CSJ - SL1285-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1285-2024 Radicación n.° 97869 Acta 12 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUPERCIO HIDALGO PENAGOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) en el proceso que instauró

contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

Se reconoce personería para actuar como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP a Trujillo Polania & Asociados SAS, quién podrá intervenir por intermedio de cualquier abogado inscrito en el Certificado de Existencia y Representación

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Radicación n.° 97869 Legal del 31 de enero de 2024 como, en el caso, la doctora Melissa Fernanda Suarez Ossa identificada con T.P. 333.782 del C.S. de la Judicatura, conforme aquel, la sustitución de poder y Escritura Pública n.° 0167 del 16 de enero de 2024, que reposan como adjuntos en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Lupercio Hidalgo Penagos llamó a juicio a la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP con el fin de que se le reconociera y sufragara la diferencia de la cuantía del derecho convencional a cargo de la UGPP, a partir de noviembre de 2018 y en adelante con sus respectivos incrementos legales anuales y mesadas adicionales. Además, se dedujera del total de la deuda imputada a él la suma de $85.577.015 que se encontraba en poder de Colpensiones, junto con el pago de la indexación, intereses moratorios, lo probado ultra y extra petita, más las costas (f.° 72, cuaderno del juzgado). Fundamentó sus peticiones, en que la extinta Caja Agraria le reconoció pensión de jubilación convencional por medio de la Resolución n.° 0822 del 19 de diciembre de 1994, en cuantía de $261.019.67, con fecha de concesión del 1° de junio de 1994. Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales a través del Acto Administrativo n.° 01620 del 11 de febrero de 2010, le otorgó asignación por vejez, en valor de $1.067.604.00, efectiva desde el 1° de abril de 2010 y un

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Radicación n.° 97869 retroactivo por $85.577.015.00, el cual permaneció en suspenso a favor del empleador. Añadió que, por conducto del Oficio n.° 1982 del 15 de julio de 2009, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles

Nacionales de Colombia ordenó indexar la primera mesada convencional, quedando así: «para el mes de agosto de 1989 en $145.170,01; para el año 2003 en $2.108.637.00; para el año 2004 en $2.245.698.00 y para el año 2005 en $2.391.68.37». Luego, en Documento n.° 928 de marzo 30 de 2012 el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia compartió las prestaciones, instituyendo el monto de la mesada convencional para ese año en $3.317.236.67 y la reconocida por el ISS en $1.796.919.00, con un saldo a su favor de $1.520.317.64. Arguyó que, pese a que la determinación cobraba vigencia desde el año 2012, «la medida de compartabilidad se hac[ía] efectiva diez años antes: es decir a partir del 19 de agosto de 2002», por lo que fue modificada a través de Resolución n.° 3239 del 17 de septiembre de 2012 en el sentido de que la decisión de compartir la pensión sería «a partir, del 17 de febrero de 2005, no obstante que el ISS, reconoció ésta partir del 17 de diciembre del mismo año». Refirió que, según el histórico de descuentos expedido por el Fopep, se le vienen efectuando deducciones desde

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Radicación n.° 97869 octubre del 2012, hasta la fecha de presentación de la demanda inicial, sin que mediara justificación. Contó que por medio de las Decisiones n.° GNR 64154

de febrero 26 de 2016 y n.° GNR 131168 del 3 de mayo de igual calenda, se certificó que la n.° 01620 del 11 de febrero de 2010 dejó el valor del retroactivo en suspenso y hasta la fecha este no se había cobrado. Adicionó que con los Actos Administrativos n.° 928 de marzo de 2012 y el n.° 3239 del 17 de septiembre del mismo año, emanados del fondo en mención, se desconoció la prescripción trienal que correspondía aplicar a los derechos sociales. Alegó que el Fopep le efectuó un cargo de $150.689.153.00 por efectos de la compartibilidad retroactiva ordenada desde el 19 de agosto de 2002, lo que conllevó a que la totalidad de las diferencias devengadas a su favor desde octubre de 2010 se las hubieran descontado, sin justificación y que la suma recibida por «doble pago» correspondía a 36 mesadas, lo que equivalía a $60.611.221.00. Indicó que, se le había descontado de su mesada pensional -a corte 31 de diciembre de 2018un total de $63.189.121.00, cuantía superior a la adeudada y que a la fecha de presentación de la demanda se le seguían realizando las retenciones indebidas al pago de su derecho. Presentó ante la unidad fustigada la Reclamación Administrativa n.° 2019500501957032, solicitando los

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Radicación n.° 97869 saldos que se le adeudaban por las deducciones efectuadas a su mesada convencional desde octubre de 2010 y en

adelante, a la que se le dio Respuesta el 14 de julio de 2019, sin resolver de fondo (f.° 70 a 77, demanda, cuaderno del juzgado). La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció los relativos al reconocimiento de las pensiones de jubilación y vejez, la existencia de las resoluciones referenciadas en ellos y la petición que le hizo el actor. Frente a los demás expuso que no eran veraces o de su conocimiento. Reveló que no le adeudaba al promotor del juicio ningún tipo de retroactivo, que la pensión fue reconocida por parte del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia que ahora está a cargo de la UGPP, fue concebida conforme a la ley y, por tanto, no existía obligación de restituirle lo pretendido. Agregó que los descuentos que se le habían realizado estaban justificados legalmente, al haberse declarado la compartibilidad de la pensión, por lo que solo le correspondía pagar el mayor valor que existía entre la cancelada por Colpensiones y la convencional que asumía la UGPP. Como mecanismos de protección de fondo, invocó los de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica o innominada (f.° 46 a 59, contestación de demanda, ibidem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 18 de abril de 2022 (f.° 122 a 124

del cuaderno del juzgado), dispuso: PRIMERO: DECLARAR que en virtud de la compartibilidad pensional surtida en el caso que nos ocupa, entre la pensión de jubilación convencional reconocida por la Caja Agraria por Resolución n.° 0822 del 19 de diciembre de 1994, de la cual es responsable actualmente la UGPP; y la pensión de vejez reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales con Resolución n.° 01620 del 11 de febrero de 2010, el único descuento válido a la mesada convencional del demandante, es el que corresponde del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2010 hasta el 30 de septiembre del año 2012. Por lo tanto, se declara ilegal y no ajustado a derecho cualquier otro descuento efectuado por la parte demandante por el concepto mencionado de la compartibilidad pensional, por periodos comprendidos antes del 01 de marzo del año 2010 o posteriores al 30 de septiembre del año 2012.

SEGUNDO: DECLARAR que en virtud de las declaraciones del numeral anterior, el único valor que legalmente fue descontado por la demandada al demandante de la pensión de jubilación convencional por el periodo comprendido 01 de marzo de 2010 hasta el 30 de septiembre del año 2012, es el valor de $ 62.207.988,07 el cual se declara así mismo, que ya fue pagado por el demandante, a través de los descuentos que se le efectuaron a su mesada de pensión convencional hasta la mesada de octubre del año 2018.

TERCERO: Como consecuencia de las declaraciones que

anteceden, CONDENAR a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPPa reconocer y pagar al demandante señor LUPERCIO HIDALGO PENAGOS CUELLAR, totalidad de la mesada pensional convencional que le corresponde conforme la pensión que le fue otorgada con Resolución n.° 0822 del 19 de diciembre de 1994, para lo cual restablecerá el valor de tal mesada, a partir de la mesada de noviembre del año 2018, es decir, que pagará debidamente indexados todos los descuentos que ha efectuado y que viene efectuando al demandante a partir de la mesada de noviembre del año 2018. Disponiéndose así mismo por el Juzgado, que, no habrá de efectuar ningún otro

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Radicación n.° 97869 descuento por los conceptos antes mencionados según se precisó.

CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPPa que el reconocimiento y pago de valores ordenados en los numerales que anteceden, se realicen de manera indexada, esto es, a partir del pago de los descuentos que efectuó desde noviembre de 2018 y a futuro, de manera indexada teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, teniendo como índices iniciales los de causación de cada descuento que realizó y como índice final aquel vigente en el momento en que pague efectivamente tales valores al

demandante.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el extremo demandado y así mismo se ordena la UGPP, que una vez ejecutoriada esta providencia, dé inmediato cumplimiento a la misma, efectuando las gestiones y ordenes pertinentes ante el FOPEP para lo de su cargo.

SEXTO: CONDENAR en costas de la instancia a la parte demandada y en favor de la parte demandante. Practique la liquidación por secretaría incluyendo el monto de tres (3) SMLMV como valor de las agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de la accionada y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la UGPP, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dictó fallo el 31 de agosto de 2022 (f.° 129 a 134, sentencia, cuaderno del Tribunal), revocó el del primer grado y, en consecuencia, absolvió a la entidad rebatida.

Como problema jurídico determinó si los descuentos realizados por la parte demandada a la pensión del iniciador de litigio resultaban procedentes.

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Radicación n.° 97869 En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado tuvo como fundamento de su decisión, que el ISS reconoció asignación de vejez al solicitante a partir del 17 de diciembre de 2005, fecha desde la cual la extinta Caja Agraria le canceló de manera completa la mesada pensional al actor hasta septiembre de 2012. No obstante, lo pertinente era que se le hubiese pagado únicamente el

mayor valor entre la pensión de jubilación convencional y la de vejez. Dijo que no compartía la resolutiva del a quo como quiera que: i) Colpensiones no fue convocada al proceso; ii) no se acreditó que el retroactivo se hubiere entregado a la entidad demandada o a las otras que costearon su pensión -Caja agraria y/o Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia-; iii) no obraba en el plenario prueba de que el libelista le hubiere comunicado a los pagadores que eran acreedores de la compensación económica y, por tanto, iv) no se acreditaba desidia de esa entidad para realizar el recobro. Arguyó que en el artículo 3° de la Resolución n.° 01620 del 11 de febrero de 2010, el ISS ordenó «NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al interesado y a el (la) representante legal de la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDIVIDAL Y MINOERO»; sin embargo, el cumplimiento de esa disposición no fue demostrado en el proceso. Discrepó que, de conformidad con el canon 1° del Decreto 225 del 2000 modificado por 1° del Decreto 2282 de

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Radicación n.° 97869 2003, el 156 de la Ley 1151 de 2007 y los preceptos 1° y 3° del Decreto 2842 del 2013, cada una de estas entidades costearon la mesada completa del censor, mientras la tuvieron a su cargo, de manera que la devolución de ese mayor valor se encontraba en cabeza de este y no del tercero Colpensiones.

Para finalizar, indicó que como a la fecha del pronunciamiento no se había probado que el demandante hubiese sufragado la totalidad del mayor valor recibido, le asistía razón a la alzada, de que el recurrente continuaba adeudándole sumas con ocasión al pago de las mesadas desde el año 2005 hasta septiembre de 2012.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Lupercio Hidalgo Penagos, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado (f.° 1 al 16 del cuaderno de la

Corte). Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado y se procede a estudiar.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la determinación impugnada por la «vía indirecta» de la ley sustancial en la modalidad de «aplicación indebida» de: […] los artículos 164, 165, 166, 167, 176 y 280, 281 del Código de General del Proceso, en relación con los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, como violación de medio; lo que a su vez produjo el quebranto del artículo 5° del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de 1985; artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990; artículo 12

Decreto 758 de 1990 en armonía con los artículos 48, 83 y 128

de la Constitución Política (f.° 5, demanda de casación, cuaderno digital de la Corte). Establece como «errores manifiestos de hecho» los siguientes: PRIMERO: Dar por demostrado, sin estarlo, que la UGPP no ha efectuado ningún descuento ilegal.

SEGUNDO: Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante recibió de manera completa el pago de la pensión de vejez desde el 17 de diciembre de 2005 hasta el 30 de marzo de 2010.

TERCERO: No dar por demostrado, estándolo, que el descuento no era sobre las mesadas causadas antes de 2010 porque la UGPP era acreedora del retroactivo pensional que estaba en poder de COLPENSIONES en cuantía de $85.577.015

CUARTO: No dar por demostrado, estándolo, que la UGPP tenía conocimiento que era acreedor del retroactivo pensional por la suma de $85.577.015 desde marzo de 2012.

QUINTO: No dar por demostrado, estándolo, la desidia de la UGPP para subrogarse en su derecho pensional y cobrar el retroactivo.

SEXTO: No dar por demostrado, estándolo, que mediante Resolución N°928 de 30 de marzo de 2012 se reconoce la existencia del retroactivo pensional a su favor.

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SÉPTIMO: Dar por demostrado, sin estarlo, que la obligación de la devolución del retroactivo de pensional por valor de $ $85.577.015 se encuentra a cargo del actor.

OCTAVO: Dar por demostrado, sin estarlo, que Colpensiones le

pago al demandante la mesada pensional completa a partir de la fecha de su reconocimiento, esto es 17 de diciembre de 2005.

NOVENO: Dar por demostrado, sin estarlo, que la obligación de la devolución de ese mayor valor pagado se encuentra a cargo del actor y no del tercero Colpensiones.

DÉCIMO: Dar por demostrado sin estarlo, que el actor fue la persona que recibió el mayor valor pagado en el período comprendido antes del 01 de marzo del año 2010 o posteriores al 30 de septiembre del año 2012 y por tanto le corresponde asumir su la devolución.

DÉCIMO PRIMERO: No dar por demostrado, estándolo que el señor Lupercio Penagos actuó de buena fe, al recibir las mesadas correspondientes por concepto de pensión de vejez.

DÉCIMO SEGUNDO: No dar por demostrado, estándolo, que la UGPP de oficio podía solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez del actor para efectos de subrogarse en su derecho.

DÉCIMO TERCERO: Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Lupercio Penagos tenía certeza que la pensión de jubilación que había causado antes de 1985 era incompatible con la pensión de vejez que le reconociera Colpensiones.

DÉCIMO CUARTO: Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante le adeuda a la UGPP un total de $150’689.000, referente a la mesada que de manera completa se pagó desde el 17 de diciembre de 2005 hasta el periodo de septiembre de

2012.

DÉCIMO QUINTO: No dar por demostrado, estándolo, que no

existe acto administrativo que obligue al Demandante, a informarle a la UGPP que ya le había sido otorgada la pensión de vejez por parte de Colpensiones.

DÉCIMO SEXTO: Dar por demostrado sin estarlo, que en el señor Lupercio Penagos recibió de manera simultánea dos mesadas pensionales provenientes de recursos del tesoro público durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2005 y el 30 de marzo de 2010.

DÉCIMO SÉPTIMO: Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor tenía la obligación legal de comunicarle a la UGPP que eran acreedores del retroactivo pensional.

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Radicación n.° 97869 Afirma que tales yerros son consecuencia de la apreciación errónea de i) la demanda (f.° 1 al 3 del cuaderno del juzgado), ii) el histórico de descuentos Consorcio FOPEP (f.° 26, ibidem), iii) los comprobantes de pago de pensión (f.° 27 a 64, ib.), iv) la certificación de deducciones que la UGPP le realizó en virtud de la compartibilidad pensional (f.° 118 a 119, ib.) y las siguientes: Resolución Emisor Asunto Folio n.° 0822 del 19 Caja Agraria Reconoce pensión de f.° 6 al de dic. de 1994 jubilación a partir del 7, ib. 19 de agosto de 1989 y ordenó pagarla desde del 1° de julio de 1994. n.° 1982 del 15 Fondo del Indexa la Pensión de f.° 11 a de jul. de 2009 Pasivo Social de Jubilación y ordena 14, ib.

Ferrocarriles pago del retroactivo Nacionales de de las sumas ya ColombiaFPS canceladas. n.° 1620 del 11 Concede pensión de f.° 8 al de feb. de 2010 ISS vejez y deja en 10, ib. suspenso el giro del retroactivo. n.° 928 del 30 Ordena la f.° 15 al de mar. de FPS compartibilidad de las 17, ib. 2012 pensiones de jubilación y vejez y ordena el descuento del mayor valor pagado. n.° 3239 del 17 Por la cual se f.° 18 al de sept. de FPS modificó el artículo 21, ib. 2012 primero de la n.° 928 de 30 de mar. de 2012. n.° GNR 64154 Resuelve petición, f.° 22 al del 26 de feb. Colpensiones informado que el 23, ib. de 2016 retroactivo en suspenso no ha sido pagado. n.° GNR Resuelve recurso de f.° 24 al 131168 del 3 de Colpensiones reposición contra la 25, ib. may. de 2016 n.° GNR 64154 del 26 de feb. de 2016.

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Radicación n.° 97869 En la demostración, arguye que, de conformidad con «las pruebas documentales – actos administrativos obrantes en el expediente», es claro que la UGPP efectuó retenciones de manera unilateral e ilegal frente su mesada pensional. Revela que, los medios erróneamente apreciados, se debieron valorar en aplicación de lo dispuesto en el artículo

83 de la Constitución Política, que señala que «las actuaciones de los particulares y de las entidades públicas, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que aquellos adelanten ante estas». Por lo previo, señala que: i) Del contenido de la Decisión n.° 0822 del 19 de diciembre de 1994 expedida por la Caja Agraria (f.° 6 al 7, ib.) no se evidencia que tenía la obligación legal de informar a la entidad jubilante el reconocimiento de la prestación por vejez, ni se estableció taxativamente que fuese «incompatible» con la asignación ya reconocida, por lo que la referida probanza fue apreciada de manera indebida por el operador judicial. ii) Si bien se le reconoció la pensión a partir del 17 de diciembre de 2005, el pago de su mesada se hizo efectivo el 1° de marzo de 2010, motivo por el cual antes de esa fecha a su patrimonio no ingresaron recursos dobles provenientes del tesoro nacional por concepto de garantía pensional

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Radicación n.° 97869 (convencional – legal) y aunado a ello, el retroactivo que se causó se dejó en suspenso hasta tanto, la demandada lo reclamara, por lo que aduce fue mal apreciado el Acto Administrativo n.° 1620 del 11 de febrero de 2010 emanado del ISS (f.° 8 al 10, ib.) . iii) El Tribunal al estudiar la Resolución n.° 928 del 20 de marzo de 2012 del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de ColombiaFPS, no advirtió que

en ella se dejó constancia que la UGPP conocía la existencia de la n.° 1620 de 2010 de Colpensiones en la que se le reconoció la pensión de vejez y dejaba en suspenso el pago del retroactivo pensional de las mesadas causadas desde el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2005 hasta el 28 de febrero de 2010, en cuantía de $85.577.015, situación fáctica que alega fue indebidamente valorada. iv) Contra dicho acto interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Determinación n.° RDP 033222 el 8 de septiembre de 2012 (f.° 246 a 250, ib.) en la que UGPP aclaró que la compartibilidad sería a partir del 17 de diciembre de 2015 y «se reconoció de nuevo la existencia del retroactivo pensional por valor de $85.577.015 y se manifestó que el pensionado deberá enviar autorización al ISS para el giro del retroactivo a favor de la entidad, documental que no fue erróneamente apreciada» (subrayado de la ala). Dice que, en ese mismo acto se dejó constancia que para efectos del pago de las mesadas causadas y no

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Radicación n.° 97869 pagadas «la parte interesada debe remitir una autorización al ISS para efectuar el respectivo giro a favor de esta entidad», lo que a su juicio evidencia que si requirió a Colpensiones. v) El colegiado se equivocó al evaluar la Resolución n.° GNR 64154 del 26 de febrero de 2016 expedida por Colpensiones (f.° 22 al 23, ib.) en la que «se manifestó al

actor que el retroactivo pensional de $85.577.015 se encontraba en suspenso por cuanto no había solicitud del empleador», debido a que esta documental corrobora que el referido total de valores atrasados se encontraba a disposición de la UGPP. vi) Expresa como erróneamente estudiada la n.° SUB 72619 procedente de Colpensiones (f.° 91, ib.) por medio de la cual negaron los cúmulos de emolumentos solicitados por la UGPP el 15 de marzo de 2017, bajo el argumento de que «se encontraba prescrito», por cuanto deja en evidencia la desidia de la UGPP, quien «a pesar de tener conocimiento de la existencia del retroactivo pensional a su favor, desde el año 2012, solo hasta el 2017 lo solicitó» circunstancia que no le puede ser endilgada. Adiciona que, si bien recibió el total de la pensión desde el 17 de febrero de 2005 hasta el mes de septiembre de 2012, ello no obedeció a un comportamiento de mala fe, sino i) al silencio de la demandada de no solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez para subrogar su derecho, facultad que se encontraba contenida en el acto administrativo de reconocimiento y ii) a la morosidad de la

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Radicación n.° 97869 entidad de reclamar el retroactivo para compensar lo pagado. Por todo, manifiesta que no concurre elemento probatorio que demuestre que recibió simultáneamente dineros por concepto pensión de vejez y convencional entre el 17 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2010

debido a que, si bien existió reconocimiento del retroactivo, este nunca fue a su favor, sino del empleador (UGPP) (f.° 1 al 16, demanda de casación, cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP se opuso a la crítica, indicando que en ella se evidencian errores de «técnica y de fondo» (f.° 1 al 6, escrito de oposición, cuaderno de la Corte).

Denuncia los primeros por cuanto: i) pese a que la senda escogida fue la indirecta, no se sustentó el yerro probatorio que se invoca, sino, que planteó una argumentación subjetiva que se traduce en alegaciones de instancia; ii) el libelo no cumple con los requisitos exigidos en la sentencia CSJ SL446-2020 respecto a la composición de un cargo por la vía de los hechos y iii) pasó por alto acusar los artículos 467 o 476, por cuanto en el recurso están inmersos derechos de naturaleza convencional.

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Radicación n.° 97869 Increpa que la demanda carece de sustento fáctico y jurídico, debido a que «no se acreditó de forma alguna que la UGPP hiciera descuentos ilegales, situación que se deriva del hecho de que el demandante si adeuda diferencias pensionales a dicha entidad». Añade que en el fallo recurrido se concluyó que «cada pagador asumió su obligación legal de pagar la mesada completa, razón por la cual radica en cabeza del

demandante la obligación de devolución de los mayores valores pagados», que es acertado, conforme a las normas que crearon a la entidad y le asignaron funciones.

VIII. CONSIDERACIONES En lo relación con los reparos técnicos señalados por el opositor en torno a la omisión de inclusión en la proposición jurídica de los artículos 467 y 476 del CST, debe indicarse que tal requisito no es necesario en el presente asunto, como quiera que no se están reclamando derechos convencionales, sino la ilegalidad de los descuentos realizados sobre su mesada pensional.

En efecto, la proposición jurídica luce suficiente en los términos exigidos por la Sala, en cuanto se citaron otras normas de alcance nacional, como son los preceptos 5° del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de 1985 y el 18 del Acuerdo 049 de 1990; el 12 Decreto 758 de

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Radicación n.° 97869 1990, entre otras, en torno a las cuales gravita la acusación planteada y regula el aspecto debatido en el proceso. Así las cosas, el problema jurídico que debe abordar la Sala se orienta a establecer si el ad quem incurrió en una falencia fáctica al evaluar las pruebas enlistadas por la censura y concluir que los descuentos efectuados a su mesada pensional antes del 1° de marzo del año 2010 o posteriores al 30 de septiembre del año 2012 resultaban legales. Pese a la vía por la que se dirigió el cargo, no fue objeto de reproche y se encuentran incólumes los siguientes

hechos: i) Lupercio Hidalgo Penagos nació el 19 de agosto de 1942, por lo que los 60 años los cumplió el mismo día y mes del año 2002; ii) la extinta Caja Agraria le reconoció una pensión de jubilación convencional mediante Oficio n.° 0822 de 19 de diciembre de 1994, a partir del 1° de julio de 1994 en cuantía de $261.019.67; iii) el entonces ISS en el momento en que el accionante cumplió los requisitos le otorgó la de vejez desde el 17 de diciembre de 2005 en cuantía de $1.283.261; iv) esta última entidad en el acto de reconocimiento dejó en suspenso un retroactivo por $85.577.015; v) la Caja Agraria le pagó la mesada completa al demandante para el periodo comprendido entre diciembre de 2005 a septiembre de 2012, mesadas que ascendieron a la suma de $150.689.153 y, v) al 8 de abril de 2022 de los $150.689.153 adeudados, la UGPP ha recuperado $100.384.502 como consta en el histórico de descuentos aportado por dicha entidad.

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Radicación n.° 97869 Una vez puntualizado lo previo se pasan a revisar los medios de convicción atacados como equivocadamente apreciados: i) De las pruebas no calificadas. 1.1. Se denuncia el escrito de demanda (f.° 1 al 3 del cuaderno principal) pieza procesal que no constituye prueba calificada en casación, salvo que sea interpretada

con error, tergiversando la postura litigiosa de la parte o porque, contiene una confesión en los términos del artículo 191 del CGP. Criterio que ha sido expuesto por esta Corporación en sentencia CSJ SL, 5 ag. 1996, rad. 8616, reiterada por la CSJ SL14542-2016. No obstante, en el sub judice tal instrumento trata de su propio dicho, que debe encontrar respaldo en las pruebas traídas al proceso, toda vez que las partes no pueden derivar beneficio de sus afirmaciones, por lo que la Sala no podrá examinarlo. ii) En cuanto a las pruebas calificadas. Antes de adentrarse la Sala en el análisis los elementos hábiles acusados, es pertinente indicar que, si bien en la demostración se menciona el Acto Administrativo n.° 033222 del 8 de septiembre de 2016 expedido por la UGPP, que se evidencia que sobre el particular, no se realizó ningún reparo interpretativo frente a lo dicho por el juez de apelaciones y, por el contrario, acompaña su

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Radicación n.° 97869 análisis, lo que releva a esta Corte del estudio de tal probanza. 2.1. En cuanto a los oficios expedidos por el entonces ISS, Colpensiones y el Consorcio Fopep: Resolución Fecha Entidad que las profirió folio n.° 1620 11-02-2010 ISS f.° 8 al 10, ib. SUB 72619 23-05-2017 Colpensiones f.° 91, ib. GNR 64154 2602-2016 Colpensiones f.° 22 al

23, ib. GNR 03-05-2016 Colpensiones f.° 24 al 131168 25, ib. Histórico de 14-04-2016 Fopep f.° 26, ib. descuentos Observa la Sala que respecto a estos legajos el recurrente no realizó la exégesis requerida sobre el parangón de lo que ellas acreditan y el análisis que de ellas efectuó el juzgador. Es decir, omitió la obligación de evidenciar en que consistió la equivocación del colegiado y sobre todo la repercusión de tal error en la determinación adoptada (CSJ SL4974-2021), por lo que al no cumplir con dicho deber la Sala se libera de su estudio y se centrará en las siguientes que si tienen la entidad de prueba calificada, como pasa a analizarse. 2.2. En lo atinente a los comprobantes de pago de pensión visibles en el expediente principal a folios 27 a 64 y, la certificación de descuentos que la UGPP realiza al demandante en virtud de la compartibilidad pensional (f.° 118 a 119, ib.), no formuló argumentación alguna, que habilite a esta corporación a estudiar si existió o no falencia

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Radicación n.° 97869 apreciativa por parte del juez plural. Frente al deber de l