CSJ - SL1767-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1767-2023 Radicación n.° 92836 Acta 26 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario laboral seguido por ÓSCAR ANCÍZAR BETANCOURT TORRES contra la entidad recurrente, la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y ASESORES EN DERECHO SAS en calidad de mandataria con representación del citado patrimonio; trámite al cual fueron vinculados como litisconsorte necesario la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y LA

NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO.

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Radicación n.° 92836

I. ANTECEDENTES Óscar Ancízar Betancourt Torres llamó a juicio a las citadas entidades, para que fueran condenadas a reconocer y pagar el bono pensional tipo B, estimado en la suma de $190.945.932 con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a efectos de que sea aplicada a su historia laboral y tenida en cuenta a efectos de definir su

situación. Así mismo, reclamó el pago de los intereses moratorios y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, en síntesis, manifestó que se vinculó a la Flota Mercante Grancolombiana S.A. hoy la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (CIFM) liquidada, desde el 17 de agosto de 1979 hasta el «mes de abril» de 1990; que se desempeñó como aprendiz camarero en el buque «CIUDAD DE BUCARAMANGA» y que las demandadas no realizaron las cotizaciones en su favor para los riesgos de invalidez, vejez y muerte durante el tiempo antes mencionado. Refirió que el 7 de junio de 2013 se ordenó la reapertura del proceso liquidatario de la Flota Mercante, con el fin de que se atendieran las solicitudes y trámites pensionales, para lo cual nombró un mandatario con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota, y mediante contrato de mandato 9264001-2014 la Fiduprevisora S.A. en calidad de cesionaria designó a Asesores en Derecho S.A. como mandataria y representante de dicho patrimonio.

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Radicación n.° 92836 Relató que mediante acción de tutela interpuesta por él, junto con otros empleados y la Unión de Trabajadores de la Industria Marítima y Fluvial - Unimar, contra el Ministerio de Trabajo, Panflota y de la Fiduprevisora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el fallo proferido el 28 de agosto de 2014 dentro

del expediente «2013-00627», amparó sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, y ordenó realizar el cálculo actuarial de los ex empleados de la CIFM, por lo que Panflota elaboró dicho cálculo y lo remitió a la mandataria Asesores en Derecho S.A.S., quien a su vez debió enviarlo a la Federación Nacional de Cafeteros, en calidad de administrador del Fondo Nacional del Café. Agregó que Asesores en Derecho SAS, en cumplimiento de la mencionada decisión de tutela, expidió la Resolución 41 del 2 de marzo de 2015, en la que refirió a un bono pensional tipo B por valor de $190.945.932, por haber laborado en la CIFM entre el 16 de agosto de 1979 y el 7 de diciembre de 1990, así que la Fiduprevisora S.A. como administradora y vocera del Panflota debía trasladar ese bono con destino a Colpensiones, ejecutando las acciones pertinentes ante la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de que esta última gire los recursos necesarios con destino a Colpensiones. No obstante, advirtió que a la fecha de presentación de la demanda dicho trámite no había ocurrido, y, por lo tanto, eran procedentes los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 92836 La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones al contestar la demanda, respecto de las pretensiones manifestó: «[…] ni me opongo ni me allano a dichos pedimentos, toda vez que los mismos van dirigidos

contra FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, PANFLOTA ASESORES EN DERECHO SAS y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS». Respecto a los hechos dijo no constarle ninguno de los relatados por el demandante. En su defensa advirtió que el bono pensional pretendido por el accionante solo se podía valorar y redimir mediante el reconocimiento de una pensión de vejez y dijo que frente a los trabajadores y pensionados de la extinta Flota Mercante Grancolombiana era necesario tener en cuenta la sentencia

CC SU1023-2001.

Propuso como excepciones de mérito las de inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la innominada. La Fiduprevisora S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones y aclaró, en primer lugar, que actúa como «vocera y administradora del PA PANFLOTA, NO ASUMIÓ LA POSICIÓN, NI ES EL SUBROGATARIO, CESIONARIO O SUCESOR PROCESAL de la Extinta Compañía Inversiones de la Flota Mercante», razón por la cual solo administra los recursos trasferidos por la Federación Nacional de Cafeteros. Indicó que sus obligaciones y capacidades financieras estaban enmarcadas en el contrato de fiducia mercantil 3-10138.

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Radicación n.° 92836 Respeto a los hechos, aceptó únicamente el referido a que era la vocera del Patrimonio Autónomo Panflota y sobre los demás dijo que no le constaban, en tanto contenían

información que no podía afirmar ni negar, por razón a que no contaba con los medios para suministrar una ilustración veraz relacionada con lo afirmado por el apoderado del demandante. Adicionalmente, resaltó que los supuestos fácticos en su mayoría, hacían referencia a situaciones que ocurrieron con anterioridad a la constitución del Patrimonio Autónomo Panflota. Formuló como excepciones de mérito las siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el mencionado contrato, indebida integración del contradictorio por lo que se hacía necesario vincular a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inexistencia de la obligación y prescripción. Posteriormente, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se opuso a las pretensiones. Sobre los hechos dijo no constarle ninguno, ya que el accionante nunca fue su trabajador, ni tuvo vinculación de alguna naturaleza con la Federación, así mismo, manifestó desconocer las particularidades relativas a la ejecución de la supuesta relación laboral que vinculó al actor con la CIFM; razón por la cual no resultaba dable efectuar un pronunciamiento expreso y concreto en los términos del numeral tercero del artículo 31 del CPTSS.

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Radicación n.° 92836 Como hechos y razones de defensa, argumentó que dicha entidad como administradora del Fondo Nacional del Café, que era una cuenta especial de naturaleza parafiscal, carecía de competencia para afectar recursos de dicho fondo con fines no previstos legal y contractualmente; especificó

que no había lugar al pago del bono tipo B; que no existía la obligación legal de provisionar suma alguna para la cancelación de aportes, en relación a los trabajadores vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en los municipios en donde no había cobertura del ISS, por tanto, no era dable denunciar una mora respecto de los aportes. Puntualizó que la mencionada cuenta especial es el Ministerio de Hacienda con la participación del gremio caficultor, quien determina a través del contrato de administración suscrito con La Nación, la forma en que se manejarían tales recursos, por lo que no se podía argumentar la existencia de una situación de control entre dicha cuenta sin personería jurídica y una sociedad anónima de naturaleza comercial, así que cualquier eventual responsabilidad subsidiaria no puede ser imputable a esa cuenta especial ni a su administradora, quien actúa en los términos del contrato suscrito y conforme las directrices impartidas por el Órgano Director, el Comité Nacional de Cafeteros. En su defensa, propuso la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario, por ello solicitó la

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Radicación n.° 92836 vinculación de La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. De fondo formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa y prescripción A su turno, Asesores en Derecho SAS se opuso a todas las pretensiones. Respecto de los hechos, en esencia, manifestó que no le constaban. Argumentó que en la fecha

en la que el demandante prestó los servicios a favor de la liquidada CIFM no existía la obligación legal y forzosa de afiliar a los trabajadores marítimos al ISS, pues este asumió los riesgos de invalidez vejez y muerte mediante Resolución 03296 del 2 de agosto de 1990, efectiva a partir del 15 de agosto siguiente, de ahí que la CIFM efectuó los aportes en favor del demandante entre el 29 de agosto y el 28 de diciembre de 1990. Sostuvo que el fallo de la tutela referido en la demanda inicial amparó de manera provisional y transitoria el derecho del actor a la elaboración del cálculo actuarial; sin embargo, tal protección desapareció teniendo en cuenta la data de interposición de la presente demanda. Coligió que era necesario considerar lo expresado en la sentencia CC SU1023-2001, en la que se consagró que como la CIFM se encuentra en liquidación obligatoria y no tiene dineros suficientes para atender el cubrimiento de las mesadas; de manera transitoria el Fondo Nacional del Café sería quien suministrara oportunamente los recursos para estos pagos, con base en el artículo 148 de la Ley 222 de

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Radicación n.° 92836 1995, que consagra la presunción de responsabilidad subsidiaria de la administradora de dicho fondo, que lo era la Federación Nacional de Cafeteros, como entidad matriz o controlante frente a la CIFM, esto como compañía subordinada. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación para proteger el derecho amparado por la sentencia 201300627-01 proferida por el Consejo de Estado, inexistencia de

la obligación, pues durante casi toda la existencia de la CIFM, el ISS no había asumido los riesgos, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante, ausencia del presupuesto fáctico para la procedencia del mismo, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y oposición a la condena en costas. El Juez del conocimiento que lo fue el Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 20 de noviembre de 2018, ordenó la integración como litisconsorcio necesario a La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien, al acudir al proceso en tal calidad, se opuso a las pretensiones de la demanda y negó los hechos en que se soportaban las mismas. En su defensa sostuvo que entre sus funciones no está la de fungir como administradora o fondo de pensiones, ni emitir cálculos actuariales, y le correspondería a Colpensiones, de ser procedente, adelantar las gestiones respectivas ante el emisor del eventual bono pensional, con el fin de lograr su liquidación, emisión y pago. Formuló como

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Radicación n.° 92836 excepciones las de indebida vinculación del Ministerio, inexistencia de obligación por las pretensiones de la demanda inicial y falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, con sentencia del 20 de noviembre de 2019 decidió:

PRIMERO: DECLARAR que la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE

LA FLOTA MERCANTE S.A. liquidada omitió su obligación legal de pagar los aportes al sistema de seguridad en pensiones a favor del demandante ÓSCAR ANCÍZAR BETANCOURT TORRES, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1979 al 28 de agosto de 1990.

SEGUNDO: ORDENAR a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, o a la AFP PORVENIR, o a la cual se encuentre actualmente afiliado el actor, a realizar el respectivo calculo actuarial por concepto de aportes para pensión del demandante por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1979 al 28 de agosto de 1990, teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto 1887 de 1994, incluyendo las consecuencias por mora, teniendo en cuenta las normas legales aplicables para la forma de efectuar el cálculo actuarial una vez elaborado el mismo COLPENSIONES deberá dar traslado por las demandadas ASESORES EN DERECHO SA en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA SA FIDUPREVISORA S.A. en su condición de administradora y vocera del patrimonio autónomo PANFLOTA.

TERCERO: ORDENAR a la sociedad ASESORES EN DERECHO S.A., en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, emitir la resolución a través de la cual ordene transferir a COLPENSIONES el valor correspondiente al cálculo actuarial a favor de Óscar Ancízar Betancourt Torres.

CUARTO: CONDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A en

su condición de administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA a pagar el valor del cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión para el periodo comprendido entre 16 de agosto de 1979 al 28 de agosto de 1990 a satisfacción de la entidad pensional y conforme al cálculo actuarial que para el efecto realice la entidad en los términos del numeral anterior.

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QUINTO: DECLARAR que la demandada FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, es subsidiariamente responsable de la obligación pensional por concepto de pago de cálculo ACTUARIAL POR APORTES a pensión a favor del actor y en consecuencia, se le CONDENA a pagar el cálculo actuarial por los aportes pensionales por el tiempo comprendido entre el 16 de agosto de 1979 al 28 de agosto de 1990, siempre y cuando FIDUCIARIA LA PREVISORA en su condición de administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA no cuente con recursos económicos para asumir tales obligaciones las cuales serán cubiertas entonces de manera subsidiaria con recursos del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

SEXTO: NEGAR el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por no consignación a favor del demandante.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO conforme lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas.

NOVENO: CONDENAR en costas procesales a la FIDUPREVISORA como administradora y vocera de PANFLOTA; a la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS como administradora del Fondo Nacional del Café, y ASESORES EN DERECHO como mandatario con representación de PANFLOTA.

Incluir en la liquidación de costas la suma 2 SMLMV valor en que se estiman las agencias en Derecho.

DECIMO: En caso de no ser recurrida la decisión, concédase el Grado Jurisdiccional de Consulta, al tenor del artículo 69 del C.P.L., enviando el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para lo de su cargo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la Fiduciaria La Previsora S.A., la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surtió en favor de Colpensiones, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, quien, mediante sentencia del 30 de noviembre de

2020, resolvió:

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PRIMERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia apelada, para en su lugar, CONDENAR a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café, a trasladar el valor del cálculo actuarial de los aportes pensionales del Óscar Ancízar Betancourt Torres, por el período comprendido entre el 16 de agosto de 1979 y el 28 de agosto de 1990, con destino a la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante, y

ABSOLVER a la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, de todas las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, ante su no causación.

Se exonera a La Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, de las costas impuestas en el numeral noveno de la sentencia apelada. Para tomar su decisión, el Tribunal comenzó por precisar que inicialmente debía verificar si el a quo vulneró el principio de congruencia en los términos señalados por la Federación Nacional de Cafeteros, tras haber emitido pronunciamiento en relación con la «responsabilidad subsidiaria» de dicha entidad, para luego establecer la viabilidad de ordenar el cálculo actuarial respecto del cual se emitió condena y, en caso afirmativo, en qué condiciones debía ordenarse el respectivo pago y dicha responsabilidad que le asiste en esa obligación, tanto a la Federación Nacional de Cafeteros como a la Fiduciaria La Previsora S.A. Arguyó que si bien en la demanda con la cual se dio inicio al proceso no existía una pretensión encaminada a verificar la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros respecto de las obligaciones que, como empleadora le compelían a la extinta Compañía de

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Radicación n.° 92836 Inversiones de la Flota Mercante, de una interpretación amplia del libelo introductor se podía verificar sin duda

alguna que el querer del demandante es que sus pedimentos sean cubiertos, tanto por la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, como por Asesores en Derecho S.A.S., al ser mandataria con representación con cargo a dicho patrimonio y, así mismo, por la Federación Nacional de Cafeteros en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, como consecuencia de la omisión en la que incurrió su extinta empleadora CIFM, frente a la obligación de efectuar las cotizaciones en su favor para los riesgos de IVM durante el lapso comprendido entre el 17 de agosto de 1979 y abril de 1990. Consideró que no era cierto que la Federación no hubiera podido presentar argumento de defensa alguno, en relación con su responsabilidad frente a obligaciones de seguridad social, puesto que en la contestación a la demanda se opuso a las pretensiones y uno de sus argumentos fue que, si bien administra la cuenta especial del Fondo Nacional del Café, de naturaleza parafiscal, es el Ministerio de Hacienda, con la participación del gremio caficultor, quien determina a través del contrato suscrito con La Nación, la forma en que se administrarían tales recursos; por lo que aseveró que no se podía argumentar la existencia de una situación de control entre dicha cuenta sin personería jurídica y una sociedad anónima de naturaleza comercial, así que consideró que cualquier eventual «responsabilidad subsidiaria» no puede ser imputable a una cuenta especial

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Radicación n.° 92836 sin personería jurídica, ni a su administradora que actúa en los términos del contrato suscrito y las directrices impartidas

por el órgano director, es decir, el Comité Nacional de Cafeteros. De acuerdo a ello, estimó que fue la misma Federación quien hizo alusión al tema del que «hoy pretende apartar la vista», por tanto, no le asiste razón a la apelante en este punto, pues incluso el aspecto de la responsabilidad solidaria de la Federación fue abordado por las otras demandadas, como Colpensiones, Fiduciaria La Previsora S.A., y Asesores en Derecho S.A.S., en sus contestaciones. Procedió a dilucidar si era viable o no ordenar el cálculo actuarial respecto del cual se emitió condena, para lo cual señaló que estaban fuera de discusión los siguientes presupuestos: i) que el actor laboró al servicio de la Flota Mercante Gran Colombiana S.A. hoy CIFM, por el tiempo comprendido entre el 16 de agosto de 1979 y el 7 de diciembre de 1990 y ii) que la empleadora solo realizó aportes a pensión a favor del actor desde el 29 de agosto de 1990 hasta la finalización del contrato, cuando se produjo la llamada a inscripción en el ISS, como da cuenta la Resolución 3296 del 2 de agosto de igual año. Respecto de este último punto, recordó que la afiliación de trabajadores particulares a la seguridad social en pensiones surgió desde la Ley 90 de 1946, cuando se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, con el fin de que estuvieran cubiertos ante las contingencias de invalidez,

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Radicación n.° 92836 vejez y muerte. Añadió que debido a que esa entidad tardó en

asumir tales coberturas, y bajo el entendido de que no existía norma que regulara el pago de las cotizaciones por parte del empleador, éste asumía la obligación pensional conforme a lo establecido en el artículo 260 del CST. Sobre el particular, citó en su respaldo la sentencia CSJ SL98562014. Afirmó que la Corte en las sentencias CSJ SL792-2013; CSJ SL7851-2015; CSJ SL1272-2016; CSJ SL2944-2016; CSJ SL16856-2016 y CSJ SL4103-2017, entre otras, sostuvo que mientras el derecho pensional esté en formación la acción para reclamar los aportes omitidos a través de cálculo actuarial tampoco está sometida a prescripción, pues es parte fundamental para la financiación y consolidación del derecho a la pensión. Además, la Corte ha precisado también que la falta de afiliación del trabajador da lugar a la emisión de un cálculo actuarial por parte del empleador y no a que se le imponga el pago de las prestaciones derivadas del sistema general de pensiones. Coligió que tampoco le asistía razón a la Federación en su planteamiento, por cuanto si bien no era obligatorio efectuar aportes pensionales en el lapso de vinculación laboral del actor como trabajador de la extinta Flota Mercante Gran Colombiana S.A., ello no la eximía de la obligación de responder por los periodos en que no se realizaron las cotizaciones respectivas, como quiera que dicha entidad era responsable del pago de las prestaciones patronales, hasta tanto se subrogó el riesgo y puso de presente que:

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Radicación n.° 92836 […] en el presente caso hay lugar a disponer el pago del cálculo actuarial con destino a Colpensiones o a la administradora en la que se encuentre afiliado el demandante, desde el 16 de agosto de 1979 hasta el 28 de agosto de 1990, lapso en el que no afiliación al sistema de pensiones, ni se efectuaron aportes pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2.° del parágrafo 1.° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.° de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1887 de 1994, que lo reglamentó, determinando la manera en la que se obtiene el respectivo cálculo, al que deberán ceñirse las condenadas para dar cumplimiento a la decisión. Frente a la inconformidad, relativa a que en el pago del cálculo actuarial, se debe tener en cuenta solamente el porcentaje que le correspondía al empleador, baste con señalar que en el caso de autos no se probó que durante la vinculación laboral del demandante con la Flota Mercante se le hicieran los descuentos correspondientes para tal fin, pese a que el empleador era el obligado a recaudarlos; así como tampoco, que hubiese cumplido con la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema de Seguro Social, mientras entraba en vigencia éste, pues si bien el llamado de afiliación para los trabajadores marítimos se dio con la Resolución n.° 3296 del 2 de agosto de 1990 (CD f.° 1323 cuad.

3), esto no significaba, que la obligación haya quedado condicionada en el tiempo, pues lo único que se prorrogó, fue el traslado de las cotizaciones al ISS, lo cual como se vio no se hizo, por ello deberá efectuarse el pago del cálculo actuarial a la administradora de fondo de pensiones respectiva conforme el Decreto 1887 de 1994, pues es el ente de seguridad social quien aprueba finalmente la liquidación que se presente por parte del empleador; de ese modo considera la Sala que no es prudente realizar cálculos con esa finalidad dentro del proceso (CSJ SL1480-2018). Y es que el Decreto 1887 de 1994, a través del cual se establece la metodología para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que se debe trasladar a las administradoras de fondos de pensiones, señala en el parágrafo de su artículo 4.°, en cuanto al salario que se debe tomar para ésta operación aritmética, que "(...) Para el caso de empleados que habiendo estado vinculados al 23 de diciembre de 1993, ya no lo están al 31 de marzo de 1994 el salario de referencia se calculará utilizando el último salario base de liquidación." Conforme a lo antepuesto, considera la Sala que al hacer una interpretación extensiva de la norma transcrita para el caso de los trabajadores que no se encontraban vinculados al 31 de marzo de 1994, el salario de referencia para efectos del cálculo actuarial debe ser el último que sirvió como base de liquidación para cotizar en pensiones mientras estuvo vigente el vínculo

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Radicación n.° 92836 laboral, de ahí la sinrazón de la Federación Nacional de Cafeteros, al indicar que dicho cálculo se debe hacer teniendo en cuenta la tabla de categoría y aportes (topes salariales), vigentes para la fecha del desarrollo de la relación laboral. Enseguida, retomó el tema relacionado con la responsabilidad solidaria de la Federación Nacional de Cafeteros. Al respecto, destacó que mediante Auto 400010928 del 28 de agosto de 2012, la Superintendencia de Sociedades de Bogotá declaró extinguida la persona jurídica Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria; y que mediante contrato de fiducia mercantil 3-1-10138 celebrado entre la citada empresa (CIFM) y la Fiduciaria La Previsora S.A., para la administración del Patrimonio Autónomo Panflota, se acordó como parte de las obligaciones, la administración del pasivo pensional y las contingencias jurídicas en curso. Por otra parte, acerca de la condición de sociedades matriz y subordinada, explicó que los artículos 260 y 261 del C de Co., subrogados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, prevén que una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante. Así las cosas, según lo normado en el parágrafo del artículo 148 de la misma preceptiva, vigente para la época en que se ordenó la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., prevé

lo siguiente: Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones

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Radicación n.° 92836 que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente". Expresó que esa presunción legal admitía prueba en contrario, por tanto, la carga de esta radica en cabeza de la sociedad matriz o controlante, quien debe acreditar que la situación de concordato o liquidación obligatoria de la empresa subordinada o controlada se produjo por causa distinta a las enunciadas en la norma. Dijo que lo precedente se acompasa con el criterio expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C5101997, donde señaló que de acuerdo con el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 existía una «presunción legal» de «responsabilidad subsidiaria de la entidad matriz o controlante frente a las obligaciones que adquiera la sociedad subordinada», que hacía presumir que la situación de concordato o liquidación acaeció por causa de la sociedad matriz o controlante, cuyas decisiones buscaban el beneficio propio, aún en contra de los intereses de la sociedad

subordinada, precisamente, por el control que ejercía la primera sobre la segunda; y en la que a su vez, especificó que no se trata de un tipo de responsabilidad principal sino «subsidiaria», entendida esta como que «la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada».

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Radicación n.° 92836 En tal sentido, advirtió que la calidad de empresa matriz o subordinante de la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, respecto de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., se extrajo de la comunicación del 29 de abril de 1998, oportunamente anotada en el registro mercantil, en virtud de la cual se informó a la Cámara de Comercio de Bogotá, que «en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de éste como matriz, se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia», esto es, con la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Infirió que era del resorte de la Federación acreditar que en efecto la liquidación de su subordinada no fue atribuible a sus acciones y decisiones como matriz, situación que se encuentra desprovista de respaldo probatorio en el plenario. Ello por cuanto, con el «Estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana» que obra en el cuaderno 2, consideró que no era viable relevarse de cualquier responsabilidad con

fundamento en una decisión gubernamental anterior a su adquisición de la mayoría accionaria de la CIFM y que, adicionalmente, sólo afectó el negocio naviero que no fue asu