CSJ - SL1464-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1464-2023 Radicación n.° 90435 Acta 21 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación presentado por RAÚL ESPEJO BRICEÑO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de marzo de 2020 en el proceso ordinario laboral que adelanta contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES y COLFONDOS S. A. PENSIONES Y

CESANTÍAS.

I. ANTECEDENTES Raúl Espejo Briceño promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que el traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual el 26 de marzo de 2002 «no es válido y por ende, es ineficaz». En virtud de ello, solicita que se declare que continúa válidamente vinculado al Régimen

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Radicación n.° 90435 de Prima Media, y se condene a Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, a trasladar a Colpensiones los valores consignados en su cuenta de ahorro individual por concepto de aportes y rendimientos, y se le ordene a esta última administradora recibir dichos dineros. Igualmente pide que se imponga condena en costas a las accionadas. Para sustentar sus pretensiones manifestó que nació el 15 de enero de 1958 y ha cotizado al régimen general de

pensiones 1123,29 semanas desde el 1 de abril de 1995, así: i) en el RPM entre dicha data y el 30 de abril de 2002, 356,71 semanas; y ii) en el RAIS del 1 de mayo de 2002 a la fecha, 766,57 semanas. Indicó que no es beneficiario del régimen de transición, dado que al 1 de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios ni con 40 años de edad. Señaló que el 26 de marzo de 2002 «firmó afiliación» al RAIS administrado por Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, pero esta AFP jamás le suministró una propuesta debidamente explicada para realizar su afiliación o traslado a ese fondo, tampoco le brindó información clara y completa sobre las condiciones específicas de su situación pensional en cuanto al monto y cálculo de la mesada que le correspondería, las implicaciones o efectos del cambio de régimen pensional y las variables previstas en el RAIS, para poder establecer que en verdad su deseo era aceptar los términos de este nuevo régimen. Explicó que la AFP accionada ocultó la información sobre los efectos reales y lo que podía perder al trasladarse

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Radicación n.° 90435 al RAIS, así como de los pormenores de este esquema pensional, por lo que se le crearon falsas expectativas y la entidad lo indujo a un vicio del consentimiento por dolo. Dice que según el IBL calculado sobre los últimos diez años de aportes, el valor de la mesada pensional en el RPM,

en los términos de la Ley 797 de 2003, correspondería a $2.350.108; mientras que en el RAIS accedería a una pensión de vejez equivalente a $911.000 en la modalidad de retiro programado. En esa medida, se le genera un grave perjuicio que no fue previsto cuando se le señalaron las alternativas pensionales en la afiliación al RAIS. Adujo que el 17 de mayo de 2017 solicitó ante Colfondos

S. A. Pensiones y Cesantías la rescisión del acto de afiliación a esa AFP y su traslado a Colpensiones; en respuesta a ello, la administradora le informó que su vinculación se encontraba activa y que la asesoría se realizó de manera verbal por lo que no existían documentos que la sustentara.

El actor también señaló que le solicitó a Colpensiones que diera trámite a su afiliación y le pidiera a Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías que trasladara sus aportes al RPM, pero esta petición también le fue negada. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a lo pretendido. En cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento del accionante, las semanas cotizadas ante el RPM, que no es beneficiario del régimen de transición y el traslado al RAIS; de los demás señaló que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 90435 En su defensa explicó que el traslado del RAIS al RPM en cualquier tiempo solo procede si el afiliado cuenta con 15 años de servicios al 1 de abril de 1994, para no perder los

beneficios de la transición. Y en este caso, el accionante no acredita dicho tiempo, por lo que debe someterse a los mandatos del sistema general de pensiones en el régimen al que está vinculado. Propuso las excepciones que denominó carencia de causa para demandar, prescripción, buena fe, falta de causa para pedir, inexistencia del derecho reclamado y compensación. Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos admitió la fecha de nacimiento del demandante, la afiliación y cotizaciones en el RAIS a través de dicha administradora, que el actor no es beneficiario del régimen de transición, la proyección del monto de la pensión de vejez en el RAIS, la solicitud presentada ante esta AFP y la respuesta brindada; de los demás adujo que no eran ciertos o no le constaban. Como fundamentos de defensa expresó que el actor no puede retornar en cualquier tiempo al RPM porque no es beneficiario del régimen de transición, y le faltan menos de 10 años para adquirir la edad para la pensión, por lo que no podría retornar a Colpensiones por expresa prohibición legal. Agregó que en el acto de vinculación a esta AFP no existió vicio del consentimiento alguno, pues dicho negocio jurídico se hizo conforme los mandatos legales y constitucionales, sin

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Radicación n.° 90435 que sea posible que el afiliado alegue su propia culpa a su favor. También precisó que el precedente jurisprudencial sobre ineficacia del traslado de régimen no es aplicable en

este caso, dado que el accionante no es beneficiario del régimen de transición ni estaba próximo a pensionarse al momento de su vinculación al RAIS; presupuestos fácticos necesarios para acudir a las subreglas previstas por la jurisprudencia en esta materia. Formuló las excepciones de mérito de inexistencia del derecho reclamado, inexistencia de vicios en el consentimiento que generen nulidad, prescripción, caducidad y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 9 de octubre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación y traslado realizado por el señor RAUL ESPEJO BRICEÑO con el fondo COLFONDOS el 26 de marzo de 2002, contenido en el formulario

8028895.

SEGUNDO: ORDENAR a COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual de la que es titular RAUL ESPEJO BRICEÑO, dineros que deben incluir los rendimientos que se hubieran generado hasta que se haga efectivo dicho traslado al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES a recibir sin solución de continuidad como afiliado al régimen de prima media con prestación definida, a RAÚL ESPEJO BRICEÑO, desde su

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Radicación n.° 90435 afiliación primigenia al régimen de prima media con prestación

definida.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones presentadas

por COLPENSIONES y COLFONDOS S. A. PENSIONES Y

CESANTÍAS.

QUINTO: CONDENAR en costas a los fondos demandados y a favor del demandante […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció el recurso de apelación presentado por las dos demandadas, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, y mediante decisión proferida el 3 de marzo de 2020, revocó la sentencia apelada y en su lugar absolvió a las accionadas de todas las pretensiones invocadas en la demanda. No impuso condena en costas en la alzada.

Indicó que el problema jurídico consistía en determinar si procede o no la «nulidad y/o ineficacia» de la afiliación del demandante al RAIS. Para ello, precisó que la Corte Suprema de Justicia solamente ha accedido a declarar la ineficacia del acto de traslado de régimen en casos especialísimos. En esos eventos, la Corte ha hecho valer la inversión de la carga de la prueba, indicando que a las AFP les correspondía acreditar la debida diligencia en el suministro de información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado al momento de su afiliación. Aclaró que, en esos casos especiales, la carga de la prueba se invierte en atención a que los demandantes cumplen los requisitos para obtener una pensión en virtud

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del beneficio de la transición, o se encuentran cerca de consolidar el derecho pensional o porque se evidencia que el cambio de régimen coartó o limitó el acceso al régimen consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En esa medida, consideró que la referida subregla jurisprudencial en materia probatoria no tiene carácter general y, por tanto, no es obligatoria su aplicación en todos los casos en los que se discuta la ineficacia del traslado. En ese orden, si el afiliado demandante no es beneficiario de la transición, debe probar que se incurrió en un vicio del consentimiento; además, que afirmaciones genéricas e indeterminadas como las descritas en la demanda no son argumentos suficientes para invalidar la vinculación a un fondo de pensiones. Esto, adujo, dado que dicho acto es un negocio jurídico bilateral, consensual, conmutativo y aleatorio, sin que el vicio del consentimiento proceda por un eventual error de derecho en los términos del artículo 1510 del CC. Explica que las diferencias legales entre uno y otro régimen no hacen que el RAIS deje de ser una opción válida y lícita o que el RPM resulte mejor para todos los afiliados. Adujo que en decisiones CSJ SL1944-2017 y CSJ SL4974-2018 se precisó que la insuficiencia de la información resultaría relevante si esta causa una lesión injustificada al derecho pensional, como sería perder los beneficios de la transición ante el cambio normativo, tal como ocurrió en los casos resueltos en dichas sentencias. Sin

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Radicación n.° 90435 embargo, indicó que el accionante no es beneficiario de la

transición, dado que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 tenía 36 años de edad, y no había cumplido al menos 15 años de servicios, pues solo contaba con 734,72 semanas con Caprecundi. Indicó que al momento de trasladarse al RAIS, el 26 de marzo de 2002, el accionante no tenía una expectativa pensional bajo las reglas del régimen de transición y del RPM y que abandonó el esquema administrado por Colpensiones de manera voluntaria y con previo conocimiento y consentimiento informado. Explicó que, aunque quienes no son beneficiarios de la transición también tienen derecho a recibir una información clara, completa y suficiente al momento del traslado, lo cierto es que el actor no tenía un riesgo objetivo consolidado o cuantificable sobre el que debiera ser ilustrado, y no debía brindársele una asesoría distinta a lo consagrado en los artículos 59 y siguientes de la Ley 100 de 1993. Refirió que, en todo caso, tuvo la oportunidad de retornar al RPM, una vez cumplidos los periodos de carencia señalados en la ley y hasta antes de que le faltara menos de 10 años para cumplir la edad mínima para la pensión, en el año 2011 y no lo hizo. Afirmó que en sentencias de tutela «STP 4431 de 2019, radicación 103906 del 2 de abril de 2019 y STP 1138, radicación, 106193 del 20 de agosto de 2019», se consideró improcedente el amparo constitucional en los casos en que la ineficacia del traslado es reclamada por afiliados que no

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Radicación n.° 90435 eran beneficiarios de la transición. Lo anterior, dijo, en virtud del principio de autonomía judicial, dado que el juez de tutela encontró que los argumentos expuestos por el Tribunal en esos procesos resultaban razonables. Así las cosas, concluyó que en el presente caso no se activa la inversión de la carga de la prueba en los términos señalados por la jurisprudencia, dado que el actor no era beneficiario de la transición, ni tampoco tenía una expectativa cierta en materia pensional. Agregó que por esta circunstancia no puede decirse que su traslado le hubiese causado una lesión injustificada al derecho a la pensión, por el contrario, el demandante está válidamente afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, y el monto y disfrute de la prestación quedaron supeditados a los requisitos legales del RAIS, en razón a su manifestación libre, espontánea y voluntaria. Indicó que era carga del demandante acreditar los hechos afirmados en la demanda, en especial, los relativos a que la AFP obró con dolo al momento del traslado de régimen pensional o que lo hizo incurrir en error; sin embargo, no la cumplió. Las documentales que se allegaron al proceso no demuestran ninguna clase de presión o constreñimiento para suscribir el formulario de afiliación, sin previo consentimiento informado. Lo que se acredita es que en dicho formato la demandada dejó constancia de que el actor se vinculaba a la AFP de manera libre y voluntaria y sin presión alguna, hecho que da cuenta del consentimiento del

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demandante «y hace presumir el conocimiento previo debidamente informado del régimen pensional que escogió». Consideró que lo anterior le permitía inferir que la AFP cumplió el deber de asesoría en los términos del Decreto 692 de 1994, más cuando en el interrogatorio de parte, el accionante aceptó haber firmado el formulario sin coerción y luego de haber recibido una charla del asesor comercial, por lo que no hay lugar a la ineficacia del traslado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte case la decisión impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, los cuales son replicados únicamente por Colpensiones y se abordarán de manera conjunta dado que acusan similares normas, persiguen idéntico fin y su argumentación se complementa.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado por transgredir la ley sustancial por violación medio de los artículos 145 del CPTSS, 61,167, 256 del CGP; 29 de la Constitución Política, lo que condujo a violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa los artículos 13 de la Ley 100 de 1993 literal b), 1508 del CC, 11 del Decreto 696 de 1994, 114 de

la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 2 de la Ley 797 de 2003, 36 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 758 de 1990 (artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990), en relación con los artículos 2, 4 de la Ley 797 de 2003, 17 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 153 de 1887, 16 de la Ley 446 de 1998, 13, 48 y 53 de la Constitución Política y demás normas concordantes. Indica que no discute la densidad de cotizaciones acreditada en el proceso, tanto en el RPM como en el RAIS, «las afiliaciones en uno y otro régimen», ni el contenido del formato de vinculación a Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, en el que se alude a la voluntad y selección de afiliación. Sin embargo, cuestiona las deducciones del colegiado en torno a que el demandante no demostró el error y engaño en que lo hizo incurrir el fondo de pensiones a través de su asesor, puesto que, a juicio del Tribunal, el accionante manifestó su deseo libre y voluntario de afiliarse al RAIS.

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Radicación n.° 90435 Refiere que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado, entre otras, en las «radicaciones números 55.050, 46292», que en asuntos como el presente es obligación de las AFP demostrar que cumplieron con su deber de información de manera clara, veraz y precisa al afiliado, para el momento en que este

decidió trasladarse de régimen y suscribir el formulario respectivo. Explica que este precedente jurisprudencial establece una carga probatoria en cabeza de los fondos privados de pensiones, en cuanto al deber de informar de forma completa a quien se pretende afiliar, sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al RAIS. Sustenta lo anterior en lo expuesto en decisión CSJ SL17595-2017, de la cual cita varios apartes. Aduce que en este caso, el colegiado infundadamente trasladó la carga de la prueba al actor, pese a que es a la AFP a quien le incumbía acreditar: i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; ii) el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuenciales mayúsculas y vitales, la elección del régimen pensional trasciende al simple deber de información, por lo que la

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Radicación n.° 90435 administradora tiene el deber de buen consejo, que la compromete con un ejercicio más activo al proporcionar la asesoría e ilustración suficiente al interesado. Indica que esta carga probatoria se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 256 del CGP que

establece que la «falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia y validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba». Así, afirma que la mencionada solemnidad no podía suplirse con suposiciones como las que se derivan de la sentencia impugnada, pues lo cierto es que «no obran las probanzas que satisfagan el precedente jurisprudencial». Reitera que el Tribunal no podía invertir la carga de prueba e imponerla al demandante.

VII. RÉPLICA Colpensiones formula réplica conjunta a los cargos.

Advierte que la intención del recurrente es que se aplique «universalmente» el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la ineficacia del traslado de régimen, pero sin sustentar ningún argumento real y razonable que dé lugar a la casación de la sentencia. En todo caso, si al margen de la desacertada acusación de la censura, quien admite que no tuvo acceso a la sentencia de segundo grado para sustentar el recurso, la corporación accede a lo pretendido en sede extraordinaria, debe ser imperativo que se garantice a Colpensiones la recepción de todos los saldos, rendimientos, intereses, gastos de

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Radicación n.° 90435 administración y demás dineros generados en la cuenta de ahorro individual del actor. De lo contrario, se generaría una descapitalización de sus ahorros que se traduciría en una afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema General de Prima Media, dada su naturaleza solidaria y común, e

incidiría negativamente en los demás contribuyentes del régimen.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión de segundo grado por transgredir la ley sustancial por violación medio de los artículos 145 del CPTSS, 61,167, 256 del CGP; 29 de la Constitución Política, lo que condujo a violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, lo que condujo a la infracción directa de los artículos 13 de la Ley 100 de 1993 literal b), 1508 del CC, 11 del Decreto 696 de 1994, 114 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 2 de la Ley 797 de 2003, 36 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 758 de 1990 (artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990), en relación con los artículos 2, 4 de la Ley 797 de 2003, 17 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 153 de 1887, 16 de la Ley 446 de 1998, 13, 48 y 53 de la Constitución Política y demás normas concordantes.

Refiere que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que mi mandante estuvo de acuerdo con su traslado al RAIS.

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2. Dar por demostrarlo, sin estarlo, que como mi mandante nunca alegó la nulidad del traslado, estuvo de acuerdo con el mismo.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el fondo privado no

acreditó el cumplimiento de todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el fondo privado no demostró el deber de proporcionar a su interesado la información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el fondo privado no acreditó que la información que proporcionó el demandante fue con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, el deber del buen consejo al actor.

6. No dar por demostrado, estándolo, que no demostró su obligación de proporcionar la información e ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Afirma que estos errores obedecieron a la indebida valoración del formulario de afiliación al RAIS; el interrogatorio de parte rendido por el demandante; la prueba testimonial; la demanda inicial y su contestación. Para sustentar la acusación reitera lo expuesto en el primer cargo, y agrega que la AFP no allegó ninguna prueba que permita acreditar el cumplimiento de su deber de informar al momento de la afiliación del demandante. Además, señala que no existen pruebas en el expediente que den cuenta de tal hecho, por lo que incumplió su obligación

legal al respecto.

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IX. CONSIDERACIONES El Tribunal consideró que solamente en los casos en que se es beneficiario del régimen de transición, se cuenta con una expectativa o derecho pensional consolidado, es posible invertir la carga de la prueba para efectos de establecer la procedencia o no de la ineficacia del traslado de régimen, en virtud de la cual la AFP tiene el deber de probar el consentimiento informado del afiliado al momento de su traslado de régimen. De no tener lugar estos especiales eventos, la parte actora tiene la obligación de acreditar la existencia de un vicio en el consentimiento.

En esa medida, como el demandante no cumplía ninguna de las anteriores condiciones, el colegiado consideró que ha debido demostrar un vicio en la voluntad de traslado expresada al suscribir el formulario de vinculación a Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, así como acreditar las afirmaciones efectuadas en la demanda inicial, pero no lo hizo. En todo caso, indicó que en el referido formulario se hizo constar que la afiliación fue libre, voluntaria y sin presiones, lo que hacía presumir su consentimiento informado y, por ende, que la AFP sí cumplió su deber de asesoría. El recurrente asegura que no era dable asignar la carga de la prueba a la parte actora, pues en estos asuntos en que se discute la ineficacia del acto de traslado de régimen por falta de información por parte de la AFP, es a esta administradora a quien le incumbe acreditar que sí cumplió

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Radicación n.° 90435 su obligación de asesoría sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de la vinculación al RAIS; que brindó la información completa y comprensible desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute de la pensión, a la medida de la asimetría que se ha de salvar ante un afiliado lego, y bajo el entendido de que esa ilustración resulta relevante para el afiliado. Sin embargo, considera que tal circunstancia no fue acreditada en el proceso, sin que las pruebas denunciadas den cuenta de dicha asesoría y sin que tal hecho pueda presumirse. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el colegiado incurrió en error al considerar que: i) la inversión de la carga de la prueba en las controversias sobre ineficacia del traslado de régimen por no brindar la información debida por parte de la AFP, solamente opera cuando el afiliado es beneficiario del régimen de transición, tiene una expectativa legítima o un derecho pensional consolidado; ii) la falta de prueba, por parte de la demandante, sobre los vicios del consentimiento frente a la afiliación al RAIS llevaba a descartar las pretensiones de la demanda inicial y iii) que la AFP cumplió con la obligación de brindar la debida información al afiliado en los términos de las normas vigentes. Para resolver estos problemas la Sala pasa a abordar las siguientes temáticas:

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1. Validez del acto de traslado – deber de información: El literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993

establece que la selección de cualquiera de los regímenes pensionales debe ser libre y voluntaria por parte del afiliado y la jurisprudencia ha considerado que tal expresión presupone conocimiento, el cual solo se alcanza cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, para la Corte no puede afirmarse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de ahí que, desde el inicio le hubiese correspondido a las AFP dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito (CSJ SL12136-2014 reiterada en CSJ SL4061-2021). En ese orden, desde su fundación las AFP estaban obligadas a brindar información objetiva, comparada y transparente a los usuarios sobre las características de los dos regímenes pensionales, condiciones, acceso, riesgos, ventajas y desventajas de cada uno, así como los efectos y consecuencias del traslado. Este deber ha sido desarrollado por el ordenamiento jurídico y catalogado por la jurisprudencia así: primera etapa: «deber de información»; segunda etapa: «deber de información, asesoría y buen consejo» y; tercera etapa: «deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría».

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Radicación n.° 90435 Lo anterior, se ha esquematizado, entre otras, en la decisión

CSJ SL1688-2019: Etapa Normas que obligan a las Contenido mínimo y alcance del acumulativa administradoras de deber de información pensiones a dar información Deber de Arts. 13 literal b), 271 y 272 Ilustración de las características, información de la Ley 100 de 1993 condiciones, acceso, efectos y Art. 97, numeral 1.° del riesgos de cada uno de los Decreto 663 de 1993, regímenes pensionales, lo que modificado por el artículo 23 incluye dar a conocer la existencia de la Ley 797 de 2003 de un régimen de transición y la Disposiciones eventual pérdida de beneficios constitucionales relativas al pensionales derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal Deber de Artículo 3.°, literal c) de la Ley Implica el análisis previo, calificado información, 1328 de 2009 y global de los antecedentes del asesoría y buen Decreto 2241 de 2010 afiliado y los pormenores de los consejo regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle Deber de Ley 1748 de 2014 Junto con lo anterior, lleva inmerso información, Artículo 3.° del Decreto 2071 el derecho a obtener asesoría de los asesoría, buen de 2015 representantes de ambos consejo y doble Circular Externa n.° 016 de regímenes pensionales. asesoría. 2016

En este caso no se discute que el traslado de régimen pensional del actor tuvo lugar en el año 2002, por lo que es evidente que para que pueda considerarse válido, ha debido acreditarse que Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías le brindó la información completa relativa a las condiciones, características, consecuencias de cada uno de los regímenes pensionales previstos en la Ley 100 de 1993, esto es, tanto el de Prima Media con Prestación Definida como el de Ahorro Individual con Solidaridad, -para que el afiliado pudiera entender la lógica de cada uno de ellos-, y que incluso le dio a conocer la posible pérdida de beneficios pensionales, según las condiciones particulares que debían ser analizadas. En

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Radicación n.° 90435 decisión CSJ SL1452-2019 se explicó la manera como debe entenderse esta obligación particular:

1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones: Un deber exigible desde su creación 1.1 Primera etapa: Fundación de las AFP. Deber de suministrar información necesaria y transparente El sistema general de seguridad social en pensiones tiene por objeto el aseguramiento de la población frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del otorgamiento de diferentes tipos de prestaciones. Con este fin, la Ley 100 de 1993 diseñó un sistema complejo de protección pensional dual, en el cual, bajo las reglas de libre competencia, coexisten dos regímenes: el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y el Régimen de

Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP). De acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la citada ley, los trabajadores tienen la opción de elegir «libre y voluntariamente» aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, previniendo que si esa libertad es obstruida por el empleador, este puede ser objeto de sanciones. Es así como paralelamente el artículo 271 precisa que las personas jurídicas o naturales que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y sele