese momento existía «una deficiencia física a mediano y largo plazo que le impedía ejercer sus funciones».
En cuanto a las pruebas documentales, adujo que el
para determinar si para ese momento existía «una deficiencia física a mediano y largo plazo que le impedía ejercer sus funciones».
En cuanto a las pruebas documentales, adujo que el examen de ingreso de l 1.º de noviembre de 2006 concluyó que era « apto para trabajar ». Igualmente, el certificado de aptitud ocupacional de l 13 de febrero de 2013 fue «satisfactorio». Acotó que a folio 20 obraba incapacidadRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 9 médica de 2 días del 2 al 3 de diciembre de 2015 por «convulsiones no especificadas».
Aludió a que en el expediente reposaba la carta de terminación del contrato de trabajo de 25 de enero de 2016, en la que se le informó que por procesos de reorganización interna se daba por terminado a partir de esa misma fecha.
Acotó que, de la historia clínica de 26 de mayo de 2015 y 9 de diciembre del mismo año, se avizoraba un diagnóstico por « hipertensión esencial», sin embargo, a folio 27 obraba concepto de aptitud que arrojó «apto con alteraciones que no afectan su desempeño laboral ». Agregó que tales circunstancias fueron corroboradas en el interrogatorio de parte del actor quien adujo que no tenía incapacidades al despido y que fue pensionado por invalidez desde noviembre de 2016.
Igual situación mencionó que se derivaba del testimonio que Viviana Ovalle P eñuela rindió al precisar que el accionante fue desvinculado debido a la reestructuración de
de 2016.
Igual situación mencionó que se derivaba del testimonio que Viviana Ovalle P eñuela rindió al precisar que el accionante fue desvinculado debido a la reestructuración de áreas comerciales y le pagaron la respectiva indemnización. Frente a la existencia de los diagnósticos y del reconocimiento pensional, aseguró que no tenía conocimiento y solo recordaba una incapacidad por convulsiones.
Agregó que esto fue ratificado por el deponente Luis Alberto Suárez –gerente de Desarrollo Humano– quien refirió que la reorganización ocurrió a nivel nacional y devino porRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 10 cambios en el mercado , y q ue la única incapacidad que se advertía en el historial del demandante era del 2015.
Igualmente, dijo que fue señalado por los demás testigos, que indicaron que la calificación de la pérdida de capacidad laboral ocurrió después de la terminación laboral y la fecha de estructuración también fue posterior.
Por ello, el ad quem coligió que al momento de la terminación del contrato el demandante no se encontraba incapacitado, no tenía una calificación de la pérdida de capacidad laboral ni registraba restricciones para cumplir sus funciones, conclusión que halló corroborada con el interrogatorio de parte del actor quien manifestó que para la fecha del despido no estaba incapacitado.
Asimismo, estimó que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral fue emitido después de la terminación del vínculo y que, además, su fecha de estructuración también era posterior al despido, por lo que no acreditaba que el
Asimismo, estimó que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral fue emitido después de la terminación del vínculo y que, además, su fecha de estructuración también era posterior al despido, por lo que no acreditaba que el demandante «estuviera en situación de discapacidad al momento de terminación del contrato, [ni] demostrado que para el momento del retiro la enfermedad que padecía era incompatible con el trabajo que le habían asignado».
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, confirme lo dispuesto por el juez de primer grado.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación , l os cuales son replicados. Por cuestiones de método, l a Sala únicamente resolverá el primero, en la medida que con este se logra el fin perseguido.
VI. CARGO PRIMERO
Le atribuye a la decisión recurrida la transgresión por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 2.o de la Ley 1618 de 2013, en relación con la Convención sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidad , y la infracción directa de los artículos 1.o a 4.o, 13, 14 y 16 de la Ley 1414 de 2010, en
en relación con la Convención sobre los Derechos de Las Personas con Discapacidad , y la infracción directa de los artículos 1.o a 4.o, 13, 14 y 16 de la Ley 1414 de 2010, en relación con los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sostiene que el fallador para establecer la existencia de la discapacidad del actor acudió a aspectos que la jurisprudencia ha considerado accesorios como lo es la calificación de la pérdida de capacidad laboral, restricciones e incapacidades.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Recuerda que esta sala en la sentencia CSJ SL5932024, señaló que para acceder a dicho amparo no son necesarios factores numéricos ni los supuestos aludidos por el Tribunal, sino que se requiere la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, la presencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que al interactuar con el entorno laboral le impidan ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás, elementos que deben ser conocidos o notorios para el empleador.
Resalta que en ese proveído la Corte explicó que por «discriminación por motivos de discapacidad » se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
«discriminación por motivos de discapacidad » se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas d e discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables (Inc. 4, art. 2).
Agrega que no desconoce que la existencia de incapacidades, restricciones, recomendaciones o la calificación de la PCL sirven de sustento para acreditar cada componente de la discapacidad , de lo que deriva que son mecanismos de apoyo para su estructuración, p ero no elementos sine qua non para hallar o determinar la existencia de la deficiencia.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
SCLAJPT-10 V.00 13
Resalta que el ad quem también olvidó acudir a los artículos 1.o a 4.o, 13, 14 y 16 de la Ley 1414 de 2010, cuyo propósito es « garantizar la protección y atención integral de las personas que padecen epilepsia », patología que la ley denominó «crónica» de causas diversas, caracterizada por crisis recurrentes, debido a una descarga eléctrica excesiva de las neuronas, considerada como un trastorno neurológico, asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas.
Señala que dicha norma determina que la generación y continuidad de condiciones de máxima calidad y
de las neuronas, considerada como un trastorno neurológico, asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas.
Señala que dicha norma determina que la generación y continuidad de condiciones de máxima calidad y favorabilidad para que «los pacientes con epilepsia reciban los servicios necesarios en el manejo integral de su patología, la capacitación y apoyo al cuidador para su adecuada atención que le permitan incorporarse a su entorno familiar, social y laboral con calidad», y en su artículo 3.o prevé que «se prohíbe a toda persona natural o jurídica , que realice o propicie cualquier acto discriminatorio, en cualquiera de sus formas, que con ocasión a su enfermedad, se presente contra la persona que padezca de epilepsia», conforme los principios rectores del artículo 4.o ibidem (Resaltado fuera del texto).
A su turno, acude también al artículo 13 de la citada ley que consagra que las personas con epilepsia, sin distinción alguna, tendrán derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud, y que dicha patología no será considerada impedimento para la postulación, ingreso y desempeño laboral en condiciones dignas y justas.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
SCLAJPT-10 V.00 14
Refiere que lo mencionado es importante, si se tiene en cuenta que, si bien la epilepsia no constituye un impedimento para el desempeño laboral, lo cierto es que ello no conlleva per se la inexistencia de barreras de tipo actitudinal que al interactuar con el entorno laboral le impidan ejercer efectivamente su labor en condiciones de
impedimento para el desempeño laboral, lo cierto es que ello no conlleva per se la inexistencia de barreras de tipo actitudinal que al interactuar con el entorno laboral le impidan ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás.
Reitera que el hecho de tener esa condición de salud hace que viva con todos los síntomas propios, al ser catalogada por esa disposición en el artículo 2. o como «enfermedad crónica de causas diversas, caracterizada por crisis recurrentes [...] situación de la que en manera alguna se podría predicar que quien fue diagnosticado pueda laborar en condiciones normales e iguales a los demás », prohibición constitucional que, sostiene, no p uede ser ignorada por aspectos probatorios.
VII. RÉPLICA
Puntualiza que el cargo contiene deficiencias técnicas que hacen improcedente su estudio, dado que incluye de manera errada normas procesales y constitucionales como los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, último que debe proponerse a través de la violación medio.
No obstante, alude que, si se considerara que de algunas disposiciones de naturaleza constitucional se derivan derechos laborales determinados, es evidente que seRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01 SCLAJPT-10 V.00 15 requiere que tales preceptivas hayan sido citadas por el Tribunal, lo cual no sucede en el caso, pues brilla por su ausencia cualquier mención al respecto.
Aduce que una situación similar se avizora cuando el
SCLAJPT-10 V.00 15 requiere que tales preceptivas hayan sido citadas por el Tribunal, lo cual no sucede en el caso, pues brilla por su ausencia cualquier mención al respecto.
Aduce que una situación similar se avizora cuando el recurrente alega la violación por vía directa en la interpretación errónea de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sólo aparece citada en la supuesta demostración del cargo y al acudir a una sentencia de esta sala, pero no fue señalada, ni tenida en cuenta por el Tribunal, motivo por el cual es evidente que no puede argumentarse errores en la hermeneútica de una norma o disposición que aquel no estudió.
Añade que si bien la acusación se propone por la vía directa, el censor pone en discusión la existencia de la estabilidad laboral reforzada sobre el supuesto de que considera probadas las exigencias de la sentencia CSJ SL1152-2023, especialmente, al insistir en la facultad que les otorga a los falladores el legislador, en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma de orden procesal, pero relacionada con la libertad probatoria y la libre formación del convencimiento.
VIII. CONSIDERACIONES
Al margen de que la censura incluya el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social sin acudir a la denominada violación medio –vehículo formal para cuestionar normas de carácter instrumental –, para laRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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acudir a la denominada violación medio –vehículo formal para cuestionar normas de carácter instrumental –, para laRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Sala es claro que la acusación invoca, al menos, una disposición sustancial relaci onada con la controversia planteada, lo cual resulta suficiente para satisfacer el requisito de la proposición jurídica.
Además, esta corporación ha reiterado que las disposiciones constitucionales en materia laboral tienen fuerza normativa, carácter vinculante y aplicación directa, razón por lo cual su denuncia en sede extraordinaria es procedente (CSJ SL3210-2016, SL1220-2017 y SL1113-2022).
Tampoco prospera la objeción técnica según la cual la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no podía ser objeto de interpretación errónea porque no fue expresamente analizada por el Tribunal , por cuanto del contenido de la sentencia impugnada se a dvierte que el colegiado fundamentó su razonamiento en el concepto de discapacidad desarrollado por la Ley 1618 de 2013 y el modelo social y de derechos humanos que inspira dicha Convención, al punto que hizo referencia expresa a la necesidad de verificar la existencia de deficiencias mediano o largo plazo y barreras que impidieran la participación efectiva del trabajador en condiciones de igualdad.
Previo a resolver, cabe recordar que el Tribunal delimitó el litigio a establecer si el demandante estaba amparado por la protección especial de « estabilidad laboral reforzada por motivos de salud», prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
Previo a resolver, cabe recordar que el Tribunal delimitó el litigio a establecer si el demandante estaba amparado por la protección especial de « estabilidad laboral reforzada por motivos de salud», prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997. Con tal finalidad, acudió al concepto de discapacidad acogido por la Convención sobre los Derechos de lasRadicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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Personas con Discapacidad, la Ley 1618 de 2013 y la jurisprudencia de esta sala, para precisar que la enfermedad, por sí sola, no constituye discapacidad y que puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba.
No obstante, concluyó que la ausencia de incapacidades médicas, de una calificación de pérdida de capacidad laboral vigente para la fecha del despido y de restricciones que impidieran el de sempeño de las funciones imposibilitaba tener por demostrada una situación de discapacidad.
La censura cuestiona precisamente esa aproximación, pues sostiene que el Tribunal redujo el análisis a la acreditación de una situación de discapacidad conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sin examinar si las pruebas demostraban que la terminació n del cont rato obedeció a un trato discriminatorio por razón de la epilepsia, circunstancia que fue planteada mediante la denuncia de la Ley 1414 de 2010 y de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política. También, señala que en cualquier caso era titular del amparo foral indicado, en tanto éste se deriva de su condición de salud.
Ley 1414 de 2010 y de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política. También, señala que en cualquier caso era titular del amparo foral indicado, en tanto éste se deriva de su condición de salud.
Bajo ese escenario, corresponde a la Corte determinar, en primer lugar, si el Tribunal incurrió en la interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al concluir que el solo diagnóstico de epilepsia no bastaba para estructurar una situación de discapacidad.Radicación n.° 76001-31-05-015-2017-00674-01
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En segundo lugar, deberá establecer si incurrió en la infracción directa del artículo 13 de la Constitución Política y del artículo 3.º de la Ley 1414 de 2010 al circunscribir el análisis de la controversia exclusivamente al régimen de protección especial por discapacidad y omitir el examen de la prohibición autónoma de despido discriminatorio por condición de salud alegada por el demandante.
Para resolver, la Sala abordará: (i) la estabilidad laboral relativa, los fueros legales y la prohibición autónoma de discriminación; (ii) la distinción entre condición de salud, deficiencia y discapacidad , criterio para determinar el régimen jurídico aplicable; (iii) la prohibición de los despidos discriminatorios y su aplicación cuando el motivo alegado es la condición de salud ; (iv) la valoración judicial del despido presuntamente discriminatorio por condición de salud, y las consecuencias jurídicas; y (v) el caso concreto.
(i) Estabilidad laboral relativa, fueros legales y
la condición de salud ; (iv) la valoración judicial del despido presuntamente discriminatorio por condición de salud, y las consecuencias jurídicas; y (v) el caso concreto.
(i) Estabilidad laboral relativa, fueros legales y prohibición autónoma de discriminación
Sea lo primero recordar que el artículo 53 de la Constitución Política reconoce la estabilidad en el empleo como uno de los principios mínimos fundamentales que orientan las relaci
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