CSJ - SL2084-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL2084-2023 Radicación n.° 89139 Acta 8 Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide los recursos de casación que PLÁCIDO

RODRÍGUEZ CUENÚ, DONALDO ANTONIO PAJOY

NAGLES, JOSÉ URIEL SÁNCHEZ MORENO, RICARDO ANTONIO MURIEL MANCO y JOSÉ MANUEL CIFUENTES interpusieron contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga profirió el 14 de agosto de 2020, en el proceso ordinario que los recurrentes promueven contra el INGENIO PICHICHÍ S.A.

I. ANTECEDENTES Los accionantes solicitaron que se declare que existió un contrato de trabajo con el Ingenio Pichichí S.A., como trabajadores en misión de labores de caña enviados por las

Cooperativas de Trabajo Asociado –CTASuricaña,

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Radicación n.° 89139 Centricaña y Nuevo Horizonte. En consecuencia, requirieron que se condene al pago de cesantías y sus intereses, «primas», vacaciones, auxilio de transporte, cotizaciones a pensiones, riesgos profesionales y salud, las indemnizaciones por despido injusto y moratorias por falta de pago de las prestaciones sociales, las cesantías y las cotizaciones, 500 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales, la indexación y lo que se pruebe ultra y extrapetita. En respaldo de sus pretensiones, narraron que:

laboraron como corteros de caña en predios del ingenio demandado ubicados en los municipios de Guacarí y Buga (Valle), de forma personal, con continua subordinación y herramientas que la empresa les suministraba, de lunes a domingo, incluidos festivos sin descanso, en un horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. Afirmaron que el ingenio les impuso la condición de afiliarse a las cooperativas mencionadas para poder trabajar, las cuales los enviaron en misión en los siguientes extremos temporales y, conforme a la historia laboral, con los salarios devengados «en los últimos 12 meses», así: Actor CTA Cooperativa de Cooperativa de Salario de SURICAÑA Trabajo Trabajo los últimos Asociado Asociado 12 meses CENTRICAÑA NUEVO HORIZONTE Plácido Del 1.º mar. Del 1.º mar. Del 1.º nov. $566.700 Rodríguez 2004 al 28 feb. 2005 al 31 oct. 2005 al 29 feb. Cuenú 2005 2005 2012

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Radicación n.° 89139 Donaldo Del 15 mar. Del 1.º mar. Del 22 nov. 2011 $723.583,3 Antonio Pajoy 2004 al 28 feb. 2005 al 21 nov. al 14 feb. 2012 Nagles 2005 2011 José Uriel Del 1.º mar. Del 1.º nov. $1.048.166,6 Sánchez 2005 al 31 oct 2005 al 29 feb.

Moreno 2005 2012 Ricardo Del 1.º mar. Del 1.º mar. Del 21 nov. 2005 $970.666,6 Antonio Muriel 2004 al 28 feb. 2005 al 20 nov. al 29 feb. 2012 Manco 2005 2005 José Manuel Del 15 mar. Del 1.º de mar. Del 1.º nov. $566.700 Cifuentes 2004 al 28 feb. 2005 al 31 oct. 2005 al 29 feb. 2005 2005 2012 Explicaron que la accionada registraba la información de cada uno y la enviaba a las CTA para los pagos respectivos; imponía el precio de corte de caña, gestionaba el trabajo, determinaba las sanciones disciplinarias a imponer, y era el dueño de dichos entes, pues recibió los aportes y ganancias, pagó los costos de su liquidación y honorarios a las liquidadoras; además, las CTA no eran propietarias de los medios de producción y vehículos en los cuales se transportaban a los trabajadores. Agregaron que ellos y otros trabajadores vinculados a través de «S.A.S.» iniciaron una huelga, pues no los vinculaban directamente, por lo cual varios asociados fueron procesados penalmente, pero absueltos. Indicaron que la demandada les adeuda las siguientes cotizaciones a pensiones: Donaldo Pajoy: septiembre 2008, abril y julio de 2009, José Uriel Sánchez: agosto 2006, febrero 2006 y octubre 2007, y Ricardo Muriel Manco: marzo

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a octubre de 2005; así como su reajuste en todos los casos durante el periodo trabajado. Asimismo, que sus salarios eran inferiores a los de los trabajadores de planta o directos cubiertos por una convención colectiva de trabajo, y que las CTA les descontaban porcentajes para las compensaciones mensuales y anuales, así como para el descanso anual. Por último, señalaron que si bien renunciaron ante las CTA, ello no fue voluntario, sino que obedecía a un despido indirecto, pues de no hacerlo no hubiesen sido vinculados a «Pichichi Corte S.A., que es del mismo ingenio PICHICHI S.A.»; y que el trato diferenciado e ilegal contra sus voluntades los afectó en aspectos íntimos, sentimentales y emocionales, pues no podían brindar una atención alimentaria, educativa, de salud y habitacional adecuada a sus hogares (f.º 226 a 247). Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. De los hechos, afirmó que no le constaban o que no eran ciertos. Argumentó que: (i) de ser ciertas las vinculaciones no laborales de los actores a las CTA, deben tomarse esas afirmaciones como confesión; (ii) su vínculo con aquellos entes fue netamente comercial, y que no tiene relación con la CTA SURICAÑA; (iii) las CTA eran propietarias de los elementos que requerían para sus actividades y contrataban los transportes y demás servicios con autonomía; (iv) no tiene facultades para ordenar liquidaciones de empresas, y (v) Pichichí Corte S.A. es ajena

al Ingenio Pichichí S.A.

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Radicación n.° 89139 En su defensa, presentó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva y de personería sustantiva, prescripción, pago, compensación y buena fe (f.º 262 a 281).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de 20 de abril de 2017, la Jueza Primera Laboral del Circuito de Buga declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación que propuso la demandada y la absolvió de todas las pretensiones incoadas en su contra. Asimismo, condenó en costas a los demandantes y envió el expediente en consulta en caso de no haber apelación (f.° 1763 a 1764, CD).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los accionantes, mediante sentencia de 14 de agosto de 2020, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga confirmó la decisión de la a quo e impuso costas a los apelantes (archivo 16, cuaderno juzgado y tribunal).

El Tribunal se planteó como problema jurídico a resolver si entre las partes existió un contrato de trabajo. En esa dirección, explicó el contrato realidad conforme a los artículos 53 de la Constitución Política y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, y la presunción que establece el

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Radicación n.° 89139 artículo 24 ibidem. Asimismo, señaló que para la prosperidad

de las pretensiones los actores debían probar la prestación personal y exclusiva del servicio, y los extremos temporales. Mencionó los artículos 59, 70 y 71 de la Ley 79 de 1988, 6.º, 10 y 17 del Decreto 4588 de 2006, el Decreto 468 de 1990, entre otros, para destacar la existencia de las «alegadas CTA» y que las actividades cooperativas y autogestionadas que realizan impiden entender que se limitan a remitir trabajadores a entidades o empresas. Luego abordó el análisis de los siguientes documentos: (1) los certificados de existencia y representación legal de las CTA y el ingenio accionado (f.º 45 a 56); (2) los reportes de cotizaciones pensionales (f.º 57 a 196); (3) los acuerdos suscritos entre las CTA y el ingenio (f.º 157 a 209); (4) los reportes de corte de personal ajeno a los integrantes del litigio (f.º 210 a 213); (5) el acuerdo cooperativo (f.º 215 a 296); (6) la sentencia de «Juzgado Penal» sobre participación en huelgas de algunos corteros (f.º 220); (7) las ofertas mercantiles y aceptación de las mismas por parte de la CTA Nuevo Horizonte a Ingenio Pichichí S.A., así como el otrosí (f.º 314 a 344). Asimismo, los que aportó la liquidadora de esta última CTA (f.º 457 a 1729): (8) sus estatutos; (9) las actas de asamblea en las que figuran los demandantes Donaldo Antonio Pajoy

Nagles como parte de la Junta de vigilancia y Presidente de Asamblea General Extraordinaria, y Plácido Rodríguez Cuenú de la Asamblea del Consejo de Administración, y

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Radicación n.° 89139 entrega de aportes sociales de los demandantes; (10) las actas de Consejo de Administración; (11) la reforma al régimen de trabajo asociado; (12) los recibos de pago, (13) las hojas de vida y (14) las solicitudes de afiliación; (15) la carta dirigida por «el demandante» a la Supersolidaria para aceptar el cargo de tesorero de 2010; (16) los acuerdos cooperativos de 2008 y 2011; (17) el reintegro de dinero por embargo; (18) la autorización de descuento para compra de lotes; (19) los aportes a caja de compensación familiar; (19) la certificación de pago; (20) la historia laboral; (21) la entrega de anchetas de diciembre; (22) las planillas de asistencia; (23) las compensaciones semestrales, el descanso anual, las compensaciones anuales, los intereses compensación y los aportes seguridad social de los actores; (24) las incapacidades y (25) la entrega de dotación y relación de descuentos. Al respecto, consideró que estas pruebas demostraban la prestación del servicio como «cooperados, trabajadores de CTA», y no «la continuidad y jornada en la prestación de la labor para un único beneficiario» por parte de cada actor. Por otra parte, el ad quem advirtió que los testimonios de Licenia Galindo Jiménez y Amparo López, liquidadoras de

«las cooperativas», daban cuenta que estas se constituyeron legalmente y se liquidaron por decisión de los líderes corteros afiliados y representantes de los asociados, los cuales a su vez acordaron sus honorarios con el ingenio demandado. También analizó las declaraciones de Fulgencio Góngora, obrero, Nancy Beatriz Franco Ocampo, jefe de relaciones laborales de la demandada, Fonier Solís, Ómar

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Radicación n.° 89139 Enrique Lozano García y José León Bermúdez, corteros entre 2004 a 2012 y vinculados mediante «cooperativa», Adán Díaz Vázquez, supervisor de labores, Jair Ortiz Domínguez, supervisor de corte, William de Jesús Calvo Acevedo, ejecutivo de proyectos y asistente de cosecha, y José Lubín Cobo Saavedra, gerente de gestión humana del ingenio. Al respecto, consideró que sus dichos ratificaban que los demandantes prestaron sus servicios de corte manual de caña en virtud de un contrato comercial con las CTA, «ya fuese CTA SURICAÑA, CTA CENTRICAÑA o CTA NUEVO HORIZONTE», pero no acreditaban «las órdenes de personal directo del ingenio», pues este «controlaba la ejecución de la oferta mercantil entre las contratantes». Sobre este último punto, además indicó que la prueba testimonial no era uniforme, como tampoco si la potestad sancionatoria y disciplinaria recaía en cabeza de las CTA. En relación con los interrogatorios de parte, indicó que si bien el representante legal de la demandada aceptó que el 2 de abril de 2012 el ingenio celebró contrato de prestación

de servicios con «las doctoras López y Galindo», con el objeto de disolver y liquidar «las cooperativas y SAS», ello fue por un tema de responsabilidad social empresarial y que desconocía que se hubiese cancelado alguna suma por dicho acuerdo. Sobre este aspecto, el Tribunal agregó que ese contrato (f.º 282 a 287) reseña en su cláusula primera un trabajo enteramente independiente y su pago. Además, estimó que esto sería relevante de haberse demostrado que la labor prestada tuvo una «jornada, continuidad y beneficio en todo

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Radicación n.° 89139 momento y lugar para la sociedad demandada», sin embargo, como ello no se probó, esta prueba «no brinda mayores elementos» al contrastarlo con los testimonios, y lo mismo opinó «de la documental obrante a folios 1192 y 1200, así como de (...) [los] desprendibles de pago de los actores y descuentos del 8.33% y el 4.16%». A su vez, destacó que de los interrogatorios de los demandantes «no se encontró una detallada descripción del funcionamiento de las citadas cooperativas». En relación con las actas de acuerdos de 28 agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 (f.º 203 a 209) que señalan que el ingenio hizo donaciones a las CTA contraviniendo el Decreto 2025 de 2011, los juzgó insuficientes, pues no demostraban la prestación personal de servicio de los demandantes debidamente identificados. Conforme a lo anterior, afirmó que los documentos analizados aportaban elementos de tipo indiciario y de nivel general, sin la especificidad de reconstruir los hechos

alegados por cada actor, esto es, «el apoyo en transporte, ofertas mercantiles, convenios, implementos, pesaje de caña y apoyo en la liquidación», conforme lo exigían los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y 167 del Código General del Proceso. Así, consideró que en el proceso no se acreditó el elemento de «prestación única» y personal del servicio al ingenio accionado, ni la determinación de «las circunstancias

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Radicación n.° 89139 de conexión específicas entre empleador y personal asociado, en su desarrollo, labores y el tiempo de existencia», esto es, «en toda cosecha a cargo o propiedad del citado ingenio como tampoco ser posible el unificar un lapso cierto de actividad por cada uno de los demandantes en el cultivo en propiedad o administración probada del citado Ingenio»; ni que este era el único contratante de las CTA y de forma permanente, como tampoco «una subordinación proveniente de la encartada por medio de su personal adscrito», sin que la injerencia del ingenio en las CTA equivalga a «la determinación concreta, en una correlación o armonización esperada entre testimonios y documentos, por cada demandante».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario lo interpusieron los demandantes, los concedió el Tribunal y admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los recurrentes solicitan que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en instancia, revoque la de la a quo y conceda todas las pretensiones incoadas en la demanda.

Con tal propósito, por la causal primera de casación

formulan cuatro cargos, los cuales replicó la demandada. La Sala resolverá inicial y conjuntamente los cargos primero y tercero, dado que son complementarios.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusan la aplicación indebida de los artículos 4.º, 5.º y 59 de la Ley 79 de 1988, 1.º, 5.º y 6.º del Decreto 468 de 1990, 5.º, 8.º, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2.º y 3.º del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la Constitución Nacional, 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1.º, 2.º y 99 de la Ley 50 de 1990.

Afirman que el Tribunal cometió ocho errores fácticos que se pueden resumir así: dar por demostrado sin estarlo, que: (errores 1 y 6) los testimonios demostraron que prestaron sus servicios de corte manual de caña en virtud del contrato comercial con las CTA, pero no las órdenes del personal directo del ingenio, de modo que no se evidenció una subordinación proveniente de este; (error 2) la única relevancia de la prueba de folios 282 a 287 es el pago del contrato para la disolución y liquidación de las CTA; (errores 3, 4 y 5) las actas de acuerdo de 28 agosto del 2010 y 23 de

febrero de 2011 no eran suficientes para probar la prestación única de servicio de cada actor al ingenio demandado, y no demostraba un «lapso cierto de actividad»; (error 7) la documental aporta elementos probatorios de tipo indiciario y a nivel general y, (error 8) les correspondía la carga de la prueba conforme al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 89139 Denuncian como pruebas erróneamente apreciadas los certificados de existencia y representación legal de las CTA y la demandada (f.º 45 a 56); el reporte de cotizaciones (f.º 57 a 196); los acuerdos suscritos con el ingenio (f.º 157 a 209); las ofertas mercantiles (f.º 314 al 344); los testimonios de Licenia Galindo y Amparo López y el contrato de prestación de servicios celebrado entre estas y la demandada (f.º 282 a 287).

Y como no valoradas: las ofertas mercantiles y las aceptaciones a las mismas celebradas entre las demandadas y las CTA Suricaña, Centicaña y Nuevo Hozonte (f.º 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 363 y 364 -cláusula 4 numeral 5-, 372, 373, 375, 376 -cláusula 4 numeral 5-, 385, 386numeral 9-, 394, 398, 399, 405, 414 y 415); el otrosí a las ofertas mercantiles (f.º 443); los documentos de folios 406 y 419; los

numerales 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1.2 del contrato C-0092011; la lista de los socios que pertenecen a la CTA Nuevo Horizonte (f.º 528 a 530), sus aceptaciones de cargo como socios (f.º 633, 954, 1148, 1359 y 1518), las planillas de corteros (f.º 682, 683 a 690) y la contestación a la demanda (f.º 282 al 286). En el desarrollo del cargo, cuestionan que el Tribunal extrajera de los documentos indicios cuando constituían plena prueba. Así, señalan que al valorar el contrato de prestación de servicios que celebró el ingenio con Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo (f.º 282 a 287), el ad quem se confió en que aquellas declararon que desconocían la razón por la que el ingenio les pagó honorarios por la disolución y liquidación de las CTA, sin advertir que según las cláusulas 2, numeral 2.2.1, y 8ª numeral 8.1.3 y 8.2.2, la

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Radicación n.° 89139 demandada los ordenó y pagó $159.000.000 por esa gestión en la que, además, el ingenio suministraba los costos del proceso y guardaba el archivo, y las liquidadoras les presentaban informe semanal. En igual sentido, afirman que los acuerdos de 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 (f.º 157 a 209) fueron mal valorados, pues siendo las CTA autogestionarias, el ingenio demandado no podía darles donaciones de

$317.000.000, así como de $160.000.000 para el programa de vivienda y educación de las CTA, y de $54.800.000 para el fondo de solidaridad de las CTA a fin de atender la solvencia de los asociados y pagar su seguridad social; incluso, destacan que también les pagaba capacitaciones, incapacidades, transporte, les suministraban dotaciones cada 4 meses y también donó un terreno de 2 hectáreas (oferta de f.º 386). Aducen que las ofertas mercantiles que el Tribunal valoró (f.º 314 a 344) e ignoró (f.º 400 y 401) acreditaban que el ingenio les impartió órdenes directas, los subordinó a través de uno de sus «cabos» y controlaba las faenas en los campos, y se obligó con las CTA a: apoyar con el pago del salario mínimo mensual vigente de cada año, «la carga laboral de la abogada contratista», a tener un resumen del estado de asociados jubilados, apoyar a sus familias con aportes de $1.000.000 para funerales, darles un bono de productividad, ofrecerles otras labores diferentes al corte de caña, donarle $420.000 para cada asociado en diciembre a fin de apoyar el proceso de producción (f.º 332 y 403), permitirle a los

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Radicación n.° 89139 asociados el transporte que tiene para los trabajadores directos (f.º 343, 344, 414 y 415), aun cuando es un medio que debe ser de propiedad de las CTA según lo dispone el artículo 8.º del Decreto 4588 de 2006» y la sentencia con radicado

30605 de 2008, de la que transcriben apartes. Por tanto, a su juicio, afirman que dichas pruebas acreditaban que: (i) la demandada era la verdadera empleadora y los subordinó «en todo el extremo temporal», y (ii) no existió autogestión de las CTA, sino intermediación, pues el capital provenía del ingenio y este intervenía en su economía, por lo que el trámite que indica que aquellas se disolvieron y liquidaron, así como las historias laborales que señalaban que eran dependientes de las CTA, son actos simulados y «maniobras de simulación». Aseguran que en la contestación a los hechos décimo tercero y vigésimo segundo de la demanda, el ingenio los mencionó como socios de las CTA e indicó que contrató con estas en los extremos temporales alegados, sin refutarlostampoco en apelación-, por lo que de acuerdo a las ofertas mercantiles y a sus aceptaciones, dichos medios de convicción acreditaban los extremos de forma ininterrumpida. Esto, agregan, mientras fungían como socios aparentes conforme a las «afiliaciones y lista de socios». Refieren que las referidas ofertas de folios 314 a 344 acreditaban la permanencia y continuidad en la labor, pues fueron afiliados a las CTA Suricaña, Centricaña y Nuevo Horizonte desde el 1.º de marzo de 2004 hasta febrero de

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Radicación n.° 89139 2012, y así también lo acreditaban las afiliaciones a aquellas el 14 de noviembre de 2005 (f.º 633, 635, 636, 954, 1148, 1359 y

1518), la lista de socios que integran la última CTA (f.º 528 a 530) y las planillas simuladas en la que aparecen realizando actividades al ingenio (f.º 683 a 690). Además, manifiestan que los certificados de representación legal del ingenio (f.º 45 a 56) probaban que su objeto social era la siembra de caña, su cultivo y demás faenas derivadas, por lo que no podía «entregar las actividades misionales a un intermediario», tal y como lo hizo según las ofertas mercantiles denunciadas y las pruebas de folios «169, 170 y 172 V, numerales 1.1, 1.2, 1.3 y Numeral No.2.1.2. del CC.-009/11», que acreditaban el suministro de personal para dichas labores y otras afines, así como las de folios «292, 293 Cl 4 N5; 304 y 305 Cl 4 No.5; folios 363 y 364 Cl 4 No. 5; 375 y 376 Cl 4 No.5; 386 No.9 y V». En consonancia con lo expuesto, consideran que el interrogatorio de parte que absolvió la demandada no acreditaba que las CTA eran independientes y autogestionarias, ni que el ingenio no disolvió ni liquidó las CTA y, por el contrario, sus afirmaciones debieron tenerse como confesión; y que tampoco lo probaban los testigos William Calvo, Licenia Galindo y Amparo Espejo, pues los documentos mostraban lo contrario. Por último, indican que los testimonios también acreditaban que el ingenio era el empleador, pues era el que otorgaba el incentivo a la producción.

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VII. CARGO TERCERO Acusa la «infracción del artículo 17 del Decreto 4588»

(sic), en relación con los preceptos mencionados en el primer cargo, salvo el 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Afirman que al valorar los certificados de existencia y representación legal de las CTA y el demandado, el Tribunal «probó [que] las actividades de corte de caña pertenecían al objeto social del ingenio», de modo que aquellas no podían realizar estas actividades desde 2004 a 2012 a través de ellos, extremos que «no fueron desvirtuados por la demandada». Lo anterior, dado que los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006 prohíben la intermediación laboral, actividad que solo pueden hacer las «E.S.T.» hasta por un año conforme a la Ley 50 de 1990. Por tanto, aseveran que al incumplirse dicho mandato deben entenderse como trabajadores dependientes de quien se benefició de sus servicios y a las CTA como responsables solidarias de las obligaciones económicas causadas. En apoyo, mencionan la sentencia CC T-962-2008.

VIII. RÉPLICA En relación con el cargo primero, la demandada indica que los recurrentes denuncian pruebas no calificadas y realizan una acusación genérica en la que prima su visión

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Radicación n.° 89139 personal sin precisar en qué consistió el error del Tribunal, por lo que el recurso es un alegato de instancia. En cuanto al asunto de fondo, afirma que el desatino que se le endilga al Tribunal no existió, dado que es diferente

que las CTA le hayan prestado servicios al ingenio a que lo hubiesen hecho los actores, además que las ofertas mercantiles no los mencionan concretamente y las historias laborales indican que laboraron para las CTA. Asimismo, considera que es una falacia inferir que como aquellos prestaron servicios a las CTA y estas al ingenio, se acredita la prestación personal del servicio, y menos en los extremos alegados, dado que bien pudieron cortar caña como trabajadores asociados en favor de otros ingenios de la zona. También respalda el criterio del ad quem conforme al cual las dotaciones, herramientas y recursos que el ingenio le suministraba a las CTA fue una colaboración armónica necesaria en una zona con dinámicas sociales especiales que exigían compromisos en beneficio de la población y en desarrollo de una política de responsabilidad social, y que así lo permite el inciso 3.º del artículo 8.º del Decreto 4588 de

2006. Lo contrario, a su juicio, vedaría toda posibilidad de colaboración empresarial en el país y que se considere que toda organización que ha recibido préstamos debe juzgarse como despojada de independencia.

En cuanto al cargo tercero, aunque lo entiende enfocado por la vía directa, considera que los argumentos jurídicos

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Radicación n.° 89139 caen al vacío, pues se parte de la idea de que el ingenio recibió el servicio de los actores, lo que desconoce que el Tribunal concluyó lo contrario y que además no evidenció la subordinación proveniente de su personal adscrito; premisas

que por dicho sendero deben mantenerse incólumes.

IX. CONSIDERACIONES Las observaciones técnicas de la réplica al primer cargo son desatinadas, dado que los recurrentes sí precisaron las pruebas que acusaron como mal apreciadas o desconocidas por el Tribunal, y expusieron una argumentación mínima con el objeto de rebatir las conclusiones fácticas del fallo.

Asimismo, el hecho de denunciar pruebas no calificadas no es una falencia técnica si el ad quem acudió a ellas para sustentar su decisión y previamente se denuncian medios de convicción aptos que, de propiciar un desatino fáctico manifiesto, permitiría el estudio de aquellas (CSJ SL30092017), tal y como en este asunto lo propone la censura. Por otra parte, al margen de las imprecisiones en el cargo tercero, la Sala entiende que los recurrentes pretenden demostrar que el Tribunal desconoció las normas que prohíben la intermediación laboral de actividades misionales permanentes a través de cooperativas de trabajo asociado. Y ese será el alcance que se le dará a dicha acusación.

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Radicación n.° 89139 Así, le corresponde a la Sala resolver si el Tribunal cometió un desatino al concluir que no se acreditó el contrato de trabajo entre los demandantes y el ingenio accionado. Para una mejor comprensión de la problemática planteada, la Corte: (1) abordará el marco jurídico y jurisprudencial que regula la actividad de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, para luego (2) resolver los cuestionamientos fácticos de la censura.

1. Marco jurídico y jurisprudencial respecto a las actividades de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado La Corte ha definido a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado como «aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones» (CSJ SL3436-2021).

Teniendo en cuenta estos fines, la Corporación ha respaldado la importancia que tienen este tipo de organizaciones en el mundo del trabajo (CSJ SL6441-2015), pues de forma paralela a los vínculos subordinados, constituyen una herramienta válida que permite a las personas incorporarse en el sector productivo de trabajo, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.

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Radicación n.° 89139 Además, su existencia está validada y amparada por los artículos 25, 38 y 39 de la Constitución Nacional y la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, así como en un importante desarrollo legislativo y reglamentario local. Sin embargo, también ha considerado que esta forma de contratación no puede ser utilizada por los empresarios con el fin de ocultar verdaderas relaciones subordinadas con sus trabajadores e instrumentalizar a las Cooperativas de Trabajo Asociado para que ejerzan funciones de intermediación laboral de actividades misionales permanentes (CSJ SL2842-2020). Al respecto, el artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008 es

claro en señalar que «Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión». A su vez, el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 consagra que «El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes» (destaca la Sala).

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Radicación n.° 89139 Sobre este particular, el Consejo de Estado ha sido enfático al considerar que «(...) la prohibición de contratación de las cooperativas de trabajo asociado para actividades o proceso misionales permanentes (en instituciones o empresas públicas y/o privadas), se limita, conforme lo precisa el primer inciso del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, a actividades de intermediación laboral o bajo otra modalidad que afecte los derechos laborales vigentes» (subraya la Sala, CE, sentencia de 19 de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2011-00390-00 (1482-11), y en igual sentido las sentencias de 20 de noviembre de 2020, exp. 2011-00302, y de 9 de julio de 2022, exp. 11001-03-25-000-201600263-00 (1488-2016), entre otras).

Lo anterior ratifica que las cooperativas de trabajo asociado sí son organismos facultados para contratar actividades laborales y fomentar la actuación de los trabajadores dentro del mercado en un marco de trabajo competitivo, independiente y autónomo; sin embargo, tienen expresamente prohibido contratar a