CSJ - SL1577-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala de Casacitio Laboral Sala do Desamparan N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1577-2023 Radicación n.°86907 Acta 22 Bogotá, D. C., cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 7 de mayo de 2019, en el proceso que instauró

LAURA GONZÁLEZ CUELLAR contra CHUBB DE

COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Laura González Cuellar llamó a juicio a la entidad aseguradora con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de junio de 2010 hasta el 8 de marzo de 2016, que percibió un salario variable, que nunca se le pagó prima de servicios, cesantías y sus intereses ni vacaciones, por lo que existió «mala fe». Demandó la indemnización por despido sin

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Radicación n.° 86907 justa causa, la sanción moratoria, los aportes al sistema general de seguridad social, mes a mes del 1 de junio de 2010 al 8 de marzo de 2016, teniendo en cuenta que percibió por este lapso, un total de $1.152.423.143,00, que se le adeudaba el salario del mes de marzo de 2016; pidió la sanción por la no consignación de las cesantías de que trata

el artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, así como la que correspondía por el no pago de los intereses a las cesantías de conformidad con la Ley 52 de 1975 y el Decreto 116 de 1976; lo extra o lo ultra petita, las costas procesales; y, de manera subsidiaria, la indexación. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que prestó de manera personal sus servicios a Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., desde el 1 de junio de 2010 hasta el 8 de marzo de 2016, que la exigencia para desempeñarse como directora comercial, fue que se hiciera a través del concepto de administradora de negocios; y, que para su vinculación se le exigió constituir una sociedad por acciones simplificada, que para dar cumplimiento a dicho requerimiento para junio de 2010, Melba Rojas le envió un correo electrónico el «18 de mayo de 2010», en el que se le facilitó una minuta para la constitución de la persona jurídica, que en respuesta a esa comunicación, se le pidió que inscribiera para el RUT el código de actividad 6721que correspondía a actividades de servicios auxiliares del establecimiento y gestión de planes de seguro. Narró que constituyó la sociedad LGC Insurance SAS, con el único fin de prestar sus servicios a Chubb de Colombia 2

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Radicación n.° 86907 Compañía de Seguros S.A., que de hecho está entidad, le retornó los gastos en los que incurrió, como se verificaba en la factura que se legalizó para ese fin. Indicó que la forma asignada al acuerdo celebrado entre

LGC Insurance SAS y la llamada a juicio, fue el de contrato de administración de negocios de agentes, agencias y corredores de seguros; que la persona jurídica que creó, no podía ser catalogada como intermediaria de seguros, al no contar con el aval de la Superintendencia Financiera, en los términos de los artículos 40 y 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; que, muestra de la existencia del vínculo reclamado es que, en ocasiones, aun cuando, no había acuerdo entre las compañías, ella continuaba con la prestación de sus servicios, los que le eran pagados. Narró que siempre se desempeñó como directora comercial de Chubb Colombia Compañía de Seguros S.A., entidad que le daba órdenes, que los servicios los prestaba en su sede, que esa realidad se plasmó en la página web de la entidad y, en el organigrama, se observaba que dependía de Edgar Saavedra. Señaló que sus labores consistían, en las visitas a los intermediarios de seguros vinculados con la demandada, que se le exigió una producción mínima en pesos colombianos, a través de un presupuesto elaborado por la accionada, que se le entregaron tarjetas de presentación, así como un carné como directora comercial de Chubb de Colombia; que se le asignó una cuenta de correo electrónico.

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Radicación n.° 86907 Precisó que durante la vigencia de su contrato, estuvo embarazada dos veces, situación que informó a su jefe inmediato; que durante sus licencias, ninguna persona ocupó su cargo, tampoco fue reemplazada, menos aún fue

enviado algún servidor de LGC Insurance SAS; que durante esos periodos, continuó recibiendo salario y comisiones, una vez radicadas las facturas. Aseguró que mediante varios correos electrónicos enviados por las áreas de indemnizaciones, recursos humanos, mercadeo, área técnica o por el vicepresidente comercial, se le impartían órdenes e instrucciones, de hecho, que para contactar otros intermediarios, ella hacía las labores de empalme, impartía a su vez indicaciones a las personas del área comercial que estaban a su cargo, al ostentar la calidad de representante del empleador en los términos del artículo 32 del CST. En punto a su salario, narró que además del habitual percibía bonificaciones; realizó un cuadro en el que describió este concepto y señaló que en total recibió la suma de $1.152.423.143 (f.° 1 a 50). Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., al contestar, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones, en cuanto los hechos, no admitió ninguno, salvo el relacionado con la constitución de la sociedad LGC Insurance SAS., pero aclaró, que esta situación, se presentó sin su intervención o injerencia.

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Radicación n.° 86907 Esbozó que celebró con la empresa LGC Insurance SAS. contratos comerciales que se revestían de absoluta validez y legalidad, que le otorgaban a esta última la condición de contratista independiente; que no se presentó subordinación, tampoco remuneración. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, responsabilidad de un tercero, buena fe del demandado, prescripción,

compensación y la «GENÉRICA» (fs.° 1721 a 1749).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá D.C., (fs.° 1848 a 1859), mediante fallo dictado el 24 de agosto de 2018, resolvió, PRIMERO.- DECLARAR que entre la señora LAURA GONZÁLEZ CUELLAR y la sociedad CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, existió un verdadero contrato de trabajo vigente entre el 1 de junio de 2010 y el 8 de marzo de 2016, en virtud del cual desempeñó el cargo de Directora Comercial, recibiendo como último salario promedio la suma mensual de TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($13.963.754,56), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO. - CONDENAR a la demandada CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, a pagar a favor de LAURA GONZÁLEZ CUELLAR, las siguientes sumas y conceptos así:

a. OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 86.676.402,92) por concepto de auxilio de cesantías debidamente indexados a la fecha de su pago.

b. SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON

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Radicación n.° 86907 SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($6.709.442,72) por concepto de intereses a las cesantías por el tiempo laborado y no prescrito. Pago que deberá efectuar en forma doble a título de sanción como lo dispone el artículo 1 de la ley 52 de 1975.

C. CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SIETE

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($51.507.856,67) por concepto de primas de servicios por el tiempo laborado y no prescrito debidamente indexado a la fecha de su pago.

d. TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($32.956.618,92) por concepto de vacaciones compensadas en dinero por el tiempo laborado y no prescrito debidamente indexados a la fecha de su pago. e. SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 6.138.779,00) por concepto del salario insoluto del mes de marzo de 2016 debidamente indexado a la fecha de su pago. TERCERO.- CONDENAR a la sociedad CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, a reconocer y pagar en favor de la señora LAURA GONZÁLEZ CUELLAR, los aportes para pensión, desde el 1 de junio de 2010 hasta el 08 de marzo de 2016, que deberán ser consignados al fondo de pensiones que informe la

demandante o en su defecto a la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, así como los intereses moratorios de que trata el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, tomando como ingreso base de cotización los salarios determinados en la parte motiva del presente proveído para cada anualidad. CUARTO.- ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por la señora LAURA GONZÁLEZ CUELLAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. QUINTO.- DECLARAR probados parcialmente los hechos sustento de las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y cobro de lo no debido, prosperando totalmente la excepción de buena fe. SEXTO.- CONDENAR en costas a la parte demandada. Se ordena señalar la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 6

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Radicación n.° 86907 (8.000.000,00) por concepto de agencias en derecho. Por secretaría liquídense. Las partes quedan legalmente notificadas en ESTRADOS

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Superior de Bogotá D.C., al desatar los recursos de apelación de las partes, mediante fallo dictado el 7 de mayo de 2019 (f.° 1869), confirmó la sentencia de primera instancia, no gravó en costas. En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, señaló que como problemas jurídicos debía resolver, (...) si hay lugar a declarar la existencia del contrato de trabajo, de ser así si se debe emitir las condenas deprecadas; además si

hay lugar a elevar condena por la indemnización por despido injusto, indemnización moratoria y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dejando claridad que en el recurso de apelación de la parte demandante no se estableció lo atinente a los salarios que había devengado ni al monto de los mismos, por lo cual esta Sala no tiene competencia para los señalados en los alegatos de conclusión. Previo a resolver, se refirió a los artículos 23 y 24 del CST, y señaló que esta Ultima norma, establecía la presunción de existencia de un contrato de trabajo, a favor de la persona natural que prestaba servicios personales a otra natural o jurídica y, por ello, le correspondía al demandado, desvirtuarla, evidenciando que se trató de un vínculo de distinta naturaleza.

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Radicación n.° 86907 Memoró que, desde la contestación de la demanda, el extremo pasivo indicó, que celebró con la sociedad LGC Insurance SAS, varios contratos de administración de negocios de agentes, agencias y corredores de seguros, desde el 1 de junio de 2010 (f.° 101 a 106, 111 a 147, 149 a 154, 157 a 167, 175 a 210, 214 a 230, 1750 a 1758 y 1770 a 1778), en los que se advertía, que la labor acordada era la captación de terceros para la venta de los seguros que ofrecía la sociedad convocada. Sin embargo, coligió, que «conforme con el principio de la primacía de la realidad sobre las formas regulado por el artículo 53 superior, debía analizar en conjunto todo el extenso

material probatorio» a efectos de determinar lo qué en puridad aconteció. Destacó que la remuneración por los servicios prestados se cobraba a través de facturas de venta, con el logo de la empresa LGC Insurance SAS, visibles a folios 1468 a 1511 y 1533 a 1698, lo cual inicialmente sería indicativo de la relación comercial surgida entre dos personas jurídicas que desvirtuaba la relación laboral pretendida. Advirtió que pese a la literalidad de dichos contratos y la presentación de facturas, por parte de la demandante, los testimonios de Diana Karina Díaz Fajardo, María Alexandra Bernal Guerrero, así como lo expuesto por Edgar Saavedra Clavijo vicepresidente comercial de la accionada, fueron contestes en señalar, que Laura González Cuellar fungió como directora comercial; incluso, en esta última 8

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Radicación n.° 86907 declaración, se reconoció que obtenía nuevos negocios y, aunque dijo que ello lo hacía en calidad de tercero, aceptó que «cuando ella disfrutó de su licencia de maternidad no fue reemplazada, lo que es indicatorio que su labor fue intuito personae, pues por su voluntad no podía delegar a un tercero para cubrir su cargo en su ausencia, lo cual tampoco procedió por pasiva». Bajo el escenario descrito aseveró, que pese a los contratos comerciales aportados, tal como lo razonó el a quo, no se logró acreditar que la prestación de los servicios, fuera con autonomía técnica, administrativa y financiera, toda vez «que aunque así se actúan apariencia, lo cierto es que LGC INSURANCE SAS nunca fue protagonista de la labor personal

realizada por la aquí demandante, de quién se insiste era conocida no solo por empleados de la demandada como directora comercial sino también por terceros», como se corroboraba con las comunicaciones visibles en los folios 247 y 258. Adicionó, que la demandante utilizaba la papelería de la demandada, hacia certificaciones para los clientes cómo se veía a folios 261 y 262, que la propia demandada se dirigía a ella como directora comercial, como se consignó en el memorando de folio 174, se le requerían reportes de sus labores, hechos, que no lograron ser desvirtuados con los contratos de arrendamiento de un lugar de trabajo al interior de las instalaciones de la demandada; incluso el vicepresidente comercial mencionado, manifestó «que lo hacían para cuidarse, pues los servicios de la actora eran

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Radicación n.° 86907 requeridos en la empresa (...) que se le requirió para la creación de la empresa, asesorandola para el efecto y pagando los respectivos gastos de constitución». De la indemnización por despido indirecto, citó la providencia CSJ SL14877 de 2016, relievó que la demandante alegó en la demanda que dimitió de su cargo de directora comercial, toda vez que sus condiciones le fueron desmejoradas, manifestaciones que ratificó en su interrogatorio de parte, pero en el plenario no se hallaban pruebas de ello. Resaltó, que pese a que en los folios 245 y 246 se encontraba una carta de la demandada «contestando una renuncia, en esta nos advierte con claridad los motivos alegados por la demandante, es así que al no haberse

cumplido con la carga probatoria correspondiente se confirmará la decisión de primera instancia». En punto a la sanción moratoria y la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, indicó, (...) que con la finalidad de proteger los derechos de los trabajadores que se han visto afectados por el incumplimiento de las obligaciones legales a cargo del empleador, la ley laboral ha provisto algunas consecuencias económicas tendientes a resarcir el menoscabo que dicha conducta pudiesen causar al trabajador, incluyendo dentro de ellas la sanción por no consignar las cesantías, así como la indemnización por el no pago de salarios y acreencias laborales a la terminación de la relación laboral, mismas que no operan de manera automática ya que a su imposición debe presidir el análisis de los elementos subjetivos que guiaron la conducta del empleador, que a pesar de que no sean correctos jurídicamente pueden considerarse razonables, tal como le ha señalado la Corte Suprema de Justicia entre otras en la sentencia SL2148 de 2018. 10

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Radicación n.° 86907 Ahora como viene de verse la empresa demandada no probó el pago de salario de marzo de 2016 y las prestaciones sociales por las que se fundó condena con anterioridad, al encontrar probado que en realidad entre las partes emergió un contrato de trabajo, sin embargo considera la Sala que pese a ello y que el actuar de la empresa no fue jurídicamente correcto, su intención no fue la de agraviar, defraudar o afectar a la demandante, pues incluso está refirió que las relaciones fueron buenas y se cumplieron las

condiciones pactadas, las cuales en su momento fueron aceptadas por la promotora, con excepción del salario de marzo 2016, los demás pactados (sic) le fueron pagados en debida forma. Cabe resaltar que no fue sino tan solo con el presente proceso que se puede advertir la realidad de la relación de las partes, pues incluso como viene de verse surgió la creación de una persona jurídica representada por la actora, quién era través de sus facturas quién cobraba los honorarios e incluso arrendó un espacio en la oficina de la demandada; por tanto en este sentido también se confirmará la decisión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN DE CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, Interpuesto por la accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a la Corte que, CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto confirmó los numerales primero, segundo, tercero y sexto de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá en los cuales se declaró la existencia de una relación laboral y en consecuencia se condenó al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social, así como a las costas del proceso. En su lugar, al constituirse en Tribunal de Instancia, REVOQUE los numerales primero, segundo, tercero y sexto de la sentencia de primera instancia dictada el 24 de agosto de 2018 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá mediante los cuales se declaró la existencia de una relación de trabajo entre las partes y se condenó al pago

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Radicación n.° 86907 de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social, así como a las costas del proceso. En consecuencia, REVOCADA la sentencia de primer grado en los términos solicitados, se ABSUELVA a la sociedad CHUBB de las pretensiones de la demanda.

En subsidio: En el evento improbable de que el Tribunal considere que la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo no fue destruida por la compañía CHUBB, se pretende que la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral CASE la sentencia impugnada en cuanto condenó a la mencionada compañía a pagar vacaciones y aportes a seguridad social desde el 1 de junio de 2010 y hasta el 08 de marzo de 2016. En su lugar, al constituirse en Tribunal de Instancia, REVOQUE el literal d) del numeral segundo y el numeral tercero de la sentencia dictada el 24 de agosto de 2018 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá mediante el cual se condenó al pago de vacaciones y aportes a seguridad social desde el 1 de junio de 2010 y hasta el 08 de marzo de 2016.

En consecuencia, REVOCADO el literal d) del numeral segundo y el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, se ABSUELVA a la sociedad CHUBB de las pretensiones tendientes al pago de vacaciones y de aportes a seguridad social. Con tal propósito propone dos cargos, que fueron oportunamente replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta, en

la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 27, 127, 186, 249, 306 del CST, artículos 1° y 2° de la ley 52 de 1975; artículos 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23 de la Ley 100 de 1993. Enlista como errores de hecho, 12

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Radicación n.° 86907

1. No dar por demostrado, estándolo, que entre la señora Laura González Cuellar y la sociedad CHUBB se ejecutó en la realidad y en los periodos comprendidos entre el 1 de junio de 2010 y 8 de marzo de 2016, verdaderos contratos comerciales de administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Laura González Cuellar prestó sus servicios como representante de la persona jurídica LGC INSURANCE S.A.S. y no como trabajadora de CHUBB.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad LGC INSURANCE S.A.S. fue la verdadera y única persona con la que CHUBB tuvo una relación de tipo comercial durante los periodos comprendidos entre el 1 de junio de 2010 y 8 de marzo de 2016.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la constitución de la sociedad por acciones simplificadas LGC INSURANCE, se realizó por libre disposición y elección de la demandante.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante no era autónoma en sus funciones y no podía delegar a un tercero la actividad contratada.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Laura González Cuellar prestó sus servicios personales a favor de CHUBB bajo una relación subordinada y en consecuencia de trabajo.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante y CHUBB suscribieron y ejecutaron verdaderos contratos de arrendamiento de inmueble que soportaban la presencia en las instalaciones de la compañía dentro del marco de las relaciones civiles y comerciales.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada mediante las confesiones obtenidas en juicio y las pruebas documentales, destruyó la presunción de que la prestación de servicios fue a través de un contrato de trabajo.

Como pruebas erróneamente apreciadas,

1. Contratos comerciales administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros (folios 94 a 96; 111 a 154; 157 a 166; 175 a 185; 187 a 206; 209 a 210; 218 a 227; 1750 a 1758 y 1770 a 1778)

2. Contratos de arrendamiento (folios 101 a 103; 107 a 109; 155 a 156; 168 a 169; 211 a 213; 228 a 230; 241 a 243)

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Radicación n.° 86907

3. Facturas de venta expedidas por la empresa LGC INSURANSE S.A.S. (folios 1468 a 1511 y 1513 a 1698)

4. Declaración rendida en interrogatorio por parte del Representante Legal de CHUBB (Audio diligencia del 4 de abril

de 2018 CD,C5,FL1830) 5. (Prueba no calificada) Testimonios rendidos por Diana Carina Díaz Fajardo y María Alexandra Bernal Guerrero (Audio diligencia del 4 de abril de 2018 CD,C5,FL1830) Y como no valoradas,

1. Confesión rendida en interrogatorio de parte por Laura González Cuéllar.( Audio diligencia del 4 de abril de 2018 CD, C5,

FL. 1830)

2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad LGC INSURANCE S.A.S. (Folio 1801 - 1802) Asegura que se le dio un alcance equivocado a los documentos; critica que se hubiere apoyado en la manifestación del representante legal, puntualmente, cuando dijo, que ella no fue reemplazada durante su licencia de maternidad; y, que ello demostraba que no se podía delegar a un tercero sus labores, lo que denota, que independiente de que se no se hubiere suplido su ausencia, no significaba la imposibilidad de realizarlo, de hecho, en el plenario no existe prueba de que se hubiere proscrito la «ejecución de contratos comerciales a través de personas distintas a la demandante».

Asevera que, al revisar los contratos celebrados entre las partes, entre las obligaciones pactadas, se encontraba, la prestación de servicios, no con una persona en determinada, tampoco exclusivamente con Laura González Cuellar, pues era potestativo de la compañía LGC Insurance SAS., 14

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Radicación n.° 86907 desarrollar el objeto del acuerdo, con su propio personal, del

que solo se debía asegurar la afiliación y aportes al sistema general de seguridad social. Afirma que el Tribunal, realizó una valoración indebida de las manifestaciones del representante legal, cuando expresó que los contratos de arrendamiento se realizaban, porque la compañía debía cuidarse, que el alcance de esa expresión, debía entenderse como cumplir con las normas para el desempeño del giro ordinario de sus negocios. Manifiesta que el juzgador, omitió que la sociedad LGC Insurance SAS, era protagonista de la labor desempeñada, era la que ejecutaba los contratos comerciales, radicaba las facturas, así mismo, contaba con el código 6621 relacionado con actividades de agencia y seguros; y que no analizó su certificado de existencia y representación. Enfatiza que el Tribunal pasó por alto la confesión de la actora, en torno a que la sociedad que creó, cumplía con todas las obligaciones tributarias y requisitos de ley, (...) que, al hacer una correcta valoración de las pruebas señaladas y al considerar las pruebas que el Tribunal decidió desatender, se destruye la conclusión del Tribunal respecto de la supuesta "falta de protagonismo" de la sociedad contratista y por el contrario se concluye que era esta sociedad la verdadera y única contratante quien con total autonomía, por sus propios medios y a través de su personal, prestaba los servicios de administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros a CHUBB. En tal sentido, se hacía improcedente dar lugar a la aplicación de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la verdadera norma que debía regir esta discusión a todas luces era el artículo 34 del mismo cuerpo

sustancial, la cual regula las relaciones de los contratistas

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Radicación n.° 86907 independientes, calidad que sin lugar a dudas tenia la sociedad LGC INSURANCE S.A.S., según se demostró. Ahora, en lo que tiene que ver con la presunta subordinación aplicada por parte del juzgador, debe decirse que fueron indebidamente apreciados los correos electrónicos y comunicaciones escritas, que solo tenían como finalidad la verificación del cumplimiento de las actividades contratadas a LGC Insurance S.A.S y de ninguna manera pueden ser tenidas como formas de seguimiento, control o calificación de las actividades desarrolladas por el personal de dicha empresa contratista y en especial de la accionante; se apoya en las providencias: SL1184-2014, SL2204-2015,

SL13020-2017, SL663-2018, SL2608-2019, SL1382-2020.

Agrega, que en la misma confesión de la demandante como prueba no apreciada, se expresó «que no cumplía ningún horario y que nunca se le había impuesto un llamado de atención, es decir, no existían actuaciones propias de la subordinación inherente al contrato de trabajo». Aduce que el juzgador no tenía por qué dar valor a los testimonios, dado que uno fue de oídas y, el otro, no expresó hechos relacionados con lo debatido; trae a colación la providencia CSJ SL2608-2019. Expresa que la demandante confesó que en su calidad de abogada y como representante de la sociedad LGC INSURANCE S.A.S., suscribió los contratos administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros, que

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Radicación n.° 86907 conocía la diferencia sustancial y práctica entre un contrato de prestación de servicios y uno laboral, que las, (...) actividades desarrolladas en ejecución de los contratos de administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros no estaban enmarcadas en el cumplimiento de un horario y que era libre para manejar su propia agenda. (...) si se hubiese siquiera valorado esta confesión y se hubiese contrastado con las demás pruebas referidas con anterioridad, se hubiese llegado a la sensata conclusión de que en la práctica y en la realidad se ejecutaron contratos comerciales para la administración de negocios, agentes, agencias y corredores de seguros en los que la sociedad LGC INSURANCE S.A.S., como contratista, era libre, autónoma e independiente. Así mismo que no existió una prestación personal del servicio por parte de la señora Laura González Cuellar y finalmente, que nunca existió una relación subordinada pues ésta última manejaba sus actividades libremente sin intervención de CHUBB y únicamente en cumplimiento del objeto de los contratos comerciales suscritos, todo lo cual destruye de manera directa la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

VII. RÉPLICA Asegura Laura González Cuellar, que el cargo no cumple con las exigencias técnicas para sustentar la comisión de yerros ostensibles o protuberantes; cuestiona que se modificaron las razones de la defensa, esto es, que se presentan argumentos no discutidos en las instancias; lo que denota, la inexistencia de consonancia entre el recurso de

apelación y el extraordinario. Llama la atención, en que la existencia de LGC Insurance S.A.S., estuvo atada única y exclusivamente al tiempo de su relación contractual con la empresa llamada a juicio; que después de la finalización del vínculo, dicha sociedad se liquidó.

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Radicación n.° 86907 Enrostra que su declaración, en cuanto al pago de impuestos y cumplimiento de requisitos legales por parte de LGC Insurance S.A.S., no beneficia a ninguna de las partes; agrega que, en este proceso, no se discutió la intermediación de la sociedad que constituyó para que le hicieran los pagos de su remuneración. En punto a la confesión acusada, consistente en que no cumplía un horario de trabajo, se tiene que, este elemento, es simplemente un indicio de subordinación; que el hecho de que fungiera como personal directivo y por ello no cumpliera uno estricto, no hace que quede desvirtuada la subordinación, al contrario, denota que fue tratada como personal directivo.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal concluyó que pese a haberse suscrito un acuerdo comercial entre las partes, de lo manifestado por los testigos se dilucidaba que el vínculo no correspondía a un contrato autónomo, que en el desarrollo del mismo, se dispensaban instrucciones y directrices; que la accionante prestó sus servicios personales, por lo que operó la presunción de que las labores desarrolladas, correspondían a un contrato de trabajo, por cuanto no se acreditó que las actividades fueron autónomas e independientes, incluso, la suscripción del referido acuerdo.

La censura alega que el juzgador no analizó las

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Radicación n.° 86907 probanzas de manera adecuada, pues de haberlo efectuado, habría observado la realidad en la que se ejecutó la relación que ató a las partes; que no advirtió la ausencia de órdenes, que el elemento de subordinación tampoco existió, por lo que no desarrolló sus actividades de forma dependiente, sino por el contr