CSJ - SL1351-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1351-2023 Radicación n.° 94356 Acta 20 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA DEL PILAR PEÑA MILLÁN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que la recurrente instauró contra

la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.

(FINDETER).

I. ANTECEDENTES María del Pilar Peña Millán demandó a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., con el fin de que se declare la ilegalidad de la terminación del contrato de trabajo que las ató por desconocimiento del fuero circunstancial y, en consecuencia, se condene a la demandada a reintegrarla al

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Radicación n.° 94356 cargo que desempeñaba, sin solución de continuidad, junto con el pago de salarios, primas: técnica, de antigüedad, de vacaciones y de servicios; auxilios de alimentos, educativo; beneficios de la convención colectiva; aportes al fondo de empleados; vacaciones, y las cesantías e intereses sobre éstas por el periodo comprendido entre el despido y el reintegro; igualmente la indemnización moratoria, la indexación de las sumas adeudadas; los derechos a que haya lugar en aplicación de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 1 de septiembre del 2011 suscribió contrato de trabajo a término fijo para ejercer el cargo de profesional III categoría 31, con una asignación básica mensual de $4.831.426; que el 31 de agosto de 2012 firmó un otrosí para cambiar la modalidad a término indefinido y desde el 27 de noviembre de 2013 se desempeñó en la jefatura de Banca Internacional de la entidad. Precisó que el 31 de enero de 2014, el Sindicato de Trabajadores de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Sintrafindeter) y la entidad accionada suscribieron una convención colectiva de trabajo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Afirmó que el convenio extralegal cobijaba a todos los trabajadores vinculados a la empresa con anterioridad al 3 de noviembre de 2011.

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Radicación n.° 94356 Destacó que a pesar de no haber estado afiliada al sindicato gozaba de las siguientes prerrogativas: beneficios de estabilidad, mejor indemnización ante una terminación unilateral del contrato de trabajo, reajustes salariales más altos que los fijados legalmente, préstamos para vivienda, vehículo, estudios y libre inversión, primas extralegales, prima anual de antigüedad, auxilios educativos para trabajadores e hijos, póliza de servicios de salud y reconocimiento quincenal. Que por ser beneficiaria de la convención le descontaban mensualmente un aporte para la organización sindical hasta el momento de la terminación del contrato.

Arguyó que el 10 de noviembre de 2016, Sintrafindeter radicó un pliego de peticiones ante la entidad, acto con el que se dio inicio al periodo de fuero circunstancial para todos los trabajadores beneficiarios de la convención; que nunca tuvo un llamado de atención o memorando durante su desempeño en la entidad; que el 11 de noviembre del 2016 recibió la carta de terminación del contrato sin justa causa, a partir de ese día; y que el 26 del mismo mes y año le pagaron la liquidación final del contrato de trabajo. Por último, indicó que el 23 de noviembre del 2017 solicitó, vía administrativa, el reintegro y el pago de perjuicios derivados de la ilegalidad del despido; y que el 29 siguiente se le informó no acceder a sus peticiones. Al dar respuesta a la demanda, la entidad se opuso a

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Radicación n.° 94356 las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los extremos temporales de la relación laboral, el cargo desempeñado inicialmente, la suscripción del otrosí, la no afiliación de la señora Peña Millán a Sintrafindeter, la calidad de beneficiaria de la convención colectiva; el pago de la cuota sindical, la vigencia del acuerdo extralegal, la radicación del pliego de peticiones el 10 de noviembre de 2016, la finalización del contrato de trabajo sin justa causa, el pago de la liquidación de prestaciones y la presentación de la reclamación. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. En su defensa señaló que el despido de la actora se

había ajustado a lo preceptuado en la ley y en la convención colectiva de trabajo, pues no se encontraba cobijada por la garantía de fuero circunstancial «al no haber sido parte de los trabajadores que presentaron el pliego de peticiones» y, que además, le fue reconocida la indemnización por despido sin justa causa en cuantía de $48.917.517. Al efecto, propuso las excepciones de inexistencia de la garantía foral alegada, buena fe y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 26 de marzo de 2021, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de mayo de 2021, al resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora, confirmó íntegramente la decisión del Juzgado y se abstuvo de imponer costas en la instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico en determinar si a la demandante le asistía el derecho al reintegro por encontrarse amparada del fuero circunstancial para el momento del despido y, en caso de ser así, establecer la procedencia del pago de acreencias laborales dejadas de percibir. Al efecto, precisó como hechos probados y sobre los

cuales no existía controversia, los siguientes: que se suscribió contrato de trabajo entre las partes a partir del 1 de septiembre de 2011 para desempeñar el cargo de profesional III categoría 32, con un salario mensual de $4.831.426; que inicialmente el convenio tenía un término fijo inferior a un año y luego, a través de un otrosí del 31 de agosto del 2012, se modificó a término indefinido; que la demandada comunicó a la actora la finalización unilateral del contrato mediante carta adiada el 8 de noviembre de 2016, con efectos a partir del 11 del mismo mes y año; y que el pago de las acreencias laborales, incluida la indemnización, se realizó el 24 de noviembre de esa anualidad. También dio por indiscutido que el 31 de agosto del

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Radicación n.° 94356 2014 se suscribió una convención colectiva de trabajo entre Sintrafindeter y la empresa demandada, con vigencia entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, aplicable a todos los trabajadores vinculados a la entidad accionada, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera; que la accionante no estaba afiliada a la organización sindical, pero que era beneficiaria de la convención por extensión, razón por la cual debía realizar el aporte al sindicato, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 2351 de 1965. A continuación, entró a estudiar lo relacionado con el fuero circunstancial regulado en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, para lo cual citó literalmente la norma y la

sentencia CSJ SL3344-2020, y con base en ello, concluyó que la esencia del fuero consistía en otorgar estabilidad en el empleo a los trabajadores mientras existiera un proceso de negociación colectiva en curso, figura que también estaba amparada en normas internacionales como el Convenio 98. Al incursionar en el análisis del acervo probatorio, se refirió al testimonio de Ana Liliana Támara Murcia, de quien destacó se hallaba vinculada a la empresa desde 1998; y había informado que la demandante trabajó para la entidad desde septiembre de 2011, mediante contrato laboral, el cual se mantuvo hasta el 11 de noviembre de 2016, sin que conociera el motivo del despido; que aunque la misiva de terminación aparecía calendada el 8 del mismo mes y año, desconocía la fecha en la que había sido comunicada a la actora. La declarante también había reconocido que antes del

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Radicación n.° 94356 11 de noviembre de ese año el sindicato había presentado un pliego de peticiones ante la empleadora, pero que no tenía conocimiento de las fechas precisas de la negociación; asimismo que a la trabajadora se le habían pagado todas las acreencias junto con la indemnización por despido sin justa causa. Luego, analizó el interrogatorio de parte rendido por la accionante, en el que, dijo, aquella había manifestado trabajar para la sociedad hasta el 11 de noviembre de 2016, fecha en la que recibió la carta de despido; y que no tenía conocimiento de que para ese momento se estuviere adelantando una negociación colectiva.

También aludió a la carta radicada en las dependencias de la entidad demandada el 10 de noviembre de 2016, mediante la cual Sintrafindeter comunicó a la empresa que en la asamblea general llevada a cabo el 19 de octubre de 2016, «se había aprobado el pliego de peticiones, en los términos del artículo 376 del CST», con el fin de proceder con la negociación colectiva (f.os 25 a 92). Al efecto, concluyó que Peña Millán no gozaba de protección por fuero circunstancial porque «la carta de terminación del contrato de trabajo fue emitida por la accionada el 8 de noviembre de 2016, cuyos efectos se extendieron al 11 de noviembre de 2016», y la radicación del pliego de peticiones se efectuó el 10 del mismo mes y año; por tanto, resultaba «evidente que el finiquito se produjo con anterioridad a la presentación del pliego».

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Radicación n.° 94356 Resaltó que la afirmación de la demandante según la cual, a pesar de que la carta de terminación tenía como fecha de expedición el 8 de noviembre de 2016, la notificación de aquella solo había ocurrido hasta el día 11 del mismo mes y año, carecía de soporte demostrativo, pues en el plenario no existía ningún medio probatorio que acreditara tal circunstancia, máxime que en dicho documento se encontraba la «aceptación de recibo» por parte de la actora. Y que por tanto sus dichos no se ajustaban a los demás medios cognitivos de prueba, los cuales «a juicio de esta Sala

fueron analizados por el fallador de instancia con una crítica adecuada en la atención de la libre formación del convencimiento», por lo que la demandante no podía pretender que se tuvieran en cuenta situaciones fácticas no demostradas, «atendiendo la carga probatoria que le incumbía al tenor del artículo 167 del CGP». Adicionalmente, recordó que era un hecho indiscutido que Peña Millán no estuvo afiliada a la organización sindical que presentó el pliego de peticiones, sino que simplemente era beneficiaria por extensión, por lo que debía cancelar la cuota sindical. Arguyó que el fuero circunstancial, de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978, amparaba, en primer lugar, a los trabajadores afiliados al sindicato que hubieran presentado pliego de peticiones; y, en segundo término, a los subordinados no sindicalizados que lo presenten. Al efecto, citó la sentencia CSJ SL, 1 ag. 2018, rad. 56992, en el que

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Radicación n.° 94356 se reafirmó lo dicho en la CSJ SL, 10 jun. 2012, rad. 39453. De la providencia en cuestión destacó lo siguiente: {...} la norma en verdad se refiere en general a todos los eventos de presentación de pliego de peticiones, tanto a aquellos que se tramitan por intermedio de un sindicato, como a los que formulan los trabajadores no sindicalizados, y cuando el texto alude a los trabajadores que hubieren presentado el pliego de peticiones se refiere a ambas hipótesis, estableciendo la protección para cada una de ellas, a sabiendas de que se trata

de dos eventos independientes; de suerte que gozan de la prerrogativa foral los afiliados al sindicato que presentó el pliego, si se hizo de este modo, y los trabajadores no sindicalizados que hicieron lo mismo con miras a firmar un pacto colectivo, si esta fue la situación. […] En consecuencia, el artículo 25 mencionado no puede entenderse en los términos sugeridos por el recurrente cuando insinúa que presentado el pliego de peticiones la protección se extiende a todos los trabajadores y en particular en este caso al demandante, dado que la norma no impone el requisito de la afiliación previa al sindicato, con lo cual desde luego, con cierto rodeo pretende desdeñar la posición del tribunal al negar el reintegro con base en el desconocimiento de la empresa de dicho estado de afiliación del demandante, porque como ya se dijo la norma se refiere a varias hipótesis y una de ellas es que si el conflicto colectivo se hace a instancias de un sindicato el fuero circunstancial protege a los afiliados al mismo, únicamente; mientras que si lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados, sólo estos están protegidos por la anotada garantía, tal como tuvo oportunidad de precisarlo la Corte en sentencias de 11 de agosto de 2004, radicado22.616 y de 28 de febrero de 2007, radicado 29.081. Así lo entendió el ad quem, que partió del supuesto de que el pliego fue presentado por la organización sindical y por ende sus afiliados quedaban amparados, en principio, con el aludido fuero. (Negrillas fuera de texto original)

Con fundamento en lo dicho, concluyó que como la actora no estaba afiliada al sindicato que presentó el pliego de peticiones, ni tampoco lo había presentado como trabajadora no sindicalizada, no gozaba de la garantía foral.

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Radicación n.° 94356 Agregó que los descuentos sindicales que se realizaban por ser beneficiaria de la convención en los términos de la cláusula 3, tampoco lo era de la garantía foral pretendida.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del Juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que son replicados y que se resolverán de manera conjunta, pues si bien están dirigidos por diferentes vías, denuncian el mismo elenco normativo, persiguen igual finalidad y se complementan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por la vía indirecta «en el concepto de aplicación indebida, los artículos 25 del Decreto Ley 2351 de 1965, 36 del Decreto 1469 de 1978, 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y por falta de aplicación, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia».

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Manifiesta que el sentenciador incurrió en los siguientes errores de hecho: i) Tener por demostrado, sin estarlo, que el vínculo laboral entre la actora y su empleador concluyó el 8 de noviembre de 2016. ii) No tener por demostrado, estándolo, que la actora tenía derecho a la protección del fuero circunstancial porque su contrato de trabajo concluyó después de la presentación del pliego de peticiones que hizo la asociación sindical de la entidad. Señala que el Tribunal erró al concluir que la fecha final del vínculo laboral fue el 8 de noviembre de 2016, basado fundamentalmente en que esa es la fecha de la carta, sin atender que la misiva le fue comunicada por Findeter el 11 de noviembre de 2016, es decir, un día después de que la asociación sindical radicó el pliego de peticiones, afirmación que dice, no fue controvertida en el proceso. Indica que en el expediente no existe ninguna prueba que acredite que la carta de terminación se notificó a su destinataria el 8 de noviembre de 2016; que, de acuerdo con las reglas de la experiencia, las empresas comunican la decisión de dar por finalizada una relación laboral el mismo día en que se toma esa determinación, pues para un empleador no es conveniente que una persona que ha sido despedida continúe ejerciendo y accediendo a la información de la entidad. También resalta que el sentenciador reprocha no haber dejado anotación del recibido de la mencionada misiva, omisión que resulta explicable, lógica y razonable, teniendo en cuenta el impacto emocional y la angustia que significa la pérdida inesperada y repentina del empleo.

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Radicación n.° 94356 Destaca que si en realidad la ruptura laboral se hubiera dado el 8 de noviembre de 2016 y no el 11 del mismo mes y año, para esta última «se le debía tener listo el pago de la liquidación definitiva del contrato de trabajo, entre otras cosas, en observancia de lo previsto en el artículo 65 del CST», el cual señala que esta debe sufragarse a la terminación del vínculo; y que por el contrario, «el pago de dichas prestaciones y salarios solo se inició el 11 de noviembre de 2016, lo que constituye otro indicio, no valorado por el Tribunal, de que solo ese día se le notificó a la demandante la terminación de su contrato». Advierte que el paz y salvo correspondiente de la actora «apenas fue solicitado el 11 de noviembre de 2016, cuando debió serlo desde el día 8, si fuese verdad que en esta última fecha se le notificó la terminación del contrato». Luego la censura refiere que en el interrogatorio de parte la trabajadora afirmó que el 11 de noviembre del 2016 fue requerida por el área de Recursos Humanos, en horas de la mañana, y que «allí fue notificada de la carta de despido», declaración que, señala, no fue controvertida por la demandada. Añade que debe tenerse en cuenta que el inciso final del artículo 191 del CGP determina que la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas de apreciación de las pruebas y, que, por tanto, lo dicho por aquella en esa diligencia merece credibilidad, pues

además «no hay prueba en contrario que la refute». Considera extraño que al Tribunal no le haya parecido

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Radicación n.° 94356 sospechoso el testimonio de Ana Liliana Támara Murcia, quien en sus respuestas demostró gozar de excelente memoria, al contestar con exactitud varias de ellas, pero inexplicablemente se le «olvidó el día en que le fue comunicada la carta», «laguna en la memoria de la deponente [que] debió considerarse como un indicio de su falta de credibilidad». Concluye que, si el juez plural no hubiera incurrido en los yerros fácticos adosados, habría concluido que la accionante gozaba del fuero circunstancial.

VII. RÉPLICA La entidad opositora destaca dislates de orden técnico, por cuanto falta la individualización de las pruebas y el error de apreciación en que incurrió el juez de segundo grado.

Afirma que la conclusión de segunda instancia no es debatible en casación pues al estar fundamentada en prueba testimonial, no se puede acusar en sede extraordinaria y no se ataca ninguna prueba calificada; además, el contenido de la carta de despido no fue desvirtuado.

VIII. CARGO SEGUNDO Imputa por la vía directa la interpretación errónea de los artículos 25 del Decreto 2365 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978.

Después de citar literalmente las disposiciones

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Radicación n.° 94356 acusadas, señala que el Tribunal erró al no interpretarlas en su favor, pues la protección del fuero abriga a los

trabajadores no sindicalizados. Apoya su reproche en la sentencia CSJ SL, 11 may. 2006, rad. 26726, de la cual cita el siguiente aparte: “Una lectura desprevenida del anterior precepto, (art. 25 Decreto 2351/65) permite precisar sin equívocos, que la protección que consagra está referida a los trabajadores que sean parte de un conflicto colectivo económico, cuya finalidad no es otra que la de posibilitar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Obviamente, tales servidores son los afiliados a un sindicato, los que se beneficien de un convenio colectivo en las hipótesis previstas en la ley y los no sindicalizados.” (negrillas corresponde al texto).

IX. RÉPLICA Findeter indica que el cargo no tiene vocación de prosperidad debido a que la interpretación realizada por el juez de segunda instancia se apega a la literalidad de la norma y a la jurisprudencia laboral.

X. CONSIDERACIONES Aunque uno de los cargos que es objeto de estudio se dirige por la vía indirecta, en el presente asunto no son objeto de controversia los siguientes hechos relevantes que dio por establecidos el juez plural: i) que la actora no se afilió a la organización sindical Sintrafindeter y no presentó pliego de peticiones en tal condición; ii) el 31 de agosto del 2014 se suscribió una convención colectiva de trabajo entre dicha organización sindical y la empresa demandada, con vigencia entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, la

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Radicación n.° 94356 cual abriga a todos los trabajadores de la empresa, de conformidad con lo previsto en la cláusula 3; iii) que Sintrafindeter presentó el pliego de peticiones a la entidad demandada el 10 de noviembre de 2016; y iv) que la finalización del vínculo laboral se dio por decisión unilateral del empleador y sin justa causa. El sentenciador de segundo grado arribó a la conclusión de que la actora no era beneficiaria del fueron circunstancial para el momento del despido, por dos razones. La primera, porque la carta mediante la cual la empleadora le terminó el contrato de trabajo sin justa causa, que data del 8 de noviembre de 2016 le fue notificada en esa fecha, es decir, antes de que la organización sindical radicara el pliego de peticiones que lo fue el 10 del mismo mes y año. Y la segunda, porque como la asalariada no estaba afiliada al sindicato que presentó el pliego de peticiones, ni lo formuló en calidad de trabajadora no sindicalizada, no gozaba de la garantía foral. Por su parte, la censura considera que el Tribunal se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que el vínculo laboral concluyó el 8 de noviembre de 2016, pues aquel finalizó el 11 de esa misma anualidad y mes, vale decir, después de la presentación del pliego de peticiones que hizo la asociación sindical Sintrafindeter. Que igualmente erró al interpretar los artículos 25 del Decreto 2365 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, toda vez que la garantía foral hoy

abriga los trabajadores no sindicalizados, conforme lo señala la sentencia CSJ SL, 11 may. 2006, rad. 26726.

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Radicación n.° 94356 Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer, desde la óptica fáctica, si el sentenciador de segundo grado se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del vínculo laboral sin justa causa le fue notificada a la actora antes de que la organización sindical presentara el pliego de peticiones; y desde la óptica jurídica, debe elucidar si la garantía de fuero circunstancial cobija también a los trabajadores no sindicalizados que no presentan pliego de peticiones en tal condición. Desde lo jurídico. La Sala considera necesario memorar que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, el fuero circunstancial surge una vez se presenta el correspondiente pliego de peticiones al empleador. En ese momento se activa, como mecanismo de protección al derecho colectivo, la prohibición al empleador de despedir sin justa causa comprobada, a todos los trabajadores que participan en el conflicto, asegurándoles así una estabilidad laboral. La finalidad de dicha restricción no es otra que disuadir al empresario de adoptar medidas orientadas a debilitar al movimiento sindical y evitar represalias contra los trabajadores involucrados. (CSJ SL, 28 ag. 2003, rad. 2015; CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23843; CSJ SL14066-2016 y CSJ

SL16788-2017). En cuanto al ámbito de aplicación, alcance y periodo de

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Radicación n.° 94356 protección del fuero circunstancial, en sentencia CSJ SL, 2 oct. 2007, rad. 29822, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 35636 y CSJ SL 2020-2021, la Corte adoctrinó:

1. Fuente Legal. Artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 1373 de 1966.

2. A quiénes cobija. A “los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones” que comprende a los “afiliados al sindicato o a los no sindicalizados”. Luego, es patente que esta garantía foral también protege a los trabajadores no sindicalizados que presenten un pliego de peticiones tendientes a la firma de un pacto colectivo. Se impone recordar lo que la Corte en sentencia de 11 de mayo de 2006, radicado 26726, razonó en el sentido de que están excluidos de este fuero los trabajadores que desempeñen cargos de alta dirección o jerarquía dentro de la empresa, con capacidad de compromiso y de representación, dado que no pueden “pretender estar acogidos por el pliego de peticiones que la organización sindical presentó, en tanto los intereses empresariales, de los cuales en su calidad de alto directivo lo comprometían, estaban en contraposición con los suyos propios, lo que resulta inadmisible”.

3. Periodo en que opera la protección. Desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto.

4. Para qué los ampara. Para no ser despedidos sin justa causa, desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente, o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto colectivo. En el evento en que el empleador considere que un trabajador incurrió en una justa causa, no es imperativo que acuda previamente ante el juez del trabajo para solicitar el permiso para terminar el contrato de trabajo, la justeza o no se determina posteriormente al fenecimiento de la relación laboral.

(subrayado de la Sala) También se ha dicho que la prerrogativa foral se da frente a los trabajadores afiliados al sindicato que presentó

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Radicación n.° 94356 el pliego, al igual que ante los no sindicalizados que, con miras a firmar un pacto colectivo, igualmente formulan una propuesta de mejora laboral; así se dijo en la sentencia CJS SL13275-2015, en los siguientes términos: […] la norma en verdad se refiere en general a todos los eventos

de presentación de pliego de peticiones, tanto a aquellos que se tramitan por intermedio de un sindicato, como a los que formulan los trabajadores no sindicalizados, y cuando el texto alude a los trabajadores que hubieren presentado el pliego de peticiones se refiere a ambas hipótesis, estableciendo la protección para cada una de ellas, a sabiendas de que se trata de dos eventos independientes; de suerte que gozan de la prerrogativa foral los afiliados al sindicato que presentó el pliego, si se hizo de este modo, y los trabajadores no sindicalizados que hicieron lo mismo con miras a firmar un pacto colectivo, si esta fue la situación. Lo anterior quedó más claro con la expedición del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, cuyo artículo 36 dispuso lo siguiente: “La protección a que se refiere el artículo 25 del decreto 2351 de 1965, comprende a los trabajadores afiliados a un sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al empleador hasta cuando se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso”. En consecuencia, el artículo 25 mencionado no puede entenderse en los términos sugeridos por el recurrente cuando insinúa que presentado el pliego de peticiones la protección se extiende a todos los trabajadores y en particular en este caso al demandante, dado que la norma no impone el requisito de la afiliación previa al sindicato, con lo cual desde luego, con cierto

rodeo, pretende desdeñar la posición del tribunal al negar el reintegro con base en el desconocimiento de la empresa de dicho estado de afiliación del demandante, porque como ya se dijo la norma se refiere a varias hipótesis y una de ellas ello es que si el conflicto colectivo se hace a instancias de un sindicato el fuero circunstancial protege a los afiliados al mismo, únicamente; mientras que si lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados, sólo estos están protegidos por la anotada garantía, tal como tuvo oportunidad de precisarlo la Corte en sentencias de 11 de agosto de 2004, radicado 22.616 y de 28 de febrero de 2007, radicado 29.081. Así lo entendió el ad quem, que partió del supuesto de que el pliego fue presentado por la organización sindical y por ende sus afiliados quedaban

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Radicación n.° 94356 amparados, en principio, con el aludido fuero. En la última sentencia aludida, dijo la Corte: “El artículo 25 del Decreto 2351, prohíbe los despidos sin justa causa comprobada de los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, protección que está comprendida desde la presentación de dicho pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para la solución del conflicto. Los artículos10 y 36 de los Decretos Reglamentarios 1373 de 1966 y 1469 de 1978, señalaron que la protección antes dicha cobijaba a los trabajadores afiliados a un sindicato y a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones,

desde el momento de la presentación de tal pliego al empleador, hasta cuando el conflicto se solucionara mediante la firma de la convención colectiva o del pacto colectivo, o hasta que quedara ejecutoriado el laudo arbitral si fuere el caso. La anterior reseña normativa es clara, en principio, en distinguir cuales son los trabajadores amparados por el denominado fuero circunstancial, que no son otros que los afiliados al sindicato que hayan presentado un pliego de peticione