CSJ - SL261-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL261-2023 Radicación n.° 82552 Acta 03 Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GLORIA POLO CERÓN contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 3 de abril de 2018, dentro del proceso que le sigue LPVR, representada por su madre SILVIA SEPÚLVEDA REY, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) y la recurrente.

I. ANTECEDENTES Accionó la demandante contra Colpensiones y Gloria Polo Cerón, con el fin de que se suspenda el pago de la pensión de sobrevivientes que esta última viene percibiendo de la entidad accionada, en consecuencia, se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagarle las

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Radicación n.° 82552 mesadas pensionales en un 100% a partir de marzo de 2015, con los respectivos intereses moratorios. Fundó sus peticiones en que el señor José Joaquín Valderrama Chaparro contrajo matrimonio religioso con la señora Gloria Polo Cerón el 14 de mayo de 1974; que en 1987 se separaron, el 24 de octubre de 1988 se decretó la separación de cuerpos mediante sentencia judicial, y el 4 de marzo de 1994, por medio de escritura pública, se liquidó la sociedad conyugal, «y cesaron todos los efectos civiles de su

matrimonio»; que, posterior a ello, el causante inició una relación con la señora Luz Yaneth Álvarez Roa, quien fue su compañera desde diciembre de 1988 hasta el 28 de diciembre de 2011; que el finado era pensionado por vejez desde enero de 2001. Relató que su madre tuvo una relación sentimental con el causante, y ella es producto de esa unión, que por el deteriorado estado de salud de su padre, fue enviado a Estados Unidos de América y, que dependía económicamente de su padre; que la señora Luz Yaneth Álvarez siempre fue la compañera de su progenitor; que cuando el pensionado enfermó, fue atendido desde inicios de 2012 por una hermana, y luego por un sobrino, hasta octubre de 2013, cuando la señora Gloria Polo Cerón regresó de Estados Unidos por diez días y lo trasladó de domicilio, lo que hizo que empeorara su salud, hasta que falleciera el 10 de febrero de 2014. Dijo que el 16 de septiembre de 2014, Colpensiones le reconoció a ella la pensión de sobrevivientes en un 100% de

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Radicación n.° 82552 la mesada que disfrutaba en vida su padre, y excluyó a la señora Gloria Polo Cerón por no acreditar los requisitos de ley, quien recurrió ese acto administrativo; que mediante Resolución n.º 94598 de 27 de marzo de 2015, la entidad accionada dispuso reconocer la prestación en el 50% para la cónyuge y el restante para ella, a partir del 10 de febrero de

2014, y le ordenó a la primera, devolver lo que le había sido cancelado. Resaltó que, posteriormente, mediante la Resolución GNR55630 del 22 de febrero de 2016, Colpensiones declaró que no existió convivencia entre el causante y Gloria Polo Cerón, razón por la cual dicha entidad requirió a esta para que la autorizara a revocar el acto administrativo que le había reconocido la pensión, lo cual fue negado por la beneficiaria. Al responder la demanda, las accionadas se opusieron a las pretensiones. Colpensiones solo aceptó los hechos relativos a la calidad de pensionado del causante, así como que le otorgó la prestación por muerte a la hija de la actora. Frente al resto, adujo que no le constaban. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, presunción de los actos administrativos, carencia de causa y prescripción. A su turno, Gloria Polo Cerón aceptó el vínculo matrimonial con el causante, con quien procreó a Ximena, Tulia y Andrea Valderrama Polo, todas mayores de edad al momento del fallecimiento de su padre; que mantuvo la

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Radicación n.° 82552 convivencia con este hasta el 10 de febrero de 2014, cuidando de su enfermedad hasta la muerte; que aunque se hicieron los trámites para la separación de cuerpos, la sentencia nunca se protocolizó en el registro civil de matrimonio, por lo que nunca cesaron los efectos civiles del mismo, dado que se mantuvo vigente el vínculo conyugal y la unión familiar hasta su fallecimiento; que nunca se radicó en

Estados Unidos de América, ya que su domicilio y residencia siempre estuvieron en Bucaramanga, con sus tres hijas y su cónyuge; que siempre dependió económicamente de este, quien era el que velaba por todas sus necesidades. Aceptó la relación de la madre de la demandante con el señor José Joaquín Valderrama Chaparro, pero negó su fecha de inicio; aclaró que la hija de la actora goza de buen estado de salud, al punto que ha podido estudiar y vivir en buenas condiciones en Norteamérica, por lo que no dependía económicamente del causante; admitió los hechos relativos al reconocimiento de la pensión conforme a los actos administrativos citados, pero dijo que probó en derecho tener los requisitos para ser beneficiaria de la misma, motivo por el cual negó los señalamientos de fraude. Presentó la excepción de ausencia de fundamentos jurídicos para reclamar.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 7 de febrero de 2016, absolvió a las accionadas de las pretensiones de la demanda,

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Radicación n.° 82552 y ordenó a Colpensiones mantener incólume el acto administrativo que concedió el derecho en un 50% a las partes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de fallo del 3 de abril de 2018, revocó la providencia del a quo, y dispuso

reconocer el derecho únicamente en favor de LPVS, en un 100% a partir del 10 de febrero de 2014. En consecuencia, le ordenó a Colpensiones que pagara «las mesadas pensionales o porción de mesadas que haya dejado de cancelar, con ocasión de la redistribución de la pensión ordenada mediante resolución GNR 94598 del 27 de marzo de 2015, debidamente indexadas». Absolvió a la accionada de las demás pretensiones. El Tribunal razonó que, conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico a dilucidar se contraía a establecer si estaba demostrado que «en la etapa de enfermedad y antes de fallecer» el causante, la demandada Gloria Polo Cerón le prestó «ayuda y socorro». Para resolverlo, aplicó la norma vigente al momento del fallecimiento, que lo fue la Ley 797 de 2003. Así, consideró que, aunque estaba probada la unión entre el causante y Gloria Polo Cerón con el registro civil de matrimonio, el cual no presenta anotación de divorcio o cesación de efectos civiles, también se corroboró que la

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Radicación n.° 82552 pareja liquidó y disolvió la sociedad conyugal mediante escritura pública, razones por las cuales a la consorte no le asistía el derecho a la sustitución de la prestación que venía disfrutando el pensionado. Y agregó: […] En efecto, si bien esta pareja no se divorció, sí se dio la separación de hecho, suspendiéndose en tal evento el socorro, ayuda mutua y comunidad de vida, y con la liquidación de la

sociedad conyugal, los haberes del pensionado dejaron de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron cuando eran pareja. […] Conviene precisar aquí, que si bien el testigo Ricardo Alfonso Ramírez Valderrama, sobrino del causante, dijo que su tío enfermó en la ciudad de Bucaramanga, pero decidió regresarse a Cali, por lo que a partir de febrero de 2012 y hasta octubre de 2013, se mudó y vivió en esa ciudad junto con su hermana, que es la madre del testigo y el deponente; luego la demandada Gloria Polo fue por el causante y estuvo con él hasta que más o menos en diciembre de 2013 fue internado en la clínica y de allí no salió hasta su deceso, ello no es demostrativo de socorro y ayuda constante y permanente que debe existir entre una pareja de esposos, máxime cuando la testigo Luz Yaneth Álvarez Roa, afirmó haber sido la compañera permanente del causante entre los años 1998 y 2011, época para la cual ya se había dado la separación de cuerpos entre el causante y su esposa, hoy demandada. Siendo así, estima la Sala que la demandada no logró acreditar que, aun habiéndose liquidado la sociedad conyugal, mantuvo con el causante una vida en común y en pareja que la hiciera merecedora al reconocimiento de parte de la pensión que en vida disfrutaba quien fuera su cónyuge.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Gloria Polo Cerón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para

que, en sede de instancia, confirme la proferida por el juzgado, en cuanto accedió a lo pretendido en el libelo inicial.

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Radicación n.° 82552 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Colpensiones y Silvia Sepúlveda Rey. Se examinan conjuntamente dado que persiguen la misma finalidad, y se fundan en argumentos similares y complementarios, además de que, como se verá a continuación, el primero es suficiente para derruir el fallo del ad quem.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

Precisa que la aludida transgresión normativa se dio porque el ad quem desatendió «la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema – Sala Laboral» según la cual los cinco años de convivencia a los que se refiere la norma citada, pueden ser acreditados en cualquier tiempo cuando existe un vínculo matrimonial vigente, así haya separación de cuerpos. Para tal efecto cita las sentencias CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41821 y CSJ SL6519-2017. Resalta que en el juicio no se discutió su convivencia pacífica con el causante bajo los efectos del matrimonio por lo menos durante catorce años antes de la liquidación de la sociedad conyugal.

VII. CARGO SEGUNDO Hace la misma denuncia del cargo anterior, y resalta que la equivocación del Tribunal se generó cuando consideró

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Radicación n.° 82552 que la convivencia debía ser bajo el mismo techo, con lo cual desatendió que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 permite situaciones en donde dicho requisito puede darse en lugares diferentes, sin que ello le reste validez al auxilio y ayuda mutua que se prestan las partes. Expresa que en el plenario quedó acreditado que si ella trasladó su domicilio a locaciones diferentes a la del causante, fue solo por cuestiones de salud y razones académicas que nunca finalizaron su relación matrimonial, y que fue ella quien estuvo al cuidado del causante durante su enfermedad, y hasta el último día de su vida.

VIII. CARGO TERCERO Denuncia, por la vía indirecta, la interpretación errónea de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, a raíz de que el ad quem no consideró, […] el material probatorio aportado al expediente que permite concluir la convivencia, auxilio y ayuda durante todo el periodo de vigencia de la relación marital, incluso durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante.

Señala que «específicamente las pruebas no consideradas por el Tribunal fueron:» las declaraciones de Efraín Guerrero Maldonado, Berenice Eugenia Núñez de Guerrero, Blanca Cecilia Peralta, Lucía Bonilla de Valderrama, Mirian Arenas de Rueda, Ramiro Álvarez, Juan Carlos Álvarez, Gloria Acevedo de Cala, Nubia Afanador de Casas, Jorge Carroll de Castro, Gabriel Olaya Madiedo, así como la copia del pasaporte de Gloria Polo Cerón, la

certificación de afiliación como beneficiaria del causante a la

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Radicación n.° 82552 Nueva EPS y EPS Sanitas, y la historia clínica de la cónyuge del finado. Sostiene que el referido material probatorio demuestra que ella sí le prestó auxilio y acompañamiento al causante durante los últimos cinco años de vida de este.

IX. RÉPLICAS Colpensiones esgrime que aplicó la normatividad en sus actos administrativos, y dividió la prestación conforme lo dispone la ley cuya violación se denuncia. Explica que la otorgó en un 100% en favor de la hija del causante en cumplimiento de una orden judicial del colegiado, y por lo tanto, manifiesta que se atiene a lo que se resuelva en el presente proceso judicial.

La demandante arguye que el colegiado concluyó correctamente que la sociedad conyugal no estaba vigente, y por lo tanto, debía quedar probado el requisito de convivencia en los últimos cinco años, para lo cual invoca la sentencia CC C-515-2019 de la Corte Constitucional. Sostiene que, si la censora pretende hacer valer la convivencia en cualquier tiempo, a pesar de la disolución de la sociedad conyugal, ello solo está permitido en casos excepcionales sobre derechos patrimoniales, y que no es la vía directa para debatir ello, sino la fáctica, pues la decisión se fundó en la existencia de la liquidación de la sociedad conyugal. En todo caso, considera que el ad quem fundamentó su decisión en la convivencia en los últimos

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Radicación n.° 82552 cinco años y acudió a las pruebas, para concluir que no

quedó acreditada la ayuda y el auxilio mutuo en ese periodo. Sobre el tercer cargo, explica que aunque la censora mencionó las personas que presentaron testimonio, no dijo cuál fue la omisión del Tribunal. Frente al resto de las pruebas, en general apunta que no tienen la fuerza demostrativa de probar la ayuda mutua.

X. CONSIDERACIONES Es cierto que en el segundo cargo la recurrente no aceptó una de las conclusiones a las que llegó el Tribunal sobre los hechos del proceso, como lo fue el que aquella no convivió con el causante en los últimos años de vida de este.

Con todo, esa es una falencia técnica que no tiene la entidad suficiente para desechar el fondo de los planteamientos, toda vez que basta con desestimar el argumento estrictamente fáctico que fue vertido en los dos primeros cargos orientados por la senda del derecho, para centrarse exclusivamente en los que atañen a la interpretación errónea de la ley. Dicho esto, y a pesar de que el último cargo fue orientado por la vía indirecta, se observa que en las instancias quedaron definidos los siguientes aspectos fácticos: (i) que José Joaquín Valderrama Chaparro y Gloria Polo Cerón contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 1974; (ii) que en esa unión procrearon a Ximena, Tulia y Andrea Valderrama Polo, todas mayores de edad al momento del fallecimiento de su padre; (iii) que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante sentencia del 24 de

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Radicación n.° 82552 octubre de 1988, decretó la separación de cuerpos y declaró

disuelta la sociedad conyugal, lo que se consignó en escritura pública 496 del 4 de marzo de 1994 otorgada por la Notaría Octava del Circuito de Bucaramanga, pero que nunca se divorciaron ni hubo cesación de efectos civiles del matrimonio; (iv) que convivieron por más de catorce años; (v) que el señor José Joaquín Valderrama Chaparro falleció el 10 de febrero de 2014. Tampoco se discutió (vi) que Laura Paola Valderrama Sepúlveda, hija del pensionado fallecido, nació el 6 de mayo de 1988, y tiene la condición de inválida; (vii) y, que el ISS por medio de la Resolución n.° 94598 del 27 de marzo de 2015, reconoció la sustitución pensional causada por el deceso del señor Valderrama Chaparro, a la hija y cónyuge en un 50% en partes iguales, a partir del 10 de febrero de 2014. Le corresponde a la Corte en el presente asunto determinar si el Tribunal incurrió en la denunciada violación de la ley, al considerar que la cónyuge supérstite del causante, no divorciada, no tenía el derecho a percibir una porción de la pensión de sobrevivientes, al haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal. Desde ya se advierte que es evidente el yerro hermenéutico denunciado en el cargo primero, puesto que la decisión del Tribunal no se acompasa con la jurisprudencia de esta Corporación en torno a la interpretación del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según

la cual, la vigencia de la sociedad conyugal no resulta

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Radicación n.° 82552 necesaria para que el cónyuge separado de hecho tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la unión matrimonial. La norma citada reza: ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] b) […] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; […]. Al respecto, en la sentencia CSJ SL1399-2018, reiterada en CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1869-2020, la Sala explicó: Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del

vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho. En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2.° hace referencia a «sociedad anterior conyugal» y, en el tercero, a «unión conyugal», fue resuelta por la Corte a favor de la última a través de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes términos: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el

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Radicación n.° 82552 legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel. Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la

obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del Código Civil que dispone que “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado. Así, por ejemplo, en sentencia C-533 de 2000, la Corte Constitucional abordó la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aquí interesa estimó: “(…) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas (…) En el matrimonio (…) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”. Por demás, es el propio artículo 42 de la Constitución Política el que señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y si a ello se suma la voluntad del legislador de proteger la “unión conyugal” a la que hizo referencia la norma que aquí se discute, no sería propio negar el otorgamiento de la prestación cuando la sociedad conyugal esté disuelta, pero exista el verdadero vínculo jurídico,

máxime cuando en este evento, el propio Ramón Antonio Castrillón Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previó el tema pensional e incorporó en la cláusula atrás trascrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivió con él por más de 20 años. La anterior interpretación la ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos

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Radicación n.° 82552 posee un significado subjetivo e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes. Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta unión la que confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar. Pero tampoco resulta acertado enervar el derecho pensional ante figuras tales como la separación de hecho o de cuerpos, toda vez

que en la primera de estas situaciones la obligación de convivir subsiste y en la segunda tan solo se excluye la de cohabitación, pero no la de socorro y ayuda mutua que, pese a esas circunstancias, subsiste. Para decirlo de otro modo, la separación de cuerpos, figura jurídica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitación, no es un obstáculo para que el consorte que haya convivido durante 5 años con el causante, acceda a la prestación. Así mismo, la separación de hecho, tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial. Ello explica por qué, para el legislador del 2003 a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, de la cesación de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 años, el supérstite puede adquirir la pensión de sobrevivientes mientras ese vínculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no. Así las cosas, en resumen, el cónyuge con unión marital vigente, separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 años con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Ahora, es cierto, como lo sostiene la réplica, que mediante sentencia CC C-515-2019, la Corte Constitucional

declaró la exequibilidad pura y simple de la expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente», contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y que en las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del vínculo patrimonial (sociedad

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Radicación n.° 82552 conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simultánea. Sin embargo, para la Sala, dicho entendimiento ubica a la pensión de sobrevivientes de manera simple dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio, siendo que el fundamento de la prestación por muerte es la vigencia de la unión conyugal, habida consideración de que la pensión se ubica dentro de los efectos personales del matrimonio. Al respecto, en sentencia CSJ SL3938-2020 dijo esta Corporación: […] No escapa a la Sala que, mediante sentencia CC C-515-2019, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y simple de la expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente», contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simultánea. Con todo, tal criterio ubica a la pensión de sobrevivientes, sin más, dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. En cambio, la actual tesis de esta Corporación entiende que el

fundamento de la prestación por muerte, en estos casos, es la vigencia de la unión conyugal, precisamente porque la pensión se ubica dentro de los efectos personales del matrimonio. Ello viene corroborado con el hecho que lo que da lugar a la prestación es la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, «la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (…)» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, CSJ SL7299-2015, CSJ SL13992018). Y es que el matrimonio genera unos derechos y obligaciones que no se extinguen con la separación de hecho ni con la disolución de la sociedad conyugal, sino solo con su nulidad, el divorcio, o la muerte de uno de los consortes. Por ejemplo, el deber de socorro y ayuda mutua «en todas las circunstancias de la vida» no desaparece cuando los cónyuges se separan de hecho, como

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Radicación n.° 82552 tampoco cuando liquidan la sociedad conyugal, por manera que el matrimonio sigue produciendo efectos personales, independientemente de las decisiones de los cónyuges acerca de la sociedad patrimonial que se genera con su unión. De otro lado, la jurisprudencia consolidada y pacífica de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia optimiza el

principio de solidaridad, pues no se olvida del rol del cónyuge supérstite que convivió no menos de 5 años con el causante, en la construcción de la prestación que, a la postre, le fue reconocida al trabajador. El ser humano que trabaja no es una mercancía (Declaración de Filadelfia, 1944), y, por lo tanto, no puede ser asimilado de forma aislada, como una máquina que produce, sino necesariamente desde una perspectiva holística, no solo en su rol de trabajador, sino como padre, esposo, hijo, etc. Si se comprende así, rápidamente podrá advertirse que, aún en estos tiempos, infortunadamente en nuestra sociedad la figura de un hombre que trabaja normalmente supone la de una mujer que se queda en la casa. Ese trabajo, que históricamente ha sido menospreciado por las legislaciones nacionales latinoamericanas, incluyendo a Colombia por supuesto, ha sido crónicamente subvalorado. En esa medida, ante la carencia o insuficiencia de prestaciones propias de la seguridad social para quienes asumen -o les toca asumirlas responsabilidades y las labores propias del hogar, al menos debería reconocérseles su importancia cardinal en la construcción de los beneficios que el sistema sí prohíja en favor del sujeto que lleva a cabo un trabajo asalariado, con arreglo al principio constitucional de la solidaridad, fundante de la seguridad social. Cabe tener en cuenta, además, que la jurisprudencia de esta Sala de la Corte constituye el derecho viviente (CC C-418-2014) en torno a la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que ostenta el cónyuge supérstite no divorciado con sociedad

conyugal disuelta, puesto que se trata de una interpretación judicial consistente, que ha sido relevante para fijar el significado de la norma, y que, además, está consolidada. Conforme a lo anterior, el Tribunal incurrió en la transgresión normativa que se le endilga, pues a pesar de que la sociedad conyugal que existió entre Gloria Polo Cerón y José Joaquín Valderrama Chaparro fue disuelta y liquidada, lo cierto es que la unión conyugal persistió hasta la muerte de este, en la medida en que no medió divorcio ni cesación de efectos civiles del matrimonio que así lo dispusiera.

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Radicación n.° 82552 Así, no estando en discusión que la señora Gloria Polo Cerón convivió con el causante desde el día de su matrimonio hasta el año 1987, como lo aseveró y aceptó la propia demandante, es decir, por un lapso de catorce años, entonces es claro que esta tiene derecho a la proporción de la pensión que reclama. En consecuencia, el cargo prospera, por lo que la Sala se abstendrá de seguir estudiando los demás embates, por resultar inane. Sin costas en casación, debido al éxito del recurso.

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA En sede de instancia, al resolver el recurso de apelación de la parte demandante, así como la consulta que se surte a favor de Colpensiones, la Corte confirmará la providencia de primer nivel, previas las siguientes consideraciones: La actora sustenta su recurso en tres pilares, a saber:

(i) Asegura que el juez no tuvo en cuenta el tiempo de convivencia de la persona natural demandada, pues si esta

convivió con el causante durante catorce años, la proporción de la pensión debió hacerse con base a ese lapso, y